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KENIA 2020

La policía usó fuerza excesiva y en ocasiones letal para hacer cumplir el toque de queda y para dispersar protestas pacíficas, y también llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Quienes ejercían el periodismo y escribían blogs fueron objeto de hostigamiento, intimidación y detención arbitraria. Las medidas sobre la circulación de personas asociadas a la COVID-19 fueron restrictivas y menoscabaron el derecho a la salud de las mujeres y de miembros de grupos marginados, y sometieron a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a privaciones adicionales. Las mujeres seguían sufriendo desigualdad. Las autoridades llevaron a cabo el desalojo forzoso de miles de personas, y el presidente incumplió la Constitución al no nombrar a jueces y juezas de tribunales superiores.

Información general

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el 27 de marzo el presidente invocó la Ley de Orden Público para imponer restricciones, incluido el toque de queda en todo el país entre las 7.00 pm y las 5.00 am, que se prorrogó en junio y de nuevo en noviembre (aunque con un horario reducido desde las 10.00 pm hasta las 4.00 am).

Uso excesivo de la fuerza

En enero, los residentes del distrito de Kasarani de la capital, Nairobi, se manifestaron pacíficamente contra el deficiente estado de las vías públicas en su barrio. La policía respondió disparando munición real y mató a un joven de 17 años.

El uso de fuerza excesiva por la policía se intensificó tras la imposición del toque de queda en respuesta a la pandemia de COVID-19. Los agentes dispararon y golpearon a personas por violar el toque de queda, en ocasiones horas antes del momento fijado para su inicio, y al menos seis personas murieron a manos de la policía en los 10 días que siguieron a su introducción.

El 27 de marzo, un agente golpeó con una porra al periodista Peter Wainaina cuando filmaba a la policía propinando patadas, abofeteando y disparando gas lacrimógeno contra personas que se disponían a viajar, mientras las apuraba para que subieran a un transbordador antes del toque de queda.

En junio, unos agentes de policía mataron a un hombre en Lessos (condado de Nandi) al disparar munición real contra una multitud de conductores de mototaxis que protestaban tras la detención de un colega, presuntamente por no llevar cubierto el rostro con mascarilla. Cuando los manifestantes marchaban hacia la comisaría, la policía mató a tiros a otros dos hombres. La Autoridad Independiente de Control de la Policía afirmó que había abierto una investigación sobre los homicidios, pero al terminar el año no se había hecho pública conclusión alguna.

Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Hubo 144 ejecuciones extrajudiciales y 11 personas fueron objeto de desaparición forzada durante el año. En febrero, el Senado abrió una investigación oficial sobre estos crímenes. Sin embargo, las restricciones de la circulación de personas asociadas a la COVID-19 impidieron la celebración de sus audiencias de recopilación de pruebas.

Se observó un incremento del número de ejecuciones extrajudiciales mientras las fuerzas de seguridad hacían cumplir el toque de queda. El 28 de marzo, unos agentes de policía mataron a golpes a Hamisi Juma cerca de la localidad de Zibani después de que éste trasladara en automóvil a una mujer de parto a un hospital durante la noche en horario de toque de queda.

El 30 de marzo, Yassin Moyo, de 13 años, murió por disparos de un agente de policía en Eastlands (Nairobi) mientras jugaba en su balcón después del toque de queda de las 7.00 pm. En junio se presentaron cargos contra un agente por su asesinato.

En abril, el ministro del Interior afirmó que 14 agentes de policía acusados de conducta indebida grave durante el toque de queda habían sido suspendidos de empleo en espera de los resultados de una investigación.

En el mismo mes, el activista de la justicia social Michael Njau, su primo y un taxista desaparecieron cuando viajaban de Thika a Nairobi. Dos días después, la policía encontró su vehículo abandonado. No había indicios que implicasen a la policía, pero colegas de Michael Njau sostuvieron que había recibido amenazas por su trabajo en relación con los homicidios policiales. Al terminar el año seguía sin conocerse el paradero de los desaparecidos.

