Myanmar 2022

Se intensificó la represión de la oposición al gobierno militar. Miles de personas fueron detenidas de manera arbitraria y más de un millar —entre ellas, figuras políticas de la oposición, activistas de la esfera política y defensores y defensoras de los derechos humanos— fueron declaradas culpables en juicios sin las debidas garantías. La tortura de personas detenidas siguió siendo una práctica generalizada. Cuatro hombres fueron ejecutados tras juicios injustos por cargos de motivación política. Los ataques indiscriminados del ejército contra la población civil y contra bienes de carácter civil se cobraron cientos de vidas y tuvieron como consecuencia desplazamientos masivos. Se descubrió que ciertas empresas extranjeras habían suministrado combustible de aviación al ejército de Myanmar, responsable de ataques aéreos que habían provocado la muerte de cientos de civiles. Decenas de miles de personas de etnia rohinyá seguían viviendo en precarios campos para personas desplazadas, y sus derechos continuaban gravemente restringidos. Las autoridades militares continuaban imponiendo restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

Información general

Aunque en la lista de la ONU seguía figurando Win Myint como presidente y jefe del Estado, el gobierno militar continuó, bajo la autoridad de Myint Swe, designado por el ejército como presidente en funciones, y del Consejo de Administración del Estado, presidido por el general del ejército Min Aung Hlaing. También continuaron la oposición tanto pacífica como armada a este gobierno militar, impuesto tras el golpe de Estado de febrero de 2021, y el encarcelamiento de dirigentes civiles. Se intensificaron los combates entre las fuerzas militares y las organizaciones étnicas armadas —además de la Fuerza Popular de Defensa y otros grupos armados constituidos para oponer resistencia al golpe de Estado—, que se propagaron al centro del país y a otras zonas hasta entonces no afectadas por el conflicto armado. El ejército siguió utilizando la estrategia de los “cuatro cortes” para impedir que llegaran fondos, alimentos, información y reclutas a los grupos armados, lo cual tuvo nefastas consecuencias para la población civil. El gobierno de unidad nacional —formado en 2021 por representantes del depuesto gobierno de la Liga Nacional para la Democracia, de las organizaciones étnicas armadas y de la sociedad civil— siguió oponiéndose al gobierno militar. El 21 de diciembre, en su primera resolución sobre Myanmar desde hacía más de 70 años, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó una profunda preocupación por las graves repercusiones del golpe de Estado militar y pidió el fin de la violencia y la liberación de los presos políticos, así como acceso sin trabas a la ayuda humanitaria y respeto para los derechos de las mujeres y de los niños y las niñas.

Detención y reclusión arbitrarias

Persistían las detenciones y reclusiones arbitrarias y masivas de personas de la Liga Nacional para la Democracia y simpatizantes del movimiento de oposición al golpe de Estado. Según la ONG Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPP), las autoridades militares detuvieron al menos a 5.415 personas a lo largo del año.

En noviembre, con motivo del Día Nacional, se liberó a más de 5.000 personas presas, de las cuales 402 eran activistas de la esfera política. Al finalizar el año, permanecían recluidas al menos 13.272 personas que habían sido detenidas por motivos políticos a partir del golpe de Estado.

Era frecuente que las autoridades militares negaran las detenciones, y en muchos casos se desconocía durante largo tiempo el paradero de la persona detenida, situación constitutiva de desaparición forzada. Siguió suspendido el derecho a impugnar una detención ilegítima. Se detuvo arbitrariamente a niños y niñas y a otras personas en sustitución de sus progenitores y familiares. Según informes, al concluir el año las autoridades militares mantenían retenidas al menos a 277 personas —entre ellas 38 niños y niñas— por su relación con otra persona buscada.

Libertad de expresión, DE reunión y DE asociación

Las autoridades intensificaron la vigilancia tanto dentro como fuera de Internet, reduciendo así aún más el espacio para la libertad de expresión y restringiendo gravemente otros derechos, incluidos los derechos a la privacidad, a la información y a la libertad de asociación y circulación. En numerosos puestos de control de pueblos y ciudades de todo el país se daba el alto y se registraba a las personas al azar, mientras que en todos los barrios existían informadores a sueldo vestidos de civil.¹ Hubo informes sobre el empleo de cámaras de circuito cerrado con capacidad de reconocimiento facial en las principales ciudades del país. Las autoridades siguieron imponiendo periódicamente cortes en Internet y en las telecomunicaciones, sobre todo en las regiones afectadas por el conflicto armado.

