Se investigó, detuvo y procesó a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, dirigentes de la oposición y otras personas por criticar al gobierno. El gobierno aprovechó las medidas implantadas contra la COVID-19 para restringir los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Se registraron nuevas muertes bajo custodia, aunque nadie rindió cuentas por ellas. Continuaron las redadas de inmigración, las detenciones y otras formas de persecución contra personas refugiadas y solicitantes de asilo y contra la mano de obra migrante. Aumentó la discriminación contra la población LGBTI.
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