Malasia 2025
Continuaron utilizándose contra las voces críticas leyes de amplio alcance que limitaban la libertad de expresión. Las autoridades restringieron las protestas pacíficas y hostigaron, investigaron y detuvieron a activistas y estudiantes. El número de personas condenadas a muerte descendió significativamente. Las personas migrantes indocumentadas y las personas refugiadas continuaron siendo sometidas a detención indefinida, arresto arbitrario y malos tratos. Se atacaron los derechos de las personas LGBTI y el activismo exigió que se incrementara el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Libertad de expresión
Las autoridades siguieron utilizando leyes poco precisas para restringir la libertad de expresión.
En marzo, el Tribunal Superior de la capital, Kuala Lumpur, desestimó un recurso de inconstitucionalidad presentado por los creadores de la película prohibida Mentega Terbang, que habían sido acusados de “herir sentimientos religiosos” en aplicación del Código Penal. Al acabar el año el juicio seguía pendiente.
En agosto, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de la petición de la activista Heidy Quah de que se retiraran los términos “ofensivo” y “molestar” del apartado 233.1.a de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia. La activista había argumentado que basarse en esto para criminalizar los comentarios online violaba el derecho a la libertad de expresión.1 El gobierno recurrió el fallo.
En octubre, la policía arrestó a siete personas por publicar presuntamente en redes sociales contenido sedicioso y amenazante contra dirigentes políticos. Las personas arrestadas fueron investigadas en aplicación de la Ley contra la Sedición, la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia y el Código Penal.2 Ese mismo mes, el Tribunal Superior falló en una causa civil que el intelectual y bloguero australiano Murray Hunter había difamado al organismo regulador de Internet de Malasia en artículos donde lo criticaba. Semanas antes, las autoridades malasias y tailandesas lo habían arrestado en Tailandia, donde residía y donde estaba previsto que fuera juzgado penalmente en 2026.
En diciembre, el activista Fahmi Reza fue arrestado e investigado en aplicación de la Ley contra la Sedición y la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia por una publicación en redes sociales en la que criticaba al regente de Johor; quedó en libertad bajo fianza policial. A mediados del año se le había impedido indebidamente viajar al extranjero, había sido arrestado y se le había prohibido la entrada al estado de Sabah por publicar viñetas satíricas de su gobernador.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El gobierno censuró publicaciones de temática LGBTI y otras formas de expresión de personas LGBTI.3 En noviembre, las autoridades llevaron a cabo redadas en locales de Kuala Lumpur y Penang, arrestaron a más de 200 personas que consideraron LGBTI y abrieron investigaciones en virtud de varias leyes, incluidas las que criminalizaban las conductas sexuales entre personas del mismo sexo.
Libertad de reunión pacífica
En febrero, el gobierno propuso reformar la Ley de Reunión Pacífica y suspendió el requisito de que quienes organizaran una reunión debían obtener el permiso de los propietarios del local donde fuera a celebrarse. En julio, el Tribunal Federal declaró inconstitucional el apartado 9.5 de la Ley de Reunión Pacífica después de que el activista Amir Hadi impugnara los cargos presentados contra él por no notificar anticipadamente a la policía una protesta organizada en 2022.4
A pesar de estos avances, las autoridades seguían utilizando la Ley de Reunión Pacífica, el Código Penal y la Ley de Delitos Leves para restringir las protestas pacíficas. Las personas que participaban en protestas eran sometidas a hostigamiento, tácticas intimidatorias, detenciones e investigaciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
En julio, la policía detuvo al activista Badrul Hisham Shaharin, conocido como Chegubard, en aplicación de diversas leyes, entre ellas la Ley contra la Sedición, tras su participación en una concentración donde se pedía la dimisión del primer ministro. Al mes siguiente, el activista Arutchelvan Subramaniam fue detenido en aplicación del Código Penal y puesto en libertad ese mismo día, tras participar en una marcha pacífica de activistas y trabajadores y trabajadoras de plantaciones organizada para entregar un memorándum en el Parlamento. Se investigó y acusó al menos a siete estudiantes activistas de Sabah en virtud del Código Penal, la Ley de Reunión Pacífica y la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia por participar en protestas contra la corrupción.5 En julio, activistas estudiantiles y grupos de la sociedad civil que se dirigían a entregar un memorándum en el Parlamento sobre propuestas de reforma de la Ley de Reunión Pacífica encontraron una fuerte presencia policial en el exterior del edificio.
