Egipto 2022

Las autoridades reprimieron severamente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. En el periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en noviembre, las autoridades liberaron a 895 personas que estaban presas por motivos políticos, pero detuvieron a casi el triple, entre ellas a cientos vinculadas a convocatorias de protestas durante la COP27. Miles de personas que criticaban o se oponían al gobierno —o que se consideraba que lo hacían— continuaron detenidas arbitrariamente o fueron injustamente procesadas. No se investigaron adecuadamente al menos 50 muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas y respecto a las cuales existían informes de negación de atención médica o tortura. Se impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos y se llevaron a cabo ejecuciones. Seguía siendo frecuente la violencia sexual y de género, ante la pasividad de las autoridades para prevenirla y castigarla adecuadamente. Las autoridades reprimieron el derecho a la huelga de trabajadores y trabajadoras, y no adoptaron medidas de protección contra los despidos improcedentes por parte de las empresas. Se desalojó por la fuerza y se detuvo a residentes de asentamientos informales por protestar contra la demolición de viviendas. Las autoridades persiguieron a personas de religión cristiana que exigían el derecho a practicar su culto y a otras que profesaban creencias religiosas no autorizadas por el Estado. Se detuvo arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes por entrar o permanecer de forma irregular en Egipto, y decenas fueron devueltas a su país de origen.

Información general

En octubre, Egipto llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un préstamo de 3.000 millones de dólares estadounidenses tras aceptar la flotación de la libra egipcia. Este acuerdo se produjo en el contexto de una crisis financiera y económica cada vez más profunda cuyos efectos habían sido devastadores para los derechos económicos de la población. Casi un tercio del presupuesto nacional de junio —que no cumplió el mandato constitucional de destinar cómo mínimo el 3% y el 6% del producto interno bruto (PIB) a sanidad y educación, respectivamente— se destinó al pago de la deuda.

En abril, el presidente anunció un “diálogo nacional” con la oposición. El escrutinio internacional del historial de derechos humanos de Egipto se incrementó durante la COP27, que se celebró en la ciudad de Sharm el Sheij en noviembre.

Continuaron los ataques esporádicos de grupos armados en Sinaí del Norte, aunque a un ritmo menor que en años anteriores. Las milicias tribales desempeñaron un papel cada vez mayor en operaciones militares y lograron desalojar al grupo armado Provincia del Sinaí, afín al grupo armado Estado Islámico, de varios pueblos de los alrededores de Rafá y Sheij Zuwayed. Los medios de comunicación estatales informaron de decenas de personas muertas y heridas por artefactos explosivos colocados por el grupo armado. En octubre se prorrogaron por seis meses las medidas de emergencia que otorgaban al ministro de Defensa poderes excepcionales para imponer toques de queda, cerrar escuelas y evacuar residentes en “algunas zonas de la península del Sinaí”.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades continuaron aplastando toda forma de disidencia pacífica y reduciendo el espacio de la sociedad civil.

Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a un mínimo de 11 periodistas por su trabajo o sus opiniones críticas. Al menos 26 periodistas permanecieron detenidos arbitrariamente tras ser declarados culpables o mientras se investigaban acusaciones de “difusión de noticias falsas”, “uso indebido de las redes sociales” o “terrorismo”.

Según grupos de derechos humanos, seguían bloqueados al menos 600 sitios web de noticias, derechos humanos y otros temas.

Las autoridades detuvieron arbitrariamente al menos a 8 personas defensoras de los derechos humanos, y sometieron a vigilancia, citaciones ilegales e interrogatorios coercitivos a las que se encontraban en libertad.

Un total de 15 defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de ONG seguían bajo investigación, tenían prohibido viajar y sus bienes congelados como consecuencia de la investigación penal sobre la labor legítima de las organizaciones de la sociedad civil, abierta 10 años atrás y conocida como Caso 173. En abril, el gobierno estableció que todas las ONG debían registrarse conforme a la draconiana ley de ONG de 2019 antes de abril de 2023 o serían cerradas.

La oposición política también fue objeto de detenciones arbitrarias, enjuiciamientos injustos y otras formas de hostigamiento. En mayo, un tribunal de excepción condenó a Abdelmoniem Aboulfotoh, excandidato presidencial y fundador del partido Masr al Qawiya, y a Mohamed al Kassas, vicepresidente del partido, a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por difusión de “noticias falsas”, “pertenencia a grupo terrorista” y otros cargos falsos.