Libertad de expresión

La policía intimidó, hostigó y atacó a periodistas y blogueros para silenciarlos. El 29 de marzo se detuvo a tres periodistas presuntamente por violar el toque de queda, pese a estar exentos legalmente de las restricciones asociadas.

Varios blogueros y periodistas fueron detenidos y acusados en virtud de la Ley sobre Uso Indebido de la Informática y Delitos Informáticos por publicar información acerca de la COVID-19 que las autoridades consideraron engañosa —lo que, según afirmaron, constituía incitación de la opinión pública contra el gobierno— o por difundir denuncias de corrupción. En agosto, Milton Were y Jack Okinyi fueron detenidos por unos agentes de la Dirección General de Investigaciones Criminales tras publicar una información sobre la presunta mala gestión de fondos públicos y pasaron la noche detenidos en la comisaría de policía de Muthaiga (Nairobi). Nyukuri Barasa y Charles Gichuki también fueron detenidos en agosto por agentes de la Dirección General de Investigaciones Criminales, entre otras cosas por publicar información que ponía en evidencia corrupción del gobierno. Nyukuri Barasa estuvo detenido en la comisaría de policía de Kilimani y Charles Gichuki en la de Capitol Hill, ambas en Nairobi. Los dos quedaron en libertad sin cargos al día siguiente.

Libertad de circulación

En marzo, el Ministerio de Salud hizo públicas unas directrices en virtud de las cuales las personas que entrasen en el país debían presentarse en un centro de cuarentena. Toda persona que infringiera las directrices en materia de salud pública al no llevar mascarilla o quebrantar el toque de queda, por ejemplo, también podía ser retenida en cuarentena. Según el Ministerio, unas 2.000 personas fueron sometidas a cuarentena. Muchas de ellas declararon que habían sufrido malos tratos y que estuvieron expuestas a mayores riesgos para la salud, pues no se cumplían las medidas de distanciamiento físico, las condiciones sanitarias eran deficientes y la alimentación era inadecuada. No se informaba a las personas confinadas sobre el tiempo que debían estar en cuarentena, y se les cobraban unas tasas excesivas.

Los hospitales detenían a pacientes o se negaban a entregar los cadáveres de las personas fallecidas a sus familias por impago de facturas médicas, práctica que el Tribunal Superior había declarado ilegal en 2018. Dennis Bwire estuvo detenido durante tres meses por un hospital privado después de haber recibido el alta médica, y quedó en libertad en julio tras una campaña de la sociedad civil.

Derecho a la salud y derechos laborales

En agosto, cientos de profesionales médicos adscritos a hospitales públicos llevaron a cabo una huelga de una semana para protestar por el retraso en el pago de salarios, la insuficiencia de equipos de protección individual y la falta de seguro médico.

Mientras tanto, el auditor general informó de un escándalo de corrupción de 2.200 millones de chelines kenianos (20 millones de dólares estadounidenses) en la Agencia de Suministros Médicos de Kenia, en el que presuntamente se habían robado equipos de protección individual donados al gobierno. La mayoría del personal médico que trabajaba en primera línea se veía obligado a comprar su propio equipo de protección individual y, si se infectaba de COVID-19, tenía que hacerse cargo de los gastos de su propio tratamiento.

El toque de queda asociado a la COVID-19 y el temor a la policía tuvieron un efecto disuasorio sobre la circulación de personas durante la noche y restringieron el acceso de muchas mujeres a atención de la salud materna. Algunas mujeres no pudieron llegar a un hospital para el parto, y hubo mujeres embarazadas que informaron de que habían sufrido insultos y agresiones físicas por parte de la policía cuando trataban de obtener atención médica durante las horas del toque de queda.

Desalojos forzosos

El 4 de mayo, representantes de la Empresa de Aguas de Nairobi —acompañados por la policía— procedieron al desalojo forzoso de 7.000 personas de sus viviendas en el asentamiento de Kariobangi Sewerage (Nairobi) un día después de que un tribunal ordenara la suspensión temporal de los desalojos. Sus viviendas y otras edificaciones fueron demolidas para dejar espacio a un sistema de alcantarillado previo aviso con sólo dos días de antelación, lo que violaba las normas internacionales de derechos humanos y la legislación keniana. El 11 de mayo, tras el clamor de la opinión pública, el Ministerio del Interior anunció la suspensión de los desalojos durante la pandemia de COVID-19.

