Estados Unidos de América 2025

Se puso fin al acceso al asilo en la frontera y se endureció drásticamente el control de la inmigración. Se violaron los derechos de quienes protestaban. Se redujeron los mecanismos de protección de las personas LGBTI, especialmente de las transgénero. Se intensificaron los ataques contra los derechos reproductivos. El uso de medios letales por la policía afectaba desproporcionadamente a la población negra. Los avances hacia la abolición de la pena de muerte fueron insignificantes. Continuó la detención arbitraria e indefinida en Guantánamo. Pese a la persistencia de la violencia con arma de fuego, el presidente Trump suspendió programas que abordaban el problema. Estados Unidos siguió utilizando fuerza letal en todo el mundo y proporcionó a Israel armas que se emplearon en ataques directos e indiscriminados contra civiles. La violencia de género seguía afectando de forma desproporcionada a las mujeres indígenas. Se revirtieron normativas ambientales y climáticas.

Información general

Inmediatamente después de tomar posesión, el presidente Trump adoptó un número sin precedentes de medidas que socavaban el Estado de derecho. El uso arbitrario del poder desembocó en una serie de prácticas autoritarias entre las que figuraban una ofensiva contra el poder judicial, el sistema jurídico y los medios de comunicación; ataques de represalia contra enemigos políticos y concesión de indultos a simpatizantes del presidente; menoscabo de la libertad académica; eliminación y obstrucción de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión; bloqueo de la supervisión federal, y desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y recortes a la ayuda exterior estadounidense.

En enero, el presidente Trump anuló una orden ejecutiva que imponía sanciones a colonos israelíes concretos, a organizaciones de colonos israelíes y a un grupo armado palestino por menoscabar la paz, la seguridad y la estabilidad en Cisjordania. Estados Unidos atacó a organizaciones, organismos internacionales y tribunales que habían calificado de genocidio la violencia ejercida en Gaza.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El gobierno de Trump implementó una agenda racista y antiinmigrante mediante órdenes ejecutivas que deshumanizaban y criminalizaban a las personas migrantes y solicitantes de asilo.¹ Se recurrió a casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley para desempeñar funciones de control civil de la inmigración. Agentes enmascarados detenían a personas migrantes y a nacionales estadounidenses; vehículos blindados patrullaban las calles, y las operaciones de control de la inmigración se hicieron extensivas a lugares donde anteriormente no estaban permitidas, como zonas aledañas a escuelas, lugares de culto y hospitales. Se construyeron nuevos centros de detención con financiación estatal, como el llamado “Alligator Alcatraz”.

Se amplió el sistema de detención masiva de inmigrantes con el fin de recluir a miles de personas en condiciones inhumanas y de hacinamiento en centros instalados a veces en bases militares, limitar el acceso a la libertad bajo fianza y reanudar la detención y separación de familias.² El gobierno deportó a nacionales de terceros países a países que no eran el suyo, sin el debido proceso.

Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, el gobierno expulsó ilegalmente a 252 venezolanos a El Salvador, donde se los recluyó en el Centro de Confinamiento del Terrorismo y se los sometió a desaparición forzada y tortura. Tras nueve meses recluidos, fueron enviados a Venezuela, el país del que muchos de ellos habían huido.³

El gobierno canceló el programa de permisos migratorios para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como el estatus de protección temporal aplicado a Afganistán, Camerún, Etiopía, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Siria, Sudán del Sur y Venezuela, con lo que puso a miles de personas en peligro de deportación ilícita mientras se resolvía su situación.

Se suspendió el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos. Se impuso la prohibición total de acceder a territorio estadounidense a las personas de 19 países, así como a quienes utilizaran documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina, y una prohibición parcial a las de otros 19.

El presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. Se cerró el sistema de cita previa de la aplicación móvil CBP One para solicitantes de asilo y se cancelaron todas las citas ya asignadas, con lo que se puso fin al acceso al asilo en la frontera.⁴

Libertad de expresión y de reunión

Continuó la represión de las protestas universitarias generalizadas contra el genocidio que Israel estaba perpetrando contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza ocupada. El gobierno de Trump siguió atacando a las universidades, valiéndose de suspensiones de financiación federal y becas de investigación, de amenazas y de investigaciones de los Departamentos de Justicia y de Educación por presuntas violaciones de derechos civiles.

