Resumen

Las autoridades llevaron a juicio a miles de personas por delitos relacionados con el terrorismo, en muchos casos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Se sometió a las ONG a restricciones indebidas que limitaban su acceso a financiación, lo que mermó sus actividades. Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de influencers de redes sociales por cargos imprecisos relacionados con la moralidad. Se produjeron muertes bajo custodia tras haberse denunciado tortura o negligencia médica. La policía detuvo a trabajadores que exigían la aplicación del salario mínimo. Se impusieron condenas a muerte, incluso por delitos que no constituían homicidio intencional, tras juicios manifiestamente injustos. Se llevaron a cabo ejecuciones. Persistió la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2025 y en años anteriores. Las mujeres y las niñas, las minorías religiosas y las personas LGBTI sufrían discriminación y eran perseguidas judicialmente por ejercer sus derechos humanos. Ante la persistencia de la crisis económica, las autoridades no protegieron los derechos económicos y sociales ni ajustaron adecuadamente las medidas de seguridad social. El gobierno promulgó nueva legislación que podía poner en peligro el derecho a una vivienda adecuada para millones de personas. Continuaron las deportaciones ilícitas de personas refugiadas de Sudán y otros lugares.