El gobierno siguió realizando declaraciones públicas en las que atacaba a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos y personalidades académicas, así como a mujeres que protestaban contra la violencia de género. Hubo reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante la detención de personas o el control de las protestas y por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional contra las personas migrantes. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo elevados niveles de violencia de género y las investigaciones penales por feminicidios siguieron siendo insuficientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia histórica que despenalizaba el aborto.
Leer másNo utiliza la pena de muerte
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