Malasia 2023

El gobierno incumplió su compromiso de reformar la legislación que restringía el derecho a la libertad de expresión y continuó utilizando leyes represivas para silenciar las voces críticas e impedir la celebración de protestas pacíficas. Las personas refugiadas y migrantes siguieron recibiendo un trato punitivo con medidas tales como la reclusión indefinida y la devolución, en violación del principio de no devolución (non-refoulement). Se registraron nuevas muertes bajo custodia. Al abolirse la pena de muerte prescriptiva, 1.020 personas en espera de ejecución tenían la posibilidad de solicitar la revisión de sus condenas.

Libertad de expresión

El gobierno no tomó medidas para cumplir los compromisos de reformar las leyes que limitaban la libertad de expresión y aprobar una ley sobre libertad de información, contraídos durante la campaña de las elecciones generales de 2022.

Con el fin de silenciar las voces críticas tanto dentro como fuera de Internet, las autoridades continuaron recurriendo a legislación represiva, como la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia, disposiciones del Código Penal referentes a causar desunión u odio por motivos de religión o a infundir temor o alarma entre la población, y la Ley contra la Sedición. En marzo, la policía interrogó al director, el productor y otras cuatro personas que habían participado en el rodaje de una película criticada por autoridades gubernamentales y grupos religiosos y cuyo argumento giraba en torno a una mujer que exploraba el concepto de vida después de la muerte. El filme fue prohibido en septiembre, y al acabar el año la policía continuaba investigándolos.¹

El 16 de octubre fue detenido por sedición Kean Wong, editor del libro Rebirth: Reformasi, Resistance, and Hope in New Malaysia, que había sido prohibido en 2020. Aunque quedó en libertad 2 días más tarde, las investigaciones continuaron.²

Se utilizaba cada vez más la Ley de Imprenta y Publicaciones para restringir el derecho a la libertad de expresión de la población LGBTI. En febrero, el Ministerio del Interior prohibió tres libros por considerar que su contenido era “inmoral” y que promovían el “estilo de vida LGBTI”. En mayo, el ministerio confiscó y posteriormente prohibió productos con motivos LGBTI de una empresa de relojes internacionalmente conocida, e instauró nuevas sanciones de hasta tres años de prisión por venderlos o llevarlos puestos.

Libertad de reunión

Las autoridades siguieron utilizando la Ley de Reunión Pacífica, el Código Penal y la Ley de Delitos Leves para restringir el derecho de protesta pacífica.

En marzo, en aplicación de la Ley de Reunión Pacífica y de la Ley de Delitos Leves, la policía interrogó a siete personas que habían organizado y participado en la Marcha de las Mujeres de Malasia, celebrada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En mayo, en aplicación también de la Ley de Reunión Pacífica, la policía interrogó a las personas que habían organizado dos concentraciones con motivo del Día Internacional del Trabajo.

En julio, la policía detuvo a ocho miembros de la perseguida minoría religiosa ahmadí por haber participado en una concentración en apoyo a los derechos LGBTI. Aunque quedaron en libertad al día siguiente, todos ellos siguieron siendo investigados.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Se denunciaban constantemente violaciones de derechos humanos perpetradas en centros de detención de inmigrantes, donde se recluía a personas refugiadas y migrantes por tiempo indefinido. En febrero, los grupos de derechos humanos pidieron que se investigaran las condiciones de estos centros, tras haber revelado el gobierno que, en 2022, habían muerto en ellos 150 personas extranjeras, de las que 7 eran menores y 25, mujeres. En diciembre, las autoridades desvelaron que había 12.400 personas recluidas, entre ellas 1.400 menores, en centros de detención para inmigrantes. En agosto se anunció el traslado de 80 menores y sus progenitores o tutores a centros provisionales “más indicados para atenderlos”, medida que fue criticada por los grupos de derechos humanos, ya que implicaba la prolongación de su detención indefinida.

En enero, las autoridades expulsaron a Myanmar a 114 personas (hombres, mujeres, niñas y niños), pese a que allí corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Todas ellas estaban pendientes de un recurso de apelación que habían interpuesto Amnistía Internacional Malasia y Asylum Access Malaysia para impedir su expulsión a Myanmar.³

En abril, el gobierno comunicó que estaba investigando la llegada de cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes que, a pesar de haber pagado tasas exorbitantes a intermediarios, se encontraban sin trabajo y, por tanto, expuestos a ser sometidos a trabajo forzoso. En diciembre, la policía efectuó más de 1.000 detenciones en redadas dirigidas contra personas migrantes indocumentadas en la capital, Kuala Lumpur; en Johor fueron detenidos 171 trabajadores migrantes cuando trataban de denunciar en la policía local a las agencias que no les habían proporcionado el trabajo prometido.

En el estado de Selangor se produjo un presunto caso de desaparición forzada cuando personas no identificadas secuestraron en su domicilio a la refugiada y activista birmana Thuzar Maung, a su esposo, Saw Than Tin Win, y a sus tres hijos. Aunque se había abierto una investigación al respecto, la familia continuaba en paradero desconocido.⁴

Pena de muerte

La Ley de Abolición de la Pena de Muerte Preceptiva de 2023, que entró en vigor en julio, abolió por completo la pena de muerte para 7 delitos e introdujo la discrecionalidad en la imposición de penas para todos los delitos en los que era de aplicación la pena de muerte preceptiva. Se aprobaron como penas alternativas a la pena de muerte discrecional y sustitutivas de la cadena perpetua penas de prisión de entre 30 y 40 años y flagelación, lo que constituía una violación de la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.⁵

El 12 de septiembre entró en vigor la Ley de Revisión de la Condena a Muerte y Prisión de por Vida (Jurisdicción Temporal del Tribunal Federal), que ofrecía la posibilidad de solicitar una revisión de sus condenas a todas aquellas personas que hubieran sido condenadas a muerte o a cadena perpetua y cuyas condenas hubieran sido confirmadas por el Tribunal Federal. Un total de 1.020 personas cumplían los requisitos para acogerse a esta ley.⁶

Siguió en vigor la moratoria de las ejecuciones establecida en 2018, pero los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte por delitos en los que podía aplicarse la pena capital.

Tortura y otros malos tratos

Al menos 13 personas, 3 de ellas extranjeras, murieron bajo custodia policial.

El 18 de octubre entró en vigor la Ley de la Comisión Independiente sobre Conducta Policial, por la que se establecía un órgano de supervisión de la policía e investigación sobre casos de conducta policial indebida, pese a las críticas que dicha comisión había recibido por falta de independencia y de facultades de investigación y de imposición de medidas.⁷

Derechos de los pueblos indígenas

Las plantaciones de aceite de palma, la tala y la construcción de presas siguieron amenazando las tierras y los medios de vida de los pueblos indígenas. En abril, siete indígenas de la etnia temoq demandaron al gobierno por haber aprobado un informe de evaluación sobre el impacto ambiental de un proyecto de plantación de aceite de palma en el distrito de Rompin (estado de Pahang). En la demanda se argumentaba que el gobierno no había tenido en cuenta que el proyecto violaba sus derechos a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.

Derecho a un medioambiente saludable

En febrero, pese a haber prometido que estaría listo antes de que terminara 2022, el gobierno comunicó que necesitaría entre 2 y 3 años para elaborar un proyecto de ley nacional sobre cambio climático destinado a regular jurídicamente acciones de mitigación del cambio climático.