Volver a Estados Unidos de América

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2020

El historial de derechos humanos del gobierno de Trump, en general deplorable dentro y fuera del país, siguió deteriorándose en 2020. Se registraron manifestaciones masivas en todo el país, con la pandemia de COVID-19, las disputadas elecciones generales y una reacción racista generalizada contra el movimiento Black Lives Matter como telón de fondo. En respuesta a los miles de manifestaciones públicas contra el racismo institucional y la violencia policial, las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley emplearon de forma habitual fuerza excesiva contra manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos, y no contuvieron las contramanifestaciones violentas que tuvieron lugar contra reuniones básicamente pacíficas. El ejecutivo también trató de menoscabar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y las víctimas de crímenes de guerra, entre otros grupos. También aprovechó la pandemia de COVID-19 para seguir sometiendo a las personas migrantes y solicitantes de asilo a abusos contra los derechos humanos. Joe Biden fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre.

Información general

A pesar de la confirmación por parte del Colegio Electoral de que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre, el presidente Trump siguió poniendo en duda el resultado, realizando reiteradamente denuncias infundadas de irregularidades electorales. Esas continuas acusaciones provocaron varias protestas en favor de Trump e hicieron temer que el traspaso de poderes de enero de 2021 no se produjera de manera pacífica.

Discriminación

La pandemia de COVID-19 agudizó las desigualdades que desde hacía mucho existían en Estados Unidos. Las desiguales e inadecuadas respuestas del gobierno a la pandemia tuvieron consecuencias discriminatorias y desproporcionadas para muchas personas por motivos de raza, situación socioeconómica y otras particularidades. Las disparidades sistémicas determinaron quién trabajaba en primera línea y quién tenía seguridad económica y laboral, así como acceso a vivienda y asistencia médica.1

Las personas encarceladas corrían especial peligro a causa de las condiciones de insalubridad de las prisiones y los centros de detención, en donde no podían guardar la suficiente distancia física y no tenían acceso adecuado a artículos de higiene, por lo que los centros y prisiones se convirtieron en puntos críticos de contagio.

Además, el discurso político y la violencia relacionados con la discriminación racial incrementaron la cifra de crímenes de odio.

Derecho a la salud

Los trabajadores del sistema sanitario, de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley y del transporte, entre otras actividades “esenciales”, afrontaron enormes dificultades porque el gobierno estadounidense no los protegió adecuadamente durante la pandemia. La escasez de equipos de protección individual (EPI) hizo que el personal sanitario y otros trabajadores y trabajadoras esenciales a menudo llevaran a cabo su labor sin protección suficiente y en entornos peligrosos. En abril, la Unión Nacional de Enfermería organizó una manifestación, guardando la distancia física, delante de la Casa Blanca contra la falta de EPI para el personal sanitario. Entre marzo y diciembre, en plena pandemia de COVID-19, murieron más de 2.900 profesionales del sistema de salud. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reconocieron que era probable que las cifras disponibles fueran inferiores a las reales.

Algunos trabajadores sanitarios y esenciales de los sectores tanto público como privado también se expusieron a represalias, como actos de hostigamiento, procedimientos disciplinarios y despidos injustificados, por hablar sobre las insuficientes medidas de protección.

Uso excesivo de la fuerza

Según informes, al menos 1.000 personas murieron por disparos efectuados por la policía. La escasa información pública disponible sugería que las personas negras sufrían de forma desproporcionada el uso de medios letales por parte de la policía. El programa del gobierno estadounidense para registrar cuántas muertes de ese tipo tenían lugar cada año no se había aplicado plenamente. Ninguna de las leyes estatales que regía el uso de medios letales por parte de la policía —donde las había— se ajustaba al derecho y las normas internacionales sobre el uso de esos medios por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.2

Libertad de reunión

Las actuaciones para hacer cumplir la ley en todo el país provocaron numerosas y flagrantes violaciones de derechos humanos contra quienes protestaban por los homicidios ilegítimos de personas negras y pedían una reforma sistémica de la policía. Amnistía Internacional documentó 125 incidentes distintos de violencia policial ilegítima contra manifestantes ocurridos en 40 estados y Washington D.C. sólo entre el 26 de mayo y el 5 de junio.3 Durante el resto del año tuvieron lugar miles de protestas más.

