Kenia 2025
La situación de los derechos humanos en Kenia se deterioró considerablemente. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima y letal en manifestaciones, lo que provocó muertes, lesiones y desapariciones forzadas. Se sometió a detención arbitraria, intimidación y vigilancia a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas. Las autoridades impusieron bloqueos informativos, al tiempo que los derechos a la privacidad y la libertad de expresión se veían amenazados por legislación vigente y en proyecto. La desigualdad económica aumentó a raíz de la eliminación de programas de protección social clave, y el nuevo plan de seguro nacional de salud limitó el acceso a la atención médica. Una iniciativa encabezada por el gobierno promovió los derechos de las personas refugiadas, pero los recortes en las ayudas de donantes socavaron su implementación. Hubo un fuerte aumento de la violencia por motivos de género, en particular de los femicidios.
Información general
Miles de personas se habían manifestado el 25 de junio de 2024 contra un controvertido proyecto de ley de finanzas. Las protestas continuaron hasta el mes siguiente y la policía respondió empleando fuerza ilegítima y letal, causando al menos 60 muertes. Los movimientos liderados por jóvenes, que habían encabezado las protestas, continuaron saliendo a la calle para protestar en 2025, expresando preocupación por las políticas del gobierno y por la desigualdad. Aumentó entre la población la frustración por las dificultades económicas, la corrupción, la deficiente gobernanza y la falta de reformas y rendición de cuentas.
Libertad de expresión
La libertad de expresión y la libertad de prensa sufrieron ataques constantes. Se sometió a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, blogueros y blogueras y otras personas activistas a arrestos arbitrarios, detenciones y agresiones por informar sobre las protestas o denunciar abusos por parte del Estado.
En junio, mientras miles de personas se congregaban en todo el país para conmemorar el aniversario de las protestas contra el proyecto de ley de finanzas, la Autoridad de Comunicaciones de Kenia emitió una directiva que ordenaba a las emisoras de radio y televisión cesar las retransmisiones en directo de las protestas, alegando que violaban la Constitución.
El proyecto de Ley (de reforma) de Información y Comunicación de Kenia, de 2025, presentado en el Parlamento en marzo, estaba siendo examinado por un Comité y había en curso consultas públicas. El proyecto de Ley (de reforma) sobre Uso Indebido de la Informática y Delitos Informáticos, de 2025, se aprobó en octubre y suscitó un debate entre el poder legislativo y la sociedad civil sobre sus consecuencias para los derechos digitales y la libertad de expresión. Ambas iniciativas legislativas contenían disposiciones que preveían amplias facultades de vigilancia que podían poner en peligro los derechos constitucionales a la privacidad y a la libertad de expresión. Las autoridades también emplearon la legislación antiterrorista y sobre delitos informáticos existente para intimidar a quienes expresaban opiniones críticas. Movimientos juveniles como Privacy First e Ijue Data Yako II (Conoce tus datos) pidieron mecanismos más sólidos para la protección de los derechos digitales.
Libertad de reunión pacífica
Los métodos empleados por la policía para controlar las protestas reflejaban la militarización en curso de las actuaciones policiales de mantenimiento del orden público y la criminalización de la disidencia. Las autoridades, al igual que habían hecho de manera generalizada en 2024, siguieron violando reiteradamente el derecho de reunión pacífica durante el año.
La policía respondió con detenciones arbitrarias y uso de fuerza ilegítima y letal a las protestas de conmemoración celebradas el 25 de junio y lideradas por jóvenes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia afirmó que al menos 19 personas habían perdido la vida de manera violenta, cientos habían resultado heridas y 15 habían sido objeto de desaparición forzada; además, varias mujeres denunciaron haber sufrido violencia sexual, incluidas dos violaciones y un intento de violación en grupo.
El 7 de julio se celebraron en todo el país manifestaciones para conmemorar el 35 aniversario de las protestas en favor de la democracia del Día de Saba Saba. La policía empleó de forma ilegítima medios letales y menos letales contra manifestantes pacíficos en más de 20 condados. Al menos 38 personas murieron y más de 500 resultaron heridas a consecuencia de ello; además, se presentaron cargos penales contra más de 500 manifestantes por delitos tipificados en la Ley de Prevención del Terrorismo, entre otra legislación. Asimismo, las fuerzas de seguridad perturbaron el desarrollo de concentraciones de la sociedad civil y actos en favor de los derechos humanos.
