México 2025

Disminuyeron los mecanismos de protección de la población y las garantías de los derechos humanos. Quienes defendían los derechos, ejercían el periodismo o buscaban a personas desaparecidas continuaban siendo objeto de amenazas, criminalización, asesinatos y desapariciones. Las autoridades no reconocían la labor de las mujeres buscadoras pese a las recomendaciones formuladas por organismos internacionales. La policía seguía reprimiendo las protestas. La tortura continuó siendo una práctica generalizada. El número de desapariciones aumentó un 10,5% respecto al año anterior y seguían cometiéndose feminicidios y transfeminicidios. El aborto permanecía despenalizado en la mayoría de los estados. Las autoridades continuaron negando derechos y protección internacional a la población migrante. Aumentó el número de personas desplazadas internamente.

Información general

En marzo, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de leyes secundarias para regular la reforma constitucional que había eliminado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En agosto, las organizaciones de la sociedad civil alertaron de que Transparencia para el Pueblo, el nuevo órgano dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, había desechado el 99,6% de los recursos de revisión interpuestos.

El número de homicidios disminuyó un 27,4% en comparación con 2024.

El gobierno continuaba negando que se estuviera militarizando el país, aduciendo que el mando de la Guardia Nacional recaía en la presidenta, que la estrategia de seguridad la diseñaba la Secretaría de Seguridad y que era falso que en el país se violaran los derechos humanos.

El 1 de junio se llevaron a cabo las primeras elecciones del poder judicial, pese a que había motivos de preocupación en torno a la independencia de la magistratura. Se eligieron 881 cargos a nivel federal y casi 2.000 en 18 estados y la Ciudad de México. Solamente acudió a las urnas el 13% del electorado y el 22% de los votos fueron nulos o estaban incompletos. La Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que las nueve candidaturas más votadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se habían promovido mediante unas listas distribuidas por partidos políticos y estructuras de gobiernos locales antes de la elección.

En noviembre se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Organizaciones de la sociedad civil señalaron con preocupación que esa ley incorporaba disposiciones contrarias a los derechos humanos al permitir la admisión de pruebas obtenidas mediante una violación de derechos humanos, como la tortura, en determinadas circunstancias excepcionales. Adicionalmente, la redacción imprecisa de la ley permitía sancionar penalmente a periodistas y medios de comunicación que difundieran contenidos informativos y de interés público.

Derecho a un juicio justo

En octubre, el Senado aprobó una reforma de la Ley de Amparo que presentaba aspectos positivos, como la agilización del proceso de trámite de los recursos de amparo, y negativos, como limitaciones a la figura de la suspensión en los juicios de amparo, la imposibilidad de suspender la prisión preventiva oficiosa y el establecimiento de criterios para determinar el interés legítimo, que podía restringir el acceso al amparo a personas en situación de vulnerabilidad o a colectivos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

De acuerdo con un informe publicado en mayo por la organización Front Line Defenders, México continuaba ocupando el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, con 32 casos registrados en 2024, lo que suponía un aumento respecto a los 30 de 2023. Asimismo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental alertaba en un informe publicado en abril sobre un aumento del número de personas asesinadas por proteger el medioambiente, que ascendía a 25 casos en 2024 frente a los 19 registrados en 2023.

Las organizaciones de la sociedad civil también sufrieron ataques. En julio, personas no identificadas asaltaron la casa de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; en los 11 meses previos, la organización había denunciado 51 incidentes —de acoso, intimidación y vigilancia, entre otros— contra sus integrantes.¹

En septiembre, el gobierno de la Ciudad de México intentó retirar el vallado que rodeaba la Glorieta de las Mujeres que Luchan, lugar del que un grupo de mujeres se había apropiado en 2021 para colocar una estatua como símbolo de las que exigían justicia por los feminicidios, las que buscaban a sus familiares desaparecidos y las que habían desempeñado un papel destacado en la historia. La retirada de las vallas se detuvo después de que diversos colectivos, activistas y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaran al respecto.

Libertad de expresión

Según Reporteros Sin Fronteras, México continuaba siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. La organización ARTICLE 19 denunció que siete periodistas habían sido asesinados durante el año en represalia por su labor informativa. También alertó sobre el aumento de la utilización de los marcos normativos como herramientas de censura en el país y registró entre enero y julio 51 casos de acoso judicial contra el gremio periodístico que afectaban a 39 profesionales (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación, cifra que más que duplicaba la del año anterior (21).

Entre junio y septiembre, el Congreso aprobó diversas leyes sobre vigilancia masiva que ponían información confidencial a disposición de instituciones públicas, entre ellas las fuerzas armadas.

Libertad de reunión pacífica

En el quinto aniversario de la represión policial de la protesta feminista celebrada el 9 de noviembre de 2020 en el municipio de Benito Juárez (estado de Quintana Roo), representantes del gobierno local develaron un monumento conmemorativo; sin embargo, no ofrecieron una disculpa pública, con lo que no se cumplió con la reparación integral del daño.

