Resumen

Las autoridades continuaron acallando las críticas, reprimiendo a la sociedad civil y restringiendo las protestas callejeras. Llevaron a cabo detenciones masivas para impedir la celebración de manifestaciones convocadas contra el gobierno y dispersaron por la fuerza las escasas y pequeñas protestas pacíficas que tuvieron lugar. Excarcelaron a 934 personas recluidas por motivos políticos, pero arrestaron a otras 1.594, entre las que había periodistas, profesionales de la abogacía, manifestantes, disidentes, figuras políticas de la oposición y voces críticas con el gobierno por su historial en materia de derechos humanos y su gestión de la crisis económica. Decenas de personas fueron objeto de desaparición forzada. La tortura y otros malos tratos seguían siendo habituales. Se impusieron condenas a muerte, incluso por delitos que no constituían “homicidio intencional”, tras juicios manifiestamente injustos. Se llevaron a cabo ejecuciones. Persistió la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2024 y en años anteriores. Las mujeres y las niñas, las personas LGBTI y las minorías religiosas sufrían discriminación, violencia y persecución por ejercer sus derechos humanos. Las autoridades no protegieron los derechos económicos y sociales durante la crisis económica, no ajustaron adecuadamente las medidas de seguridad social ni garantizaron que las empresas privadas pagaran el salario mínimo preceptivo. El gobierno promulgó nueva legislación que ponía en peligro la accesibilidad y asequibilidad de la atención médica. Continuaron los desalojos forzosos de asentamientos informales. Miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo, en su mayoría de Sudán, fueron detenidas y expulsadas arbitrariamente.