La situación de los derechos humanos experimentó un deterioro al que contribuyeron las investigaciones sobre activistas de derechos humanos y personas críticas con el gobierno, las redadas masivas contra migrantes sin documentos y las devoluciones sin el debido procedimiento de embarcaciones de personas refugiadas. La población LGBTI continuó sufriendo discriminación, mientras que la tala y la minería siguieron amenazando a las comunidades indígenas. Bajo el nuevo gobierno quedaron paralizadas las reformas de derechos humanos, como la formación de una comisión independiente de supervisión de la policía y la abolición de la pena de muerte preceptiva.
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