En octubre, el Consejo de Administración del Estado aprobó una reforma de la Ley de Registro de Organizaciones que imponía restricciones más estrictas a las ONG. De conformidad con esa ley, las ONG humanitarias y de otro tipo que llevaran a cabo “tareas sociales” debían solicitar su inscripción en el registro a través de juntas creadas al efecto e integradas por representantes del gobierno, así como ajustarse a una serie de disposiciones poco concretas y expresadas en términos imprecisos, como la prohibición de “mencionar datos falsos” y de “inmiscuirse en los asuntos internos del Estado o la política”. Las infracciones se castigaban con hasta cinco años de prisión.

Las autoridades militares trataron de privar de fondos a la resistencia confiscando las propiedades y los activos de personas acusadas de pertenecer al gobierno de unidad nacional o a grupos de resistencia armada, o de prestarles apoyo económico o de otro tipo. Otras fueron detenidas por haber donado dinero para las personas internamente desplazadas, donaciones que las autoridades habían rastreado en los registros de operaciones de banca móvil.

Periodistas

A lo largo del año fueron asesinados 2 periodistas, uno de ellos Aye Kyaw, reportero gráfico independiente que había documentado las protestas contra el golpe de Estado en la región de Sagaing. Fue detenido por las autoridades militares el 30 de julio, y murió bajo custodia ese mismo día. Al terminar el año permanecían detenidos al menos 74 trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación. Siguieron prohibidos los medios de comunicación independientes, y las autoridades militares hostigaron y amenazaron con detenciones y procesamientos a los que continuaron publicando.

Juicios injustos

Se sometió a personas detenidas a partir del golpe de Estado a juicios manifiestamente injustos que se celebraban a puerta cerrada, en tribunales improvisados en el interior de las prisiones. En las zonas que se encontraban bajo la ley marcial, se celebraban juicios ante tribunales militares en los que las personas acusadas eran privadas de representación legal y del derecho de apelación. Entre las más de 1.000 personas que fueron declaradas culpables a lo largo del año y condenadas incluso a muerte y a largos periodos de prisión con trabajos forzados figuraban activistas en favor de la democracia, figuras políticas de la oposición, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Los abogados que defendían a personas detenidas por motivos políticos se exponían a ser detenidos, amenazados y hostigados.

La exconsejera de Estado Aung San Suu Kyi fue condenada a 31 años de prisión en una serie de juicios por corrupción y otros cargos falsos, pena que se sumaba a la de 2 años que ya estaba cumpliendo.

En octubre, el Tribunal de Distrito de Magway condenó a Win Myint Hlaing, exparlamentario de la Liga Nacional para la Democracia, a 148 años de prisión por cargos de terrorismo. En torno a las mismas fechas, Aung Khant, Kyaw Thet y Hnin Maung fueron también declarados culpables de participación en el movimiento de resistencia armada y condenados a penas de prisión de entre 95 y 225 años en aplicación de la Ley Antiterrorista.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos a las personas detenidas seguía siendo una práctica extendida que generalmente ocurría tras la detención, en los centros de interrogatorio militares y policiales y en las prisiones. Algunas de las personas detenidas —tanto hombres como mujeres y personas de identidad de género u orientación sexual diversa— fueron sometidas a violencia sexual, acoso y humillación, incluidos invasivos registros corporales, como forma de tortura durante el interrogatorio y la detención.² Se supo de la muerte bajo custodia de al menos 356 personas por causas relacionadas con la tortura a lo largo del año.

Pena de muerte

Las primeras ejecuciones desde la década de 1980 se consumaron en julio. Phyo Zeya Thaw, diputado y miembro de la Liga Nacional para la Democracia, el destacado activista en favor de la democracia Kyaw Min Yu (también conocido como Ko Jimmy), Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw fueron ejecutados tras herméticos juicios celebrados ante tribunales militares.³ A lo largo del año se condenó a muerte a decenas de personas.

