AFGANISTÁN 2021

Las partes en conflicto en Afganistán continuaron cometiendo con impunidad importantes violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, y otros graves abusos y violaciones de derechos humanos. Los homicidios, tanto indiscriminados como selectivos, alcanzaron cifras sin precedentes. Entre los objetivos de los talibanes y de agentes no estatales figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres activistas, periodistas, personal sanitario y humanitario y minorías religiosas y étnicas. Durante la toma del país por los talibanes se desencadenó una oleada de homicidios de represalia. Miles de personas, en su mayoría hazaras chiíes, fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares. Bajo el gobierno talibán se produjo un brusco retroceso en los limitados avances logrados con respecto a los derechos de las mujeres. Los talibanes recortaron sustancialmente los derechos a la libertad de reunión y de expresión. El acceso a la salud, ya gravemente comprometido por la pandemia, se vio menoscabado aún más por la suspensión de la ayuda internacional.

Información complementaria

El conflicto de Afganistán dio un giro dramático con la retirada de todas las tropas internacionales, la caída del gobierno y la toma del país por los talibanes.

El 14 de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la retirada de las tropas estadounidenses que quedaban en Afganistán antes del 11 de septiembre. La posterior ofensiva militar talibán barrió las provincias y llegó a la capital, Kabul, el 15 de agosto, provocando la caída del gobierno y la huida del país del presidente, Ashraf Ghani. A principios de septiembre, los talibanes anunciaron un gobierno provisional.

La retirada definitiva de las tropas de Estados Unidos y la OTAN, que terminó el 31 de agosto, un día antes de lo previsto, ante los avances de los talibanes, fue acompañada de una operación de evacuación. Desde el aeropuerto de Kabul, y en condiciones caóticas, se evacuó a unas 123.000 personas, entre las que se encontraban miles de ciudadanos afganos en peligro de sufrir represalias a manos de los talibanes.

La ya precaria situación humanitaria se deterioró aún más durante la segunda mitad del año a causa del conflicto, la sequía, la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, agudizada por la suspensión de la ayuda extranjera, la congelación de activos públicos y las sanciones internacionales impuestas a los talibanes. En diciembre, la ONU advirtió de que aproximadamente 23 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria grave y hambre, incluidos más de tres millones de niños y niñas, que corrían peligro de muerte por malnutrición severa.

Ataques indiscriminados y homicidios ilegítimos

Tanto las fuerzas del gobierno de Ashraf Ghani como agentes no estatales llevaron a cabo ataques indiscriminados con dispositivos explosivos improvisados y bombardeos aéreos que provocaron la muerte y lesiones a miles de civiles. Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), las cifras de víctimas civiles alcanzaron cotas sin precedentes durante la primera mitad del año, con un incremento drástico en mayo, cuando empezaron a retirarse las fuerzas militares internacionales. En junio se habían registrado ya 5.183 muertes o lesiones de civiles, 2.409 de ellas, de mujeres, niños y niñas. Más de dos tercios de esta cifra (el 68%) se atribuyeron a los talibanes y a otros agentes no estatales, mientras que el 25% se atribuyó a las Fuerzas Nacionales Afganas de Defensa y Seguridad y a otras fuerzas favorables al gobierno. El 29 de agosto, un ataque estadounidense con drones mató a 10 personas de una misma familia, siete de ellas menores. Posteriormente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció haberse equivocado, y ofreció una indemnización económica a las familias de las víctimas.

A lo largo del año, grupos no estatales lanzaron intencionadamente ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil. El 8 de mayo, en un atentado con bomba contra la escuela de enseñanza secundaria Sayed-ul-Shuhada, en el oeste de la ciudad de Kabul, perdieron la vida o resultaron heridas más de 230 personas, casi todas ellas niñas.¹ El 26 de agosto, un atentado suicida perpetrado por el grupo armado Estado Islámico en la Provincia de Jorasán (EI-J) a la entrada del aeropuerto de Kabul se saldó con al menos 380 víctimas, en su mayoría personas afganas que intentaban ser evacuadas. En octubre hubo tres atentados —uno, contra la mezquita de Eid Gah, en Kabul, y los otros dos contra sendas mezquitas hazaras chiíes, en las ciudades de Kandahar y Kunduz— donde según informes murieron decenas de personas y cientos resultaron heridas.

