Estados Unidos De América 2024

La prohibición del aborto en distintos estados afectaba gravemente a los derechos reproductivos. Las políticas de control de fronteras limitaban el acceso al asilo, pero algunas nacionalidades seguían disfrutando del denominado Estatus de Protección Temporal. Las fuerzas de seguridad y personas contramanifestantes respondieron con violencia a las protestas universitarias celebradas en todo el país contra el genocidio que Israel cometía en Gaza. La población negra sufrió de forma desproporcionada el uso de fuerza letal por parte de la policía. Los avances hacia la abolición de la pena de muerte fueron insignificantes. Continuaba la detención arbitraria e indefinida en Guantánamo. Pese a los constantes actos de violencia con arma de fuego, el Congreso no promulgó una regulación federal, si bien el presidente Biden dictó medidas ejecutivas para ayudar a abordar la violencia. Estados Unidos siguió utilizando medios letales en todo el mundo y proporcionó a Israel armas que se utilizaban en ataques directos contra la población civil y ataques indiscriminados. La discriminación y la violencia contra las personas LGBTI eran generalizadas y la legislación contra ellas persistía. El Congreso no aprobó proyectos de ley encaminados a elaborar propuestas de reparación relacionadas con la esclavitud y sus secuelas. La violencia de género seguía afectando de forma desproporcionada a las mujeres indígenas. Aumentaron el uso y la producción de combustibles fósiles. La población negra, otros grupos racializados y las personas de ingresos bajos sufrían los graves efectos climáticos, ambientales y para la salud derivados de la industria petroquímica.

Información general

La campaña de las elecciones presidenciales se centró en la inflación y el costo de la vida, el acceso a la vivienda y la inmigración en la frontera sur. En ella se empleó una retórica divisiva contra comunidades como las personas migrantes y refugiadas; las que trataban de obtener acceso a los servicios de salud reproductiva; las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y los grupos racializados.

En noviembre, Donald Trump fue reelegido para un segundo mandato presidencial.

Derechos sexuales y reproductivos

La legalidad y accesibilidad del aborto variaban mucho de un estado a otro. Al concluir el año, la prohibición de abortar era total o prácticamente total en 19 estados. La publicación en 2024 de un estudio sobre la mortalidad materna realizado en 2022 confirmó que al menos dos mujeres habían muerto en Georgia por demora asistencial tras la entrada en vigor en ese estado de la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación.

Las prohibiciones y restricciones impuestas al aborto provocaban temor, confusión y desolación. Obligaban a las personas a retrasar la atención y constituían una amenaza para su derecho a la vida y la salud, y, en última instancia, las conducían a dar a luz en contra de su voluntad.¹

Existían otras barreras que afectaban a mucha gente, como las personas negras y de otros grupos racializados, las de pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, transgénero, habitantes de zonas rurales y personas en situación de pobreza. Cada vez más personal médico abandonaba los estados en los que la prohibición del aborto era rigurosa, lo que amplió aún más los “desiertos” en materia de servicios de salud reproductiva, especialmente en las zonas rurales y de ingresos bajos. Las barreras socioeconómicas impedían que muchas personas pudieran desplazarse a otros estados para solicitar servicios de aborto.

En siete estados se votó a favor de proteger el derecho al aborto.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las medidas tomadas en materia de migración seguían limitando drásticamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Una orden ejecutiva presidencial firmada en junio suspendía la entrada en Estados Unidos a través de esa frontera cuando los cruces irregulares hubieran superado un promedio diario de 2.500 durante siete días consecutivos, y no disponía la reapertura de la frontera hasta que ese promedio de siete días de cruces fronterizos hubiera descendido a menos de 1.500 durante 28 días. El cierre de la frontera no afectaba a quienes hubieran concertado una cita mediante la aplicación para teléfonos móviles CBP One (entre otras contadas excepciones), pero la disponibilidad de estas citas era limitada. Esta aplicación obligaba a utilizar el reconocimiento facial y la localización por GPS, lo que planteaba motivos graves de preocupación en materia de privacidad, vigilancia y discriminación.² La orden también prohibía al funcionariado de fronteras preguntar a quienes llegaban sobre sus necesidades de protección, lo que dio lugar a un aumento de las expulsiones sin que las personas tuvieran acceso a las verificaciones de asilo. Los criterios de esas verificaciones eran más estrictos y el acceso al debido proceso era limitado. Estas políticas seguían obligando a quienes solicitaban asilo a esperar largos periodos en México, lo que aumentaba su riesgo a sufrir violencia, especialmente en el caso de las personas negras, indígenas y LGBTI.

