Egipto 2024

Las autoridades continuaron acallando las críticas, reprimiendo a la sociedad civil y restringiendo las protestas callejeras. Llevaron a cabo detenciones masivas para impedir la celebración de manifestaciones convocadas contra el gobierno y dispersaron por la fuerza las escasas y pequeñas protestas pacíficas que tuvieron lugar. Excarcelaron a 934 personas recluidas por motivos políticos, pero arrestaron a otras 1.594, entre las que había periodistas, profesionales de la abogacía, manifestantes, disidentes, figuras políticas de la oposición y voces críticas con el gobierno por su historial en materia de derechos humanos y su gestión de la crisis económica. Decenas de personas fueron objeto de desaparición forzada. La tortura y otros malos tratos seguían siendo habituales. Se impusieron condenas a muerte, incluso por delitos que no constituían “homicidio intencional”, tras juicios manifiestamente injustos. Se llevaron a cabo ejecuciones. Persistió la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2024 y en años anteriores. Las mujeres y las niñas, las personas LGBTI y las minorías religiosas sufrían discriminación, violencia y persecución por ejercer sus derechos humanos. Las autoridades no protegieron los derechos económicos y sociales durante la crisis económica, no ajustaron adecuadamente las medidas de seguridad social ni garantizaron que las empresas privadas pagaran el salario mínimo preceptivo. El gobierno promulgó nueva legislación que ponía en peligro la accesibilidad y asequibilidad de la atención médica. Continuaron los desalojos forzosos de asentamientos informales. Miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo, en su mayoría de Sudán, fueron detenidas y expulsadas arbitrariamente.

Información general

En abril, Abdel Fatah al Sisi juró su cargo como presidente para un tercer mandato tras haber ganado unas elecciones en las que estuvieron prohibidas las candidaturas de auténtica oposición.

En febrero se reanudó el Diálogo Nacional entre el gobierno y la oposición, suspendido en septiembre de 2023, con voces críticas que lamentaban la falta de resultados tangibles y de aplicación de las reformas políticas y de derechos humanos recomendadas.

Ante el agravamiento de la crisis económica y financiera de Egipto, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea (UE), Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos prometieron unos 57.000 millones de dólares estadounidenses en inversiones, préstamos y ayuda financiera. En marzo, la UE anunció un paquete de financiación de 7.400 millones de euros (8.000 millones de dólares estadounidenses) para Egipto sin establecer criterios de referencia en materia de derechos humanos. En septiembre, Estados Unidos concedió una ayuda de 1.300 millones de dólares estadounidenses sin requisitos en cuanto a los derechos humanos. La crisis del coste de la vida persistió, con una inflación anual del 24,9% en septiembre.

El paso fronterizo de Rafá con Gaza permaneció cerrado a partir de mayo, después de que las fuerzas israelíes tomaran el control del lado palestino de la frontera y de que un soldado egipcio resultara muerto por disparos efectuados desde allí.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades continuaron criminalizando las formas de expresión disidentes y las reuniones pacíficas, y persiguieron a periodistas, profesionales de la abogacía, manifestantes, disidentes, figuras políticas de la oposición y voces críticas con el gobierno por su historial en materia de derechos humanos y su gestión de la crisis económica.

Entre enero y marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a cuatro personas que se habían quejado de la subida de los precios en comentarios publicados en las redes sociales.¹

El 31 de julio, las autoridades detuvieron arbitrariamente al político de la oposición Yehia Hussein Abdelhady por un comentario en Facebook en el que criticaba al presidente y al ejército y pedía un cambio de régimen.² Al finalizar el año seguía detenido arbitrariamente por cargos falsos de terrorismo y publicación de “noticias falsas”.

La periodista y defensora de los derechos de las mujeres Rasha Azab, que criticaba abiertamente la respuesta del gobierno egipcio a la ofensiva israelí contra Gaza, fue objeto de reiteradas amenazas y hostigamiento tras el estallido de las hostilidades el 7 de octubre de 2023. Entre otras cosas, fue seguida en varias ocasiones por un grupo de tres hombres no identificados y recibió advertencias a través de intermediarios de que los organismos de seguridad la iban a detener.