Las autoridades incorporaron sin el debido proceso a la “lista de terroristas” a 620 personas, entre las que había periodistas y miembros de la oposición detenidos. Su inclusión en la lista les impedía de hecho participar en actividades cívicas o políticas y viajar a otros países durante 5 años.

En el periodo previo a la COP27, las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de personas en relación con las protestas que estaba previsto que se celebraran al mismo tiempo que la Conferencia. Entre ellas se encontraba Abdelsalam Abdelghany, arrestado en septiembre en su domicilio de El Cairo, la capital, tras haber apoyado en las redes sociales convocatorias de protestas durante la COP27, y que permanecía detenido a la espera de ser investigado por “difundir noticias falsas” y “unirse a un grupo terrorista”.

Durante la COP27, las fuerzas de seguridad sometieron a los participantes a interrogatorios, vigilancia y otras formas de hostigamiento, y negaron la entrada a Egipto al ciudadano italiano Giorgio Caracciolo, del grupo contra la tortura DIGNITY.

El 6 de noviembre, el activista egipcio-británico Alaa Abdel Fattah, que llevaba desde abril en huelga de hambre en protesta por su detención arbitraria y por la denegación de visitas consulares, también dejó de beber agua. El 11 de noviembre fue alimentado por vía intravenosa tras perder el conocimiento. Al terminar el año seguía detenido arbitrariamente y en mal estado de salud.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Después de que el presidente anunciara la reactivación del Comité de Indultos Presidenciales en abril, las autoridades ordenaron la puesta en libertad de 895 personas detenidas por motivos políticos y de decenas de personas más detenidas por impago de deudas.¹ Las fuerzas de seguridad se negaron a liberar al menos a 33 de ellas, citaron ilegítimamente a otras para interrogarlas y amenazaron con volver a detenerlas por protestar. El activista Sherif al Rouby quedó en libertad en mayo y volvió a ser detenido en septiembre tras haberse quejado públicamente de las penurias que sufrían las personas que habían estado presas. Las fuerzas de seguridad prohibieron arbitrariamente viajar a la abogada de derechos humanos Mahinour el Masry, al investigador Ahmed Samir Santawy y a otras personas que habían quedado en libertad en 2022.

Desde la reactivación del Comité de Indultos Presidenciales en abril hasta acabar el año, 2.562 personas sospechosas de criticar o de oponerse al gobierno fueron detenidas e interrogadas por la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, mientras que miles de personas más seguían detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos. El abogado Youssef Mansour seguía detenido arbitrariamente desde que fuera arrestado en marzo por criticar los abusos cometidos contra un cliente.

Fiscales y jueces renovaron sistemáticamente la prisión preventiva de miles de personas detenidas por cargos infundados de terrorismo o relacionados con la seguridad. En la prisión de Badr 3, un nuevo sistema en línea para celebrar las vistas de renovación de la detención violó el derecho de las personas detenidas a una defensa adecuada y a impugnar la legalidad de su detención.

El derecho a un juicio justo de las personas acusadas se vulneraba sistemáticamente, y las fuerzas de seguridad impedían el acceso a asistencia letrada en privado. Tribunales de excepción intrínsecamente injustos continuaron dictando sentencias condenatorias y enjuiciando a oponentes al gobierno y defensores y defensoras de los derechos humanos, a pesar de que en octubre de 2021 se había levantado el estado de excepción.

Desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos

La fiscalía se abstuvo sistemáticamente de ordenar investigaciones sobre denuncias de desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos.

Las fuerzas de seguridad sometieron a cientos de personas detenidas a desaparición forzada, en algunos casos durante meses. El 23 de marzo, Abdel Rahman al Saeed fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional en su domicilio por haber publicado un vídeo en las redes sociales en el que criticaba el aumento del coste de la vida, y estuvo sometido a desaparición forzada hasta el 19 de abril.

La tortura seguía practicándose de forma generalizada en prisiones, comisarías de policía e instalaciones gestionadas por la Agencia de Seguridad Nacional. Después de que en enero se filtraran vídeos que mostraban abusos policiales en la comisaría de Al Salam First, en El Cairo, las autoridades condenaron a 21 hombres, una mujer y un menor a penas de entre 5 años y cadena perpetua y los incluyeron en la “lista de terroristas”. Las autoridades no abrieron investigaciones imparciales y efectivas sobre los abusos policiales.

