Continuó el conflicto interno de Myanmar entre el ejército y grupos étnicos armados, con graves violaciones de derechos humanos en todo el país. En los estados de Rajine y Chin, el ejército llevó a cabo ataques aéreos y bombardeos indiscriminados, que provocaron el desplazamiento de miles de civiles. Los grupos humanitarios vieron gravemente restringidas sus actividades, lo que limitó su acceso a los sectores de población en situación de riesgo. Las autoridades limitaron indebidamente el acceso a la información en los estados de Rajine y Chin, cuya población tuvo por tanto menos posibilidades de recibir información, posiblemente vital, sobre la pandemia de COVID-19 y el conflicto armado en curso. En todo el país se siguió persiguiendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades restringieron de manera arbitraria los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
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