El gobierno puso en el punto de mira a estudiantes y docentes internacionales, quienes, por miedo a la deportación, comenzaron a tener dudas sobre si valía la pena expresar sus opiniones o protestar en los campus. Gran número de estudiantes dejaron de asistir a las clases y a actos en las universidades. Se persiguió a estudiantes para revocarles el visado y deportarlos, por medio de vigilancia en redes sociales, seguimiento de la situación de los visados y evaluaciones automatizadas de personas extranjeras con visado que pudieran constituir una amenaza.⁵ Se buscaba al menos a 11 estudiantes y manifestantes del extranjero para su detención y deportación, concretamente por su activismo en favor de los derechos del pueblo palestino. Las autoridades revocaron aproximadamente 8.000 visados, la mayoría por actos de incumplimiento de la ley, incluidas leves infracciones de tráfico o detenciones que no habían desembocado en sentencia condenatoria, pero a entre 200 y 300 personas se les revocó por “apoyo al terrorismo” o por expresar “opiniones contra Estados Unidos”, al parecer tras haber participado en protestas pacíficas o publicado comentarios en Internet contra el genocidio en Gaza.

El 7 de junio, en respuesta a protestas multitudinarias contra las redadas de control de la inmigración, el presidente Trump desplegó a 2.000 miembros de la Guardia Nacional de California en el condado de Los Ángeles y reprimió el derecho a la libertad de reunión de quienes se manifestaban. Su decisión provocó una reacción inmediata y una batalla legal con las autoridades californianas.⁶ Los agentes del orden locales causaron lesiones a seis personas al emplear armas de letalidad reducida —incluidos miles de proyectiles de impacto cinético y granadas de gas lacrimógeno— para reprimir protestas en los aledaños de un edificio federal de Los Ángeles donde se estaba recluyendo a inmigrantes. Se persiguió específicamente a periodistas, y también hubo uso innecesario o excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de agentes federales.

En el Congreso y las cámaras legislativas de 24 estados se presentaron 62 proyectos de ley que restringían el derecho a protestar; en cinco de esos estados la propuesta legislativa adquirió rango de ley.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El gobierno de Trump revirtió mecanismos de protección de las personas LGBTI y usó agencias federales para atacar sus derechos, especialmente los de las personas transgénero. El presidente Trump dictó una orden ejecutiva para “restaurar la verdad biológica”, que definía el sexo como la “inmutable clasificación biológica como varón o como mujer”. A consecuencia de ello, las agencias gubernamentales recortaron los programas y la financiación que protegían a las personas LGBTI y borraron de los documentos oficiales las menciones a la identidad LGBTI.

La ONG GLAAD documentó 932 incidentes anti-LGBTI en 49 estados y en el distrito de Columbia entre mayo de 2024 y mayo de 2025, es decir, una media de 2,5 incidentes al día. Las agresiones violentas causaron lesiones a 84 personas y la muerte de 10. En julio, el gobierno eliminó de la línea telefónica nacional de emergencia contra el suicidio la opción específica para jóvenes LGBTI.

En todo el país se presentaron más de 616 proyectos de ley anti-LGBTI, 74 de los cuales adquirieron rango de ley. Dicha legislación se empleó para restringir el acceso de jóvenes transgénero a servicios de atención de la salud y para censurar el contenido LGBTI en las escuelas. A raíz de que el presidente Trump dictara una orden ejecutiva que prohibía los servicios de afirmación de género para las personas menores de 19 años y de que el Tribunal Supremo confirmara en junio que los estados tenían derecho a prohibir ese tipo de servicios, siguieron en vigor 25 prohibiciones de ámbito estatal.