Los agentes encargados de hacer cumplir la ley tanto a nivel municipal como de condado, estatal y federal, incluidos efectivos de la Guardia Nacional que el gobierno federal desplegó en algunas ciudades, cometieron violaciones de derechos humanos. Los actos de violencia incluían palizas con garrotes u otros dispositivos, empleo indebido de gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta, así como disparos injustificados e indiscriminados con proyectiles “de letalidad reducida”.

En numerosos incidentes, los defensores y defensoras de los derechos humanos —incluidas personas que organizaban protestas, representaban a medios de comunicación, llevaban a cabo labores de observación de derechos humanos y prestaban primeros auxilios— fueron específicamente atacados con sustancias químicas irritantes y proyectiles de impacto cinético, y fueron detenidos y recluidos, aparentemente por su trabajo de documentación y reparación de los abusos contra los derechos humanos cometidos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

El hecho de que el gobierno siguiera sin proteger a las personas frente a una situación persistente de violencia armada continuaba vulnerando los derechos humanos de la población, entre otros el derecho a la vida, a la seguridad de la persona y a no sufrir discriminación. El acceso sin restricciones a armas de fuego, la ausencia de legislación integral sobre seguridad y armas (incluida la regulación efectiva de la adquisición, posesión y uso de armas de fuego) y la falta de inversión en programas adecuados de prevención e intervención en materia de violencia con armas de fuego seguían perpetuando este tipo de violencia.

En 2018, el año más reciente del que había datos disponibles, cerca de 39.740 personas habían muerto por heridas de bala, y se estimaba que decenas de miles más habían sobrevivido a este tipo de lesiones. En medio de la pandemia de COVID-19, con un aumento de la venta de armas de fuego y de los tiroteos, Estados Unidos incumplió su obligación de evitar las muertes por violencia con arma de fuego, lo que podía haber hecho a través de diversas medidas urgentes, como suprimir las tiendas de armas de la lista de establecimientos esenciales.

En 2020, en 34 estados del país existían leyes amplias relativas al principio de “mantenerse firme” y a la “doctrina del castillo”, que permitían utilizar la fuerza letal en defensa propia contra un tercero que irrumpiese en el domicilio o en caso de sensación de amenaza. Estas leyes parecieron intensificar la violencia con arma de fuego y el riesgo de muertes o heridas graves evitables, lo que dio lugar a violaciones del derecho a la vida.

Durante las protestas contra los homicidios de personas negras que estallaron en ciudades de todo el país, en los estados en los que se permitía portar armas de fuego a la vista hubo casos de civiles armados que se enfrentaron a manifestantes con el resultado de al menos cuatro muertes.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

A pesar del grave brote de COVID-19 en los centros civiles de detención de inmigrantes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se negó a dejar en libertad a decenas de miles de migrantes y solicitantes de asilo, y más de 8.000 de estas personas contrajeron el virus mientras estaban detenidas.

Vulnerando las directrices de los CDC, el ICE no tomó medidas para proporcionar el suficiente suministro de jabón y desinfectante de manos ni para aplicar el distanciamiento físico, y siguió trasladando innecesariamente a miles de personas entre los centros de detención de inmigrantes.4 Esta situación afectó, entre otras personas, a aproximadamente 100 familias recluidas en centros de detención que una jueza federal consideró que estaban “a rebosar” de casos confirmados de COVID-19 y carecían de suficientes medidas de protección. En lugar de poner en libertad a las familias sin separarlas, el ICE preguntó a los progenitores en mayo si aceptarían que sus hijos e hijas quedaran en libertad mientras ellos permanecían detenidos.

Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense aprovechó la crisis de la COVID-19 para paralizar todos los trámites de solicitud de asilo en la frontera con México y denegar el acceso a los procedimientos de asilo a quienes entraran en Estados Unidos de manera irregular. Las autoridades detuvieron y expulsaron ilegítimamente a más de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo entre marzo y noviembre —incluidos más de 13.000 niños y niñas migrantes no acompañados— sin tener en cuenta sus necesidades de protección ni el peligro de sufrir persecución, muerte, tortura u otros malos tratos al que se enfrentaban al ser devueltos a sus países de origen.5 En cientos de casos documentados, las personas devueltas a sus países habían contraído la COVID-19 estando bajo la custodia de Estados Unidos debido a la negligencia de las autoridades, y contribuyeron al estallido regional de la pandemia en las Américas.