Homicidios y ataques ilegítimos

Según informes, en los ataques terrestres y aéreos del ejército —indiscriminados o dirigidos de manera expresa contra la población civil o contra bienes de carácter civil— las muertes de civiles se contaron por cientos, sumadas a las de personas ejecutadas extrajudicialmente por el ejército por sospecharse que apoyaban el golpe de Estado o por motivos étnicos. Persistieron el saqueo y la quema sistemáticos de pueblos, que contribuían a los desplazamientos masivos y al agravamiento de la crisis humanitaria.

A principios de 2022 se llevaron a cabo en los estados de Kayin y Kayah operaciones militares contra organizaciones étnicas armadas y contra otros grupos armados, que consistieron en castigos colectivos contra la población civil karen y karenni y provocaron cientos de muertes, así como el desplazamiento de más de 150.000 personas hasta marzo. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, Amnistía Internacional documentó 24 ataques de artillería o mortero en el este de Myanmar, en los que murieron al menos 20 civiles y 38 sufrieron lesiones graves, y que causaron, además, daños generalizados en viviendas y otros edificios.⁴ Además, el ejército lanzó ataque aéreos con aviones de combate y helicópteros —algunos indiscriminados y otros dirigidos expresamente contra la población civil y contra bienes de carácter civil— en los estados de Chin y Kachin y en las regiones de Sagaing y Magway.

El 17 de enero, aviones militares de combate lanzaron 2 bombas sobre un campo para personas internamente desplazadas del municipio de Hpruso (estado de Kayah) que se cobraron la vida de un hombre y 2 niñas y destruyeron la cocina del campo. El 23 de octubre, el ataque aéreo lanzado sobre el lugar donde se celebraba un concierto, cerca de la localidad de A Nan Pa (estado de Kachin), mató e hirió a decenas de personas. Entre las víctimas había músicos, niños y niñas y otros civiles presentes en el acto.⁵ Según informaciones de prensa, las fuerzas de seguridad del Estado impidieron la llegada de atención médica a las personas heridas.

También hubo víctimas mortales, además de daños y destrucción de bienes protegidos de carácter civil, en ataques aéreos contra escuelas, hospitales y edificios religiosos. Al menos 13 personas murieron, entre alumnado y profesorado voluntario, en un ataque con helicópteros artillados y tropas perpetrado contra una escuela situada en un monasterio del municipio de Tabayin (región de Sagaing) el 16 de septiembre. El 9 de agosto, un avión militar de combate disparó contra un centro médico situado en la localidad de Daw Par Pa (estado de Kayah) y mató al anciano padre de uno de los pacientes, además de provocar daños en la clínica que indicaban que se había tratado de un ataque con cohetes.

Se documentó en los estados de Chin, Kayah y Kayin el empleo de munición de racimo en los ataques aéreos, lo que indicaba que Myanmar había desarrollado y estaba utilizando un nuevo sistema de armas prohibido por el derecho internacional.⁶ El ejército también aumentó el empleo de minas terrestres antipersonal —prohibidas internacionalmente—, que plantaba en el interior de viviendas, aseos e iglesias o a su alrededor, en caminos que conducían a arrozales y en otros lugares frecuentados por la población civil.⁷ Según UNICEF, durante los 10 primeros meses de 2022 murieron a causa de minas terrestres o restos explosivos de guerra al menos 86 personas —27 de ellas niños y niñas—, y 247 resultaron heridas.

Las fuerzas de seguridad mataron deliberadamente a civiles. En enero, unos soldados mataron a tiros al menos a 6 civiles que intentaban huir a Tailandia cruzando el río Moei. Igualmente, el 3 de marzo, unos soldados mataron a tiros a un niño de 13 años que recogía fruta a la orilla de un río en el estado de Kayin. También se hallaron los cuerpos degollados de 3 campesinos de la localidad de San Pya 6 Mile (estado de Kayah) que habían salido de un lugar para personas desplazadas para recolectar verduras en su pueblo. Las fuerzas de seguridad dispararon contra sus familiares cuando intentaban recuperar los cadáveres.

Asimismo, las milicias apoyadas por el ejército fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos. Según noticias de los medios de comunicación, soldados y miembros de la milicia Pyu Saw Htee prendieron fuego a viviendas en la localidad de Ngatayaw (región de Magway) en agosto, con lo que obligaron a huir a más de 4.000 residentes. También se informó de que otras milicias presuntamente respaldadas por el ejército habían perpetrado homicidios selectivos de activistas de la Liga Nacional para la Democracia y de activistas en favor de la democracia.

