Malasia 2022
Las autoridades utilizaron leyes represivas para restringir la libertad de expresión. Se impidió la celebración de protestas pacíficas y se procesó a quienes las organizaron. Continuó el trato punitivo a las personas refugiadas y solicitantes de asilo y a la mano de obra migrante, incluida su detención indefinida y su devolución a países donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Se registraron nuevas muertes bajo custodia, algunas en centros de detención para inmigrantes, sin que nadie rindiera cuentas por ellas. La población LGBTI continuó sufriendo persecución.
Información general
Tras las elecciones parlamentarias de noviembre, el veterano líder de la oposición Anwar Ibrahim ocupó el cargo de primer ministro.
Libertad de expresión
Las autoridades continuaron utilizando leyes represivas para silenciar las voces críticas, tanto dentro como fuera de Internet. Según cifras del propio gobierno, en aplicación de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia la policía llevó a cabo 692 investigaciones entre enero de 2020 y junio de 2022, que se tradujeron en 87 procesamientos de artistas, intérpretes y activistas en el ámbito político. Durante los meses siguientes hubo informes de nuevas investigaciones y detenciones en aplicación de esta ley. También se utilizaron para reprimir la libertad de expresión la Ley contra la Sedición, la Ley de Imprenta y Publicaciones y la Ley de Censura Cinematográfica.
En febrero, la policía mantuvo detenido durante dos días al activista Fahmi Reza por la publicación de una imagen satírica sobre un ministro del gobierno en su cuenta de Twitter.1 En julio, en aplicación de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia y de otras leyes, la policía y las autoridades religiosas presentaron cargos contra dos personas por un espectáculo de humor en el que, al parecer, insultaban al islam. Las autoridades locales ordenaron el cierre de la sala. En octubre, la policía detuvo brevemente al activista político Jay Jay Denis por un tuit en el que se denunciaba la conducta indebida de un líder político.
Libertad de reunión
Si bien se habían revocado ya la mayoría de las leyes de control de la COVID-19 que se habían utilizado para evitar y disolver protestas, las autoridades continuaron impidiendo la celebración de manifestaciones pacíficas e investigando y acusando de la comisión de delitos a quienes las organizaban.
En abril, la policía interrogó a siete personas por haber participado en vigilias pacíficas para pedir el indulto para el ciudadano malasio Nagaenthran Dharmalingam antes de que fuera ejecutado en Singapur.2
En junio, la policía impidió a cientos de profesionales del derecho del Colegio de Abogados marchar hasta el Parlamento para protestar por la injerencia del gobierno en el poder judicial. Posteriormente se investigó a 3 dirigentes del Colegio de Abogados en aplicación de la Ley de Reunión Pacífica. En agosto, la policía invocó esa misma ley para presentar cargos contra 4 activistas por su participación en la organización de protestas en contra del gobierno en la capital, Kuala Lumpur. De ser condenadas, esas 4 personas se enfrentarían a multas de hasta 10.000 ringgits (unos 2.290 dólares estadounidenses).
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Se seguía tratando con dureza a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y persistían las denuncias de violaciones de derechos humanos en centros de detención para inmigrantes. En abril murieron 6 personas durante una fuga de población refugiada rohinyá recluida de manera indefinida en un centro de detención provisional para inmigrantes situado en Sungai Bakap (Penang). Una niña de 14 años murió días después a causa de las lesiones sufridas. Aunque se pidió al gobierno que investigara los hechos, seguía sin estar claro el responsable de esas muertes.3
En junio, una organización de derechos de las personas migrantes comunicó que 149 ciudadanos y ciudadanas de Indonesia habían muerto entre enero de 2021 y junio de 2022 en centros de detención para inmigrantes del estado de Sabah a causa de los malos tratos recibidos y de las deficientes condiciones de reclusión. El gobierno negó las acusaciones y se abstuvo de tomar medidas para investigarlas.
Las autoridades expulsaron a Myanmar a miles de personas —entre ellas, solicitantes de asilo— pese a la indignación internacional dadas las constantes y graves violaciones de derechos humanos que se producían en ese país.4 En octubre, la propuesta del gobierno de sustituir al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en la gestión de la población solicitante de asilo y refugiada suscitó temores con respecto al trato que esas personas recibirían en el futuro.
