La situación de los derechos humanos empeoró radicalmente tras el golpe de Estado de febrero. Las fuerzas de seguridad mataron a más de un millar de personas y detuvieron a muchos miles más que se oponían a la toma del poder por el ejército. Se recibieron informes sobre torturas generalizadas de personas detenidas. Decenas de miles de personas se vieron forzadas a desplazarse debido al conflicto armado, en el que el ejército llevó a cabo ataques indiscriminados y ataques contra civiles y bienes de carácter civil. El número de personas que continuaban desplazadas a causa de conflictos o de actos de violencia ocurridos en el pasado era igualmente elevado. La población de las zonas afectadas por el conflicto armado carecía de servicios básicos, y en algunas zonas el ejército impidió el reparto de ayuda humanitaria. El ejército sometió a las mujeres y a las niñas a violencia sexual. Se negó a los niños y niñas el derecho a la educación. Decenas de personas fueron condenadas a muerte in absentia por tribunales militares.
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