El reasentamiento de personas refugiadas en Estados Unidos siguió desplomándose. La cifra anual de admisiones para el año fiscal 2020 se estableció en 18.000, la más baja de la historia del programa, aunque sólo la mitad, aproximadamente, llegaron a reasentarse durante el año.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades no adoptaron medidas de rendición de cuentas para remediar el uso indebido que se había hecho de la ley en 2018 y 2019 con el fin de hostigar a quienes defendían los derechos humanos. En junio, en lo que constituyó un retroceso, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó una sentencia de 2018 de un tribunal de apelación federal que había declarado inconstitucional una importante ley parlamentaria en materia penal que el gobierno había utilizado para someter a vigilancia ilegítima a quienes defendían los derechos humanos de los migrantes, en lugar de devolver la decisión para que se examinase de nuevo en la instancia de apelación.

Derechos de las mujeres

Las mujeres indígenas continuaban siendo víctimas desproporcionadas de violación y violencia sexual, y carecían de acceso a asistencia básica posterior a la violación. En 2019, el presidente Trump había emitido una orden ejecutiva por la que se constituía el Grupo de Trabajo sobre Personas Indias Americanas y Nativas de Alaska Desaparecidas o Asesinadas. En diciembre de 2020, este grupo de trabajo había abierto siete oficinas para investigar causas sin resolver, pero seguía sin conocerse la cifra exacta de víctimas porque el gobierno federal no recopilaba datos ni se coordinaba adecuadamente con los gobiernos de las tribus.

La pandemia de COVID-19 y los consiguientes confinamientos afectaron considerablemente a la violencia de género en el ámbito familiar y de la pareja en todo el país, y en algunos casos aumentaron los incidentes denunciados o la gravedad de las lesiones.

El incremento exponencial de la compra de armas de fuego durante la pandemia aumentó el riesgo de sufrir violencia con arma de fuego que corrían niños y niñas y personas sobrevivientes de la violencia de género intrafamiliar, pues había más armas cargadas y accesibles en los hogares en los que las personas maltratadas se veían obligadas a ponerse en cuarentena con quienes las maltrataban.6

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Según los datos oficiales publicados en 2020, los casos de delitos de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género se mantuvieron en un nivel elevado en 2019 por quinto año consecutivo. Las mujeres trans de color, especialmente, eran víctimas de delitos de odio violentos y homicidios.

A través de políticas y de los tribunales, el gobierno trató de seguir desmantelando los mecanismos de protección contra la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género en la educación, el ejército, el empleo y otras áreas del gobierno federal.

Derechos sexuales y reproductivos

El gobierno federal y varios gobiernos estatales intensificaron los esfuerzos para restringir los derechos sexuales y reproductivos tratando de penalizar el aborto y limitar el acceso a servicios de salud reproductiva.7 El ejecutivo también trató de modificar la política exterior y la de desarrollo de Estados Unidos para dejar de respaldar la protección de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito internacional.

Tortura y otros malos tratos

Una década después de que decenas de detenidos fueran recluidos en un programa de detención secreta de la CIA —autorizado desde 2001 hasta 2009— durante el cual se cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, ningún sospechoso de ser penalmente responsable había comparecido ante la justicia por tales crímenes, y las escasas investigaciones realizadas se habían cerrado sin que se hubieran presentado cargos contra nadie.

Pena de muerte

En marzo, Colorado se convirtió en el vigésimo segundo estado de Estados Unidos que abolía la pena de muerte.

Seis personas fueron exoneradas del corredor de la muerte, con lo que el número de exoneraciones de este tipo realizadas desde 1977 ascendía a 173. Una de ellas fue Curtis Flowers, que había soportado 6 juicios y 23 años en espera de ejecución en Misisipi. El Estado retiró todos los cargos contra él en septiembre y lo excarceló, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos concluyese en junio de 2019 que el fiscal del distrito había violado sus derechos constitucionales al haber apartado deliberadamente a los candidatos afroamericanos al jurado del sexto juicio, que había tenido lugar en 2010.

