Las partes en conflicto en Afganistán continuaron cometiendo con impunidad importantes violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, y otros graves abusos y violaciones de derechos humanos. Los homicidios, tanto indiscriminados como selectivos, alcanzaron cifras sin precedentes. Entre los objetivos de los talibanes y de agentes no estatales figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres activistas, periodistas, personal sanitario y humanitario y minorías religiosas y étnicas. Durante la toma del país por los talibanes se desencadenó una oleada de homicidios de represalia. Miles de personas, en su mayoría hazaras chiíes, fueron desalojadas a la fuerza de sus hogares. Bajo el gobierno talibán se produjo un brusco retroceso en los limitados avances logrados con respecto a los derechos de las mujeres. Los talibanes recortaron sustancialmente los derechos a la libertad de reunión y de expresión. El acceso a la salud, ya gravemente comprometido por la pandemia, se vio menoscabado aún más por la suspensión de la ayuda internacional.
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