Al menos 14 personas que trabajaban en medios de comunicación se hallaban encarceladas en relación con su actividad profesional, por motivos como publicar contenidos críticos con el gobierno. Entre ellas se encontraban Ashraf Omar, detenido en julio tras publicar una viñeta en la que criticaba el plan del gobierno de vender activos estatales, y Khaled Mamdouh, periodista del sitio web de noticias Arabic Post. Ambos se hallaban recluidos arbitrariamente por cargos falsos de terrorismo y difusión de “noticias falsas”.

Las autoridades mantenían bloqueados al menos 562 sitios web de derechos humanos, noticias y otros contenidos, según la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, grupo de derechos humanos independiente.

Las autoridades llevaron a cabo detenciones para impedir la celebración de manifestaciones convocadas contra el gobierno y dispersaron por la fuerza las escasas y pequeñas protestas pacíficas que tuvieron lugar. En marzo, las fuerzas de seguridad disolvieron por la fuerza una pequeña manifestación en Alejandría y detuvieron arbitrariamente a manifestantes que enarbolaban carteles en los que se culpaba al presidente Al Sisi de “matar de hambre” a la gente pobre.

En julio, las autoridades detuvieron arbitrariamente a decenas de personas —entre ellas, una que era menor de edad y al menos siete mujeres— por llamamientos en Internet a celebrar protestas y a derrocar al gobierno del presidente Al Sisi debido al aumento de los precios. Decenas de personas se hallaban detenidas por expresar su solidaridad con la población palestina de Gaza por medios como manifestarse pacíficamente, publicar comentarios en Internet, colgar carteles o escribir eslóganes en las paredes.

El 20 de marzo, después de 13 años de investigaciones, las autoridades anunciaron el cierre de la causa 173/2011, más conocida como el caso de la “financiación extranjera”, que había supuesto la congelación de activos y la prohibición de viajar a personal de ONG. No obstante, se mantuvo la prohibición de viajar impuesta a la abogada de derechos humanos Hoda Abdelwahab.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Entre enero y octubre, las autoridades dejaron en libertad al menos a 934 personas detenidas por motivos políticos, en la mayoría de los casos tras superar el límite máximo de dos años de detención preventiva. No obstante, también durante ese periodo, detuvieron por las mismas razones a otras 1.594 personas, entre ellas cinco menores, según la ONG independiente Comisión de Derechos y Libertades de Egipto. Los jueces y los fiscales adscritos a la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado renovaban sistemáticamente las órdenes de detención preventiva, dictadas contra miles de personas, sin permitir impugnar de manera efectiva la legalidad de la detención.

En febrero, un tribunal condenó al político Ahmed Al Tantawy, a su director de campaña y a 21 de sus simpatizantes a un año de prisión en relación con su infructuosa candidatura a las elecciones presidenciales de 2023. En mayo se confirmó la sentencia en apelación, y en diciembre fue ratificada por el Tribunal de Casación.

El 26 de junio, el Tribunal de Seguridad del Estado condenó al manifestante Mahmoud Hussein a tres años de prisión por vestir una camiseta con un lema contra la tortura.³ Fue puesto en libertad en octubre, cuando ya había pasado dos años y 10 meses detenido en espera de juicio.

En agosto se iniciaron debates parlamentarios sobre un proyecto de Código de Procedimiento Penal que no proporcionaba salvaguardias contra el uso indebido de la detención prolongada en espera de juicio y que permitía graves violaciones del derecho a un juicio justo, como no garantizar una defensa adecuada.⁴

En septiembre, el destacado activista Alaa Abdel Fattah terminó de cumplir su injusta condena de cinco años de prisión, pero las autoridades no lo pusieron en libertad.⁵

En diciembre, un tribunal militar condenó a 62 habitantes de la gobernación de Sinaí del Norte a entre tres y 10 años de prisión por los cargos de causar daños a vehículos militares y hacer uso de la fuerza contra funcionarios del Estado. El juicio tenía su origen en una acampada organizada en octubre de 2023 por residentes de la ciudad de Sheij Zuweid, a quienes el ejército había dispersado por la fuerza cuando exigían así poder regresar a sus hogares, que habían tenido que desalojar por orden de las autoridades. El 24 de diciembre, el presidente Al Sisi indultó a 54.

Desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, sometieron a decenas de personas detenidas por motivos políticos a desaparición forzada durante periodos de entre unos días y varias semanas.

La tortura y otros malos tratos seguían siendo habituales en las prisiones, las comisarías de policía y los centros de la Agencia de Seguridad Nacional. En febrero, agentes de la Agencia de Seguridad Nacional golpearon a un hombre y le aplicaron descargas eléctricas mientras lo sometían a desaparición forzada durante ocho días tras ser detenido por publicar vídeos en los que criticaba al gobierno.

Las personas presas continuaban soportando condiciones de reclusión que violaban la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, como negación deliberada de atención médica y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. En la prisión de Badr 1 y en la prisión 10 de Ramadán, decenas de presos iniciaron una huelga de hambre a principios de junio para protestar por sus crueles e inhumanas condiciones de reclusión, la falta de acceso a atención médica adecuada, la reducción del tiempo para ejercicio fuera de la celda y las restricciones a las visitas familiares. Las autoridades penitenciarias obligaron a muchos a poner fin a la huelga trasladándolos a otras prisiones y recluyéndolos en régimen de aislamiento.

Pena de muerte

Los tribunales de lo penal, incluidos los que se ocupaban de casos de terrorismo, impusieron condenas a muerte tras juicios injustos. Entre los delitos castigados con la pena capital figuraban crímenes que no equivalían a “homicidio intencional”, como el tráfico de drogas y la violación, en contravención del derecho y las normas internacionales. Se llevaron a cabo ejecuciones.

Impunidad

Prevaleció la impunidad de los homicidios ilícitos, tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2024 y en años anteriores, incluidos los homicidios ilícitos de al menos 900 personas durante la dispersión violenta de las acampadas de simpatizantes del presidente derrocado Mohamed Morsi el 14 de agosto de 2013.

Las autoridades no investigaron adecuadamente las causas y circunstancias de al menos 43 muertes bajo custodia tras haberse denunciado tortura física y otros malos tratos o negación de asistencia médica. No se abrió ninguna investigación sobre la muerte de Ibrahim al Ajeery, ocurrida el 1 de enero en la prisión de Badr 3, tras años de negligencia médica, incluida negación de medicación adecuada para su diabetes.

Los fiscales, sobre todo los de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, desestimaron o ignoraron la mayoría de las denuncias de tortura policial. En un caso excepcional del que tuvo conocimiento Amnistía Internacional, un fiscal ordinario abrió una investigación sobre la denuncia presentada por una manifestante que afirmaba que un agente de policía la había golpeado, pero no se había facilitado información sobre el progreso de la investigación al concluir el año.

El 23 de mayo, un grupo de mujeres que habían sido detenidas en una protesta a favor de Palestina informaron de que habían presentado una denuncia ante el fiscal porque algunas de ellas habían sido objeto de agresiones sexuales durante registros corporales y de acoso mientras estaban detenidas. El fiscal remitió la denuncia a la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, que no la investigó.

Derechos económicos y sociales

Los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a un nivel de vida adecuado y a la salud, se vieron gravemente socavados por la crisis económica. El gobierno no cumplió el mandato constitucional de destinar al menos el 3% del PIB a sanidad y el 6% a educación.

Las reiteradas subidas del precio del combustible afectaron al precio de los alimentos y los servicios esenciales. En junio, las autoridades cuadruplicaron el precio subvencionado del pan. El gobierno no mitigó adecuadamente los efectos de la inflación sobre las personas que vivían en la pobreza, y el gasto en protección social sólo representó el 0,2% del PIB.

