Resumen

Se intensificó la represión de la oposición al gobierno militar. Miles de personas fueron detenidas de manera arbitraria y más de un millar —entre ellas, figuras políticas de la oposición, activistas de la esfera política y defensores y defensoras de los derechos humanos— fueron declaradas culpables en juicios sin las debidas garantías. La tortura de personas detenidas siguió siendo una práctica generalizada. Cuatro hombres fueron ejecutados tras juicios injustos por cargos de motivación política. Los ataques indiscriminados del ejército contra la población civil y contra bienes de carácter civil se cobraron cientos de vidas y tuvieron como consecuencia desplazamientos masivos. Se descubrió que ciertas empresas extranjeras habían suministrado combustible de aviación al ejército de Myanmar, responsable de ataques aéreos que habían provocado la muerte de cientos de civiles. Decenas de miles de personas de etnia rohinyá seguían viviendo en precarios campos para personas desplazadas, y sus derechos continuaban gravemente restringidos. Las autoridades militares continuaban imponiendo restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.