A lo largo del año, los talibanes y otros agentes armados perpetraron numerosos homicidios selectivos, cuyas víctimas fueron, entre otras, defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres activistas, personal humanitario y sanitario, periodistas, exfuncionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad. Las minorías religiosas y étnicas corrían especial peligro.

Durante su ofensiva y tras haberse hecho con el poder, los talibanes perpetraron homicidios de represalia y extrajudiciales de personas vinculadas al anterior gobierno, entre ellas, miembros de las Fuerzas Nacionales Afganas de Defensa y Seguridad. El 19 de julio los talibanes secuestraron y mataron a dos hijos de Fida Mohammad Afghan, exmiembro del consejo provincial de Kandahar. También eran considerados objetivos de ataque los ex agentes de policía, especialmente si eran mujeres. En el mismo mes de julio, combatientes talibanes mataron a nueve hombres de etnia hazara en la localidad de Mundarakht, del distrito de Malistan (provincia de Ghazni).²El 30 de agosto, en la localidad de Kahor, del distrito de Jidir (provincia de Daykundi), los talibanes ejecutaron extrajudicialmente a nueve miembros de las Fuerzas Nacionales Afganas de Defensa y Seguridad que se habían rendido, y mataron a dos civiles, uno de ellos una muchacha de 17 años, cuando intentaban huir del pueblo. Todos eran de etnia hazara. El 4 de setiembre, los talibanes propinaron una paliza y mataron a tiros delante de sus hijos a Banu Negar, una mujer que había sido miembro de la policía en la provincia de Ghor. Entre mediados de agosto y el final de diciembre, los talibanes mataron o sometieron a desaparición forzada a otro centenar de miembros de las fuerzas de seguridad.

Desplazamientos y desalojos forzosos

Entre enero y diciembre, unas 682.031 personas quedaron desplazadas por los enfrentamientos armados. Se sumaban a los cuatro millones de personas ya desplazadas por el conflicto y por catástrofes naturales.

Los talibanes desalojaron a miles de personas de sus hogares y tierras en las provincias de Daykundi y Helmand, y amenazaron con desalojar a la población residente en las provincias de Balkh, Kandahar, Kunduz y Uruzgan. Las operaciones de desalojo se cebaron, sobre todo, con las comunidades hazaras y las personas vinculadas al anterior gobierno. En junio, los talibanes ordenaron a la población tayika residente en la localidad de Bagh-e Sherkat (provincia de Kunduz) abandonar el lugar, en aparente represalia por su apoyo al anterior gobierno. A finales de septiembre, más de 740 familias hazaras fueron desalojadas a la fuerza de sus domicilios y tierras en las localidades de Kindir y Tagabdar, pertenecientes al distrito de Gizab (provincia de Daykundi).

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

La toma del poder por parte de los talibanes provocó un aumento en el número de refugiados afganos que pasaban a países vecinos. Una vez se interrumpieron las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul, miles de afganos desesperados trataron de llegar por tierra a Pakistán e Irán. Así, fueron decenas de miles los que cruzaron a Pakistán antes de que el país cerrara sus fronteras a la mayoría de la población afgana el 2 de septiembre. Sólo continuó abierto el paso fronterizo de Torkham para quienes tuvieran el correspondiente pase. En noviembre, el Consejo Noruego para los Refugiados comunicó que entre 4.000 y 5.000 afganos cruzaban a diario la frontera con Irán.

El derecho de la población afgana —incluidas aquellas personas en peligro de sufrir represalias— a pedir asilo en terceros países se vio amenazado por las restricciones impuestas por los talibanes para salir del país, entre ellas obstáculos a menudo insuperables para conseguir pasaportes y visados. Se temía también que las restricciones de los países vecinos para cruzar la frontera obligaran a la población afgana a utilizar cauces irregulares para viajar, recurriendo a traficantes y exponiéndose así a sufrir más abusos contra sus derechos humanos.

Derechos de las mujeres y las niñas

Antes de la toma del poder por los talibanes, las mujeres y las niñas seguían siendo víctimas discriminación y violencia por motivos de género. Sin embargo, cuando los talibanes se hicieron con el poder, perdieron muchos de sus derechos humanos fundamentales. Aunque los talibanes garantizaron que se respetarían los derechos de las mujeres, los limitados avances logrados durante los 20 años anteriores retrocedieron con rapidez.

