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KUWAIT 2020

Las autoridades continuaban limitando indebidamente el derecho a la libertad de expresión y asociación. La minoría bidun (apátrida) seguía sin tener acceso a diversos servicios públicos. Debido a la propagación de la COVID-19, se concedió una amnistía de un mes a quienes no tuvieran el permiso de residencia en regla para permitirles salir del país sin pagar una multa o gastos de viaje. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sin gozar de protección adecuada contra la explotación y los abusos.

Información general

Kuwait aceleró su proceso de “kuwaitización” para sustituir mano de obra expatriada por nacional a fin de afrontar el desempleo creciente entre la ciudadanía.

Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de julio, el gobierno rechazó las recomendaciones de ratificar o adherirse a tratados entre los que figuraban los relativos a la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas, y de hacer compatible su legislación con el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

Kuwait siguió formando parte de la coalición beligerante en el conflicto armado de Yemen bajo la dirección de Arabia Saudí, si bien con un papel muy limitado.

Libertad de expresión, reunión y asociación

En agosto, el Parlamento aprobó varias reformas de la Ley de Prensa y Publicaciones, entre ellas la eliminación del control del Ministerio de Información sobre las publicaciones importadas.

Las autoridades detuvieron y enjuiciaron al menos a 12 detractores del gobierno y activistas en aplicación de disposiciones de la Ley de Delitos Informáticos y del Código Penal que penalizaban la expresión legítima, por acusaciones como ofender al emir, criticar a países vecinos o difundir de noticias falsas.

En abril, una fuente del Ministerio de Información dijo a un medio informativo que, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, el Ministerio había intensificado su “vigilancia de sitios web y servicios de noticias que emiten mentiras y rumores e incitan a la sedición” y había denunciado penalmente a “25 sitios de servicios de noticias”.1

El 28 de enero, un juzgado penal condenó a tres hombres bidun —Redha al Fadhli, Hammoud al Rabah y un tercero juzgado in absentia— a entre 10 años de prisión y cadena perpetua por su activismo pacífico. El juzgado absolvió a otro bidun y ordenó la libertad de 12, entre ellos el defensor de los derechos humanos Abdulhakim al Fadhli, bajo un compromiso de buena conducta durante dos años.2 Las fuerzas de seguridad los habían detenido en julio de 2019 durante una operación represiva contra manifestantes pacíficos. El 20 de julio, las penas de 10 años impuestas a Redha al Fadhli y Hammoud al Rabah por pertenencia a una organización prohibida fueron revocadas en apelación y reducidas a condenas condicionales de dos años.

Discriminación: bidun

Las personas bidun (apátridas) seguían sin poder acceder a diversos servicios públicos, incluida la atención sanitaria. Durante el EPU, el gobierno aceptó las recomendaciones de garantizar que gozaran de igualdad de acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo, así como algunas relativas a su adquisición de la nacionalidad.

En octubre, antes de las elecciones parlamentarias, el presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait trató de acelerar el debate y la votación sobre seis propuestas legislativas relativas a la cuestión bidun durante el último periodo de sesiones de la cámara, pero sus intentos se vieron frustrados por algunos parlamentarios que boicotearon los debates.

Derechos de las personas migrantes

El sistema de kafala (patrocinio), que ligaba el derecho de los trabajadores y trabajadoras migrantes a estar en Kuwait a su empleo, aumentaba para ellos el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. También corrían especial peligro de contraer la COVID-19, entre otras causas, por las deficientes condiciones de vida. Miles de trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo como consecuencia del impacto de la pandemia en la economía y cientos de ellos quedaron atrapados en Kuwait.

Al finalizar marzo, el gobierno anunció una amnistía de un mes para quienes no tuvieran el permiso de residencia en regla, a fin de permitirles salir del país sin pagar una multa o gastos de viaje; la medida no beneficiaba a quienes tenían actuaciones judiciales, préstamos bancarios o facturas pendientes. En espera de su repatriación, se instaló a los trabajadores y trabajadoras migrantes en campamentos y albergues con pésimas condiciones higiénicas, lo que aumentó aún más su vulnerabilidad a la infección.

Las autoridades procesaron al menos tres casos de trabajadoras domésticas que habían sufrido malos tratos a manos de sus entidades empleadoras. El 30 de diciembre, un tribunal condenó a muerte a una mujer kuwaití y a cuatro años de prisión a su esposo, también kuwaití, por el asesinato de Jeanelyn Villavende, empleada doméstica filipina que trabajaba para ellos. Ambos tenían derecho a recurrir la sentencia y la condena. En otras dos causas, sendas empleadas domésticas de Sri Lanka habían sido sometidas a malos tratos por las esposas de sus patrocinadores, y una de ellas murió posteriormente debido a las lesiones. Tras la investigación, las autoridades detuvieron a las dos presuntas autoras.

Las autoridades también detuvieron y enjuiciaron a decenas de traficantes de personas y operadores ilegales de visados, e investigaron a cientos de empresas acusadas de aprovechar contratos con el gobierno para traficar con personas.

Derechos de las mujeres

Durante el EPU de julio, Kuwait aceptó las recomendaciones de implementar plenamente la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero rechazó las relativas a garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres, penalizar la violencia sexual y la violación conyugal y hacer que sus leyes sobre la condición jurídica y la nacionalidad fueran neutras en lo referente al género.3

En agosto, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que penalizaba la violencia de género en el ámbito familiar y ofrecía más protección a las víctimas, así como servicios jurídicos, médicos y de rehabilitación. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica,

Kuwait mantuvo legislación (el artículo 153 del Código Penal) que penaba el asesinato de una mujer a manos de sus familiares tan sólo con una multa en los casos de homicidio por motivos de “honor”. En septiembre y diciembre se registraron en la ciudad de Kuwait homicidios de mujeres a manos de sus hermanos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Maha al Mutairi, mujer transgénero, fue detenida varias veces y acusada en aplicación del artículo 198 del Código Penal, que penalizaba “la imitación de cualquier aspecto del sexo opuesto”. El 5 de junio, poco antes de acudir a una comisaría de policía donde había sido citada, publicó unos vídeos en Snapchat en los que acusó a la policía de haberla violado y golpeado durante los siete meses de 2019 que estuvo recluida en una prisión para hombres por “imitar al sexo opuesto”. Salió en libertad sin cargos el 8 de junio.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron dictando sentencias de muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.


  1. COVID-19 is new pretext for old tactics of repression in GCC (MDE 04/3136/2020)
  2. Kuwait: Heavy prison sentences of activists demanding rights of citizenship (noticia, 28 de enero)
  3. Kuwait: Fulfil treaty obligations on women’s rights (MDE 17/2672/2020)