Malasia 2024
El gobierno continuó utilizando la legislación existente para silenciar la disidencia, y aprobó reformas legales que restringían aún más la libertad de expresión. Se recluyó por tiempo indefinido a personas refugiadas y migrantes. Descendió el número de condenas a muerte tras haber dejado de ser prescriptiva la pena capital, pero se siguieron imponiendo para delitos relacionados con las drogas. Continuaron denunciándose actos de tortura y otros malos tratos en centros de detención para inmigrantes, y también se informó de muertes bajo custodia.
Libertad de expresión
El gobierno amplió la legislación que restringía de manera injustificada la libertad de expresión y anunció que no tenía intención de reformar la Ley de Imprentas y Editoriales ni la Ley contra la Sedición, y que no iba a revocar esta última. En diciembre, el gobierno aprobó apresuradamente una reforma de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia que, lejos de eliminar las restricciones impuestas a la libertad de expresión, las incrementaba. Durante la campaña previa a las elecciones generales de 2022, el gobierno había prometido revisar todas esas leyes. Las autoridades continuaron utilizando legislación represiva —como la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia y la Ley contra la Sedición— para silenciar las voces discrepantes.1
En enero, en aplicación del Código Penal, se presentaron cargos contra el director y el productor del largometraje prohibido Mentega Terbang por “ofender los sentimientos religiosos”. Al concluir el año continuaba en curso la revisión judicial contra la prohibición de la película por el gobierno.
En junio fue detenido por sedición el defensor de los derechos humanos Mukmin Nantang, que había manifestado preocupación por el desalojo de la comunidad bajau laut. Pese a haber quedado en libertad, seguía siendo investigado.2
En diciembre, el artista Fahmi Reza fue detenido por sedición y pasó un día en prisión por una caricatura del recién designado gobernador de Sabah, Musa Aman, que había sido acusado de cargos de corrupción.
El gobierno siguió restringiendo el contenido de las redes sociales mediante el envío de “solicitudes de eliminación” a esas plataformas. Las autoridades presentaron un proyecto de ley de Seguridad Online encaminado en parte a combatir el ciberacoso, pero los cambios que entrañaba despertaron temores con respecto a una futura censura.3 En diciembre, grupos de derechos criticaron al gobierno por la apresurada reforma de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia, que ampliaba las facultades para regular contenidos arbitrariamente.4
Libertad de reunión pacífica
Las autoridades seguían utilizando la Ley de Reunión Pacífica, el Código Penal y la Ley de Delitos Leves para restringir las protestas pacíficas. Sometían innecesariamente a investigación, detención y uso de la fuerza a personas tanto organizadoras como participantes.
Pese a la postura del gobierno a favor de los derechos del pueblo palestino, la policía invocó la Ley de Reunión Pacífica para investigar a manifestantes y personas que habían organizado actos de protesta, y en octubre detuvo a siete manifestantes favorables a Palestina cerca de la embajada de Estados Unidos. La sociedad civil condenó la acción, que consideró un caso inquietante de empleo indebido de la Ley de Reunión Pacífica que socavaba los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión.5
En marzo, la policía interrogó a cuatro personas que habían organizado la Marcha de las Mujeres de Malasia o participado en este acto convocado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Fueron investigadas en aplicación de la Ley de Reunión Pacífica y la Ley de Delitos Leves pese a haber notificado la concentración a la policía con antelación.
En junio, el gobierno del estado de Sabah detuvo a ocho estudiantes indígenas bajau laut apátridas, de los que al menos tres eran menores de edad. Permanecieron siete días recluidos en aplicación de la Ley de Inmigración tras participar en un acto de protesta pacífico ante las oficinas del ministro principal.6
En julio, la policía utilizó fuerza excesiva para impedir el paso a manifestantes pacíficos de la Asociación Teoh Beng Hock para el Progreso Democrático, una organización local de derechos humanos, durante una marcha en la que pedían justicia para las víctimas de muertes bajo custodia. Posteriormente, el grupo presentó una denuncia ante la Comisión Independiente sobre Conducta Policial.
Pena de muerte
Según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 14 de octubre, el Tribunal Federal conmutó 814 condenas a muerte preceptivas por penas de entre 30 y 40 años de prisión y flagelación. Durante el primer año en que la aplicación de la pena de muerte pasó a ser discrecional en virtud de la Ley de Abolición de la Pena de Muerte Preceptiva de 2023, se produjo un descenso significativo del número de condenas a muerte impuestas o confirmadas en apelación, y la cifra de personas en espera de ejecución se redujo en más de dos tercios.7 Sin embargo, los tribunales siguieron imponiendo la pena de muerte por delitos de drogas, lo que infringía el derecho y las normas internacionales.