Participación en el gobierno y derecho a trabajar de las mujeres

La presencia de las mujeres en la ronda final de las malogradas conversaciones de paz fue extremadamente baja, con sólo cuatro mujeres en la delegación del gobierno y ninguna en la delegación talibán.³ Bajo el gobierno del presidente Ashraf Ghani había cuatro mujeres en el Consejo de Ministros, pero el gobierno provisional talibán excluyó por completo a las mujeres. Poco después de su llegada al poder, los talibanes desmantelaron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y sus oficinas provinciales.

En agosto, un portavoz talibán afirmó ante la prensa que las mujeres debían abstenerse de acudir a sus puestos de trabajo hasta que se implantaran “sistemas adecuados” para “garantizar su seguridad”. En septiembre, a las mujeres empleadas en ministerios se les ordenó quedarse en casa, mientras que sus compañeros varones reanudaban la actividad laboral. Según informes, a las mujeres no se les permitía acceder a sus lugares de trabajo o se las enviaba a sus hogares en distintas partes de país, salvo las que trabajaban en la oficina de pasaportes, el aeropuerto de Kabul o el sector de la salud. Según los informes, en algunos casos las mujeres eran acompañadas por combatientes talibanes a sus domicilios desde el trabajo, y se les comunicaba que serían sustituidas por familiares varones.⁴

Las abogadas, juezas y fiscales fueron, en la práctica, despedidas de sus trabajos y obligadas a ocultarse, ante el peligro de sufrir represalias por parte de hombres a los que habían declarado culpables y enviado a prisión por violencia de género intrafamiliar o de otro tipo, que habían sido excarcelados por los talibanes. Se recibieron noticias sobre saqueos de domicilios de juezas perpetrados por expresos y combatientes talibanes.

Derecho a la educación

En cuanto se hicieron con el poder, los líderes talibanes comunicaron que, para que las mujeres y las niñas pudieran volver a la enseñanza, era necesario crear antes un “entorno seguro de aprendizaje”. A mediados de septiembre se permitió a los niños reanudar su actividad escolar, pero la situación de las niñas seguía sin estar clara. Al concluir el año la mayoría de las escuelas de educación secundaria seguían cerradas para las niñas, salvo en las provincias de Kunduz, Balkh y Sar-e Pul. Debido a las intimidaciones y los actos de hostigamiento que sufrían tanto docentes como alumnado, los índices de asistencia a clase eran bajos, sobre todo entre las niñas, aunque las escuelas y demás centros de enseñanza estuvieran abiertos.⁵

Violencia sexual y de género

La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada, pero, de manera sistemática, se denunciaban menos casos de los reales. En la inmensa mayoría de las ocasiones no se actuaba contra los responsables. De enero a junio, el Ministerio de Asuntos de la Mujer registró 1.518 casos de violencia contra mujeres, incluidos 33 asesinatos. La violencia contra las mujeres seguía manifestándose principalmente en forma de palizas, actos de acoso, prostitución forzada, impago de gastos de manutención y matrimonios precoces. No había datos oficiales sobre la segunda mitad del año.

La violencia contra las mujeres se agravó aún más a partir de agosto, cuando empezaron a cerrarse los mecanismos de apoyo jurídico y de otro tipo para mujeres y, en particular, cuando cerraron los refugios de mujeres. Cuando los talibanes eliminaron el apoyo institucional y jurídico a las mujeres, éstas quedaron más expuestas a la violencia, al tiempo que temían las consecuencias de denunciarla.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia y homicidios selectivos. A finales de 2020 se produjo un incremento de las agresiones que continuó en 2021. Según el Comité Afgano de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, al menos 17 defensores o defensoras de los derechos humanos habían sido víctimas de homicidio entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, y cientos más habían recibido amenazas.

Desde finales de agosto, los talibanes ocuparon las 14 oficinas de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y obligaron a su personal a huir del país o esconderse. Se recibieron noticias sobre registros puerta a puerta de combatientes talibanes en busca de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, mientras que personas que trabajaban para ONG y sus familiares recibieron palizas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El 29 de octubre, el portavoz talibán del Ministerio de Finanzas Públicas comunicó que la sharia (ley islámica) no reconocería los derechos LGBTI. El Código Penal de Afganistán seguía penalizando las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo.

