Myanmar 2024

Se intensificó el conflicto armado interno. Aumentó la frecuencia de los bombardeos aéreos del ejército, así como de sus ataques contra escuelas, hospitales e infraestructuras civiles. El conflicto y la represión militar privaron a la población de su derecho a la educación. La población rohinyá sufrió los peores episodios de violencia desde 2017. Continuaron las detenciones arbitrarias, con juicios injustos y redadas dirigidas contra activistas. Se impusieron duras penas de prisión a periodistas, lo que creó un efecto disuasorio y restringió aún más el derecho a la libertad de expresión. Seguían llegando al país envíos de combustible de aviación, pese a las sanciones y las campañas globales para interrumpir la cadena de suministro a fin de evitar ataques aéreos.

Información general

Prosiguió el régimen militar tras el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido, que había tenido lugar el 1 de febrero de 2021. Min Aung Hlaing, general en jefe y líder golpista, seguía al frente del Consejo de Administración del Estado, nombre oficial de la junta militar. También asumió el cargo de presidente en funciones que dejó libre Myint Swe, al parecer por problemas de salud. Casi cuatro años después del golpe, la situación de los derechos humanos en Myanmar entró en una fase letal en la que el conflicto armado interno desgarró las zonas fronterizas del oeste, norte y sudeste del país.

Persistía la alineación de poderosas organizaciones étnicas armadas con las Fuerzas Populares de Defensa, brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional de la oposición surgido tras el golpe, aun cuando las alianzas dentro de los grupos empezaban a fracturarse. Las fuerzas armadas tuvieron dificultades para conservar el territorio y perdieron ciudades, bases, puestos de avanzada y comisarías de policía. Los combates afectaron a grandes urbes, incluida Mandalay, segunda ciudad más poblaba de Myanmar. Creció el peligro para la población civil, ya que la respuesta de las fuerzas armadas de Myanmar era cada vez más dura. Los ataques aéreos alcanzaron cifras récord, llegando a quintuplicarse en los seis primeros meses del año en comparación con el año anterior. El número de personas internamente desplazadas superó los tres millones, y más de 20.000 personas siguieron encarceladas. Las fuerzas armadas mataron a más de 6.000 personas a lo largo del año.

Los ataques aéreos de las fuerzas armadas alcanzaron niveles sin precedentes, y se libraron, en su mayoría, durante la contraofensiva a la Operación 1027, un conjunto de ataques contra las fuerzas armadas iniciados por tres organizaciones étnicas armadas —el Ejército de Arakán, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang y el Ejército de la Alianza Nacional Democrática de Myanmar— en el estado de Shan el 27 de octubre de 2023, fecha de la que tomaba su nombre. La Operación, que en virtud de un alto el fuego mediado por China quedó en suspenso durante la primera mitad de 2024, se reanudó y extendió a varias zonas del país posteriormente. Sus combatientes, a quienes se unieron las Fuerzas Populares de Defensa, capturaron ciudades enteras, carreteras estratégicas, un aeropuerto y dos de las 14 comandancias militares regionales.

En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el general Min Aung Hlaing por los crímenes contra la humanidad de deportación y persecución de la población rohinyá durante las operaciones del ejército en 2017.

Homicidios y ataques ilícitos

La contraofensiva de las fuerzas armadas seguía la estela de sus anteriores prácticas, es decir, ataques indiscriminados y desproporcionados combinados con incursiones terrestres mortíferas. Sus ataques aéreos alcanzaron edificios religiosos, escuelas, hospitales y zonas en las que se refugiaban personas internamente desplazadas, incluidos un campamento y un monasterio. También los miembros de la Operación 1027 fueron acusados de abusos, incluido el reclutamiento forzoso de civiles.