En septiembre, el gobierno anunció el fin de los cortes diarios de electricidad que se venían produciendo desde julio de 2023.

En junio, el presidente Al Sisi ratificó una nueva ley de privatización de la sanidad, que ponía en peligro la accesibilidad y disponibilidad de los servicios sanitarios, especialmente para quienes carecían de seguro médico o vivían en la pobreza.⁶

Derechos laborales

En febrero, el presidente Al Sisi subió el salario mínimo mensual del sector público de 4.000 a 6.000 libras egipcias (unos 82,50 y 125 dólares estadounidenses, respectivamente). En abril, el gobierno aplicó la subida también al sector privado, pero no tomó medidas contra las empresas que pagaran menos del salario mínimo.

En febrero, agentes de la Agencia de Seguridad Nacional detuvieron a dos empleados de Ghazl al Mahalla, empresa del sector público, tras interrogar a decenas de trabajadores y trabajadoras por hacer huelga para exigir el salario mínimo. Ambos quedaron en libertad provisional en mayo, a la espera de que la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado abriera investigaciones sobre los cargos de “adhesión a un grupo terrorista” y publicación de “noticias falsas”.

El 17 de agosto, el personal de otra empresa del sector público, Samanoud Weaving and Textile, organizó una huelga para exigir el salario mínimo. El 25 de agosto, las autoridades detuvieron a cinco hombres y cuatro mujeres y los investigaron por cargos como “incitar a la obstrucción intencionada de un medio de producción”. Quedaron en libertad al cabo de dos semanas, según la ONG independiente Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales.

En septiembre, el Ministerio de Educación anunció que, para hacer frente a la escasez de profesorado, contrataría a 50.000 docentes con contratos limitados por horas, en virtud de los cuales sus ingresos mensuales se situarían muy por debajo del salario mínimo.

En abril, el Consejo de Estado, tribunal administrativo egipcio, comenzó a examinar los recursos presentados por Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales en nombre de docentes a quienes se había excluido de los nombramientos en escuelas públicas por motivos discriminatorios, como estar embarazada o tener “sobrepeso”.

Derecho a la vivienda

En febrero, sin consultar previamente a sus residentes ni ofrecer indemnizaciones, las autoridades comenzaron a llevar a cabo desalojos forzosos y demoliciones de viviendas en el barrio de El Gameel de Port Said, donde vivían unas 2.500 familias. El gobierno justificó las demoliciones acogiéndose a planes de desarrollo de la región. Un hombre murió en el curso de ellas, pero las autoridades no llevaron a cabo una investigación imparcial e independiente sobre las causas y circunstancias de la muerte.

En julio, el gobierno anunció una asociación entre inversores emiratíes y locales para desarrollar un proyecto inmobiliario en la isla de Warraq del Nilo. El 26 de septiembre, la policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar una protesta organizada por habitantes del lugar como respuesta a las denuncias de abusos policiales; al menos siete personas sufrieron heridas según Mada Masr, medio de comunicación independiente. En octubre, la población de Warraq exigió públicamente una indemnización adecuada. Las fuerzas de seguridad acordonaron la isla, impidiendo a sus habitantes introducir materiales de construcción para edificar nuevas viviendas o ampliar las existentes. Las autoridades mantenían cerrado el único centro de salud de la isla desde 2021, lo que restringía el acceso de la población a la atención médica.

En febrero, Emiratos Árabes Unidos y Egipto firmaron un acuerdo por valor de 35.000 millones de dólares estadounidenses para urbanizar las alrededor de 16.430 hectáreas de superficie de Ras al Hekma, pueblo de la costa mediterránea de Egipto. Sus habitantes hicieron caso omiso de las órdenes gubernamentales de desalojar sus casas por considerar inadecuada la indemnización ofrecida por el gobierno. Las autoridades impusieron un bloqueo informativo sobre el asunto. El 10 de marzo, detuvieron a Rana Mamdouh, periodista de Mada Mars, cuando se dirigía a Ras al Hekma para informar sobre la situación, pero la dejaron en libertad bajo fianza ese mismo día, después de que la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado la interrogara en relación con unas denuncias según la cuales había incitado a la gente del pueblo a cometer terrorismo. En abril, circularon por las redes sociales vídeos de escaramuzas entre residentes y miembros de las fuerzas de seguridad que habían intentado entrar en las casas para hacer inventario de sus pertenencias. El 16 de diciembre, el primer ministro, Moustafa Madbouly, anunció que el gobierno había pagado 5.500 millones de libras egipcias (unos 108.154 millones de dólares estadounidenses) a las familias que debían desalojar sus casas, pero no especificó si esta cantidad cubría a todas las afectadas.