En al menos 14 entidades federativas del país, las autoridades continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones.² En Puebla, la policía reprimió dos protestas encabezadas por mujeres que tuvieron lugar en agosto y septiembre.

Ejecuciones extrajudiciales

En marzo, un tribunal de enjuiciamiento sentenció a cuatro militares a 40 años de prisión por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes perpetrada en 2023 en la ciudad de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas).

El 6 de mayo, dos niñas de 7 y 11 años fallecieron después de que militares del 42 Batallón de Infantería dispararan contra un vehículo en el municipio de Badiraguato (estado de Sinaloa). Sobrevivientes de los hechos negaron las primeras versiones oficiales, que apuntaban a la respuesta a un ataque recibido por el personal castrense. En diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo pública una recomendación de reparación del daño por uso ilegítimo de la fuerza emitida a las autoridades.

Tortura y otros malos tratos

El Índice Global de la Tortura 2025 de la Organización Mundial Contra la Tortura clasificaba a México como país con riesgo alto en materia de tortura y malos tratos, señalando que la tortura era práctica generalizada y tenía lugar en un contexto de impunidad.

En cumplimiento de una orden judicial, la Fiscalía General de la República publicó en febrero el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El programa, que estaba pendiente desde la promulgación en 2017 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se había elaborado con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

En junio, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de un sobreviviente de tortura sexual determinó que las medidas cautelares emitidas por los órganos internacionales de derechos humanos eran de obligado cumplimiento para el Estado mexicano y que las autoridades jurisdiccionales podían supervisarlo.

Desapariciones forzadas

La cifra de personas desaparecidas aumentó un 10,5% respecto al año anterior. En diciembre, el número de casos de personas desaparecidas y no localizadas ascendía a 133.500.

Ante la respuesta deficiente de las autoridades, familiares de las personas desaparecidas —en su mayoría mujeres organizadas en colectivos— realizaron labores de búsqueda por su cuenta y encontraron cientos de restos humanos, algunos de ellos calcinados, y fosas clandestinas. Esas búsquedas entrañaban un alto riesgo y quienes las llevaban a cabo eran objeto de amenazas, extorsiones, desaparición y asesinato.³ Durante el año fueron asesinadas seis personas buscadoras (cuatro mujeres y dos hombres). El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer⁴ recomendó al Estado mexicano que reconociera formalmente a las mujeres buscadoras como categoría específica de personas defensoras de los derechos humanos, monitoreara la violencia específica que sufrían, les garantizara medidas de protección con perspectiva de género, les proporcionara reparación integral del daño y las incluyera en los procesos de verdad y memoria.

En 2025 no se actualizaron los datos oficiales sobre el número de fosas clandestinas localizadas. Los colectivos de búsqueda encontraron fosas en al menos 10 estados del país. En marzo, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco halló en el municipio de Teuchitlán (estado de Jalisco) un campo de reclutamiento forzado —que podía haber sido también un campo de exterminio— en el que había indicios de asesinatos, lo que conmocionó a la sociedad mexicana. En el lugar aparecieron también cientos de artículos personales tales como zapatos, mochilas y credenciales. Las autoridades habían tenido conocimiento de la existencia del campo seis meses antes de que el colectivo lo hiciera público, pero no habían iniciado investigaciones inmediatas sobre las posibles personas desaparecidas ni indagado sobre la posible existencia de fosas.

En abril, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada anunció que activaría por primera vez el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas con respecto a la situación de México, para analizar si las desapariciones que tenían lugar en el país eran sistemáticas o generalizadas y someter la cuestión a la Asamblea General de la ONU. Como respuesta, la presidenta del gobierno negó de forma categórica la existencia de desapariciones forzadas en el país y el Senado solicitó que se sancionara al presidente del Comité por “especular” que se llevaban a cabo desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también negó que México atravesara una crisis de desapariciones forzadas y cuestionó la decisión del Comité sobre la activación del procedimiento.

En junio, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y cambios, en relación también con las desapariciones, a la Ley General de Población. La reforma se centraba en el cruce masivo de datos mediante la creación de una plataforma única de identidad y un documento de identidad que incluía datos biométricos, lo que podía suponer un riesgo para la privacidad y utilizarse para vigilar a la ciudadanía, y, por otra parte, no combatía la impunidad ni reforzaba las fiscalías o el Centro Nacional de Identificación Humana con el fin de reducir el rezago forense. Según una investigación realizada por organizaciones de la sociedad civil ante las deficiencias que presentaba la información oficial, en 2023 había 72.100 cadáveres sin identificar en el país.

También en junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Fiscalía General de la República publicar el expediente sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. El ejército continuó negando a los familiares información que podría servir para acceder a la verdad y la justicia.

En septiembre, el Senado eligió a las 13 personas que conformarían el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, integrado por familiares de personas desaparecidas, especialistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y que llevaba 16 meses inoperativo.⁵

Derechos de las mujeres y de las niñas

Hasta noviembre, las fiscalías habían iniciado 2.589 expedientes de investigación sobre asesinatos de mujeres, de los cuales 672 estaban tipificados como posibles feminicidios. Estas cifras reflejaban una disminución del 24,16 y el 21,2%, respectivamente, en comparación con 2024.Por otra parte, las autoridades registraron durante el año 3.637 casos de mujeres desaparecidas, de los cuales 1.745 correspondían a menores de 19 años. Estas cifras reflejaban un aumento del 11,5 y el 29,4%, respectivamente, en comparación con 2024.