En la segunda mitad del año, las autoridades trasladaron a cientos de presos recluidos por motivos políticos del complejo penitenciario de Tora, al sur de El Cairo, a los nuevos complejos penitenciarios de Wadi al Natrun, al norte de El Cairo, y Badr, al nordeste de El Cairo. Tanto allí como en las otras cárceles, las condiciones eran crueles e inhumanas, y la población reclusa denunciaba hacinamiento, mala ventilación y falta de higiene, así como insuficiencia de alimentos, agua potable, aire fresco y ejercicio. Las autoridades negaban a las personas presas el acceso a una atención médica adecuada y les imponían restricciones indebidas o les prohibían el contacto con el mundo exterior, en algunos casos de forma intencionada para castigar la disidencia. Las autoridades impusieron a toda la población reclusa de la prisión de Badr 3 la prohibición general de recibir visitas de familiares y representantes legales y de mantener correspondencia escrita.

Pena de muerte

Los tribunales, en particular las secciones especializadas en causas de terrorismo de los tribunales penales y los tribunales de excepción, dictaron condenas a muerte tras juicios colectivos sin garantías.

En junio, una sección especializada en terrorismo del Tribunal Penal de El Cairo condenó a muerte a 10 hombres por “terrorismo” y asesinato tras un juicio manifiestamente injusto. Muchos habían sido víctimas de desaparición forzada y tortura, se les había negado el acceso a asistencia letrada y habían permanecido recluidos en condiciones crueles e inhumanas equivalentes a tortura.²

Aunque el índice de ejecuciones descendió en comparación con años anteriores, continuó ejecutándose a personas condenadas tras juicios manifiestamente injustos.

Ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos

Entre julio y agosto aparecieron en internet cuatro vídeos que mostraban lo que parecía ser la ejecución extrajudicial de tres hombres desarmados que estaban bajo la custodia del ejército y de milicias tribales afines en Sinaí del Norte. En uno de los vídeos se veía a un joven, posiblemente menor de 18 años y con claros signos de estar herido, siendo interrogado antes de que un individuo vestido con uniforme y botas militares lo matara a tiros.

La fiscalía no llevó a cabo investigaciones independientes y efectivas sobre las causas y circunstancias de al menos 50 muertes bajo custodia tras haberse denunciado torturas y la negación de atención médica adecuada.

La fiscalía archivó las investigaciones sobre la sospechosa muerte bajo custodia del economista Ayman Hadhoud el 18 de abril, haciendo caso omiso de los indicios de que las autoridades lo habían sometido a desaparición forzada el 5 de febrero y luego lo habían torturado y sometido a otros malos tratos y le habían negado el acceso a una atención médica oportuna y adecuada.³

En julio, ante la negativa de las autoridades egipcias a cooperar y revelar la ubicación de los sospechosos, un tribunal italiano paralizó el procesamiento de agentes de seguridad egipcios por el asesinato y tortura del estudiante italiano Giulio Regeni en 2016.

Discriminación y violencia sexuales y de género

Las autoridades no previnieron ni repararon adecuadamente la violencia sexual y de género generalizada a manos de agentes estatales y no estatales.

Entre junio y octubre, cuatro mujeres jóvenes fueron asesinadas por hombres cuyas insinuaciones ellas habían rechazado. La policía no actuó ante las denuncias de acoso presentadas por Nayera Ashraf contra un compañero de la Universidad de Al Mansura dos meses antes de que él la matara a puñaladas.

Las autoridades procesaron a activistas que habían denunciado el acoso sexual. En enero, el Tribunal de Casación confirmó la sentencia condenatoria contra la activista Amal Fathy por criticar que las autoridades no protegiesen a las mujeres del acoso sexual, y la condenó a un año de prisión.

En agosto, un tribunal de asuntos económicos condenó a la periodista Rasha Azab por “ofensas” y “difamación” y le impuso una multa de 10.000 libras egipcias (522 dólares estadounidenses) por solidarizarse en Internet con sobrevivientes de violencia sexual que habían publicado testimonios anónimos acusando al director de cine Islam Azazi de agresiones sexuales.⁴

Las autoridades enjuiciaron a mujeres influencers por su conducta en las redes sociales. Al menos siete de estas mujeres continuaban encarceladas por cargos relacionados con la moralidad y otros cargos falsos.

Las autoridades siguieron actuando contra personas por su orientación sexual o su identidad de género real o aparente. Sólo por ese motivo, en abril, las fuerzas de seguridad detuvieron durante un breve periodo a cuatro hombres y dos mujeres transgénero en un centro comercial de El Cairo. Estas personas declararon haber sufrido abusos verbales y físicos. Una de las mujeres transgénero dijo que la habían acosado sexualmente y la habían obligado a desnudarse y a quitarse el hiyab.

