Resumen

Se intensificó el conflicto armado interno. Aumentó la frecuencia de los bombardeos aéreos del ejército, así como de sus ataques contra escuelas, hospitales e infraestructuras civiles. El conflicto y la represión militar privaron a la población de su derecho a la educación. La población rohinyá sufrió los peores episodios de violencia desde 2017. Continuaron las detenciones arbitrarias, con juicios injustos y redadas dirigidas contra activistas. Se impusieron duras penas de prisión a periodistas, lo que creó un efecto disuasorio y restringió aún más el derecho a la libertad de expresión. Seguían llegando al país envíos de combustible de aviación, pese a las sanciones y las campañas globales para interrumpir la cadena de suministro a fin de evitar ataques aéreos.