Aunque la suspensión detuvo 13 desalojos previstos para dejar espacio a instalaciones de saneamiento, otros desalojos siguieron adelante. El 15 de mayo, las autoridades ejecutaron el desalojo forzoso de más de 1.000 personas en el barrio de Ruai (Nairobi), y dejaron a éstas sin hogar. En octubre, la Empresa de Electricidad y Alumbrado de Kenia demolió 3.000 viviendas en el asentamiento informal de Dagoretti Corner (Nairobi).1

En septiembre, la Unión Europea retiró la financiación para un proyecto de conservación de 31 millones de euros (unos 35 millones de dólares estadounidenses) en respuesta a los desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra la comunidad indígena sengwer en el bosque de Embobut. En 2018 había suspendido la financiación tras la muerte de un indígena sengwer a manos de un guarda del Servicio Forestal de Kenia.

Derechos de las mujeres

Aunque el gobierno incrementó la inversión para abordar la violencia contra las mujeres, mejorar su participación económica y aumentar el acceso a educación y salud, las mujeres seguían estando desfavorecidas e insuficientemente representadas en la mayoría de las esferas públicas y privadas.

El Parlamento no aprobó leyes que garantizaran la igualdad de género de acuerdo con la regla de “dos tercios” que establecía la Constitución. En consecuencia, en septiembre el presidente de la Judicatura y del Tribunal Supremo aconsejó al presidente del país la disolución del órgano legislativo.

La regla de los dos tercios estipulaba que la Asamblea Nacional y el Senado no estarían compuestos por más de dos tercios de miembros de un mismo género.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las relaciones entre el ejecutivo nacional y el poder judicial siguieron siendo tensas tras la anulación por el Tribunal Supremo de los resultados de las elecciones presidenciales en 2017. El presidente no actuó para nombrar a 11 jueces del Tribunal de Apelación y a 30 jueces del Tribunal Superior, a pesar de su obligación constitucional y de una orden del Tribunal Superior en ese sentido. En enero, los centros de audiencias del Tribunal de Apelación fuera de Nairobi se vieron obligados a cerrar debido a la escasez de jueces, y muchas vistas se aplazaron hasta 2022.

Los altos cargos públicos siguieron desobedeciendo órdenes de los tribunales. En enero, el gobierno incumplió una sentencia judicial al impedir el regreso a Kenia de Miguna Miguna, un crítico del gobierno que había sido deportado a Canadá en 2018.

Las organizaciones de la sociedad civil siguieron luchando por la justicia. Los residentes del asentamiento de Owino-Uhuru (Mombasa), junto con la ONG Centro por la Justicia, la Gobernanza y la Acción Medioambiental, obtuvieron daños y perjuicios del Estado por un importe de 1.300 millones de chelines kenianos (11,6 millones de dólares estadounidenses) en concepto de indemnización después de que una fábrica hubiera contaminado las tierras de la comunidad y provocado envenenamiento por plomo a algunos habitantes. El gobierno presentó un recurso contra esta decisión.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En abril se restringió la circulación de entrada y salida de los campos de refugiados de Kakuma y Dadaab en aplicación de medidas de confinamiento.

En mayo, Kenia cerró sus fronteras con Somalia y Tanzania aduciendo preocupaciones relativas a la COVID-19. Al terminar el año continuaban parcialmente cerrados los centros de acogida y registro de solicitantes de asilo en zonas urbanas y en los campos de refugiados. Más de 13.000 personas que llegaron al campo de refugiados de Dadaab, muchas de ellas desde Somalia, no pudieron registrarse como solicitantes de asilo.


  1. Kenia: Desalojo forzoso deja a 3.000 personas sin hogar (AFR 32/3151/2020)