Kuwait 2025
Las autoridades reprimían el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y detenían de forma arbitraria a quienes las criticaban. La población apátrida autóctona (bidun) siguió siendo objeto de discriminación sistemática. Las mujeres y las niñas sufrían discriminación. Se retiró la nacionalidad kuwaití a decenas de miles de personas, la mayoría mujeres. La población trabajadora migrante era víctima de abusos, entre ellos, deportaciones sumarias masivas. Las autoridades siguieron aplicando la pena de muerte y llevaron a cabo ejecuciones.
Información general
El Parlamento permaneció suspendido, por lo que los cambios legislativos se introdujeron mediante decreto ejecutivo, sin supervisión parlamentaria.
En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del Examen Periódico Universal de Kuwait. De las 290 recomendaciones formuladas, el país aceptó 210, cuatro de ellas parcialmente, y tomó nota de 80. No aceptó las recomendaciones relativas a proteger la libertad de expresión, reducir los casos de apatridia, eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, salvaguardar los derechos de la población trabajadora migrante y abolir la pena de muerte.
Libertad de expresión y de reunión
Las autoridades reprimieron el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
El Código Penal y la legislación sobre delitos informáticos penalizaban las formas de expresión consideradas “insultantes” para la religión, el emir o las jefaturas de Estado extranjeras.
La Ley de Reuniones Públicas tipificaba como delito las concentraciones de más de 20 personas, convocadas sin autorización. Quienes no tuvieran la ciudadanía kuwaití tenían prohibido participar en reuniones públicas en determinadas circunstancias.
En coordinación con gobiernos extranjeros, las autoridades ejercieron represión transnacional para que se extraditara a kuwaitíes que habían expresado su disidencia en blogs, como Salman al Khalidi y Mesaed al Musaileem, que fueron deportados desde Irak y Malasia, respectivamente. Ambos fueron detenidos a su llegada a Kuwait, donde se enfrentaban a varias penas de cárcel por unas publicaciones en redes sociales consideradas críticas con las autoridades kuwaitíes y saudíes. Mesaed al Musaileem también fue procesado por convocar protestas en Kuwait.
Detención y reclusión arbitrarias
En abril se condenó a prisión a exparlamentarios contra quienes pesaban cargos relacionados con críticas públicas a las autoridades, en particular, proferir “insultos” contra el emir y exigir el fin de la suspensión del Parlamento y de las violaciones del derecho a la libertad de expresión. Entre ellos se encontraban Anwar al Fikr, Hamad al Ulyan, Hussain al Qallaf, Mesaed al Quraifah y Waleed al Tabtabai, condenados a entre dos y cuatro años de prisión cada uno.
Las autoridades también procesaron al exvicepresidente del Parlamento Mohammad al Mutair por cargos penales de “injurias” al emir durante un seminario público, y congelaron todos sus activos.
En julio, un tribunal penal condenó al defensor de los derechos humanos y miembro de la minoría bidun Mohamed al Bargash a tres años de prisión por haber criticado las políticas discriminatorias de las autoridades hacia esa comunidad.
Derechos de las personas migrantes
En enero entró en vigor la Ley de Residencia de personas extranjeras, decreto-ley por el que se regulaba la entrada y residencia de migrantes. Sus disposiciones otorgaban amplios poderes a las entidades empleadoras y a las autoridades, lo que aumentaba la dependencia de las personas migrantes y su vulnerabilidad a la explotación. El artículo 19 les prohibía trabajar para cualquier otra entidad empleadora sin el permiso de la original o la aprobación del Ministerio del Interior, el cual tenía, en virtud del artículo 20, amplios poderes para deportar a migrantes por motivos imprecisos, como “el interés público, la seguridad o la moral”, sin supervisión judicial ni derecho de apelación.
Miles de personas migrantes fueron detenidas y deportadas sumariamente, tanto mediante procedimientos judiciales como por órdenes administrativas emitidas por el Ministerio del Interior.
En junio, las autoridades introdujeron el requisito de que la población extranjera que trabajaba en el sector privado presentara un permiso de salida aprobado por su entidad empleadora para abandonar Kuwait. Dicha medida, que entró en vigor el 1 de julio, reintrodujo una característica clave del restrictivo sistema de patrocinio conocido como kafala, que otorgaba a las entidades empleadoras un control considerable sobre la libertad de circulación de los trabajadores y trabajadoras.
Discriminación
Población apátrida (bidun)
La población bidun de Kuwait sufría discriminación sistemática, en particular la negación de la ciudadanía y de los derechos asociados a ella, como el voto y la igualdad de acceso a la atención sanitaria, la educación y el empleo.
La mayoría de los niños y niñas bidun (salvo si cumplían los requisitos de una exención especial, como tener un padre o un abuelo en el ejército o la policía) seguían sin poder acceder a las escuelas públicas gratuitas y estaban relegados a la escolarización privada de mala calidad, a menudo en instituciones baratas o subvencionadas, que estaban masificadas, infrafinanciadas y carecían de instalaciones básicas.
Minorías religiosas
Se prohibieron las procesiones al aire libre de la minoría religiosa chií durante la celebración de la Ashura. En julio, el Ministerio del Interior lanzó una campaña de seguridad para supervisar las reuniones religiosas relacionadas con esta festividad; la campaña contemplaba la imposición de toques de queda nocturnos en las mezquitas y un límite de 50 personas para las reuniones en domicilios particulares.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Las leyes sobre el estatuto personal siguieron perjudicando a las mujeres en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos e hijas y la herencia.
Las autoridades retiraron la ciudadanía kuwaití a decenas de miles de personas aplicando retroactivamente los cambios introducidos en la Ley de Nacionalidad. La medida afectó principalmente a mujeres que habían adquirido la nacionalidad al casarse con hombres kuwaitíes y las privó de sus derechos y del acceso a servicios esenciales. En septiembre, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas expresó su profunda preocupación por el significativo y desproporcionado impacto de esta decisión en las mujeres.
En marzo, un decreto ejecutivo derogó el artículo 153 del Código Penal, que concedía reducciones de pena de hasta tres años de prisión o imponía multas simbólicas a los hombres que asesinaban a mujeres de su familia por motivos de “honor”. En virtud de la nueva ley, estos crímenes cometidos en nombre del “honor” pasaron a castigarse con cadena perpetua o pena de muerte.
También en marzo sendos decretos ejecutivos reformaron el artículo 26 de la Ley del Estatuto Personal y el artículo 15 de la Ley del Estatuto Personal Jaafari para elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio para todas las personas. Anteriormente era 15 años en el caso de las niñas y 17 en el de los niños, aunque los jueces tenían la facultad discrecional de aprobar excepciones, lo que afectaba de manera abrumadora a las niñas.
Pena de muerte
Se impusieron nuevas condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones, incluso por delitos relacionados con drogas.
En diciembre entró en vigor una nueva Ley Antinarcóticos que mantenía la pena de muerte por delitos de drogas.
Derecho a un medioambiente saludable
Kuwait, gran productor de combustibles fósiles, siguió estando entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero per cápita del mundo.
Su capacidad de producción de crudo alcanzó los 3,2 millones de barriles diarios, su nivel más alto en más de un decenio, lo que puso de relieve el compromiso continuo del gobierno con su estrategia a largo plazo de aumentar la capacidad de producción de petróleo a 4 millones de barriles diarios para 2035.