La policía usó fuerza excesiva y en ocasiones letal para dispersar manifestaciones. Además, mató ilegítimamente a 167 personas, entre ellas algunas arrestadas por incumplir las restricciones impuestas por la COVID-19, y sometió a 33 personas a desaparición forzada. Aumentaron los incidentes de violencia por motivos de género, principalmente contra mujeres y niñas. Los tribunales reafirmaron el derecho a la vivienda, pero los organismos gubernamentales incumplieron una moratoria presidencial de los desalojos establecida durante la pandemia. Un grupo de personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTI fue atacado en el campo de refugiados de Kakuma. Nadie compareció ante la justicia por el homicidio de la activista medioambiental Joannah Stutchbury, cometido en julio.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
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