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AZERBAIYÁN 2020

La población civil sufrió abusos generalizados contra los derechos humanos como consecuencia de los intensos combates que estallaron en septiembre entre Azerbaiyán y fuerzas armenias en Nagorno Karabaj. La violencia relacionada con el conflicto produjo muertes, lesiones, destrucción de medios de vida y desplazamientos. Las autoridades intensificaron la represión de la disidencia utilizando como pretexto el conflicto con Armenia y la pandemia de COVID-19. Decenas de activistas y dirigentes de la oposición fueron objeto de detención y reclusión arbitrarias. Se restringió aún más la libertad de reunión y de expresión en respuesta al creciente descontento social; la libertad de asociación continuó sometida a restricciones. Se hostigó a profesionales del derecho, y continuaron siendo generalizadas las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos bajo custodia a personas críticas con el gobierno.

Ataques indiscriminados

El 27 de septiembre estallaron intensos combates entre Azerbaiyán y Armenia y fuerzas apoyadas por ésta en la región secesionista azerbaiyana de Nagorno Karabaj. Todas las partes en el conflicto usaron armas explosivas pesadas, con efectos en una amplia superficie, contra zonas civiles densamente pobladas, incluidos misiles balísticos y descargas de artillería con cohetes conocidos por su poca precisión que causaron muertes, lesiones y daños generalizados en la población civil. Indicios contrastados indicaban que ambos bandos emplearon munición de racimo, prohibida por el derecho internacional humanitario, en ataques como, por ejemplo, los efectuados sobre Stepanakert/Khankendi, capital de la región de Nagorno Karabaj, el 4 de octubre, y sobre la ciudad de Barda, en una zona bajo el control del gobierno de Azerbaiyán, el 28 de octubre (véase el apartado sobre Armenia).

Crímenes de guerra

Las fuerzas azerbaiyanas cometieron crímenes de guerra en Nagorno Karabaj. Varios vídeos verificados mostraban los malos tratos infligidos a prisioneros de guerra y otras personas capturadas, decapitaciones y profanación de cadáveres de soldados del bando contrario.1

Libertad de expresión

Las autoridades intensificaron la represión a medida que aumentaba el número de personas que expresaban su descontento en las calles, a través de las redes sociales y por otros medios.

Más de una decena de personas, entre las que figuraban periodistas y activistas de la oposición que criticaban a las autoridades por su gestión de la pandemia, fueron condenadas a cumplir entre 10 y 30 días de “detención administrativa” por cargos falsos como desobedecer órdenes de la policía y saltarse las normas de confinamiento.

Las autoridades intensificaron las detenciones por cargos penales de motivación política. Tras anunciar el presidente Ilham Aliyev el 19 de marzo que para hacer frente a la pandemia se iba a “aislar” y “limpiar” la oposición del país, se sucedieron las detenciones de detractores del gobierno. El 25 de marzo se detuvo al destacado activista de la oposición Tofig Yagublu por cargos falsos de vandalismo. El 18 de septiembre, el Tribunal de Apelación de Baku, la capital, le conmutó la pena de cuatro años y tres meses de cárcel por arresto domiciliario con efecto inmediato. El 30 de marzo se detuvo al defensor de los derechos humanos Elchin Mammad, acusado de robo, y el 18 de octubre un tribunal de Sumgait le impuso una pena de cuatro años de cárcel. Ambos habían criticado públicamente a las autoridades. El 9 de noviembre, Farkhaddin Abbasov, activista de etnia talyshi encarcelado por criticar a las autoridades, murió en prisión, presuntamente, por suicidio. Al concluir el año no se había llevado a cabo ninguna investigación efectiva sobre su muerte.

El hostigamiento a la oposición política llegó a su punto álgido cuando el presidente Ilham Aliyev culpó de las protestas multitudinarias celebradas el 15 de julio en Baku al partido de oposición Frente Popular de Azerbaiyán, acusándolo de llevar a cabo una insurrección. Un total de 40 activistas del Frente Popular de Azerbaiyán, entre los que figuraban 4 de sus principales dirigentes, fueron detenidos por cargos de motivación política que iban desde alteración del orden público a resistencia a la policía.