Ejecuciones extrajudiciales
Según observadores de la situación de los derechos humanos y grupos de defensa de los derechos, hubo un aumento continuado de las ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Dicho aumento ponía de relieve una tendencia a socavar los esfuerzos por reforzar la rendición de cuentas y el Estado de derecho. Muchas de las víctimas estaban relacionadas con movimientos de protesta, sectores de la economía informal o activismo de derechos humanos. En su examen de la situación de Kenia realizado en mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deploró la inacción de las autoridades a la hora de reducir las ejecuciones extrajudiciales y señaló la impunidad sistémica y la falta de mecanismos de rendición de cuentas.
En junio, Albert Ojwang murió en circunstancias sospechosas mientras se hallaba bajo custodia en la Jefatura Central de Policía de la capital, Nairobi. Había sido detenido en relación con una publicación en Internet que pedía al gobierno que se rindieran cuentas por las violaciones de derechos humanos y la corrupción. Según afirmaron familiares de Albert Ojwang, su cadáver presentaba señales de traumatismos físicos. Aunque la policía alegaba que Ojwang había muerto por lesiones autoinfligidas, una autopsia independiente confirmó que la causa de su muerte eran heridas graves en la cabeza y múltiples lesiones de tejido blando, lo cual indicaba agresión.
Boniface Kariuki, vendedor ambulante, murió por disparos en junio cuando se encontraba cerca de una manifestación que la policía estaba dispersando en el distrito comercial central de Nairobi. El informe de la autopsia confirmó que había fallecido a consecuencia de heridas graves en la cabeza causadas por un disparo a corta distancia. Su muerte se convirtió en un símbolo de los ataques policiales contra dos grupos de manifestantes: las personas jóvenes y las que estaban vinculadas al sector del empleo informal.
El gobierno seguía sin implementar reformas sistémicas ni proporcionar justicia y reparación a las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pese al escrutinio internacional y el trabajo de incidencia realizado al respecto durante años. No obstante, en mayo se presentaron cargos contra cuatro agentes de policía por el homicidio de Samantha Pendo, una bebé de seis meses fallecida en 2017 a consecuencia del traumatismo craneal que le había causado la policía durante una redada en una vivienda en el contexto de la violenta represión de las protestas posteriores a las elecciones en el condado de Kisumu. En septiembre, el Tribunal Superior resolvió que el caso debía enjuiciarse en un tribunal de la ciudad de Kisumu, y no en Nairobi. Esa novedad supuso un avance poco frecuente en el enjuiciamiento de la violencia ejercida por el Estado, aunque seguía siendo difícil conseguir una rendición de cuentas más amplia.
Desapariciones forzadas
Se siguieron recibiendo informes de desapariciones forzadas, perpetradas en particular contra activistas de la sociedad civil y manifestantes (véase “Libertad de reunión pacífica” supra).
Un caso destacable fue el de la activista tanzana Maria Sarungi Tsehai, secuestrada en Nairobi el 12 de marzo cuando se dirigía a conceder una entrevista a un medio de comunicación. Según su relato, unos hombres enmascarados se la llevaron en un vehículo sin distintivos, la retuvieron durante varias horas y en ese periodo la sometieron a asfixia y la intimidaron. Posteriormente la abandonaron en un lugar aislado. Maria Sarungi Tsehai había huido en 2020 de Tanzania a Kenia, donde pidió asilo. Su caso suscitó preocupación por la posible represión transnacional y los ataques a activistas del extranjero en Kenia y dio lugar a que se pidiera una investigación independiente sobre las circunstancias de su secuestro y la posible implicación o negligencia de las autoridades kenianas.
Derechos económicos y sociales
La recesión económica en Kenia empeoró las condiciones de vida de las familias de bajos ingresos. La inflación, la subida de impuestos, el coste de la alimentación y el transporte, y las limitadas medidas de protección social provocaron un aumento de la desigualdad.
