Resumen

Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes seguían exponiéndose a la criminalización, el uso excesivo de la fuerza, la violencia y la muerte. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, con persistente impunidad. Las desapariciones eran motivo de honda preocupación, pero se temía que el gobierno minimizara la magnitud de la cuestión. Quienes buscaban a personas desaparecidas corrían grave peligro. La práctica de la detención arbitraria seguía sin remitir, y la independencia judicial se veía amenazada por las reformas constitucionales. Los índices de violencia de género, feminicidio y transfeminicidio eran altos. Mejoró el acceso al aborto, pero algunos estados aún no lo habían despenalizado. Las personas solicitantes de asilo sufrían demoras en la tramitación de sus solicitudes y se veían privadas de sus derechos básicos. Las condiciones en la frontera eran cada vez más peligrosas para las personas que migraban a Estados Unidos y esperaban las citas de inmigración. Se reconoció en la Constitución a los pueblos indígenas y afrodescendientes. El gobierno siguió fomentando la producción y el uso de combustibles fósiles. La vía férrea Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum siguieron funcionando, pese a la preocupación que suscitaba su impacto ambiental.