Kuwait 2024
El gobierno seguía utilizando leyes de “seguridad del Estado” para procesar y encarcelar a quienes lo criticaban —incluso si eran miembros del órgano legislativo de Kuwait, la Asamblea Nacional—, suprimiendo así el derecho a la libertad de expresión. Las autoridades dejaron de expedir documentos de viaje a la población apátrida autóctona de Kuwait (bidun), salvo en circunstancias excepcionales. La población trabajadora migrante seguía expuesta a sufrir abusos. Se llevaron a cabo ejecuciones por tercer año consecutivo.
Información general
El 15 de febrero, tras replicarle el parlamentario Adulkarim al Kandari a unas críticas que había vertido contra el poder legislativo, el emir disolvió la Asamblea Nacional, que había sido elegida en junio de 2023, por su “persistencia en utilizar un lenguaje ofensivo e indisciplinado que no se correspondía con el respeto debido a Su Alteza Real”. El 4 de abril se celebraron elecciones parlamentarias, pero el emir disolvió la recién elegida Asamblea Nacional el 10 de mayo, antes de que se reuniera, y suspendió el gobierno parlamentario y las elecciones durante cuatro años.
Libertad de expresión
Las autoridades incrementaron significativamente los ataques contra la libertad de expresión y detuvieron a personas críticas con el gobierno, especialmente con el emir,1 utilizando la legislación vigente, incluidas la sección de seguridad nacional del Código Penal de 1970 y la Ley de Prensa y Publicaciones de 2006.
El 25 de enero, Anwar Hayati fue condenado in absentia a cuatro años de prisión por publicar en las redes sociales críticas al sistema de gobierno de Kuwait y a los miembros de la familia real; llevaba exiliado en Europa desde que, en septiembre de 2023, recibió una citación de la Fiscalía para ser interrogado.
El 31 de enero, un tribunal de apelación condenó al activista bidun Mohamed al Bargash a tres años de prisión por publicar en las redes sociales críticas a la política de Kuwait con respecto a la población bidun. Su encarcelamiento tuvo un efecto intimidatorio en el resto de activistas, ya que había sido la figura más destacada que había expresado públicamente su preocupación por el trato dispensado a la población bidun en los dos años anteriores.
El 19 de febrero, un tribunal condenó a prisión al activista Abdullah Fairouz y al director de medios de comunicación online Fuhaid al Ajami por mantener un debate en Internet en el que Abdullah Fairouz alegaba que el gobierno tenía tratos comerciales con Israel, en contra de la legislación kuwaití. En junio, un tribunal de apelación revocó la sentencia condenatoria de Fuhaid al Ajami, que quedó en libertad. En cambio, confirmó la condena de tres años de prisión impuesta a Abdullah Fairouz.
El 22 de mayo, un tribunal de primera instancia condenó al candidato parlamentario Mesaed al Quraifah a cuatro años de prisión por criticar en un discurso de campaña la participación de la familia real en política. Al terminar el año se estaba viendo un recurso de apelación. El 2 de junio, las autoridades iniciaron el procesamiento del parlamentario Mohammad al Mutair por un cargo similar. El 20 de junio, las autoridades condenaron al exparlamentario y de nuevo candidato al órgano legislativo Hamad al Ulyan a dos años de prisión por cargos similares. El 24 de junio, un tribunal condenó al exparlamentario Waleed al Tabtabai a cuatro años de prisión por una publicación en las redes sociales en la que criticaba que el emir hubiera suspendido el gobierno parlamentario constitucional; el 19 de septiembre, un tribunal de apelación confirmó la sentencia condenatoria, pero redujo la pena a dos años. El 29 de julio, un tribunal condenó a tres años de prisión al parlamentario Anwar al Fikr, acusado de desafiar la autoridad del emir en las redes sociales. Mohammad al Mutair, Hamad al Ulyan y Anwar al Fikr quedaron en libertad bajo fianza el 2 de junio, el 8 de julio y el 8 de septiembre, respectivamente, a la espera del resultado de sus juicios o recursos. Anwar al Fikr se enfrentaba además a un segundo procesamiento por el cargo de menoscabar la autoridad del emir durante un discurso electoral.
