Resumen

Las autoridades seguían penalizando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión. Se criminalizaba a los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente, y los asesinatos de periodistas y personas defensoras eran frecuentes. El gobierno siguió sin tomar medidas para proteger a las personas refugiadas y migrantes; no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el plazo máximo de estancia en los centros de detención migratoria era de 36 horas. Se facilitó el acceso al aborto gracias a una sentencia que determinaba la inconstitucionalidad de su penalización. Las cifras de feminicidios seguían siendo muy elevadas y los casos no se investigaban adecuadamente. Se habían registrado más de 114.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas desde 1962. Quienes buscaban a familiares víctimas de desaparición seguían exponiéndose a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión o las amenazas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que México debía eliminar la figura del arraigo (prisión cautelar sin cargos) y modificar el sistema de prisión preventiva. Se seguía socavando la independencia del poder judicial con acciones como la detención arbitraria de jueces y juezas. Continuó la construcción del Tren Maya, pese a que entrañaba preocupación por su impacto en el medioambiente. Persistía la inacción del gobierno para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, y comenzó a funcionar la refinería de Dos Bocas. Pese a que el matrimonio entre personas del mismo sexo se había autorizado en todo México en 2015, muchos estados aún no habían modificado su Código Civil para reflejarlo.