En octubre, la policía detuvo en la capital, Kuala Lumpur, a dos hombres que participaban en una protesta pacífica ante la embajada de Estados Unidos contra la interceptación por Israel de la Flotilla Global Sumud. A fecha de diciembre, una persona se enfrentaba a cargos en aplicación del Código Penal por causar presuntamente lesiones de forma voluntaria al ser inmovilizada por la policía utilizando la fuerza.
Pena de muerte
Desde la abolición de la imposición preceptiva de la pena de muerte en 2023, el número confirmado de personas condenadas a muerte se había mantenido en mínimos históricos. Las ejecuciones de ciudadanos malasios por delitos relacionados con drogas en el vecino Singapur continuaron suscitando el debate sobre la pena de muerte en Malasia. En julio, el gobierno anunció que crearía un grupo de trabajo para examinar políticas encaminadas a la completa abolición de la pena capital.
Desapariciones forzadas
En noviembre, el Tribunal Superior resolvió que el gobierno y la policía habían estado implicados en la desaparición forzada del pastor religioso Raymond Koh y de Amri Che Mat, y concedió a sus familiares una indemnización de más de 40 millones de ringgits (9 millones de dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios. El gobierno anunció que recurriría la sentencia y reabrió una investigación sobre ambas desapariciones.
Homicidios ilícitos
En junio, grupos de la sociedad civil volvieron a pedir justicia para Teoh Beng Hock, hallado muerto en 2009 tras ser interrogado por agentes de la Comisión Anticorrupción. La Oficina de la Fiscalía General había cerrado el caso en mayo, alegando insuficiencia de pruebas para presentar cargos.
En noviembre, la policía mató a disparos a tres hombres de edades comprendidas entre los 24 y los 29 años en una plantación de aceite de palma de Durian Tunggal (Melaka) y el caso se investigó como asesinato ante el escrutinio de la opinión pública y las versiones contradictorias sobre el incidente.
En diciembre, un guardia penitenciario fue acusado de la muerte del interno Gan Chin Eng durante un motín en el Centro de Detención de Kamunting en enero.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En enero, las autoridades detuvieron a 196 personas refugiadas rohinyás que habían llegado a Langkawi, una isla cercana a la frontera con Tailandia. Más tarde, rechazaron a dos embarcaciones con 300 ocupantes, al parecer personas refugiadas rohinyás.
Se intensificaron las redadas contra la inmigración. Grupos de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias y exigieron el fin de la tortura en detención. Continuó deteniéndose indefinidamente a personas migrantes indocumentadas y personas refugiadas, incluso menores de edad. A 31 de agosto había 20.143 personas recluidas en 20 centros de detención, de las cuales 2.196 eran menores de edad. Grupos de defensa de los derechos humanos instaron a que se pusiera fin a la detención de menores y se adoptaran soluciones alternativas basadas en la comunidad.
En octubre, las autoridades de Myanmar anunciaron la detención de la activista Thuzar Maung y su familia, que se creía que habían sido secuestradas en Malasia y devueltas a Myanmar en 2023. Esta noticia hizo que grupos de defensa de los derechos humanos instaran al gobierno malasio a reclamar su liberación inmediata a las autoridades de Myanmar.
Derechos de los pueblos indígenas
En noviembre, el gobierno presentó un documento de propuestas para reformar la Ley de Pueblos Aborígenes de 1954. Las enmiendas ampliaban las medidas de protección para los pueblos indígenas, en respuesta a los llamamientos de la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHAKAM) para que se elaborara un plan de actuación nacional. El activismo instó a que se reconociera oficialmente a los orang asli como pueblo indígena originario de Malasia y se protegiera su derecho a la libre determinación.
Derecho a un medioambiente saludable
En octubre, el gobierno pospuso la presentación del proyecto de ley nacional sobre cambio climático para profundizar en el diálogo con actores del sector y asociaciones empresariales.
- Malaysia: Heidy Quah’s court victory, a win for all Malaysians speaking truth to power, 19 de agosto ↩︎
- Malaysia’s assault on online expression must end now, 7 de octubre ↩︎
- Weaponizing morality. New report exposes sharp rise in censorship of LGBTIQ publications under outdated Malaysian law, 16 de julio ↩︎
- Malaysia: Federal Court ruling, a powerful step towards restoring the right to peaceful assembly, 1 de julio ↩︎
- Malaysia: The Madani government must stop weaponizing laws against student voices, 23 de mayo ↩︎