En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación por el aumento de la violencia de género cometida por actores estatales y no estatales, incluidas organizaciones delictivas, así como respecto al aumento de la participación de personal militar en la seguridad pública, entre otras esferas, que había dado lugar a un incremento de las denuncias de violencia de género cometida contra mujeres por militares.

Derechos sexuales y reproductivos

Los estados de Campeche, Nayarit, Tabasco y Yucatán adoptaron legislación que despenalizaba el aborto. Al concluir el año, el aborto era legal en 24 de las 32 entidades federativas.

En diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas normas que criminalizaban el aborto y condicionaban el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en el estado de Tlaxcala.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Entre junio y julio, los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche y Estado de México incorporaron el delito de transfeminicidio a sus códigos penales. Al concluir el año, este delito estaba reconocido en seis de las 32 entidades federativas.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró al menos 17 transfeminicidios durante el año.

En diciembre, el Congreso de Guanajuato aprobó el matrimonio igualitario y prohibió las terapias de conversión. Al concluir 2025, todas las entidades federativas de México habían legalizado el matrimonio igualitario.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dos sentencias favorables a la población transgénero: en febrero ordenó la reparación del daño causado a unas mujeres trans como víctimas de discriminación al habérseles negado el acceso a baños exclusivos para mujeres y exigido la presentación de identificación oficial bajo el pretexto de la supuesta peligrosidad de su presencia en ese tipo de espacios, e incluyó en el fallo una sanción a la empresa responsable; y en junio amparó a una mujer transgénero refugiada, ordenando al Instituto Nacional de Migración que le reconociera su identidad de género en los documentos migratorios, así como que estableciera un procedimiento sencillo y accesible para adecuar los documentos migratorios y garantizar la identidad de género de las personas.

Derecho a un medioambiente saludable

En noviembre, durante la 30 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), México anunció nuevos compromisos para abordar la crisis climática, que incluían por primera vez un apartado de pérdidas y daños e integraban enfoques sociales tales como la justicia climática, la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos. Además, actualizó sus metas de contribución determinada a nivel nacional para 2035 en dos rangos: una de ellas, condicionada a la cooperación internacional, según la cual el país emitiría entre 332 y 363 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e), y otra, sujeta a esfuerzos propios, según la cual emitiría entre 364 y 404 MtCO₂e.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 58.800 solicitudes de asilo durante el año. La mayoría de las peticiones correspondían a personas de Cuba (más de 28.700), Venezuela (más de 12.100) y Haití (más de 7.000).

En febrero, México envió a 10.000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos. Las autoridades mexicanas, miembros de grupos delictivos o personas no identificadas continuaron obligando a las personas migrantes y refugiadas que cruzaban México a pagar—de manera ilegal— en los controles migratorios que se establecían en las carreteras de todo el país. Asimismo, esta población extranjera era con frecuencia objeto de extorsión y secuestro y enfrentaba dificultades para acceder a atención médica, educación y oportunidades de empleo.⁶

Las organizaciones de la sociedad civil mostraron preocupación por la falta de expedición de las tarjetas de visitante por razones humanitarias a personas solicitantes de asilo o víctimas de delitos en México, que exponía a estos grupos poblacionales a un riesgo mayor y les dificultaba el acceso a sus derechos.

En septiembre, en cumplimiento de una orden judicial, el comisionado que estaba a cargo del Instituto Nacional de Migración durante un incendio que había tenido lugar el 27 de marzo de 2023 en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez ofreció a las familias de las víctimas una disculpa pública a título personal. Sin embargo, seguían sin esclarecerse las responsabilidades y tampoco se proporcionó reparación integral del daño.

Derechos económicos, sociales y culturales

De acuerdo con un informe publicado en agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la pobreza multidimensional afectaba en 2024 al 29,6% de la población, lo que representaba una disminución de 6,3 puntos porcentuales respecto a 2022. El mismo informe señalaba que la pobreza extrema también había disminuido del 7,1 al 5,3% en el mismo periodo. Chiapas, Guerrero y Oaxaca eran los estados en los que se registraban mayores índices de pobreza.

Desplazamiento forzado

En junio, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana publicó un informe en el que documentaba un aumento del 129% del desplazamiento forzado interno en 2024 con respecto a 2023 (al menos 28.900 y 12.623 personas, respectivamente). El 79% de los desplazamientos estaban relacionados con la violencia, mientras que el 20% respondían a causas sociales o desastres naturales. La mayoría de ellos habían tenido lugar en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero; tan solo en Chiapas se habían registrado 17.860 personas desplazadas.

En septiembre, el estado de Oaxaca aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Oaxaca era el quinto estado que contaba con una ley específica para atender esa cuestión.