Derechos de las personas internamente desplazadas

El 26 de diciembre se cifraba en 1.505.700 el número de personas desplazadas dentro de Myanmar, la mayoría de ellas a partir del golpe de Estado. Además, en los países vecinos había más de un millón de personas de Myanmar refugiadas y solicitantes de asilo.

La población internamente desplazada vivía en condiciones lastimosas, en campos y refugios improvisados sin acceso adecuado a alimentación ni a agua, atención médica y otros servicios básicos. El ejército siguió obstaculizando la llegada de ayuda humanitaria esencial para este y otros grupos marginados, recurriendo, entre otros métodos, a la imposición de engorrosas limitaciones a las ONG para inscribirse en registro, realizar operaciones bancarias, obtener visados y viajar. Las organizaciones de ayuda denunciaron constantemente que el ejército de Myanmar bloqueaba sus envíos o se negaba explícitamente a autorizarlos. El 15 de septiembre, tras haberse reanudado los combates entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán, el primero emitió una directiva por la que prohibía la presencia de cualquier organización internacional en seis de los municipios del norte y el centro del estado de Rajine más afectados por el conflicto.

Se calculaba que 130.000 personas rohinyás y musulmanas en general continuaban viviendo en campos precarios del estado de Rajine a los que habían llegado en 2012. Se seguían negando a la población rohinyá derechos básicos, como el acceso a alimentación adecuada, atención médica y educación. Su libertad de circulación estaba extremadamente limitada, y las personas que salieran de los municipios que tenían designados podía ser detenidas y encarceladas por “circulación ilegal”.

En julio, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente en una causa interpuesta por Gambia sobre presuntas violaciones de derechos humanos contra la población de etnia rohinyá del estado de Rajine perpetradas durante operaciones militares en 2016 y 2017.

Abusos cometidos por grupos armados

Algunos grupos armados se instalaban en ocasiones en las proximidades de pueblos o asentamientos de personas desplazadas —o bien acudían a ellos de visita—, pese a lo cual no tomaban todas las precauciones posibles para proteger a la población civil del impacto de los ataques del ejército. Ciertos grupos utilizaron minas terrestres antipersonal, internacionalmente prohibidas, o dispositivos explosivos improvisados, poniendo así en peligro la vida de la población civil. Según informes, grupos de la resistencia armada asesinaron a administradores civiles que trabajaban para las autoridades militares.

Responsabilidad de las empresas

Puma Energy —principal empresa extranjera de gestión y distribución de combustible de aviación en Myanmar— anunció en octubre su intención de vender su negocio en Myanmar y abandonar el país.⁸ El combustible de aviación importado y distribuido por empresas tanto extranjeras como nacionales era esencial para los ataques aéreos del ejército de Myanmar. A lo largo de 2022, al menos otras tres empresas extranjeras anunciaron que iban a dejar de suministrar combustible de aviación a Myanmar definitiva o provisionalmente.

Se concluyó que los algoritmos y las prácticas empresariales de Meta (antes Facebook) habían contribuido sustancialmente a violaciones graves de los derechos humanos de la población rohinyá durante el año 2017, al haber potenciado contenido hostil hacia ella y permitido y fomentado la actividad del ejército de Myanmar en su contra.⁹

1. Myanmar: International community must do more to protect brave protesters, 22 de abril
2. Myanmar: 15 days felt like 15 years. Torture in detention since the Myanmar coup, 2 de agosto
3. Myanmar: Las primeras ejecuciones en décadas marcan la atroz escalada de la represión ejercida por el Estado, 25 de julio
4. Myanmar: “Bullets rained from the sky”. War crimes and displacement in eastern Myanmar, 31 de mayo
5. Myanmar: Letales ataques aéreos en el estado de Kachin parecen encajar en un patrón de ataques ilegítimos, 24 de octubre
6. Myanmar: Deadly Cargo. Exposing the supply chain that fuels war crimes in Myanmar, 3 de noviembre
7. Myanmar: Military’s use of banned landmines in Kayah State amounts to war crimes, 20 de julio
8. Myanmar: Puma Energy to leave amid scrutiny of aviation fuel supplies, 5 de octubre
9. Myanmar: La atrocidad social. Meta y el derecho a un recurso para la comunidad rohinyá, 29 de septiembre (resumen ejecutivo)