En enero, los ataques aéreos de las fuerzas armadas de Myanmar mataron a 17 civiles que se reunían para asistir a la iglesia en el pueblo de Kanan, en la región de Sagaing, cerca de la frontera occidental con India. Nueve de las víctimas eran menores.¹

El 9 de mayo, las fuerzas armadas de Myanmar atacaron un monasterio en la aldea de Ah Kyi Pan Pa Lon del municipio de Saw, en la región de Magway, en el centro de Myanmar. Tras dos ataques aéreos iniciales, según testigos, el avión de combate dio media vuelta y abrió un intenso fuego de artillería contra quienes huían de las explosiones, matando a 12 civiles y provocando heridas a 26. El monasterio, que al parecer tenía unos cien años de antigüedad, quedó destruido.² También en mayo, las fuerzas armadas asaltaron el pueblo de Byaing Phyu, cerca de Sittwe —capital del estado de Rajine—, donde atacaron a civiles de la etnia rajine por su supuesta afiliación con el Ejército de Arakán. Al menos 50 personas perdieron la vida.

El 19 de junio asesinaron a tiros a Bhaddanta Muninda Bhivamsa, figura religiosa de la comunidad budista de Myanmar, durante un desplazamiento en coche en el municipio de Ngazun, región de Mandalay. El monje, de 78 años, era el abad del monasterio de Win Neinmitayon, en la región de Bago, y viajaba con otro monje que resultó herido, al igual que el conductor. Según versiones posteriores, unos soldados dispararon contra ellos después de que su coche intentara adelantar a un camión militar en una zona en conflicto.

El 5 de agosto, un ataque con drones y morteros contra la población rohinyá que huía de los combates en el norte del estado de Rajine mató a unos 200 hombres, mujeres, niños y niñas, en el peor ataque contra rohinyás desde 2017.³ Miembros de la comunidad culparon al Ejército de Arakán, uno de los tres grupos integrantes de la Operación 1027 contra las fuerzas armadas. En una respuesta oficial a Amnistía Internacional, el grupo negó las acusaciones.

El 5 de septiembre, las fuerzas armadas llevaron a cabo un ataque aéreo contra un campamento de personas internamente desplazadas en el municipio de Pekon, al sur del estado de Shan, en el que se calculaba que habían muerto ocho mujeres, seis de ellas menores de edad, civiles. Una de las personas residentes declaró que no había combates cercanos, sino sólo “mujeres, niños y niñas indefensos” desplazados por el conflicto armado.

Derechos económicos, sociales y culturales

Las fuerzas armadas llevaron a cabo ataques ilícitos contra escuelas en los que mataron y provocaron lesiones a estudiantes y docentes, vulnerando, entre otros, el derecho a la educación. Aunque el desarrollo de un sistema educativo en las zonas bajo control de la oposición permitió al alumnado continuar sus estudios, los ataques del ejército y la intensificación del conflicto armado incrementaron la presión sobre el profesorado, que, en muchos casos, se vio obligado a construir refugios antiaéreos en los recintos escolares, a reconstruir escuelas tras bombardeos o a convertirlas en unidades educativas móviles para evitar ser blanco de los ataques.

El 6 de febrero, un ataque aéreo alcanzó una escuela en el pueblo de Daw Sei Ei, en el estado de Karenni, y mató a cuatro niños. El bombardeo del 5 de septiembre contra el campo de personas internamente desplazadas del sur del estado de Shan causó la muerte y el desplazamiento de estudiantes. Al acabar el año, el número de niños y niñas muertos o heridos en el país superaba los 750.

La persistente interrupción de la educación, que había comenzado durante la pandemia, llevó a un gran número de jóvenes a abandonar sus estudios. El golpe y sus secuelas tuvieron un grave impacto en el acceso a la educación en el país. Millones de jóvenes no asistían a clase en un entorno escolar formal y, según informes, había más de 13.000 escuelas cerradas debido al conflicto armado. Algunas familias retiraron a sus hijos e hijas de la escuela y huyeron a Tailandia por temor a su seguridad.

Detenciones arbitrarias y juicios sin garantías

Las fuerzas armadas siguieron utilizando los tribunales para reprimir la disidencia. Se recluyó arbitrariamente a personas sin cargos en centros de interrogatorio. Se celebraron juicios colectivos a puerta cerrada, con escaso acceso a asistencia letrada, y se incrementó el uso de leyes más duras, como las antiterroristas.

