Afganistán 2024

Bajo las autoridades de facto talibanas aumentaron las violaciones de derechos humanos que se cometían contra la población de Afganistán. Las mujeres y las niñas eran víctimas de persecución por motivos de género, que constituía crimen de lesa humanidad, y se las privaba cada vez más de sus derechos a la libertad de circulación y de expresión. Continuaba siendo difícil acceder a la atención sanitaria, y se seguía prohibiendo el acceso a la educación de mujeres y niñas más allá de la escuela primaria. La comunidad hazara chií siguió sufriendo ataques y homicidios selectivos, principalmente a manos del Estado Islámico del Gran Jorasán. Los talibanes siguieron marginando a las mujeres y a los grupos étnicos y religiosos de la participación política, el acceso a los servicios públicos y la ayuda humanitaria.

Los talibanes continuaron sometiendo a detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y ejecución extrajudicial a personal del gobierno anterior, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y voces críticas. Asimismo, siguieron atacando y deteniendo a periodistas y restringieron la libertad de los medios de comunicación. Según informes, cientos de presos y presas fueron condenados a muerte.

La ONU y la comunidad internacional no abordaron la impunidad de las atrocidades que estaban perpetrándose ni de las pasadas. Pese al agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos, fueron devueltos al país grandes grupos de personas refugiadas afganas.

Información general

Los talibanes mantenían el control de facto del país desde la caída del gobierno anterior en agosto de 2021 en el contexto de la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN. Habían anulado la Constitución y la legislación vigente antes de su ascenso al poder, y muchos de sus líderes tenían prohibido viajar en virtud de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En junio, la ONU informó de que las inundaciones repentinas en las provincias de Baghlan, Badakhshan y Ghor se habían cobrado casi 350 vidas, habían destruido o dañado más de 7.800 viviendas y habían desplazado a más de 5.000 familias. De las 34 provincias del país, 32 se vieron afectadas por inundaciones de este tipo, que, según UNICEF, eran características de la intensificación de la crisis climática.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Los talibanes siguieron ampliando las restricciones draconianas que imponían a las mujeres y las niñas. En mayo anunciaron recortes salariales para las mujeres a las que se les había prohibido trabajar para el Estado pero seguían en nómina, y les redujeron el sueldo a 5.000 afganis (70 dólares estadounidenses) mensuales. A mediados de año promulgaron una “ley sobre el vicio y la virtud” que prohibía que se oyera la voz de las mujeres en público e impedía usar los medios de transporte a las que no tuvieran mahram (acompañante masculino). Esta ley represiva facultaba a los “inspectores de la moralidad” (policías) del régimen para amenazar y detener a las personas que violaran su código de moralidad y llevarlas ante los tribunales talibanes para enjuiciarlas.

Pese a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de abril de 2023 que pedía su pronta revocación, continuaron en vigor severas restricciones que afectaban a todos los aspectos de la vida de las mujeres y las niñas: siguieron teniendo prohibido asistir a clases más allá de la escuela primaria (sexto curso), participar en actividades deportivas, ir a parques y baños públicos, así como hacer viajes de más de 72 km y mostrarse en público sin mahram. Además, en diciembre se informó de que los talibanes prohibían a mujeres y niñas asistir a clases de educación médica.

Las restricciones draconianas de los talibanes diezmaron aún más la independencia económica de las mujeres, lo que sumió en la pobreza a los hogares encabezados por mujeres y creó dificultades a las que dirigían negocios desde su hogar. Se mantuvo la prohibición de que las mujeres trabajaran en el sector público, excepto en ámbitos como la enseñanza primaria, la sanidad y determinadas instituciones de seguridad, así como la decisión de los talibanes de impedirles trabajar en agencias de la ONU y ONG.

Debido a las restricciones a la libertad de reunión pacífica el 94% de todas las protestas de mujeres habían tenido lugar en interiores, según informó el equipo de investigación independiente Afghan Witness,

Violencia por motivos de género

En agosto, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán denunció casos de abusos sexuales y agresiones de los talibanes a mujeres detenidas. Asimismo, Afghan Witness y los medios de comunicación informaron de que los talibanes habían iniciado en enero una campaña para detener a las mujeres y las niñas que incumplieran las normas de uso obligatorio del hiyab. La campaña se saldó con el arresto y la detención de decenas de mujeres y niñas a lo largo del año, “muchas de las cuales denunciaron tratos degradantes, torturas e incluso violación”.

Hubo informes constantes de un fuerte aumento de la violencia de género, así como de los matrimonios forzados y a edad temprana. Entre enero de 2022 y junio de 2024, Afghan Witness registró 840 incidentes de violencia de género contra mujeres y niñas, incluidos 332 homicidios, según su observación de información de fuentes de acceso público. Continuó la impunidad, ya que las instituciones y el marco jurídico diseñados para abordar la violencia de género habían sido desmantelados por los talibanes.