Discriminación

Al tiempo que revocaba partes de una orden ejecutiva que tenía 60 años de antigüedad y cuyo propósito era abordar la discriminación en el lugar de trabajo, el gobierno de Trump declaró que las iniciativas en favor de la diversidad, la equidad y la inclusión estaban “fundamentadas en una retórica y unas ideas que fomenta[ba]n la hostilidad intergrupal y el autoritarismo”. Las medidas del presidente Trump contra la diversidad, la equidad y la inclusión dieron lugar a que particulares sometieran a vigilancia a mujeres negras, especialmente a las que trabajaban en el gobierno federal. Las reducciones de personal federal se centraron en departamentos con mayor presencia de personas y mujeres racializadas. La eliminación de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión motivó recortes en fondos para la educación y amenazas de investigaciones y multas a entidades no gubernamentales que contaban con políticas de este tipo.

Derechos sexuales y reproductivos

El gobierno de Trump revirtió drásticamente derechos sexuales y reproductivos, lo que generó un contexto jurídico volátil. Revocó políticas previas que habían contribuido a ampliar y proteger el acceso a atención reproductiva. Hizo recortes en la financiación de centros y programas de atención de la salud reproductiva, provocando cierres de clínicas que afectaron desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos. Hubo estados que restringieron aún más el acceso a este tipo de atención y la Corte Suprema les facilitó la eliminación de los mecanismos de protección de la salud reproductiva destinados a las personas beneficiarias de Medicaid (programa de seguro médico que proporcionaba cobertura gratuita o a precio reducido a las personas de bajos ingresos que cumplieran ciertos requisitos).

En 41 estados había en vigor algún tipo de prohibición del aborto, incluidas la prohibición total, en 13, y la prohibición a partir de las 18 semanas de gestación o incluso antes, en siete. Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las personas embarazadas que vivían en estados en los que estaba prohibido abortar tenían el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que quienes vivían en estados donde el aborto era legal.

A todo esto se le sumaban obstáculos adicionales a la atención de la salud reproductiva —incluidos el control de natalidad, la atención durante el embarazo y el aborto— que afectaban desproporcionadamente a los grupos marginados y racializados.

Uso excesivo de la fuerza

Según fuentes de ONG, 1.143 personas murieron por disparos de la policía en 2025. Las personas negras sufrían de forma desproporcionada el uso de medios letales, pues constituían más del 23% de las víctimas mortales del empleo de armas de fuego por parte de la policía, aunque representaban el 13% de la población. El gobierno seguía sin aplicar plenamente la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, que obligaba a documentar el número de muertes a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley registradas cada año.

El 28 de abril, el presidente Trump dictó una orden ejecutiva que asignaba recursos federales a promover tácticas agresivas de actuación policial y seguía militarizando los organismos locales encargados de hacer cumplir la ley; proporcionaba más mecanismos de protección a los agentes acusados de conducta indebida, y amenazaba con posibles procesamientos penales federales a las autoridades públicas que “deliberada e ilegítimamente dieran órdenes de obstruir la aplicación del Código Penal” con sus políticas. El Departamento de Justicia puso fin a la supervisión federal sobre varios organismos locales encargados de hacer cumplir la ley implicados en un patrón o práctica de actuaciones policiales que vulneraban derechos, con lo que se revocaron o anularon demandas e investigaciones en curso.

El gobierno desplegó a la Guardia Nacional en ciudades con alcaldías ocupadas por una persona negra y con una gran parte de la población compuesta por grupos racializados, como el Distrito de Columbia, y Chicago (Illinois). Además, el presidente amenazó con desplegar a la Guardia Nacional en otras ciudades aduciendo denuncias falsas de aumento de la delincuencia.

Pena de muerte

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que ponía fin a la moratoria federal de las ejecuciones dictada por el gobierno de Joe Biden. En ella, se ordenaba al fiscal general de Estados Unidos restablecer como política las peticiones de condenas a muerte a nivel federal y estatal por todos los delitos federales en los que fuera aplicable, sobre todo cuando la víctima fuera agente de policía o cuando la persona que hubiera cometido el delito fuera migrante; prestar apoyo a los estados para que obtuvieran los fármacos de la inyección letal, e iniciar causas que anularan la jurisprudencia de la Corte Suprema que limitaba el uso de la pena capital. También se ordenaba al fiscal general evaluar el confinamiento de cada uno de los 37 hombres cuya condena federal a muerte había sido conmutada por el presidente Biden en diciembre de 2024, y determinar con las fiscalías si podían ser acusados a nivel estatal de delitos penados con la muerte.