En febrero, el acceso a atención médica se vio seriamente afectado por las deficiencias sistémicas, como la retención ilegal de los salarios del personal médico, los retrasos crónicos en los pagos, el estancamiento de los ascensos, el impago de gratificaciones y los retrasos de las cartas de confirmación de empleo. Por consiguiente, el personal médico se vio obligado a declararse en huelga para protestar. Los servicios sufrieron un deterioro aún mayor con la retirada en junio del programa Linda Mama (Protege a la madre), que había proporcionado servicios de salud materna gratuitos a mujeres embarazadas y lactantes. El programa se retiró al implantarse el nuevo Fondo Social del Seguro de Salud (véase infra). Al mismo tiempo, la irregularidad de la provisión de suministros médicos en los hospitales públicos agravó la situación.
La implementación del plan del Fondo Social del Seguro de Salud, elemento clave de la agenda de cobertura sanitaria universal de Kenia, experimentó grandes dificultades que dejaron a pacientes, en particular a quienes sufrían enfermedades crónicas, sin acceso a atención médica. Debido a retrasos en las acreditaciones del Fondo Social del Seguro de Salud y al requisito de que los pacientes realizaran pagos anticipados en efectivo, en el Hospital Nacional Kenyatta y el Hospital Universitario Kenyatta se negó tratamiento a pacientes con enfermedades en fase terminal.
El gasto en protección social continuó siendo extremadamente bajo: menos del 1% del producto interno bruto (PIB). Las personas que trabajaban en el sector informal y las comunidades urbanas pobres quedaban en gran medida excluidas de las redes de seguridad existentes. La crisis se vio agravada por los desalojos forzosos y las viviendas inadecuadas, especialmente en los asentamientos informales donde se pretendía llevar a cabo planes de remodelación urbanística. En mayo, sin que se les proporcionara alojamiento alternativo ni indemnización, cientos de familias fueron obligadas a desplazarse del subcondado de Lang’ata (Nairobi) con el propósito de liberar espacio para la construcción en el marco del Programa de Viviendas Asequibles. Las organizaciones de la sociedad civil condenaron los desalojos y pidieron una redistribución equitativa de los recursos y protección social universal. Sin embargo, seguían sin llevarse a cabo reformas significativas debido a la inacción política.
Personas refugiadas y migrantes
En marzo se presentó el Plan Shirika, una iniciativa colaborativa entre el gobierno y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Se trataba de un plan progresista cuyo propósito era mejorar la integración socioeconómica de las personas refugiadas. Derivaba de la Ley de Refugiados de 2021 y se comprometía a incrementar la autosuficiencia de la población refugiada mediante el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos. No obstante, los beneficios previstos se veían amenazados porque el plan no estaba dotado de recursos suficientes. La repentina reducción de fondos por parte de donantes clave, entre los que figuraba USAID, dio lugar a que el Programa Mundial de Alimentos realizara amplios recortes de la ayuda alimentaria destinada a campos y asentamientos de personas refugiadas. A consecuencia de ello, la inseguridad alimentaria aumentó considerablemente. La población refugiada que no entraba en la clasificación de personas más vulnerables se vio desproporcionadamente afectada, lo que generó un descontento y un malestar generalizados. En los campamentos de personas refugiadas de Kakuma y Dadaab, las protestas que exigían el restablecimiento de la ayuda alimentaria desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se saldaron con lesiones y una muerte.
Violencia por motivos de género
La violencia de género alcanzó niveles de crisis. En enero, el gobierno estableció el Grupo de Trabajo Técnico sobre el Femicidio y Otros Tipos de Violencia de Género, supuestamente para coordinar políticas y respuestas institucionales. Sin embargo, su visibilidad, mandato e impacto seguían sin estar claros, lo que suscitaba preocupación en torno a la idoneidad de las iniciativas lideradas por el Estado y a la voluntad política del gobierno de abordar los obstáculos sistémicos para acceder a la justicia, la atención médica y la protección de las sobrevivientes.
Entre enero y marzo, 129 mujeres fueron asesinadas, la mayoría por personas a las que conocían y a menudo en su propio hogar. Según Africa Data Hub, desde 2016 se habían cometido más de 930 asesinatos de mujeres, 628 de los cuales encajaban en la definición de femicidio establecida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Sobrevivientes, activistas y artistas hicieron hincapié en la magnitud de la crisis a través de MASKAN (Hogar), una instalación artística que rendía homenaje a las víctimas de femicidio. Se celebraron protestas en todo el país para exigir al gobierno medidas más contundentes dirigidas, entre otras cosas, a aumentar la rendición de cuentas y la protección frente a la violencia de género.