En junio, Amnistía Internacional se sumó a los llamamientos para que se reconociera el apartheid de género como crimen de derecho internacional.¹ Estaban encabezados por defensoras afganas de los derechos humanos que, sin embargo, quedaron excluidas de la tercera reunión sobre Afganistán convocada por la ONU y celebrada en Qatar los días 30 de junio y 1 de julio.²

En septiembre, Alemania, Australia, Canadá y Países Bajos anunciaron actuaciones judiciales ante la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Afganistán por violaciones de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por parte de las autoridades de facto talibanas.³

Derecho a verdad, justicia y reparación

Los talibanes anunciaron en agosto que dejarían de permitir la entrada al país al relator especial de la ONU sobre Afganistán. En septiembre, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Afganistán amplió el mandato fundamental del relator especial y reconoció carencias graves en la rendición de cuentas. No obstante, no estableció ningún mecanismo internacional independiente de rendición de cuentas para que investigara y para que recogiera y conservara pruebas de los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos presentes y pasados. Un total de 90 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, habían pedido un mecanismo de este tipo para abordar la espiral de impunidad en el país.⁴ En agosto, un grupo de titulares de mandato de los procedimientos especiales de la ONU destacó que, en Afganistán, las vías de acceso a la justicia eran “prácticamente inexistentes”.

La investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en el país, que seguía siendo lenta y de alcance limitado, excluía a los miembros de las fuerzas de Estados Unidos y otras fuerzas internacionales implicadas en el conflicto antes de 2021, así como a los miembros del antiguo gobierno de Afganistán.⁵

Homicidios y ataques ilícitos

La población hazara chií fue objeto sistemático de ataques y homicidios en sus lugares de culto y de enseñanza, así como en emplazamientos civiles en todo el país. El Estado Islámico del Gran Jorasán reivindicó la autoría de la mayoría de esos ataques. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) documentó varios ataques en una zona dominada por la comunidad hazara, al oeste de Kabul, la capital, entre enero y marzo. En septiembre tuvo lugar el homicidio ilícito de 14 hazaras que viajaban por la zona central de Afganistán.

Los atentados suicidas del Estado Islámico del Gran Jorasán también se dirigieron contra miembros de las autoridades de facto talibanas y causaron víctimas civiles. La población civil siguió sufriendo daños a causa de las minas terrestres y otros restos explosivos del conflicto anterior. La UNAMA notificó daños y muertes de civiles en marzo como consecuencia de los ataques aéreos del ejército pakistaní y de enfrentamientos terrestres entre los talibanes y las fuerzas armadas pakistaníes a lo largo de la frontera.

Desaparición forzada, detención y reclusión arbitrarias

Según informes, en junio había 20.000 personas —de las que 1.500 eran mujeres— encarceladas por el régimen talibán.

Los talibanes seguían recurriendo a la detención arbitraria, la desaparición forzada y la reclusión ilícita de las personas a las que consideraban rivales de índole política. Entre sus objetivos figuraban integrantes del funcionariado del anterior gobierno, ulemas que criticaban las políticas de los talibanes, activistas de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos y un gran número de periodistas. Por ejemplo, la organización de derechos humanos afgana Rawadari registró 614 casos de detención arbitraria en los seis primeros meses del año; además, informó de que, en el mismo periodo, había documentado 35 casos de desaparición forzada en nueve de las 34 provincias del país.

En agosto, el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio de los talibanes (cuyos miembros eran conocidos como policías o inspectores de la moralidad) anunció que en el último año habían sido detenidas 13.000 personas por infringir sus normas de moralidad. Ahmad Fahim Azimi, activista en favor del derecho a la educación, quedó en libertad en septiembre tras pasar 11 meses en prisión. Había sido sometido a detención arbitraria y a un juicio injusto por los cargos de organizar protestas e “incitar a las mujeres a protestar”.

Ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos

Las personas detenidas, incluidas las integrantes del anterior gobierno y las que eran críticas con los talibanes, seguían en riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos y de ser ejecutadas extrajudicialmente. La UNAMA registró al menos 98 casos de detención arbitraria y privación de libertad de funcionarios y funcionarias del anterior gobierno entre enero y junio, incluidos 20 incidentes de tortura y otros malos tratos y nueve de homicidios ilícitos.

Los talibanes seguían aplicando en público castigos corporales en todo el país, lo cual era constitutivo de tortura y otros malos tratos. La UNAMA informó de que se producían castigos en al menos una provincia cada semana. De abril a junio, la UNAMA registró 179 condenas a castigos corporales impuestas, respectivamente, a 147 hombres, 28 mujeres y cuatro niños. Entre las acusaciones figuraban el “adulterio” y la “huida” —que afectaban desproporcionadamente a las mujeres y las niñas— así como la pederastia.