El gobierno federal puso fin a un paréntesis de 17 años y llevó a cabo 10 ejecuciones entre julio y diciembre. El implacable afán de llevar a cabo ejecuciones mostró el desprecio del gobierno de Trump por las salvaguardias y restricciones establecidas por el derecho y las normas internacionales que garantizaban la protección de los derechos de quienes se enfrentan a la pena de muerte, incluida la prohibición de llevar a cabo ejecuciones cuando existen recursos de apelación pendientes y de ejecutar a personas con discapacidad intelectual (psicosocial).

El gobierno federal llevó a cabo en 2020 más del triple de ejecuciones de las que habían tenido lugar en total entre 1977 y 2019. Sin embargo, las ejecuciones efectuadas por los estados disminuyeron, debido en gran medida a la pandemia de COVID-19. Desde que en 1977 se reanudaran los homicidios judiciales en Estados Unidos en aplicación de los estatutos revisados, un total de 1.529 personas habían sido ejecutadas.

Detención arbitraria

Cuarenta hombres permanecían recluidos de manera arbitraria e indefinida bajo custodia del ejército de Estados Unidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo (Cuba) en contravención del derecho internacional. Desde enero de 2017, sólo uno había sido transferido fuera del centro. Cinco detenidos cuya transferencia de Guantánamo había sido autorizada desde al menos 2016 permanecían allí al concluir 2020, y el gobierno de Trump eliminó el sistema establecido previamente para organizar su transferencia.

Ninguno de los 40 hombres tenía acceso a tratamiento médico adecuado, y los que habían sobrevivido a las torturas y otros malos tratos infligidos por agentes estadounidenses no recibían servicios de rehabilitación apropiados. Siete de ellos se enfrentaban a cargos en el sistema de comisiones militares, contrario al derecho y las normas internacionales, y podían ser condenados a muerte en caso de ser declarados culpables. El uso de la pena capital en casos como esos, tras procedimientos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos, constituía una privación arbitraria de la vida. Estaba previsto que los juicios de los acusados de delitos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001 comenzaran el 11 de enero de 2021, pero en 2020 se retrasaron por la suspensión de las vistas preliminares de todos los casos.

Homicidios ilegítimos de civiles

En aplicación de su deficiente doctrina de la “guerra global”, Estados Unidos recurrió reiteradamente en países de todo el mundo a la fuerza letal, incluso con drones armados, incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. ONG, expertos de la ONU y medios de comunicación documentaron cómo esos ataques en zonas de conflicto armado activo y fuera de ellas privaban arbitrariamente a personas protegidas, entre ellas civiles, de su derecho a la vida y podían haber dado lugar a homicidios ilegítimos y lesiones que, en algunos casos, constituían crímenes de guerra.

El debilitamiento por parte del gobierno estadounidense de los mecanismos de protección de la población civil durante operaciones letales incrementaba la probabilidad de homicidios ilegítimos e impedía la valoración de la legalidad de los ataques, así como la rendición de cuentas y el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas de homicidios ilegítimos y daños a civiles.8

Pese a que expertos en derechos humanos de la ONU y otras personas pidieron aclaraciones sobre las normas jurídicas y de política y sobre los criterios que aplicaba Estados Unidos a la hora de emplear fuerza letal fuera de su territorio, el gobierno siguió sin ser transparente ni comunicativo.

Mecanismos y tratados internacionales de derechos humanos

En noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU efectuó el tercer Examen Periódico Universal del historial de derechos humanos de Estados Unidos.

Estados Unidos llevaba desde enero de 2018 sin responder a las comunicaciones de los procedimientos especiales ni aceptar sus solicitudes de invitación para llevar a cabo visitas oficiales.9

Tras el anuncio de que la Corte Penal Internacional investigaría las violaciones del derecho internacional humanitario y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, el gobierno de Trump emitió el 11 de junio una orden ejecutiva que declaraba una “emergencia nacional” y autorizaba la congelación de activos de ciertos funcionarios de la Corte y prohibía la entrada en el país de familiares de estas personas. Esta medida menoscababa la reparación de posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles y militares estadounidenses en relación con el conflicto armado de Afganistán, que las autoridades de Estados Unidos no habían investigado, enjuiciado ni castigado.

En julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe elaborado por su órgano asesor denominado “Comisión sobre Derechos Inalienables”. El informe parecía dar lugar a una redefinición unilateral del concepto de “derechos humanos”, rechazando la autoridad interpretativa de la ONU y otros órganos internacionales de derechos humanos, y menoscabando concretamente el marco de los derechos humanos al reevaluar la protección de las mujeres, las personas LGBTI y otros grupos frente a la discriminación.10

En julio, mientras luchaba por contener y abordar millones de casos de COVID-19, Estados Unidos inició su retirada de la Organización Mundial de la Salud, que entraría en vigor en julio de 2021. Durante el gobierno del presidente Trump, Estados Unidos se había retirado también del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la agencia cultural de las Naciones Unidas (UNESCO) y del Acuerdo de París para abordar el cambio climático.


  1. Carta abierta de Amnistía Internacional Estados Unidos a los gobernadores pidiendo la puesta en marcha de los grupos de trabajo sobre equidad (en inglés, 6 de mayo)
  2. Estados Unidos: El mundo está observando. Violaciones masivas de los derechos de manifestantes del movimiento Black Lives Matter por la policía estadounidense (AMR 51/2807/2020, resumen ejecutivo en español)
  3. Mapa de Amnistía Internacional Estados Unidos sobre violencia policial contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter (en inglés, junio)
  4. Estados Unidos: “Estamos a la deriva, a punto de naufragar”: El inminente desastre de la COVID-19 en los centros de detención de inmigración de Estados Unidos (AMR 51/2095/2020)
  5. Documento explicativo de las devoluciones y expulsiones en Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 (en inglés, mayo)
  6. Artículo de Amnistía Internacional Estados Unidos sobre la violencia con arma de fuego y la pandemia de COVID-19 (en inglés, mayo)
  7. Documento conjunto sobre salud, derechos y justicia reproductivos para el tercer Examen Periódico Universal de Estados Unidos (en inglés, junio)
  8. Artículo de Amnistía Internacional Estados Unidos (en inglés, 6 de mayo)
  9. United States of America: Rolling back of human rights obligations: Amnesty International Submission for the UN Universal Periodic Review, 36th session of the UPR Working Group, November 2020 (documento actualizado en agosto de 2020, AMR 51/1407/2019)
  10. Estados Unidos: El deficiente informe sobre “derechos inalienables” del Departamento de Estado menoscaba el derecho internacional (noticia, 16 de julio)

UNITED STATES OF AMERICA 2020

The Trump administration’s broadly dismal human rights record, both at home and abroad, deteriorated further during 2020. The USA experienced massive demonstrations across the country with the backdrop of the COVID-19 pandemic, contested 2020 general elections and a widespread racist backlash against the Black Lives Matter movement. In response to thousands of public demonstrations against institutional racism and police violence, law enforcement authorities routinely used excessive force against protesters and human rights defenders and failed to constrain violent counter-protests against primarily peaceful assemblies. The administration also sought to undermine international human rights protections for women; lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people; and victims of war crimes, among others. It also exploited the COVID-19 pandemic to target migrants and asylum-seekers for further abuses. Joe Biden was declared the winner of the November presidential election.

Background

Despite confirmation by the Electoral College that Joe Biden had won the November presidential election, President Trump continued to challenge the result, making repeated unsubstantiated claims of electoral irregularities. These continued allegations sparked a number of pro-Trump protests and raised concerns about the peaceful transfer of power in January.

Discrimination

The COVID-19 pandemic exacerbated long-standing inequalities in the USA. Inadequate and uneven government responses to the pandemic had a disproportionate and discriminatory impact on many people based on their race, socioeconomic situations and other characteristics. Systemic disparities dictated who served as frontline workers and who had employment and economic security and access to housing and health care.1

Incarcerated people were particularly at risk due to insanitary conditions in prisons and detention where they were unable to adequately physically distance and had inadequate access to hygienic supplies as facilities became hotspots for infection.