Derechos laborales

Las autoridades detuvieron a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas por organizar huelgas y protestas pacíficas o reclamar justicia, y no protegieron a las personas que trabajaban en el sector privado del despido improcedente y otras represalias por reclamar mejores condiciones laborales.

En febrero, las fuerzas de seguridad utilizaron perros policía y gas lacrimógeno para dispersar una sentada pacífica de miles de trabajadores de la empresa privada Universal Group for Home Appliances, y detuvieron por un breve periodo a tres trabajadores. El Ministerio de Trabajo no abordó los despidos improcedentes de al menos 65 trabajadores en mayo por su participación en la huelga.

El sindicalista Shady Mohamed fue detenido en octubre mientras lo investigaban por “unirse a un grupo terrorista”. Antes de su detención, había presentado una demanda contra su antiguo empleador por despido improcedente.

En febrero, la cámara alta del Parlamento aprobó un proyecto de ley laboral que facilitaba los despidos improcedentes sin indemnización adecuada.

Las autoridades no actuaron contra las empresas privadas que no cumplían con la obligación de pagar el salario mínimo mensual tras su entrada en vigor en julio.

Derecho a la vivienda

Las autoridades continuaron llevando a cabo desalojos forzosos en asentamientos informales y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas por protestar contra la demolición de sus viviendas.

En agosto, las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de la fuerza contra residentes de la isla de Warraq que protestaban contra los planes de desalojarlos y transformar la isla en un centro comercial. Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno, golpearon a manifestantes con porras y detuvieron durante un breve periodo a decenas de personas. Posteriormente, hostigaron en puestos de control a los residentes y suspendieron los servicios hospitalarios y otros servicios, hechos que los residentes consideraron intentos de expulsarlos.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

En junio, Egipto publicó una contribución determinada a nivel nacional actualizada, con objetivos de reducción de emisiones del 33%, 65% y 7% en los sectores de la electricidad, el petróleo y el gas, y el transporte, respectivamente, con respecto a las previsiones de su escenario inercial para 2030. Personas expertas señalaron su preocupación por la falta de transparencia de la contribución determinada a nivel nacional, por el hecho de que no incluía un objetivo global de emisiones ni unas bases de referencia claras, y por que los modestos objetivos estaban condicionados a la ayuda financiera internacional. A su juicio, los compromisos eran claramente insuficientes para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C.

También en junio, Egipto autorizó a Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear, a construir una central nuclear en la localidad de Dabaa, en la gobernación de Matrouh. En la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Egipto se mencionaba la energía nuclear como fuente alternativa a los combustibles fósiles, a pesar de su nocivo impacto ambiental y de su elevado coste financiero en comparación con las centrales de gas natural, los parques eólicos o las instalaciones solares fotovoltaicas de la misma capacidad, según un análisis de la ONG de derechos humanos Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades siguieron discriminando a la población cristiana en la ley y en la práctica, y persiguieron a personas cristianas que exigían su derecho al culto.

El derecho a construir o reparar iglesias seguía restringido por una ley de 2016 que exigía la aprobación de las agencias de seguridad y otros órganos estatales. Según Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, sólo al 45% de los solicitantes se les había concedido la aprobación preliminar para construir o reparar iglesias desde la promulgación de la ley.

En enero, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a nueve residentes del pueblo de Ezbet Farag Allah (gobernación de El Minya) y los mantuvieron recluidos durante tres meses en espera de que se investigasen las acusaciones contra ellos de “participar en una concentración” y “cometer un acto terrorista” por protestar pacíficamente contra la negativa de las autoridades a reconstruir la única iglesia de su pueblo.⁵ Los nueve quedaron en libertad sin juicio.

Miembros de minorías religiosas, personas ateas y otras personas que no profesaban las creencias religiosas autorizadas por el Estado fueron enjuiciadas y encarceladas por “difamación de la religión” y otros cargos falsos. El 10 de febrero, el Tribunal de Casación confirmó la condena a tres años de prisión contra el bloguero Anas Hassan, que había sido detenido en 2019 por administrar la página de Facebook “Ateos egipcios”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades siguieron deteniendo y recluyendo arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes por entrar o permanecer en Egipto de forma irregular.

En marzo, las autoridades devolvieron a su país a 31 personas —hombres, mujeres, niños y niñas— de nacionalidad eritrea que habían permanecido detenidas arbitrariamente durante periodos prolongados y en condiciones muy duras sin que se les hubiera permitido impugnar su detención ni acceder a los procedimientos de asilo.⁶