El gobierno concedió, prorrogó y modificó el Estatus de Protección Temporal para las personas etíopes, haitianas, libanesas, myanmaras, sirias, somalíes y yemeníes, que seguían beneficiándose de autorización de empleo y protección frente a la expulsión. Hasta agosto se habían concedido aproximadamente 177.190 autorizaciones de entrada en el país mediante el proceso de permiso de permanencia temporal implantado para personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas.

Las autoridades ampliaron el sistema de detención, vigilancia y seguimiento electrónico de las personas migrantes de forma masiva y arbitraria.

El aumento de la retórica racista y antiinmigración, especialmente durante la campaña presidencial, propició ataques con violencia y amenazas contra las comunidades de inmigrantes y las personas y entidades que prestaban ayuda humanitaria.

Libertad de reunión pacífica

Los y las estudiantes y el personal de universidades de todo el país emprendieron protestas en contra del genocidio que Israel cometía en Gaza y de la complicidad estadounidense, exigiendo a sus instituciones académicas que emitieran llamamientos oficiales en favor de la cesación del fuego, pidiendo al gobierno que pusiera fin al suministro de armas a Israel e instando a los centros educativos a que se desmarcaran de las empresas que se beneficiaban del conflicto.

Las protestas y campamentos, en su mayoría de carácter pacífico, fueron objeto de sanciones y penalizaciones académicas, así como de violencia por parte de contramanifestantes y también de las fuerzas del orden que acudían a petición de las administraciones universitarias.³ La policía, a menudo equipada con material antidisturbios, se sirvió de la fuerza —utilizando porras, munición de goma, pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno, entre otros medios— para dispersar y detener a manifestantes. Al menos 3.100 personas, entre ellas estudiantes y miembros del personal universitario, fueron detenidas o recluidas. Amnistía Internacional y mecanismos expertos de la ONU criticaron el hecho de que se pidiese a las fuerzas del orden que dispersaran esas protestas.⁴

En el Congreso y las cámaras legislativas de 19 estados se presentaron 52 proyectos de ley que restringían el derecho a protestar; siete de ellos adquirieron rango de ley en cuatro estados.

Derecho a un medioambiente saludable

La contaminación procedente de los cientos de plantas petroquímicas y de combustibles fósiles situadas a lo largo del canal de navegación de Houston, en Texas, menoscababa la salud y los derechos humanos de la población local y afectaba de forma desproporcionada a las comunidades racializadas y marginadas.⁵ Seguía sin haber una supervisión reglamentaria, lo que creaba una “zona de sacrificio” que perpetuaba el racismo ambiental y un legado de prácticas de discriminación racial en materia de vivienda.

En agosto, un tribunal federal impidió que el gobierno exigiera a Luisiana establecer salvaguardias contra los efectos de la contaminación. Las salvaguardias en cuestión estaban relacionadas con la legislación federal sobre derechos civiles que prohibía la discriminación basada en la raza, el color de piel o el origen nacional.

Según los datos más actualizados del Departamento de Energía, la producción de combustibles fósiles había representado en 2023 el 84% de la producción energética nacional. En 2024, Estados Unidos amplió la producción de estos combustibles a los niveles más altos jamás registrados en ningún país. En junio se aprobó en Luisiana un proyecto de exportación de gas natural licuado que se esperaba llegara a ser uno de los mayores proyectos de exportación de gas del país.

En marzo, el presidente Biden firmó un proyecto de ley de presupuestos que destinaba 931,9 millones de dólares a la financiación climática internacional para el ejercicio fiscal de 2024, pese a que previamente se había comprometido a aportar 3.000 millones.

Uso excesivo de la fuerza

Según los medios de comunicación, la policía mató por disparos a 1.133 personas en 2024. Las personas negras sufrían de forma desproporcionada el uso de fuerza letal, pues constituían casi el 22% de las víctimas mortales por el empleo de armas de fuego por parte de la policía, pese a que representaban el 13% de la población. Transcurridos 10 años de su entrada en vigor, el gobierno seguía sin aplicar plenamente la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, que obligaba a documentar el número de muertes a manos de las fuerzas del orden registradas cada año.

El Congreso no aprobó la Ley sobre Justicia en la Actuación Policial (Ley George Floyd), que incluía políticas tales como la prohibición de elaborar perfiles raciales y la rendición de cuentas de las fuerzas del orden.

Pena de muerte

Alabama llevó a cabo tres ejecuciones mediante hipoxia por nitrógeno, pese al rechazo expresado por grupos nacionales e internacionales.⁶ Varios mecanismos expertos de la ONU pidieron que se prohibiera este método, que calificaron de experimentación con seres humanos equivalente a tortura. Carolina del Sur llevó a cabo su primera ejecución en 13 años, tras haber decidido un tribunal estatal que sus métodos de ejecución no eran “penas crueles e insólitas”. Indiana llevó a cabo su primera ejecución desde 2009.