Derecho a la vivienda
En septiembre, los ministerios de Defensa y de Interior anunciaron conjuntamente la retirada de la vivienda pública “a los beneficiarios no kuwaitíes al finalizar [su] servicio militar”. Esta medida constituía una política de vivienda discriminatoria, ya que significaba que muchos miembros de la población bidun, gran número de los cuales prestaban servicio en las fuerzas armadas kuwaitíes, perderían su vivienda, mientras que los nacionales kuwaitíes licenciados del servicio militar seguirían beneficiándose de esta prestación.
Libertad de circulación
En julio, el ministro del Interior y de Defensa, Fahd Yusuf al Sabah, anunció la anulación de todos los documentos de viaje expedidos a personas bidun. Aunque no podían solicitar el pasaporte ordinario debido a la negativa del Estado a reconocerlas como nacionales kuwaitíes, las personas bidun sí podían conseguir, en virtud del artículo 17 de la Ley de Pasaportes, un documento especial de viaje, el denominado “pasaporte del artículo 17”, cuya expedición era, no obstante, arbitraria y daba lugar a sobornos, entre otros abusos. La medida anunciada por el ministro en julio eliminó en la práctica su derecho a viajar. El gobierno anunció que la expedición de pasaportes del artículo 17 quedaba congelada “a excepción de los casos humanitarios (tratamiento médico y educación)”, cuya solicitud (o nueva solicitud) estaba sujeta a una revisión caso por caso. El 28 de noviembre se aprobó una nueva ley (Decreto Amiri 114/2024) sobre la residencia de personas extranjeras en Kuwait que aportaba aclaraciones y ampliaba el periodo de estancia en algunos casos. No era aplicable a las personas bidun.
Derecho a un medioambiente saludable
Continuó el calor inusualmente extremo, con temperaturas récord, a finales de mayo, de entre 4 y 5 °C por encima de la media de registros anteriores. El meteorólogo de la televisión estatal Isa Ramadan reconoció que se debía en parte al cambio climático inducido por la actividad humana. No obstante, en marzo, el director ejecutivo de la empresa estatal Kuwait Petroleum Corporation anunció que Kuwait tenía la intención de aumentar su capacidad de producción de petróleo de 3 a 4 millones de barriles diarios para 2035, y el país anunció aún más aumentos al descubrir en julio nuevas reservas en el yacimiento petrolífero de Al Nokhatha.
Libertad de reunión pacífica
Al igual que en años anteriores, se prohibieron las procesiones al aire libre durante el periodo de celebración de la festividad religiosa chií de la Ashura.
Por segundo año consecutivo y tras la persecución de las escasas manifestaciones de kuwaitíes bidun organizadas en 2022, no se produjeron protestas públicas de envergadura.
Derechos de las personas migrantes
Los trabajadores y trabajadoras migrantes carecían de protección jurídica y seguían expuestos a sufrir abusos debido al sistema de patrocinio conocido como kafala.
El 12 de junio, murieron al menos 49 personas trabajadoras migrantes indias y otras 50 resultaron heridas al declararse un incendio en el lugar donde vivían hacinadas, lo que suscitó preocupación por las condiciones de vida y los problemas de salud y seguridad a los que se enfrentaba la población trabajadora migrante en Kuwait.
El 1 de julio, el ministro del Interior y de Defensa anunció que las fuerzas de seguridad habían emprendido una campaña en todo el país para encontrar a quienes “violaran” la Ley de Residencia, con el fin de proceder a su detención y expulsión. Las autoridades de seguridad advirtieron de que quienquiera que acogiese a alguien cuyo visado hubiera ya expirado también podría ser objeto de procesamiento. La prensa nacional, controlada por el gobierno, informó de que más de 700 personas migrantes habían sido detenidas en las primeras 24 horas de la campaña, cuando las fuerzas de seguridad cerraron las entradas y salidas de los barrios y recorrieron las calles abordando a la gente para comprobar su documentación. Las expulsiones se llevaron a cabo sin ninguna garantía del derecho a impugnar su legalidad, a pesar de que casi todos los trabajadores y trabajadoras migrantes dependían por completo de sus entidades empleadoras para solicitar la renovación del visado. Decenas de personas migrantes permanecieron detenidas durante meses a la espera de ser deportadas, sin ningún recurso legal.
Pena de muerte
Kuwait siguió imponiendo condenas a muerte, incluso por delitos relacionados con drogas que no alcanzaban el umbral de “los más graves delitos” según el derecho internacional. Las autoridades llevaron a cabo ejecuciones por tercer año consecutivo.
- Kuwait: Year to date marked by escalating repression, 27 de junio ↩︎