Additionally, racially discriminatory political speech and violence risked increasing the number of hate crimes.

Right to health

Workers in health care, law enforcement, transportation and other “essential” sectors faced enormous challenges as the US government failed to adequately protect them during the pandemic. Shortages in personal protective equipment (PPE) meant that health and other essential workers often had to perform their jobs without adequate protection and in unsafe environments. In April, the National Nurses Union held a physically distanced protest in front of the White House against the lack of PPE for health workers. From March to December 2020, more than 2,900 health care workers died amidst the COVID-19 pandemic. The US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) acknowledged that available figures were likely underestimates.

Some health and other essential workers in the public and private sectors also faced reprisals, including harassment, disciplinary procedures and unfair dismissal, if they spoke out about the inadequate protective measures.

Excessive use of force

At least 1,000 people were reportedly killed by police using firearms. The limited public data available suggests that Black people are disproportionately impacted by police use of lethal force. The US government’s programme to track how many such deaths occur annually was not fully implemented. No state laws governing the use of lethal force by police – where such laws exist – comply with international law and standards regarding the use of lethal force by law enforcement officials.2

Freedom of assembly

Law enforcement across the USA committed widespread and egregious human rights violations against people protesting about the unlawful killings of Black people and calling for police reform. Amnesty International documented 125 separate incidents of unlawful police violence against protesters in 40 states and Washington, D.C., between 26 May and 5 June alone.3 Thousands more protests took place in the remainder of the year.

Violations were committed by law enforcement personnel at the municipal, county, state and federal levels, including by National Guard troops who were deployed by the federal government in some cities. The violence included beatings with batons or other devices, the misuse of tear gas and pepper spray, and the inappropriate and indiscriminate firing of “less lethal” projectiles.

In numerous incidents, human rights defenders – including protest organizers, media representatives, legal observers and street medics – were specifically targeted with chemical irritants and kinetic impact projectiles, arrested and detained, seemingly on account of their work documenting and remedying law enforcement agencies’ human rights abuses.

Right to life and security of the person

The government’s ongoing failure to protect individuals from persistent gun violence continued to violate their human rights, including the right to life, security of the person and freedom from discrimination, among others. Unfettered access to firearms, a lack of comprehensive gun safety laws (including effective regulation of firearm acquisition, possession and use) and a failure to invest in adequate gun violence prevention and intervention programmes continued to perpetuate this violence.

In 2018, the most recent year for which data was available, some 39,740 individuals died from gunshot injuries while tens of thousands more are estimated to have sustained gunshot injuries and survived. In the midst of the COVID-19 pandemic, with increased gun sales and shootings, the USA failed in its obligation to prevent deaths from gun violence, which could have been done through a range of urgent measures, including de-listing gun stores as essential businesses.

As of 2020, expansive “Stand Your Ground” and “Castle Doctrine” laws, both of which provide for private individuals to use lethal force in self-defence against others when in their homes or feeling threatened, existed in 34 US states. These laws appeared to escalate gun violence and the risk of avoidable deaths or serious injuries, resulting in violations of the right to life.

As protesters against the killing of Black people took to the streets in cities across the USA, there were instances where armed civilians in states where the open carrying of firearms is permitted engaged protesters, causing at least four deaths.

Rights of refugees, asylum-seekers and migrants

Despite a serious outbreak of COVID-19 in civil immigration detention facilities, US Immigration and Customs Enforcement (ICE) refused to release tens of thousands of migrants and asylum-seekers, over 8,000 of whom contracted the virus in detention.

Contrary to guidance from the CDC, ICE failed to adequately provide soap and sanitizer or introduce physical distancing, and continued to transfer thousands of people unnecessarily between immigration detention facilities.4 This included approximately 100 families held in detention centres that a US federal judge deemed “on fire” because of confirmed COVID-19 cases and inadequate protection. Instead of releasing families together, ICE asked parents in May if they would agree to release their children without them, while the parents remained detained.