Luisiana promulgó legislación que aprobaba el uso de la hipoxia por nitrógeno y la silla eléctrica como métodos de ejecución; por su parte, Kansas intentó aprobar un proyecto de ley para añadir la hipoxia por nitrógeno a las opciones de ejecución. Iowa intentó instaurar de nuevo la pena de muerte para los asesinatos en primer grado de policías o agentes penitenciarios. Tennessee incluyó “la violación de menores agravada” entre los delitos castigados con la pena capital, aun siendo inconstitucional. Alabama no aprobó un proyecto de ley que permitía aplicar con carácter retroactivo la prohibición —en vigor desde 2017— de que los jueces invalidaran las decisiones de los jurados e impusieran condenas a muerte; de haberse aprobado, la nueva ley podría haber anulado las condenas de al menos 30 personas. Delaware derogó formalmente la pena de muerte después de que se hubiera declarado inconstitucional en 2016.

Detención arbitraria

Un total de 26 varones musulmanes permanecían recluidos de manera arbitraria e indefinida en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba), en contravención del derecho internacional. Durante el año, el gobierno de Biden transfirió a cuatro detenidos fuera de Guantánamo. Entre los que seguían bajo custodia, 14 habían recibido autorización para su traslado —en algunos casos, hacía más de 10 años— sin que se produjeran avances. El Congreso seguía bloqueando el traslado de los detenidos de Guantánamo a territorio estadounidense, con lo que sólo podían ser transferidos a terceros países en los que se respetaran sus derechos humanos.

Seguía sin haber rendición de cuentas, medidas de reparación ni acceso a tratamiento médico adecuado para los detenidos que habían sufrido tortura y otros malos tratos o desaparición forzada.

Ocho detenidos —entre ellos, cinco hombres acusados de haber participado en los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S)— seguían haciendo frente a cargos en el sistema de comisiones militares, que era contrario al derecho y las normas internacionales sobre juicios justos. Estas personas podían ser condenadas a muerte en caso de ser declaradas culpables, lo que constituía privación arbitraria de la vida porque los procedimientos no cumplían las normas internacionales; eran además torturadas de forma sistemática. Tres de los acusados en la causa de la comisión militar sobre los atentados del 11-S llegaron a un acuerdo para declararse culpables y evitar la pena de muerte, pero el secretario de Defensa anuló ese acuerdo y la causa siguió estancada en una situación incierta. Pasados 23 años, no se había hecho rendir cuentas a nadie por la autoría de los atentados.

Leonard Peltier, activista indígena, cumplía dos condenas consecutivas a cadena perpetua por la muerte en 1975 de dos agentes federales en Dakota del Sur. Su sentencia condenatoria y la pena impuesta seguían suscitando serias dudas. Tenía 80 años y graves problemas crónicos de salud cuando en abril se le denegó el indulto por razones humanitarias que había solicitado, y en julio se rechazó su petición de libertad condicional.⁷ Al concluir el año, estaba pendiente una solicitud de indulto presentada al presidente Biden.

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

Según estadísticas gubernamentales publicadas en 2024, la violencia con arma de fuego había causado la muerte de al menos 48.204 personas en 2022, último año del que existían datos. Este tipo de violencia —principal causa de muerte entre la población infantil y adolescente— aumentó en 2024, con 503 tiroteos masivos y al menos 112 ataques con arma de fuego en centros de enseñanza primaria, secundaria o universitaria en los que alguna persona resultó herida o muerta. La inacción del gobierno en cuanto a promulgar una regulación fundamentada sobre el uso de las armas de fuego ponía en peligro los derechos humanos de toda la población.

Ante la falta de iniciativas del Congreso para la prevención de la violencia con arma de fuego y la reforma de la legislación sobre su posesión, el presidente Biden emitió varias órdenes ejecutivas destinadas a reforzar la verificación de los antecedentes de quienes compraran armas de fuego, abordar el almacenamiento seguro de las armas y proporcionar apoyo a los estados que desarmaran a quienes habían ejercido violencia en el ámbito familiar.

Homicidios ilícitos

Estados Unidos siguió utilizando medios letales —lo que en algunos casos podía constituir ejecución extrajudicial— en todo el mundo y ocultó información relativa a las normas y los criterios políticos y jurídicos que sus fuerzas aplicaban al usarlos.

El gobierno estableció una nueva política de mitigación y respuesta a los daños causados a la población civil por la que aceptaba llevar a cabo investigaciones más exhaustivas sobre los perjuicios ocasionados a civiles, y creó un centro de excelencia para orientar esas investigaciones. Sin embargo, se negó a reconsiderar casos bien documentados de muertes y daños civiles y no proporcionó reparaciones por los homicidios de civiles cometidos en el pasado, ni siquiera los que había reconocido.