Al no poder obtener los fármacos para la inyección letal, algunos estados siguieron ampliando el uso de otros métodos de ejecución. Por ejemplo, en virtud de una legislación en 2024 y después de 15 años sin aplicar la pena de muerte, Luisiana ejecutó en marzo a una persona por medio de hipoxia inducida por nitrógeno. Arkansas promulgó ese mismo mes legislación que permitía utilizar como método de ejecución la hipoxia por nitrógeno. También en marzo, Carolina del Sur llevó a cabo la primera ejecución por fusilamiento en Estados Unidos en 15 años. Idaho aprobó legislación que hacía del fusilamiento su principal método de ejecución. También hubo estados que trataron de restablecer la pena de muerte —por ejemplo, Iowa, mediante un proyecto de ley pendiente de aprobación— o que —en el caso de Oklahoma e Idaho— intentaron promulgar legislación para ampliar los delitos punibles con la muerte, a pesar de ser inconstitucional.

Detención arbitraria

Aunque en enero el gobierno de Biden había trasladado a 11 hombres desde el centro de detención de Guantánamo, otros 15 continuaban recluidos allí, sin acceso a un juicio justo. Tres de ellos nunca habían sido acusados de delito alguno. Sólo se habían presentado cargos ante las comisiones militares de Guantánamo, lo que vulneraba el derecho y las normas internacionales sobre juicios justos. En caso de ser declarados culpables, podrían ser condenados a muerte. Tres de los acusados del sistema de comisiones militares del 11-S habían llegado a un acuerdo en 2024 con los fiscales militares para declararse culpables a cambio de no ser condenados a muerte, pero el secretario de Defensa anuló ese acuerdo y el caso quedó en un limbo legal en el que la pena capital seguía siendo una opción. El uso de la pena capital en estos casos, tras procedimientos que incumplían las normas internacionales y después de que los detenidos fueran sometidos a tortura sistemáticamente, constituía una privación arbitraria de la vida. Pasados 24 años, no se había hecho rendir cuentas a nadie por la autoría de los atentados.

El gobierno de Trump recluyó al menos a 700 migrantes y solicitantes de asilo en Guantánamo durante 2025.

El 19 de enero, el todavía presidente Joe Biden conmutó la pena al activista indígena americano Leonard Peltier por arresto domiciliario, debido a las serias dudas que existían en torno a la sentencia condenatoria, la pena y los procesos de apelación. Había pasado casi 50 años en prisión cumpliendo dos condenas a cadena perpetua por la muerte en 1975 de dos agentes federales en Dakota del Sur.⁷

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

Según estadísticas gubernamentales publicadas en 2025, la violencia con arma de fuego había causado la muerte de 46.728 personas en 2023, último año del que existían datos. En 2025 se produjeron 408 tiroteos masivos, incluidos 233 ataques con armas de fuego en centros escolares. La violencia con arma de fuego era la principal causa de muerte de niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos. El auge del extremismo político y de los discursos violentos dio lugar a varios incidentes de violencia política y disparos letales contra figuras públicas y políticas.

El gobierno de Trump promulgó y aplicó varias políticas en favor de las armas de fuego; por ejemplo, órdenes ejecutivas, cambios normativos, reversión de políticas anteriores y creación de grupos de trabajo para proteger los derechos de los propietarios de este tipo de armas. Dichas medidas revertían los anteriores esfuerzos por abordar la cuestión de la violencia con arma de fuego.

