Azerbaiyán 2024
Durante el año tuvo lugar un brusco retroceso en materia de derechos humanos, en el marco del cual las autoridades continuaron prohibiendo en la práctica que su cumplimiento pudiera vigilarse de forma independiente. Persistía la impunidad de violaciones de derechos humanos que se habían cometido en el conflicto por la disputada región de Nagorno Karabaj. Las ONG independientes y los medios de comunicación continuaban sujetos a restricciones arbitrarias. Se arrestó a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por sus actividades legítimas. Se reprimían las protestas pacíficas. La tortura y otros malos tratos eran prácticas muy extendidas. Se negó justicia a personas LGBTI.
Información general
Azerbaiyán acogió en noviembre la COP29, en un contexto de denuncias que apuntaban a que altos cargos de su equipo de organización de la conferencia estaban aprovechando la ocasión para negociar nuevos acuerdos sobre combustibles fósiles. No se hizo público en ningún momento el acuerdo de país anfitrión, pero una versión filtrada de él indicaba que no había protección genuina de los derechos humanos.
Las autoridades desafiaron los intentos de garantizar supervisión, al negarse a cooperar con organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil internacionales, entre ellas las centradas en mecanismos de derechos humanos. En enero, tras suspender la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa las credenciales de Azerbaiyán por su cooperación insuficiente y por el empeoramiento de su historial en materia de derechos humanos, el gobierno amenazó con la retirada del país del Consejo y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, las autoridades restringieron el seguimiento de las elecciones presidenciales anticipadas de febrero, criticadas por el personal de observación electoral por la ausencia de verdadera competencia y cuyo resultado dio la victoria al presidente en ejercicio.
En agosto hubo avances en las negociaciones de paz con Armenia al aceptar Azerbaiyán retirar su exigencia de establecer el “corredor de Zangezur” hasta su enclave de Najicheván a través del territorio armenio. Sin embargo, una nueva exigencia, según la cual Armenia debía reformar su Constitución para eliminar toda alusión a la unión con Nagorno Karabaj, sumada a las continuas disputas por la delimitación de fronteras, complicó aún más los intentos de llegar a un acuerdo definitivo.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Persistía la impunidad de violaciones de derechos cometidas en el conflicto sobre la disputada región de Nagorno Karabaj. El 24 de enero, al suspender las credenciales de la delegación azerbaiyana, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reiteró su preocupación por que Azerbaiyán no reconociera las graves consecuencias humanitarias y de derechos humanos de restringir el acceso a Nagorno Karabaj desde Armenia por el corredor de Lachín. Asimismo reiteró su condena de la operación militar de Azerbaiyán de septiembre de 2023, que había dado lugar al desplazamiento a Armenia de toda la población de etnia armenia de Nagorno Karabaj, más de 100.000 personas, cuyo derecho al retorno en condiciones seguras y dignas continuaba sin hacerse efectivo.
Libertad de expresión y de asociación
Las ONG independientes y los medios de comunicación continuaron sujetos a restricciones arbitrarias, como la negación de la inscripción en registro y onerosos requisitos de presentación de informes.1 El sector mediático continuaba sometido en la práctica al control del gobierno, por lo que la autocensura era generalizada. Las elecciones presidenciales y la COP29 estuvieron precedidas de nuevas oleadas de arrestos de periodistas independientes y otras voces críticas con el gobierno. En abril, el defensor de los derechos humanos Anar Mammadli, ganador del premio de derechos humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2014, fue arrestado y sometido a detención en espera de juicio por cargos falsos de contrabando. Su arresto tuvo lugar poco después de que su organización, el Centro de Seguimiento de las Elecciones y Estudios sobre Democracia, publicara una evaluación sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de febrero y a raíz de que, junto con otras personas defensoras de los derechos humanos, anunciara una coalición sobre justicia climática con antelación a la COP29.
Más de una decena de periodistas continuaban en detención arbitraria tras su arresto en 2023. Además, las autoridades ampliaron la detención en espera de juicio a al menos 11 periodistas de los escasos medios informativos independientes que quedaban en Azerbaiyán, valiéndose para ello de falsas acusaciones de contrabando de divisas, basadas en una presunta financiación de donantes occidentales.
El 6 de marzo, la policía irrumpió en las oficinas de Toplum TV —uno de los últimos canales de noticias independientes que quedaban—, en las del Instituto de Iniciativas Democráticas —organización asociada a Toplum TV— y en las del grupo opositor Plataforma para la Tercera República, y detuvo por falsos cargos a periodistas y a activistas, entre quienes figuraban el fundador de Toplum TV, Alasgar Mammadli; el periodista Mushfig Jabbar; los miembros de la junta directiva de la Plataforma Akif Gurbanov y Ruslan Izzetli, y los activistas del Instituto Ramil Babayev y Ali Zeynalov. Los periodistas independientes Imran Aliyev y Farid Mehralizade, arrestados el 18 de abril y el 29 de mayo, respectivamente, también permanecían bajo custodia por cargos falsos de contrabando de divisas.