Simultaneously, the US government exploited the COVID-19 crisis to halt all processing of asylum-seekers on the US-Mexico border and to deny access to asylum procedures to those who crossed into the USA irregularly. Instead, the authorities unlawfully detained and “expelled” over 330,000 migrants and asylum-seekers between March and November – including over 13,000 unaccompanied children – without consideration of their protection needs or the risks of persecution, death, torture or other ill-treatment that they faced upon refoulement to their countries of origin.5 In hundreds of documented cases, these returnees had contracted COVID-19 in US custody due to the negligence of authorities and contributed to the regional outbreak of the pandemic throughout the Americas.

The resettlement of refugees in the USA plummeted further. Refugee admissions for the fiscal year 2020 were set at 18,000, the lowest in the programme’s history, while approximately half that number were actually resettled during 2020.

Human rights defenders

The authorities failed to adopt any accountability measures to remedy misuse of the law to harass migrant human rights defenders in 2018 and 2019. In a step backward, in June the US Supreme Court vacated a 2018 federal appellate court decision that found unconstitutional a key criminal statute that the government had used to target migrant human rights defenders for unlawful surveillance, instead remanding the decision to be reconsidered at the appellate level.

Women’s rights

Indigenous women continued to experience disproportionately high levels of rape and sexual violence and lacked access to basic post-rape care. In 2019, President Trump issued an Executive Order forming the Task Force on Missing and Murdered American Indians and Alaska Natives. As of December, the Task Force had opened seven cold case offices to investigate cases, but the exact number of victims remained unknown as the US government did not collect data or adequately coordinate with Tribal governments.

The COVID-19 pandemic and ensuing lockdowns significantly impacted domestic and intimate partner violence across the country, in some cases leading to increases in reported incidents or the severity of injuries.

The exponential increase in purchases of firearms during the pandemic increased the risks of gun violence for children and domestic violence survivors as more unsecured firearms were located in homes where people were forced to quarantine with their abusers.6

Rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people

According to official data released in 2020, incidents of hate crimes based on sexual orientation or gender identity remained high in 2019 for a fifth consecutive year. Trans women of colour were especially targeted for violent hate crimes and killings.

The administration sought through policy and the courts to continue to dismantle protections against discrimination based on sexual orientation and gender identity in education, the military, employment and other areas of federal government.

Sexual and reproductive rights

Federal and state governments intensified efforts to curtail sexual and reproductive rights by seeking to criminalize abortion and limit access to reproductive health services.7 The administration also sought to amend US foreign policy and development policy to end support for the protection of sexual and reproductive rights at the international level.

Torture and other ill-treatment

A decade after dozens of detainees were held in a CIA-operated secret detention programme – authorized from 2001 to 2009 – during which systematic human rights violations were committed, including enforced disappearance, torture and other ill-treatment, no person suspected of criminal responsibility had been brought to justice for these crimes. The limited investigations conducted into those crimes were closed without charges being brought against anyone.

Death penalty

In March, Colorado became the 22nd US state to abolish the death penalty.

Six people were exonerated from death row, bringing the total of such exonerations since 1977 to 173. Among those released was Curtis Flowers, who endured six trials and 23 years on death row in Mississippi. The state dropped all charges in September, after the US Supreme Court concluded in June 2019 that the district attorney violated Curtis Flowers’ constitutional rights by intentionally removing African-Americans from the jury at the sixth trial in 2010.

The federal government ended a 17-year hiatus and carried out 10 executions between July and December. The relentless pursuit of the executions showed contempt by the Trump administration for safeguards and restrictions established under international law and standards to protect the rights of those facing the death penalty, including the prohibition of executions while appeals are pending and of people with mental (psychosocial) disabilities.

The federal government carried out more than three times the number of executions in 2020 than it had between 1977 and 2019 combined. State executions, however, slowed down, largely due to the COVID-19 pandemic. Since judicial killing resumed in the USA under revised statutes in 1977, a total of 1,529 people have been executed.

Arbitrary detention

Forty men remained arbitrarily and indefinitely detained by the US military in the detention facility at the US Naval Base in Guantánamo Bay, Cuba, in violation of international law. Only one person had been transferred out of the facility since January 2017. Five prisoners cleared for transfer from Guantánamo since at least 2016 remained there at the end of 2020 and the Trump administration eliminated the system previously created to arrange for their transfer.