La UNAMA también documentó al menos 1.033 casos de uso ilícito de la fuerza (205 contra mujeres y niñas y 828 contra hombres y niños) por parte de miembros del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio entre agosto de 2021 y marzo de 2024.

Pena de muerte

Los talibanes seguían llevando a cabo ejecuciones públicas de personas condenadas a muerte por sus tribunales, pese a existir serias dudas acerca de que en ellos se respetara el derecho a un juicio justo.⁶ La UNAMA informó de la ejecución pública de tres hombres en febrero y de uno más en noviembre. En julio, según informes, los tribunales talibanes condenaron a muerte a entre 300 y 600 personas presas. En marzo, los medios de comunicación informaron de la posibilidad de que los talibanes reanudaran la “lapidación hasta la muerte” como castigo por “adulterio”.

Libertad de expresión

Los talibanes reprimieron implacablemente la libertad de expresión, prohibiendo el funcionamiento de los medios de comunicación y restringiendo su programación. Reporteros sin Fronteras (RSF) situó a Afganistán entre los tres peores países en cuanto a libertad de prensa en 2024. En abril fueron suspendidas al menos dos cadenas de televisión privadas locales (Noor y Barya) por haber criticado a los talibanes. En mayo, RSF expresó su preocupación ante la prohibición impuesta a periodistas y analistas de trabajar y colaborar con Afghanistan International, conocida cadena televisiva de noticias que operaba desde fuera del país.

Al parecer, los talibanes también introdujeron restricciones para los programas de entrevistas políticas en directo, como limitaciones sobre quién podía participar en las entrevistas y qué podía decir. En octubre, los medios de comunicación informaron de que los talibanes de la provincia de Takhar habían prohibido filmar y emitir imágenes de “seres vivos”, por ser contrario a su ley sobre el vicio y la virtud. En noviembre, la UNAMA informó de que, entre agosto de 2021 y septiembre de 2024, se había usado la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos, además de las amenazas y el hostigamiento, contra 336 periodistas y personal de medios de comunicación.

Libertad de religión o de creencias

Se mantuvieron las restricciones impuestas por los talibanes a la enseñanza de la jurisprudencia chií en el sistema educativo. Los talibanes promulgaron decretos y leyes que institucionalizaban la discriminación religiosa y aplicaban una doctrina religiosa monolítica. Hubo informes según los cuales los talibanes obligaban a miembros de la comunidad islámica chií a convertir su secta religiosa en una facción suní del islam. Continuaron las restricciones de los talibanes sobre la conmemoración de la Ashura, festividad observada principalmente por las comunidades chiíes. Además, los talibanes calificaron de “no islámicas” las celebraciones del Nawroz (año nuevo solar).

Derechos económicos, sociales y culturales

La pobreza, agravada tras el ascenso al poder de los talibanes en 2021, se agudizó en respuesta a los fenómenos meteorológicos extremos, los continuos desplazamientos internos y la crisis económica. El PNUD informó de que cerca del 85% de la población afgana vivía con menos de un dólar al día. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 23,7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, necesitaban ayuda humanitaria. De ellas, 12 millones sufrían inseguridad alimentaria, mientras que 2,9 millones experimentaban hambre a nivel de emergencia. UNICEF estimaba que 2,9 millones de niños y niñas sufrían desnutrición aguda en 2024 y que en 850.000 casos peligraba su vida. El programa de ayuda humanitaria seguía adoleciendo de una grave falta de financiación.

Rawadari comunicó que los talibanes privaban intencionadamente a los grupos religiosos y étnicos marginados de la ayuda humanitaria y al desarrollo, así como del acceso a servicios esenciales y a empleos gubernamentales.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió de la situación cercana al colapso del sistema nacional de sanidad pública, mientras que la Unión Europea afirmó que sólo había servicios sanitarios disponibles para el 10% de las mujeres. La UNAMA advirtió de que las restricciones del acceso a los métodos anticonceptivos vulneraban el derecho de las mujeres y las niñas a la salud sexual y reproductiva.

Un gran número de personas siguió abandonando el país, tanto por el empeoramiento de la crisis humanitaria como por las restricciones draconianas impuestas por los talibanes. Mientras tanto, otros países de la región, como Irán, Pakistán y Turquía, seguían devolviendo a Afganistán a cientos de miles de personas refugiadas afganas, que se sumaron a la población de entre 1,1 y 1,3 millones devuelta en 2023, según la OIM. Algunos países europeos también devolvieron a personas refugiadas afganas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación y otras violaciones de derechos humanos, incluidas amenazas y detenciones arbitrarias. Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo seguían siguieron siendo ilegales y se castigaban con la pena de muerte.