Homicidios y ataques ilícitos

Desde marzo, cientos de personas perdieron la vida o resultaron heridas a causa de los ataques aéreos estadounidenses sobre Yemen. En abril, un ataque aéreo estadounidense sobre un centro de detención de migrantes en la ciudad de Sada se saldó con decenas de personas migrantes muertas o heridas. Amnistía Internacional no halló indicios de que ese centro de detención fuera un objetivo legítimo y pidió a Estados Unidos que investigara el ataque como posible violación del derecho internacional humanitario.⁸ En mayo, Estados Unidos y Yemen alcanzaron un acuerdo de alto el fuego, lo que puso en pausa el conflicto.

No hubo rendición de cuentas ni pago de reparaciones por los homicidios de civiles cometidos anteriormente por Estados Unidos y documentados por Amnistía Internacional, en Siria, Irak, Afganistán y Somalia.

Desde septiembre, Estados Unidos empleó drones para atacar en el Caribe y en el Pacífico 35 embarcaciones que presuntamente transportaban droga, y mató al menos a 123 personas.⁹ Estados Unidos afirmaba que los barcos estaban siendo utilizados por narcotraficantes para transportar estupefacientes y trató de justificar sus acciones como “legítima defensa” o como parte de la generalizada “guerra contra las drogas”. A juzgar por todos los informes disponibles, dichos ataques mortales carecieron de justificación legal y constituyeron ejecuciones extrajudiciales, porque las embarcaciones no suponían una amenaza inmediata para Estados Unidos ni para la vida de nadie.

Transferencias irresponsables de armas

Estados Unidos continuó suministrando armas y otros equipos militares y de seguridad a Israel, lo que contravenía la legislación y las políticas estadounidenses concebidas para prevenir las transferencias de armas que pudieran contribuir a causar daños a civiles y a cometer violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Violencia por motivos de género

Las tasas de violencia sexual contra las mujeres indígenas de Alaska y del resto del país seguían siendo alarmantes. Los datos del gobierno indicaban que tenían una probabilidad 2,2 veces mayor de sufrir violencia sexual que las no indígenas. Sólo un número limitado de tribus indígenas podían legalmente enjuiciar a autores no indígenas de violencia contra mujeres indígenas (aunque la mayoría de ellos no eran indígenas). Las mujeres indígenas seguían encontrando barreras para acceder a la atención posterior a la violación, incluidos los exámenes forenses necesarios para iniciar una demanda penal.

Derecho a un medioambiente saludable

El gobierno de Trump revocó medidas ejecutivas que abordaban los impactos ambientales que afectaban a las comunidades marginadas. Por ejemplo, eliminó las oficinas de justicia ambiental en los organismos federales y puso fin a la financiación de organizaciones locales dirigida a dar respuesta a los daños ambientales y climáticos. El 20 de enero, firmó una orden ejecutiva para iniciar la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París —el acuerdo global para luchar contra el cambio climático— y anular los objetivos de reducción de emisiones establecidos por el gobierno de Biden.

En enero, el gobierno de Trump emitió una orden ejecutiva que declaraba que el “dominio energético” constituía una emergencia nacional y formuló políticas para aumentar la producción de energía, lo que incluía revitalizar la industria de la minería del carbón a pesar de sus conocidos daños para el medioambiente y la salud. Simultáneamente, el gobierno emitió otra orden ejecutiva que daba prioridad a la inteligencia artificial a pesar de la enorme cantidad de energía que requerían los centros de datos de dicha tecnología. La Agencia Internacional de la Energía informó de que, para 2030, el consumo de energía de la inteligencia artificial en todo el mundo sería ligeramente superior al consumo total de Japón, y que la mitad de ese consumo correspondería a Estados Unidos.

En junio, personal de la Agencia de Protección Ambiental instó al gobierno de Trump a dejar de politizarla y a dar prioridad a los mecanismos de protección medioambiental de las comunidades vulnerables basados en la evidencia científica. En julio, el Departamento de Energía publicó un informe que desacreditaba el consenso de la comunidad científica según el cual los gases de efecto invernadero eran grandes causantes del cambio climático y tenían consecuencias negativas para la salud, y concluía que el cambio climático no era motivo de preocupación urgente.