Resumen

El gobierno siguió realizando declaraciones públicas en las que atacaba a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos y personalidades académicas, así como a mujeres que protestaban contra la violencia de género. Hubo reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante la detención de personas o el control de las protestas y por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional contra las personas migrantes. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo elevados niveles de violencia de género y las investigaciones penales por feminicidios siguieron siendo insuficientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia histórica que despenalizaba el aborto.