Libertad de expresión y de reunión

Los talibanes disolvieron por la fuerza protestas pacíficas en todo Afganistán, haciendo uso de armas de fuego, armas de electrochoque y gas lacrimógeno, y golpeando y azotando a manifestantes con látigos y cables. El 4 de septiembre, las fuerzas especiales de los talibanes disolvieron —según informes, con gas lacrimógeno y armas de electrochoque— un acto de protesta en Kabul en el que participaban en torno a un centenar de mujeres que exigían la inclusión de mujeres en el nuevo gobierno y respeto a los derechos de las mujeres. Algunas manifestantes fueron golpeadas. El 7 de septiembre, los talibanes mataron a tiros a Omid Sharifi, activista de la sociedad civil, y a Bashir Ahmad Bayat, maestro de escuela, cuando protestaban contra los talibanes en la provincia de Herat. Ocho manifestantes más sufrieron lesiones. El 8 de septiembre, el Ministerio del Interior talibán dictó una orden de prohibición de todas las manifestaciones y concentraciones “hasta la codificación de una política sobre manifestaciones”.

A pesar de haber garantizado que respetarían la libertad de expresión, los talibanes restringieron gravemente la libertad de los medios de comunicación. Se detuvo y golpeó a periodistas, cuyo material fue confiscado, sobre todo cuando cubrían actos de protesta. Se intimidó, amenazó y hostigó a trabajadores y, sobre todo, a trabajadoras de los medios de comunicación, que tuvieron que ocultarse o huir del país. Hubo registros casa por casa en busca de periodistas, sobre todo de los que trabajaban para medios de comunicación occidentales. El 20 de agosto, los talibanes irrumpieron en el domicilio de un periodista que trabajaba para el medio alemán Deutsche Welle. Como no lo encontraron, mataron a una persona de su familia e hirieron a otra. A finales de octubre, habían cerrado más de 200 medios de comunicación. El Comité para la Seguridad de los Periodistas Afganos comunicó que, durante los 12 meses previos a noviembre de 2021, al menos 12 periodistas habían sido víctimas de homicidio y 230 habían sufrido agresiones.

Derecho a la salud

El sector de la salud, de por sí precario, quedó aún más debilitado en agosto con la suspensión de la ayuda internacional al Programa de Mejoramiento del Sistema de Salud en Situaciones de Transición (Sehatmandi). En noviembre habían cerrado ya 3.000 clínicas por falta de financiación. Este programa, de múltiples donantes, era la principal fuente de ayuda para atención sanitaria, nutrición y servicios de planificación familiar de calidad en todo Afganistán. En septiembre, la OMS advirtió del rápido deterioro de las condiciones de salud pública, incluido el aumento de casos de sarampión, diarrea y polio entre niños.

La falta de preparación frente a emergencias y el deficiente estado de las infraestructuras de salud pública hicieron que el repunte de los casos de COVID-19 que se produjo a mediados de año sorprendiera al país sin la capacidad necesaria para combatirlo. Corría especial peligro la población internamente desplazada que vivía en condiciones de hacinamiento, sin suficiente acceso a agua, saneamiento e instalaciones de salud.⁶ El 15 de noviembre habían muerto ya 7.293 personas de COVID-19. El porcentaje de población vacunada era, aproximadamente, del 7%.

A lo largo del año se atacó al personal sanitario y a los centros de salud. Durante los seis primeros meses del año murieron por disparos en la provincia de Nangarhar nueve personas empleadas en la campaña de vacunación contra la polio.⁷En octubre, los talibanes se comprometieron a apoyar la reanudación de la campaña y a permitir la inclusión de mujeres entre el personal de primera línea. Asimismo, se comprometieron a garantizar seguridad y protección a todo el personal de salud de primera línea.

Impunidad

El 27 de septiembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció su intención de reanudar las investigaciones sobre los delitos cometidos en Afganistán, pero centrándose sólo en los presuntamente perpetrados por los talibanes y el Estado Islámico en la Provincia de Jorasán. La decisión de “no abordar como prioritarias” las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos por la Dirección Nacional de Seguridad, las Fuerzas Nacionales Afganas de Defensa y Seguridad, las fuerzas armadas de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia estadounidense podía afianzar la impunidad y socavar la legitimidad de la Corte.⁸