Resumen

Bajo las autoridades de facto talibanas aumentaron las violaciones de derechos humanos que se cometían contra la población de Afganistán. Las mujeres y las niñas eran víctimas de persecución por motivos de género, que constituía crimen de lesa humanidad, y se las privaba cada vez más de sus derechos a la libertad de circulación y de expresión. Continuaba siendo difícil acceder a la atención sanitaria, y se seguía prohibiendo el acceso a la educación de mujeres y niñas más allá de la escuela primaria. La comunidad hazara chií siguió sufriendo ataques y homicidios selectivos, principalmente a manos del Estado Islámico del Gran Jorasán. Los talibanes siguieron marginando a las mujeres y a los grupos étnicos y religiosos de la participación política, el acceso a los servicios públicos y la ayuda humanitaria.

Los talibanes continuaron sometiendo a detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y ejecución extrajudicial a personal del gobierno anterior, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y voces críticas. Asimismo, siguieron atacando y deteniendo a periodistas y restringieron la libertad de los medios de comunicación. Según informes, cientos de presos y presas fueron condenados a muerte.

La ONU y la comunidad internacional no abordaron la impunidad de las atrocidades que estaban perpetrándose ni de las pasadas. Pese al agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos, fueron devueltos al país grandes grupos de personas refugiadas afganas.