Tortura y otros malos tratos
A lo largo del año, al menos 21 personas murieron bajo custodia policial.
En julio, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley de la Comisión Independiente sobre Conducta Policial, por el que se establecía un órgano de supervisión de la policía. Sin embargo, este órgano carecía de la independencia y las facultades de investigación necesarias para investigar de manera efectiva la conducta indebida de la policía, especialmente en relación con las muertes bajo custodia. Entre los puntos que suscitaban preocupación figuraban las disposiciones que permitían designar a agentes de policía como miembros de la comisión de supervisión, así como el requisito de notificar previamente las visitas a las comisarías de policía y a otras dependencias policiales.5 También en julio, el Parlamento aprobó prorrogar la cláusula sobre detención en espera de juicio de la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales) de 2012, que permitía mantener detenida a una persona sin acceso a los tribunales ni a asistencia letrada hasta 28 días.6
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
La población LGBTI seguía sufriendo persecución y discriminación sistémicas tanto en la legislación como en la práctica. Las autoridades censuraban los contenidos culturales que, a su entender, tenían “componentes LGBT”, incluidas las películas, por lo que las empresas distribuidoras retiraban los filmes censurados de las salas de cine. En octubre, la policía y las autoridades religiosas irrumpieron en una fiesta de Halloween en Kuala Lumpur y mantuvieron detenidas toda la noche a 20 personas —algunas de ellas trans y artistas drag— por haber violado las leyes islámicas que condenaban el travestismo. En diciembre se aprobó una reforma de la sharia (ley islámica) en el estado de Terengganu que tipificaba como delitos el “intento de sodomía” y la “práctica de hacerse pasar por hombre siendo mujer”. El sexo anal seguía tipificado como delito en el Código Penal nacional.
Derechos de los pueblos indígenas
En julio, unas 200 personas indígenas acudieron hasta la asamblea legislativa del estado de Perak para protestar contra la pasividad del gobierno a la hora de proteger sus tierras ancestrales frente a la tala. En octubre, las autoridades reubicaron a la fuerza a más de 300 personas de una comunidad indígena de Nenggiri (estado de Kelantan) cuyas tierras habían sido confiscadas para construir una presa pese a su oposición al proyecto.
Pena de muerte
En octubre, el gobierno presentó ante el Parlamento una reforma legislativa para abolir la pena de muerte preceptiva para los delitos de drogas y otros 10 delitos más, pero propuso como alternativa castigos crueles e inhumanos, tales como la flagelación. Los proyectos de ley en cuestión no progresaron debido a las elecciones.7 Continuaba vigente la moratoria de las ejecuciones.
Actuación deficiente contra la crisis climática
Seguía en vigor la contribución prevista determinada a nivel nacional por el gobierno en julio de 2021, que establecía el compromiso de reducir las emisiones en un 45% para 2030 con respecto a las cifras de 2005 y que había sido tildada de poco ambiciosa por algunos grupos.
Ante el agravamiento de las inundaciones y la consiguiente evacuación de comunidades locales en los distritos de Valle Klang y Kuala Langat, entre otros lugares, el gobierno anunció en junio su intención de desarrollar un plan nacional de adaptación para establecer estrategias de respuesta a los efectos del cambio climático. Al concluir el año el plan no había sido finalizado aún.
- Malaysia: Fahmi Reza charged. Laws must not be used to stifle peaceful dissent, 10 de febrero
- Malaysia: Drop investigations into Nagaenthran vigils, 28 de abril
- Malaysia: Deaths of six detainees at Sungai Bakap, 21 de abril
- Malaysia: Halt forced deportation of people from Myanmar and ensure access to asylum, 21 de octubre
- Malaysia: CSO joint statement. Reject the Independent Police Conduct Commission, 22 de marzo
- Malaysia: Media quote. IPCC and SOSMA, 25 de julio
- Malasia: La decisión de abolir la pena de muerte preceptiva es un “paso positivo” en la dirección correcta, 10 de junio