None of the 40 men had access to adequate medical treatment and those who survived torture and other ill-treatment by US agents were not given adequate rehabilitative services. Seven of them face charges in the military commission system, in breach of international law and standards, and could face the death penalty if convicted. The use of capital punishment in these cases, after proceedings that did not meet international standards for a fair trial, would constitute arbitrary deprivation of life. The trials of those accused of crimes related to the 11 September 2001 attacks were scheduled to begin on 11 January 2021, but were delayed in 2020 as pre-trial hearings in all cases were suspended.

Unlawful killings of civilians

Under its flawed “global war” doctrine, the USA repeatedly resorted to lethal force in countries around the world, including using armed drones, in violation of its obligations under international human rights law and, where applicable, international humanitarian law. NGOs, UN experts and the news media documented how such strikes inside and outside of zones of active armed conflict arbitrarily deprived protected individuals, including civilians, of their right to life and may have resulted in unlawful killings and injuries, in some cases constituting war crimes.

The weakening by the US government of protections for civilians during lethal operations increased the likelihood of unlawful killings, impeded the assessment of the legality of strikes and prevented accountability and access to justice and effective remedies for victims of unlawful killings and civilian harm.8

Despite calls by UN human rights experts and others for clarifications of the legal and policy standards and criteria the USA applies when using lethal force outside of the USA, the government continued to be neither transparent nor forthcoming.

International human rights mechanisms and treaties

In November, the UN Human Rights Council conducted the third UPR of the USA’s human rights record.

Since January 2018, the USA has not responded to communications from Special Procedures or accepted their requests for invitations to carry out official visits.9

Following announcements that the ICC would investigate violations of international humanitarian law and crimes against humanity committed on the territory of Afghanistan since 1 May 2003, the Trump administration issued an Executive Order on 11 June which declared a “national emergency” and authorized asset freezes and family entry bans against certain ICC officials. The action undermined redress for potential war crimes and crimes against humanity committed by US civilian and military officials in connection with the armed conflict in Afghanistan, which the US authorities have failed to investigate, prosecute or punish.

In July, the US Department of State released a report by its advisory panel called the “Commission on Unalienable Rights”. The report appeared to unilaterally redefine what human rights mean, rejecting the interpretive authority of UN and other international human rights bodies, and specifically undermining the human rights framework by re-evaluating protections from discrimination for women, LGBTI people and others.10

In July, as it struggled to contain and address millions of cases of COVID-19, the USA initiated its withdrawal from the WHO, which was due to enter into force in July 2021. Under President Trump, the USA has also withdrawn from the UN Human Rights Council, the UN cultural agency (UNESCO) and the global Paris Agreement to tackle climate change.


  1. USA: Letter to Governors calling for the implementation of Equity Task Forces (Open letter by Amnesty International USA, 6 May)
  2. USA: The World Is Watching: Mass violations by US police of Black Lives Matter protesters’ rights (AMR 51/2807/2020)
  3. USA: Amnesty International documents widespread police violence against protesters for Black Lives, (Map, launched by Amnesty International USA in June)
  4. USA: ‘We are adrift, about to sink’: The looming COVID-19 disaster in US immigration detention facilities (AMR 51/2095/2020)
  5. Explainer on US deportations and expulsions during the COVID-19 pandemic (Explainer, 21 May)
  6. COVID-19 And gun violence: Top ten ways the pandemic intersects with the crisis of gun violence in the US (Article by Amnesty International USA, May)
  7. USA: Joint submission on reproductive health, rights, and justice to third Universal Periodic Review of United States (Joint submission, June)
  8. USA: Defense department undercounts civilian casualties in new reporting (Article by Amnesty International USA, 6 May)
  9. USA: Rolling back of human rights obligations: Amnesty International Submission for the UN Universal Periodic Review, 36th session of the UPR Working Group, November 2020 (Updated August 2020) (AMR 51/1407/2019)
  10. USA: State department’s flawed ‘unalienable rights’ report undermines international law (Press release, 16 July)