Las autoridades utilizaron leyes represivas para restringir la libertad de expresión. Se impidió la celebración de protestas pacíficas y se procesó a quienes las organizaron. Continuó el trato punitivo a las personas refugiadas y solicitantes de asilo y a la mano de obra migrante, incluida su detención indefinida y su devolución a países donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Se registraron nuevas muertes bajo custodia, algunas en centros de detención para inmigrantes, sin que nadie rindiera cuentas por ellas. La población LGBTI continuó sufriendo persecución.
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