En marzo, el gobierno confirmó ante el Parlamento que se iba a seguir respetando la moratoria de las ejecuciones. En diciembre, el gobierno votó a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU que solicitaba una moratoria de las ejecuciones hasta que se aboliera totalmente la pena de muerte.
Tortura y otros malos tratos
En enero, grupos de la sociedad civil —entre ellos, Amnistía Internacional— reclamaron más autoridad e independencia para la Comisión Independiente sobre Conducta Policial, a fin de que ésta pudiera abordar eficazmente los casos de conducta indebida de la policía.8
Según datos facilitados por el gobierno, entre 2022 y el 25 de mayo de 2024 se habían producido 24 muertes bajo custodia, todas ellas atribuidas oficialmente a razones médicas. Asimismo, entre enero y junio murieron 20 personas en centros de detención para inmigrantes.
En septiembre, el primer ministro anunció que la policía y la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (Suhakam) iban a investigar las lesiones y muertes ocurridas bajo custodia policial.
En octubre, un detenido de la prisión de Pokok Sena murió a consecuencia de una infección bacteriana tras habérsele aplicado la pena de flagelación por la que había sido conmutada su condena a muerte.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las personas refugiadas y migrantes se enfrentaban a ser recluidas por tiempo indefinido en condiciones duras. En marzo, el gobierno desmintió informes según los cuales en los centros de detención para inmigrantes se recurría a la tortura. Ese mismo mes abrió centros de detención para niños, niñas y familias indocumentados. Esta medida suscitó preocupación por la reclusión indefinida de unos 170 niños y niñas sin ningún plan de salida en libertad. En diciembre, las autoridades informaron de que había 17.326 personas detenidas en un total de 25 centros. El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, no tenía acceso a los centros de detención del país desde 2019.
En febrero, 131 personas detenidas se escaparon del Centro de Detención para Inmigrantes de Bidor, a consecuencia de lo cual se produjeron dos muertes. En octubre, un informe de la Comisión de Integridad de las Fuerzas del Orden confirmó la comisión de abusos graves en ese centro.9
Continuaron las deportaciones de personas migrantes detenidas, algunas de las cuales podían correr peligro de sufrir violaciones de derechos humanos a su regreso. El Tribunal Superior intervino para detener la deportación de un líder de la oposición bangladeshí y de un defensor egipcio de los derechos humanos. Sin embargo, en octubre una trabajadora doméstica fue deportada a Camboya tras haber criticado a dirigentes del gobierno camboyano.
Las redadas indiscriminadas de inmigrantes con el fin de detectar a personas migrantes indocumentadas continuaron siendo generalizadas.
Derechos de los pueblos indígenas
Las plantaciones de aceite de palma, la tala y la construcción de presas siguieron amenazando las tierras y los medios de vida de los pueblos indígenas. En julio, siete indígenas de la etnia temoq, en el estado de Pahang, demandaron a una plantación de aceite de palma por haber invadido sus tierras ancestrales. En septiembre, un tribunal detuvo las operaciones de una empresa hidroeléctrica en terrenos del pueblo indígena semai, en Perak, por falta del consentimiento adecuado.
Derecho a un medioambiente saludable
En junio, el gobierno anunció un programa que tenía por objeto reducir el empleo de carbón hasta que como máximo representara el 50% del total de la energía producida antes de 2035 y eliminarlo gradualmente hasta su total abandono antes de 2044. Sin embargo, esto supondría depender en mayor medida del gas natural como combustible de transición, lo cual podría prolongar la dependencia con respecto a los combustibles fósiles.
- Malaysia: Arrest of Bajau Laut human rights defender under the Sedition Act is a shameful attempt at suppressing peaceful dissent, 27 de junio ↩︎
- Malaysia: Passage of the Online Safety Bill a grave blow to freedom of expression, 12 de diciembre ↩︎
- Malaysia: End expansion of repressive laws undermining freedom of expression and civic space, 17 de diciembre ↩︎
- Malaysia: Drop investigations into seven pro-Palestine protesters detained near the US Embassy, 1 de octubre ↩︎
- Malaysia: Stop crackdown on Bajau Laut people, 22 de junio ↩︎
- Malaysia: One year since repeal of mandatory death penalty, violations of international law and standards continue despite overall decrease in death sentences, 4 de julio ↩︎
- Empower IPCC to remedy the public trust deficit in PDRM, 22 de enero ↩︎
- Malaysia: Urgent action needed to address EAIC’s findings of abuse in Bidor Temporary Immigration Detention Centre, 16 de octubre ↩︎