Continuó la preocupación internacional por la represión de la disidencia. En enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó los “procesamientos de represalia” y el “preocupante patrón de detenciones y reclusiones arbitrarias de personas críticas con el gobierno”. Durante el año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) halló motivaciones políticas en la detención arbitraria de detractores del gobierno en al menos tres demandas distintas, a saber, las de los activistas Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov, los destacados defensora y defensor de los derechos humanos Leyla y Arif Yunus y la periodista de investigación Khadija Ismayilova.

El 4 de septiembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa puso fin a los procedimientos de infracción contra Azerbaiyán después de que el Tribunal Supremo del país absolviera a Ilgar Mammadov y Rasul Jafarov, dos de los demandantes que, según el TEDH, habían sido encarcelados injustamente por criticar al gobierno. Otros seis demandantes, incluidos destacados defensores de los derechos humanos que figuraban en la demanda de Ilgar Mammadov, no fueron absueltos, pese a la petición del Comité de que se anularan sus sentencias condenatorias, y siguieron sufriendo consecuencias penales arbitrarias, como la prohibición de viajar y la imposibilidad de acceder a cuentas bancarias.

Libertad de asociación

A pesar del compromiso de simplificar los requisitos de inscripción en registro de las ONG y facilitar la recepción de financiación extranjera mediante el Plan de Acción para un Gobierno Abierto, adoptado por el gobierno de Azerbaiyán en febrero, persistieron los obstáculos al registro oficial de las ONG independientes, y se siguieron rechazando arbitrariamente solicitudes de registro y de subvención. Las ONG independientes no pudieron reanudar sus actividades, y sus dirigentes continuaron expuestos a sanciones tras sentencias condenatorias infundadas que también les impedían presentarse a elecciones.

Los abogados y abogadas de derechos humanos continuaron haciendo frente a hostigamiento por desempeñar su labor profesional, lo que afectaba a su independencia y a su predisposición a aceptar casos relacionados con los derechos humanos. En junio, el abogado Javad Javadov fue amonestado arbitrariamente por el Colegio de Abogados como represalia por divulgar en las redes sociales información sobre los presuntos malos tratos infligidos bajo custodia policial a su cliente Kerim Suleymanli. También en junio, el TEDH falló que la suspensión e inhabilitación del destacado abogado Khalid Bagirov —por cuestionar la imparcialidad de la sentencia judicial en la causa de su cliente— había vulnerado su derecho a la vida privada y a la libertad de expresión.

Libertad de reunión

El derecho a la libertad de reunión continuó gravemente restringido mientras se seguía penalizando a manifestantes por el mero hecho de participar pacíficamente en reuniones públicas.

Los días 11 y 16 de febrero, la policía reprimió y dispersó violentamente protestas contra el fraude electoral en las elecciones parlamentarias frente a la Comisión Electoral Central de Baku, golpeando y arrestando a manifestantes.

El 15 de julio, la policía hizo uso excesivo de la fuerza para disolver una manifestación que había comenzado el día anterior, cuando miles de personas se concentraron pacíficamente frente al edificio del Parlamento en Baku para exigir una respuesta militar más contundente contra las fuerzas armenias tras los enfrentamientos en la frontera. Las protestas se tornaron violentas cuando un pequeño grupo de manifestantes entró sin autorización en el edificio. La policía y las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva, incluidos cañones de agua, para desalojar a los intrusos y dispersar a la multitud en el exterior. Los enfrentamientos consiguientes se saldaron con varios manifestantes y periodistas heridos, y la policía confiscó el material de algunos de los periodistas que cubrían la concentración. Un total de 70 personas fueron detenidas inmediatamente después de la manifestación.

Tortura y otros malos tratos

Las denuncias de tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizadas.

En febrero, en su sentencia en la causa Ibrahimov and Mammadov v. Azerbaijan, el TEDH concluyó que los dos activistas demandantes habían sido sometidos a malos tratos por agentes de la policía para obligarlos a confesar cargos graves y que las autoridades no habían investigado de manera proactiva las denuncias de tortura.

Las personas detenidas tras las protestas del 15 de julio fueron recluidas en condiciones de hacinamiento en calabozos policiales calurosos, sin ventilación y con alimentos y agua limitados. Según informes, sufrieron golpes y abusos, y se les negó el acceso a asistencia letrada y a sus familias.


  1. Armenia/Azerbaiyán: Se insta a investigar con urgencia espantosos vídeos de decapitación y crímenes de guerra (noticia, 10 de diciembre)