Azerbaiyán

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre cuestiones de soberanía o disputas territoriales. Las fronteras trazadas en este mapa se basan en datos del servicio Geospatial de la ONU.
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Azerbaiyán 2022

Persistieron los informes sobre violaciones del derecho internacional humanitario y no hubo avances notables en la investigación de los presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Nagorno Karabaj en 2020. Las libertades de expresión, reunión y asociación continuaban sujetas a graves restricciones mientras las autoridades arrestaban arbitrariamente y enjuiciaban por motivos políticos a activistas de la sociedad civil, reprimían protestas pacíficas y obstaculizaban el trabajo de organizaciones y medios de comunicación independientes. Las mujeres y las niñas seguían sufriendo discriminación.

Información general

Azerbaiyán ganó protagonismo en la provisión y el tránsito de suministros energéticos. Emprendió una política económica y militar cada vez más asertiva, sobre todo tras la pérdida de influencia de Rusia en la región a raíz de su invasión en gran escala de Ucrania y las sanciones posteriores de Occidente.

La seguridad a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán continuaba siendo frágil. Durante un recrudecimiento del conflicto del 12 al 14 de septiembre, bombardeos azerbaiyanos en las provincias de Syunik, Gegharkunik y Vayots Dzor (en la Armenia propiamente dicha) causaron la muerte de al menos dos civiles. En octubre, Azerbaiyán y Armenia acordaron el despliegue a corto plazo de una misión de observación de la Unión Europea a lo largo de la frontera entre ambos países.

El corredor de Lachín —la única carretera que conectaba Nagorno Karabaj con Armenia— fue bloqueado el 12 de diciembre y continuaba cerrado al terminar el año. Decenas de manifestantes azerbaiyanos habían bloqueado la carretera para reclamar el fin de las actividades mineras presuntamente ilegales en la zona y que Azerbaiyán recuperara el control del corredor. Posteriormente, fuerzas rusas de mantenimiento de la paz levantaron una barricada para evitar una escalada de tensión. El acceso de la población de Nagorno Karabaj de etnia armenia a bienes y servicios esenciales se vio interrumpido y cientos de personas quedaron atrapadas.

Violaciones del derecho internacional humanitario

El 2 de octubre, la Fiscalía General abrió una investigación sobre un vídeo —que había aparecido por primera vez en Internet poco antes— en el que se veía a un grupo de hombres con uniforme militar azerbaiyano rodeando y disparando al menos a seis soldados armenios. La investigación seguía abierta al final del año y no se había informado de ningún progreso en la identificación de los responsables. Tampoco hubo avances importantes en la investigación de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2020 e inmediatamente después, ni en la identificación de los presuntos autores y su comparecencia ante la justicia.

Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja publicado en agosto, seguía sin conocerse la suerte de más de 300 personas armenias desaparecidas en territorio azerbaiyano.

Persistieron las muertes y lesiones causadas por minas que, según Azerbaiyán, las fuerzas armenias habían seguido colocando en territorio recuperado en 2020 y reconocido internacionalmente como azerbaiyano. Además, las autoridades azerbaiyanas sostenían que los mapas de zonas minadas que había entregado Armenia no eran fiables. En octubre, las autoridades azerbaiyanas informaron de que, desde el conflicto de 2020, las minas habían causado la muerte de 45 personas y heridas a 221.

Libertad de expresión

Los medios de comunicación continuaron sujetos a graves restricciones; los sitios web que publicaban opiniones disidentes eran bloqueados y quienes expresaban críticas en redes sociales eran objeto de sanción y procesamiento de forma arbitraria. Tras haber amordazado en la práctica a la mayoría de los medios de comunicación independientes del país, las autoridades centraron sus ataques en los medios críticos que informaban sobre Azerbaiyán desde el extranjero.

El 8 de febrero, el presidente promulgó una nueva ley sobre medios de comunicación que obligaba a los propietarios de medios dirigidos a audiencias azerbaiyanas a residir de manera permanente en el país, y por tanto los exponía a la censura y la persecución. La nueva ley aumentaba aún más el control del Estado sobre los medios azerbaiyanos, entre otras cosas obligando a todos los periodistas a estar registrados de forma oficial y a informar “objetivamente”, aunque la ley no incluía una explicación clara de este requisito.

Las autoridades continuaron usando el arresto arbitrario y otras formas de hostigamiento contra activistas de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. En septiembre, organizaciones de derechos humanos azerbaiyanas informaron de que había 99 personas encarceladas por cargos de motivación política.

Al parecer, estas prácticas iban dirigidas en particular contra mujeres periodistas. El 15 de febrero, la policía arrestó, golpeó e insultó a las periodistas Fatima Movlamli y Sevinj Sadigova cuando estaban cubriendo las protestas de madres de soldados azerbaiyanos fallecidos. Ayten Mammedova sufrió heridas leves el 8 de mayo al ser atacada en un ascensor por un desconocido armado con un cuchillo cuyas amenazas evidenciaron que el ataque tenía relación con su labor periodística.

El 23 de abril, el destacado activista y ex preso de conciencia Bakhtiyar Hajiyev denunció que había sido secuestrado y golpeado por unos hombres enmascarados que le habían advertido de que no criticara al ministro del Interior. El 9 de diciembre, tras una disputa privada, un tribunal de Bakú ordenó su detención preventiva durante 50 días por los cargos de motivación política de vandalismo y desacato al tribunal. Activistas y personas con opiniones disidentes sobre el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sufrieron una campaña de desprestigio en Internet que, según informes, se orquestó a través de cuentas de redes sociales vinculadas al gobierno.

El 20 de septiembre, Ahmad Mammadli, activista y presidente de la ONG Movimiento Democracia 1918, fue encarcelado 30 días por haber criticado al presidente Aliyev a raíz de los enfrentamientos armados entre Armenia y Azerbaiyán. En noviembre también se ordenó la detención de otros 2 activistas de la ONG durante 30 días por supuesta desobediencia a la policía.

El 11 de septiembre, Avaz Zeynali, redactor jefe del medio informativo independiente Xural, y el abogado Elchin Sadigov, conocido por representar a figuras de la oposición, fueron detenidos, respectivamente, por los cargos de motivación política de aceptar y facilitar sobornos. El 20 de septiembre, el tribunal ordenó el arresto domiciliario de Elchin Sadigov; Avaz Zeynali continuaba en prisión preventiva al concluir el año.

Al menos seis activistas críticos con el gobierno —que habían sido devueltos a Azerbaiyán después de que Alemania rechazara sus solicitudes de asilo— fueron detenidos por cargos relacionados con drogas, que parecían ser falsos, y procesados en causas distintas.

Libertad de reunión y de asociación

Persistían las limitaciones del derecho a la libertad de asociación, mientras las restricciones excesivas, tanto en la legislación como en la práctica, seguían obstaculizando el trabajo de las ONG y de quienes defendían los derechos humanos.

Las autoridades continuaron restringiendo arbitrariamente el derecho a la libertad de reunión pacífica. La policía disolvió concentraciones pacíficas contra el gobierno en la capital, Bakú, en al menos tres ocasiones entre mayo y noviembre. Se rodeó, golpeó y detuvo arbitrariamente a personas que se manifestaban de forma pacífica; la mayoría quedaron en libertad poco después sin que se hubieran presentado cargos formales contra ellas.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El 4 de julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por las mujeres y niñas internamente desplazadas que sufrían limitaciones en el acceso a la educación, el empleo, la asistencia médica y la vivienda, y recomendó que Azerbaiyán eliminara las restricciones del Código Laboral del país, que prohibía a las mujeres acceder a 204 profesiones.