Amnistía Internacional identificó el uso de bombas y componentes de fabricación estadounidense en los mortíferos ataques aéreos ilícitos que las fuerzas armadas israelíes efectuaron en enero,⁸ abril⁹ y mayo contra edificios de viviendas y un campamento improvisado para personas desplazadas en el territorio ocupado de la Franja de Gaza.¹⁰ El suministro continuado de munición a Israel violaba las leyes y políticas estadounidenses sobre transferencia y venta de armas, cuyo objetivo era impedir las transferencias de armas que pudieran contribuir a causar daños a civiles y a cometer violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

En febrero, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva que imponía sanciones a varios colonos israelíes, a organizaciones de colonos israelíes y a un grupo armado palestino por menoscabar la paz, la seguridad y la estabilidad en Cisjordania.

En septiembre, el departamento de Justicia dictó actas de acusación formal contra algunos miembros de Hamás. Se remontaban hasta hechos ocurridos en 1997 e incluían los cargos de “conspiración para asesinar nacionales estadounidenses” y “conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y causar así la muerte”.

Discriminación

Hubo personas —en particular, las transgénero racializadas— que sufrieron niveles preocupantes de violencia en razón de su orientación sexual o su identidad de género, reales o supuestas. Datos facilitados por el gobierno en 2024 mostraban que en 2023 se habían denunciado al menos 2.900 delitos de odio contra personas LGBTI. Según la organización Campaña de Derechos Humanos, el 84% de las personas transgénero asesinadas eran de color y el 50% eran mujeres transgénero negras.

Las asambleas legislativas estatales presentaron 574 proyectos de ley anti-LGBTI, de los cuales se aprobaron 46. Estas leyes afectaban al acceso de las personas LGBTI a la atención médica y a instalaciones públicas, a documentos legales en los que figurara la identidad de género de su elección, a material educativo de temática LGBTI, y a su participación en actividades escolares, entre otras cuestiones.

En enero, el Grupo de Personas Negras Legisladoras de California propuso un paquete de reparaciones que incluía 14 proyectos de ley para remediar las secuelas de la esclavitud y el racismo sistémico que afectaban a la población de ascendencia africana; de ellos, 11 se convirtieron en ley o estaban pendientes de revisión por un comité.

En junio, la Corte Suprema de Oklahoma desestimó una demanda presentada por Viola Fletcher y Lessie Benningfield, quienes pedían justicia restaurativa como últimas sobrevivientes de la masacre racial de Tulsa, en 1921, en la que una multitud de personas blancas había atacado y matado a centenares de personas negras de la localidad. En septiembre se anuló la celebración de una nueva vista, negándose así la rendición de cuentas por uno de los peores crímenes racistas cometidos en el siglo XX contra personas negras en Estados Unidos.

En julio, el Departamento del Interior publicó su informe final relativo a la iniciativa sobre los internados indígenas federales, con la que pretendía abordarse el trauma intergeneracional infligido a los niños y niñas indígenas por el violento programa de asimilación que había tenido lugar entre 1871 y 1969. En la investigación se localizaron al menos 74 lugares de enterramiento identificados y sin identificar en el terreno de 65 centros educativos, y se confirmaron no menos de 973 muertes, aunque se calculaba que su número real triplicaba esa cifra.

En septiembre, el Ayuntamiento de Nueva York aprobó legislación para reconocer y abordar las secuelas y repercusiones de la esclavitud y las injusticias raciales.

El Congreso no aprobó una ley que establecía una comisión para estudiar y elaborar propuestas de reparación a la población afroamericana en relación con la esclavitud, y el presidente Biden tampoco emitió ninguna orden ejecutiva a ese respecto.

Violencia por motivos de género

Las tasas de violencia sexual contra las mujeres indígenas seguían siendo alarmantes. Los datos del gobierno indicaban que las mujeres pertenecientes a ese grupo de población tenían una probabilidad 2,2 veces mayor de sufrir violencia sexual que las no indígenas. El derecho constitucional estadounidense continuaba restringiendo la capacidad de las tribus para enjuiciar a personas no indígenas que hubieran ejercido violencia contra mujeres indígenas, pese a que la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres de 2022 —promulgada en 2024— contenía disposiciones que, hasta ese momento, permitían hacerlo a 31 de las 574 tribus reconocidas a nivel federal.

Las mujeres indígenas seguían encontrando barreras para acceder a la atención posterior a la violación, como, por ejemplo, a los exámenes forenses necesarios para iniciar una demanda penal.

Estados Unidos de América