Myo Myint Oo, periodista del medio de comunicación Dawei Watch, fue condenado a cadena perpetua por cargos de contraterrorismo; su colega Aung San Oo fue igualmente declarado culpable y condenado a 20 años de prisión.

Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas armadas continuaron utilizando los centros de interrogatorio para extraer información por la fuerza antes de presentar cargos. El 9 de octubre, los activistas en favor de la democracia Paing Phyo Min y Shein Wai Aung fueron arrestados y enviados a un centro de interrogatorio tras sendas redadas.⁴

Las condiciones de reclusión, incluida la alimentación y la asistencia médica, seguían siendo pésimas. En la prisión de Daik-U, en la región central de Bago, decenas de mujeres sometidas a detención arbitraria fueron golpeadas por personal penitenciario. El 19 de agosto murió el cineasta Pe Maung Sein, de 50 años de edad, tres días después de salir de prisión, donde las heridas sufridas dos años antes durante un “interrogatorio” no habían sido tratadas adecuadamente. En octubre, el ex ministro principal de Mandalay en el gobierno civil derrocado en el golpe Zaw Myint Maung, de 73 años, murió de leucemia en el Hospital General de Mandalay, donde lo habían trasladado poco antes.

Rendición de cuentas de las empresas

Llegaron nuevos envíos de combustible de aviación a Myanmar, pese a los llamamientos internacionales para privar al ejército del país de los recursos que necesitaba para llevar a cabo ataques aéreos ilícitos. En enero, Amnistía Internacional había sacado a la luz las nuevas tácticas elusivas empleadas por el ejército para importar combustible de aviación a lo largo de 2023, tras las sanciones impuestas a partes de su cadena de suministro.⁵ En enero y junio de 2024 entraron en el país como mínimo dos envíos de combustible de aviación.

Los cambios realizados poco antes en la ruta de suministro provocaba que el combustible se comprara y vendiera varias veces antes de llegar a Vietnam, desde donde se enviaba a Myanmar. En dos ocasiones, un petrolero de propiedad china transportó combustible de Vietnam a Myanmar. Era posible que un tercer envío hubiera llegado a Myanmar desde Emiratos Árabes Unidos en mayo. No estaba claro cómo se utilizaba el combustible después de su llegada, pero, dado el control del puerto por las fuerzas armadas, preocupaba mucho que pudiera usarse para fines no civiles.

En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución sobre Myanmar en la que por primera vez se pedía a los Estados miembros de la organización que se abstuvieran de exportar, vender o transferir combustible de aviación a las fuerzas armadas del país. En octubre, Reino Unido, la UE y Canadá aprobaron nuevas sanciones que, en conjunto, trataban de impedir el acceso de las fuerzas armadas de Myanmar a fondos, equipos y material, incluido combustible de aviación.

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar también observó con preocupación un cambio en el aprovisionamiento de armas de Myanmar en la región, con un aumento de las adquisiciones procedentes de Tailandia y un descenso significativo de las que se gestionaban a través de entidades de Singapur.

Abusos cometidos por grupos armados

Se multiplicaron las denuncias de abusos cometidos por grupos armados de oposición. Varias personas refugiadas rohinyás que habían huido de Myanmar relataron a Amnistía Internacional que el Ejército de Arakán había quemado sus casas y las había expulsado, además de matar a civiles y robar sus pertenencias. El Ejército de Arakán negó haber cometido abusos durante los combates contra las fuerzas armadas, que llevaron a cabo una amplia campaña de bombardeos en el estado de Rajine, base del grupo. También se acusó a grupos extremistas rohinyás de reclutar niños y niñas soldados a la fuerza. En abril, el Ejército de la Alianza Nacional Democrática de Myanmar —que, junto con el Ejército de Arakán, formaba parte de la Alianza de las Tres Hermandades que había lanzado la Operación 1027— llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales de su propio personal.

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó muertes de civiles a manos de otros grupos que luchaban contra las fuerzas armadas. En septiembre, la OACNUDH comunicó que, en el primer semestre del año, se habían registrado 124 homicidios de administradores, funcionarios públicos, informadores de las fuerzas armadas y familiares de estas personas.