Entre agosto y noviembre, la acusación presentó nuevos cargos falsos de actividad empresarial ilegal, blanqueo de dinero y evasión fiscal contra periodistas de Abzas Media, medio dedicado al periodismo de investigación, que llevaban en detención arbitraria desde noviembre de 2023. Su director, Ulvi Hasanli; el subdirector, Mahammad Kekalov, y la redactora jefa, Sevinj Vagifgizi, así como tres de sus periodistas, Nargiz Absalamova, Elnara Gasimova y Hafiz Babali, podían ser condenados a entre ocho y 12 años de prisión si eran declarados culpables.
En julio y agosto, los intelectuales Igbal Abilov y Bahruz Samadov fueron arrestados por cargos falsos de traición. Quedaron sometidos a detención en espera de juicio y se les negó el contacto con sus familiares.
Libertad de reunión pacífica
Persistían las restricciones graves e indebidas de la libertad de reunión, y las autoridades continuaban encarcelando a quienes participaban en protestas pacíficas.
En abril, el activista sindical Aykhan Israfilov fue condenado a tres años de prisión por cargos falsos relacionados con drogas como represalia por haber participado en agosto de 2023 en protestas pacíficas de repartidores de paquetería.
Dos activistas que habían apoyado protestas ecologistas en Söyüdlü, pueblo del distrito de Gadabay, en 2023 también fueron declarados culpables de cargos falsos relacionados con drogas (véase infra). Joshgun Musayev, quien había imprimido carteles durante las protestas, fue arrestado en agosto y condenado a tres años de prisión, y el exparlamentario Nazim Baydamirli, detenido en octubre, poco después de haber apoyado públicamente las protestas, fue condenado a ocho años de cárcel.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos, así como la impunidad de los perpetradores, seguían siendo prácticas muy extendidas. El 3 de julio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, dio el paso excepcional de denunciar públicamente la persistente negativa de Azerbaiyán a cooperar y a abordar motivos de preocupación que llevaban mucho tiempo planteándose, como la práctica generalizada de malos tratos físicos y, en ocasiones, tortura por la policía. Pidió a las autoridades azerbaiyanas que rompieran esa “nefasta alianza” entre el recurso constante de la policía a los malos tratos y la tortura físicos y el uso generalizado de amenazas, fabricación de pruebas, confesiones forzadas y extorsión.
El 24 de julio, Ulvi Hasanli (véase supra) publicó una carta en la que denunciaba la práctica de tortura y otros malos tratos, incluidas palizas sistemáticas, en el centro de detención donde estaba recluido.
Se siguió negando asistencia médica adecuada a personas críticas con el gobierno que estaban en prisión, lo que había causado un empeoramiento significativo de su salud. Entre ellas figuraban Anar Mammadli, Alasgar Mammadli, Ruslan Izzetli, Aziz Orujov, Fazil Gasimov y Famil Khalilov. El 22 de abril, el intelectual Gubad Ibadoghlu, quien llevaba 274 días detenido en espera de juicio, fue puesto bajo arresto domiciliario al empeorar su salud. Continuó sometido a investigación por cargos falsos y se le prohibió salir de Azerbaiyán para recibir atención médica.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El 19 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos archivó la causa A. v. Azerbaijan y 23 demandas conexas, basándose en una declaración unilateral de Azerbaiyán en la que reconocía que se habían violado derechos de las personas demandantes y se comprometía a indemnizarlas por daños y perjuicios. Entre otras cosas, las partes demandantes denunciaban que, como personas LGBTI, habían sufrido discriminación, arresto arbitrario, malos tratos y reconocimientos médicos forzosos. La decisión del Tribunal, criticada por activistas porque suponía negar justicia, dejó sin respuesta tales denuncias, ya que las autoridades no realizaron investigaciones efectivas ni llevaron a los responsables ante los tribunales. En 2019, las personas demandantes habían señalado al Tribunal que no estaban satisfechas con los términos de la declaración unilateral del gobierno azerbaiyano en que se basó la decisión.
Derecho a un medioambiente saludable
El 5 de agosto, el gobierno autorizó la reanudación de la actividad en una mina de oro de Söyüdlü, lo que incluía ampliar una balsa con residuos tóxicos. Llevaba un año suspendida, desde que en 2023 la preocupación por el almacenamiento inadecuado de residuos tóxicos de la mina había dado lugar a protestas ambientales. La población local y los grupos de activistas ambientales denunciaban que los residuos estaban causando problemas graves de salud y contaminando las tierras de cultivo circundantes. Las autoridades reprimieron brutalmente las protestas.