Discriminación

Mujeres

Las mujeres continuaban siendo objeto de discriminación, en la ley y en la práctica, en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos e hijas y el acceso a cargos políticos. Las modificaciones de la Ley del Estatuto Personal, prometidas hacía ya mucho tiempo, se estancaron, en un contexto de preocupación por la ausencia de consultas significativas con las defensoras de los derechos humanos.

En octubre, la Autoridad General de Pasaportes, Inmigración y Nacionalidad emitió directivas discriminatorias que exigían a las mujeres de “clases bajas” solicitar el permiso de las autoridades si deseaban viajar a Arabia Saudí. Según Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, en las comunicaciones enviadas por el Ministerio del Interior a las agencias de viajes se especificaba que entre las mujeres de “clases bajas” se incluían las amas de casa, las desempleadas y las que desempeñaban trabajos poco cualificados.

Al menos cuatro mujeres fueron detenidas arbitrariamente y procesadas por cargos imprecisos relacionados con la moral debido a contenido publicado en TikTok.

Personas LGBTI

Las autoridades continuaron hostigando y enjuiciando a personas por su orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas.

Derecho a un medioambiente saludable

En su segunda contribución determinada a nivel nacional, publicada en junio de 2023, Egipto se comprometió a reducir las emisiones de carbono asegurándose de que el 42% de su electricidad procediera de fuentes de energía renovables para 2030. Sin embargo, el gobierno siguió concediendo nuevas licencias de exploración de gas, lo que podría comprometer sus esfuerzos de descarbonización.

Libertad de religión o de creencias

El derecho a construir o reparar iglesias seguía restringido por una ley de 2016 que exigía para ello la aprobación de las agencias de seguridad y otros órganos estatales. En octubre, un portavoz del gobierno afirmó que, de las 5.540 solicitudes de legalización de iglesias que se habían presentado desde la promulgación de la ley, el gobierno había aprobado 3.453.

En abril, las fuerzas de seguridad no protegieron de ataques sectarios a la población cristiana copta de dos pueblos de la gobernación de Al Minya donde, al saber que iban a establecerse en ellos lugares de culto cristianos, la población musulmana se manifestó en contra, coreando consignas anticristianas y causando daños en viviendas coptas.

Según Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, en julio, un tribunal militar condenó a tres años de prisión a un recluta cristiano copto por enviar a un musulmán mensajes electrónicos considerados “ofensivos para el islam”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las fuerzas de seguridad egipcias, incluidos guardias de fronteras financiados por la UE, llevaron a cabo detenciones masivas de miles de personas refugiadas sudanesas por entrar o permanecer irregularmente en Egipto. Las mantuvieron recluidas en condiciones paupérrimas antes de devolverlas a Sudán sin permitirles acceder a los procedimientos de asilo (véase el apartado sobre Sudán). Asimismo, las autoridades continuaron deteniendo a solicitantes de asilo y personas refugiadas de otros países, entre ellos Eritrea, por su situación migratoria.

En septiembre, el gobierno amplió un año el plazo concedido a todas las personas extranjeras para regularizar su situación mediante un patrocinador egipcio y el pago de 1.000 dólares estadounidenses.

El 16 de diciembre, el presidente Al Sisi ratificó la primera ley de asilo de Egipto, que no prohibía la devolución (refoulement), carecía de garantías procesales y permitía la detención arbitraria de personas refugiadas y solicitantes de asilo.