Resumen

Las autoridades militares continuaron reprimiendo la oposición pacífica e intensificaron las operaciones contra la creciente resistencia armada, con lo que la crisis de derechos humanos del país se agravó. Se siguió enjuiciando sin las debidas garantías a activistas en favor de la democracia y a otras personas consideradas contrarias a las autoridades militares, y más de 1.600 personas fueron condenadas a prisión, a trabajos forzados o a muerte. Más de medio millón de personas se vieron obligadas a desplazarse a causa de los conflictos armados internos. Decenas de miles de rohinyás que se encontraban en situación de desplazamiento forzado desde hacía más de 10 años continuaban viviendo en precarios campos en el estado de Rajine, y las autoridades militares impidieron que les llegara ayuda humanitaria tras un devastador ciclón en mayo. Numerosos países impusieron sanciones a empresas y particulares responsables del suministro de combustible de aviación al ejército de Myanmar, que lo utilizaba para llevar a cabo ataques aéreos contra la población civil, contra domicilios y lugares de culto y contra otras infraestructuras civiles. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica seguían gravemente restringidos, y entre las personas detenidas por su trabajo legítimo figuraban periodistas.