Austria 2022
Las prestaciones de asistencia social seguían siendo insuficientes en algunos estados. No se reconocía ni se hacía plenamente efectivo el derecho a una vivienda adecuada. Las mujeres y las niñas no recibían protección adecuada frente a la violencia de género. Se impidió a periodistas cubrir protestas. La libertad de prensa estaba sometida a mayor presión. La normativa para las personas menores no acompañadas que solicitaban protección internacional no les ofrecía protección suficiente. Persistió el uso de criterios raciales. La rendición de cuentas de la policía por el uso excesivo de la fuerza siguió siendo insuficiente. Austria no cumplió sus objetivos climáticos.
Derecho a la seguridad social
En junio, el Parlamento reformó la Ley Básica de Asistencia Social, que contenía una cláusula de fuerza mayor para personas no austriacas y garantizaba la prestación de ayuda social completa a quienes vivían en casas refugio para mujeres y para personas sin hogar. Cuatro estados federados habían aplicado parcialmente las reformas al final del año, pero la ley seguía privando a las personas de acceso adecuado a prestaciones sociales.
Derecho a una vivienda adecuada
Aunque el gobierno aprobó algunas medidas de prevención de desahucios relacionados con la COVID-19 y de apoyo a la población en riesgo de sinhogarismo, las autoridades no adoptaron una estrategia nacional de vivienda ni garantizaron la provisión federal de servicios de asistencia a las personas sin hogar. Además, la falta de información, la enorme burocracia, las barreras idiomáticas y los requisitos legales que excluían deliberadamente a las personas de nacionalidad austriaca u otra que no cumplían los criterios de elegibilidad dejaron a muchas personas sin acceso a los servicios y ayudas pertinentes.1
Derechos de las mujeres y de las niñas
Ni el género ni la interseccionalidad recibieron la consideración suficiente en la provisión de servicios. La mayoría de los servicios de asistencia a personas sin hogar, por ejemplo, no tenían en cuenta el género, sino que se basaban en las necesidades y experiencias de los hombres. Las propuestas de reforma del sistema de asistencia a domicilio no hacían efectivos los derechos de las mujeres migrantes a una remuneración justa y a seguridad social a pesar de que constituían la inmensa mayoría del personal que atendía a las personas de edad avanzada en sus casas.
Al final del año, 28 mujeres habían sido asesinadas debido a la violencia de género, en un contexto en el que preocupaba la falta de plazas en las casas refugio para mujeres.
En septiembre, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres criticaron las persistentes trabas para acceder a unos servicios de aborto asequibles y seguros.
Libertad de expresión
La libertad de prensa continuó sometida a presión.
La policía impidió a periodistas cubrir varias protestas en la capital, Viena, e informar sobre ellas, o no les ofreció la debida protección frente a ataques de manifestantes. Durante el desalojo de un campamento de protesta en abril, la policía estableció una zona para la prensa tan alejada del campamento que desde allí era imposible observar bien lo que estaba sucediendo.
Aumentó el uso de demandas estratégicas contra la participación pública.
En marzo, Julian H., quien había tenido un papel fundamental en la filmación del “vídeo de Ibiza”, que denunciaba corrupción en las altas esferas, fue condenado a 41 meses de prisión. Suscitaba preocupación que no se hubiera respetado su derecho a un juicio justo.
Continuó estancada una ley sobre la libertad de información propuesta en febrero de 2021 y dirigida a aumentar la transparencia y la confianza en la política y las instituciones.
La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Austria por su reiterada falta de medidas para incorporar en la legislación nacional la Directiva de la UE sobre denunciantes de irregularidades.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En febrero, el Tribunal Administrativo Regional de Estiria resolvió que la policía había devuelto ilegalmente a Eslovenia a un solicitante de asilo de Marruecos, y señaló que tales actos ilegales eran una práctica recurrente.
Al finalizar el año, 90.000 personas refugiadas ucranianas habían obtenido protección temporal en Austria en virtud de las disposiciones de la Directiva de Protección Temporal de la UE.
En septiembre, el Ministerio del Interior reveló que, en 7 meses, habían desaparecido 5.140 menores no acompañados que solicitaban asilo. Muchas ONG y figuras políticas exigieron la asignación inmediata de un tutor legal a todos los menores no acompañados a su llegada, y no sólo una vez admitida a trámite su solicitud de asilo, lo que podía tardar varios meses.
Discriminación
Los servicios encargados de hacer cumplir la ley continuaron empleando tecnología de reconocimiento facial sin una base jurídica clara, a pesar de sus posibles efectos discriminatorios en las minorías de género, étnicas y raciales, así como de su impacto en los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Persistió el uso de criterios raciales por parte de la policía, y seguía sin existir un mecanismo eficaz de rendición de cuentas.
Uso excesivo de la fuerza
Siguieron sin investigarse las denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía, por ejemplo en la manifestación del Primero de Mayo de 2021.2 Al final del año no se había establecido el órgano de investigación independiente anunciado por el gobierno en 2020. La policía seguía sin estar obligada a llevar placas identificativas, lo que era otro impedimento para la rendición de cuentas.
Actuación deficiente contra el cambio climático
Austria no alcanzó sus objetivos climáticos, que incluían una reducción sostenible de las emisiones de carbono, y no se había promulgado una ley en materia de acción climática.