Resumen

El gobierno siguió estigmatizando a las personas feministas y defensoras de los derechos humanos que protestaban contra su inacción en materia de violencia de género y, en algunos estados, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a mujeres manifestantes. La cifra de homicidios de periodistas continuaba en niveles máximos, y muchas de las víctimas habían recibido medidas oficiales de protección. Al terminar el año se habían registrado más de 109.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas. La militarización de la seguridad pública aumentó y la legislación consolidó la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028. La Guardia Nacional utilizó fuerza excesiva en varias de sus operaciones. La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información dificultaba a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.