Bajo las autoridades de facto talibanas aumentaron las violaciones de derechos humanos que se cometían contra la población de Afganistán. Las mujeres y las niñas eran víctimas de persecución por motivos de género, que constituía crimen de lesa humanidad, y se las privaba cada vez más de sus derechos a la libertad de circulación y de expresión. Continuaba siendo difícil acceder a la atención sanitaria, y se seguía prohibiendo el acceso a la educación de mujeres y niñas más allá de la escuela primaria. La comunidad hazara chií siguió sufriendo ataques y homicidios selectivos, principalmente a manos del Estado Islámico del Gran Jorasán. Los talibanes siguieron marginando a las mujeres y a los grupos étnicos y religiosos de la participación política, el acceso a los servicios públicos y la ayuda humanitaria.
Los talibanes continuaron sometiendo a detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y ejecución extrajudicial a personal del gobierno anterior, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y voces críticas. Asimismo, siguieron atacando y deteniendo a periodistas y restringieron la libertad de los medios de comunicación. Según informes, cientos de presos y presas fueron condenados a muerte.
La ONU y la comunidad internacional no abordaron la impunidad de las atrocidades que estaban perpetrándose ni de las pasadas. Pese al agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos, fueron devueltos al país grandes grupos de personas refugiadas afganas.
Leer másRetiene la pena de muerte en la legislación
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
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