Nicaragua

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre cuestiones de soberanía o disputas territoriales. Las fronteras trazadas en este mapa se basan en datos del servicio Geospatial de la ONU.
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Nicaragua 2022

Persistía la crisis de derechos humanos. Se seguía hostigando y encausando a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas. Las personas detenidas en el marco de la crisis sufrían duras condiciones de reclusión y carecían de garantías de juicio justo. Los pueblos indígenas seguían en situación de riesgo.

Información general

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo de rendición de cuentas independiente por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018 en Nicaragua.1 Además, el Consejo expresó su preocupación por la desvinculación del país de los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Durante el año, el gobierno redujo las relaciones diplomáticas que mantenía con otros actores a nivel internacional. En marzo, el nuncio apostólico fue expulsado del país. Durante abril y mayo, el gobierno retiró a su cuerpo diplomático de la Organización de Estados Americanos, exigió que el personal de esa organización abandonara el país y ocupó sus oficinas de la capital, Managua. Asimismo, en septiembre expulsó al embajador estadounidense.

El gobierno retiró la personería jurídica a la mayoría de los partidos políticos para excluirlos de las elecciones municipales de noviembre. Tras estas elecciones, la policía reprimió las manifestaciones de simpatizantes del partido político indígena YATAMA en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte; al menos 19 personas fueron sometidas a detención arbitraria.

Libertad de expresión

El gobierno continuó endureciendo las restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, asociación pacífica y reunión, lo que dificultó la actividad de los movimientos políticos y sociales.

Las personas que ejercían el activismo político y las que eran consideradas detractoras de las políticas gubernamentales sufrieron diversas formas de hostigamiento. En agosto, la policía impidió que el obispo de Matagalpa, que se había pronunciado contra las políticas represivas del gobierno, acudiera a la catedral a celebrar la misa. Ese mismo mes, el gobierno inició una investigación penal contra el prelado, que al finalizar el año fue puesto bajo arresto domiciliario.

Los periodistas y los medios de comunicación siguieron encontrando obstáculos a su trabajo, mientras que los ataques y el hostigamiento que sufrían quedaban impunes. Al menos 2 periodistas fueron condenados a penas de prisión tras sendos juicios injustos. Durante el año se clausuraron al menos 15 emisoras de radio y canales televisión. En agosto, la policía irrumpió en una capilla católica de la localidad de Sébaco en una operación para confiscar los equipos de una emisora de radio que había sido cerrada.

El gobierno denegó la entrada en el país a personas consideradas críticas —incluidas algunas de nacionalidad nicaragüense— entre las que figuraban artistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, figuras académicas y sacerdotes.

En octubre, expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron al gobierno a que se abstuviera de utilizar la legislación de forma arbitraria y de emplear prácticas abusivas para restringir la participación de la ciudadanía y su libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

Represión de la disidencia

Las autoridades cancelaron la personería jurídica de más de 1.000 organizaciones durante el año siguiendo la tendencia de cerrar espacios de la sociedad civil que había comenzado en 2018, continuado con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de 2020, y que se había intensificado en 2022 con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.

Las personas y ONG que defendían los derechos humanos seguían estando sometidas a hostigamiento e intimidación. Las organizaciones cuya personería jurídica había sido cancelada desde 2018 seguían temiendo represalias por llevar a cabo su labor, y no recuperaron sus bienes.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos exiliados en Costa Rica y otros países de la región no podían regresar a Nicaragua en condiciones de seguridad, y continuaban realizando su trabajo desde otros países.

Al concluir el año, el gobierno había cerrado al menos 12 universidades, aparentemente en represalia por las posturas políticas de algunos miembros del personal y del estudiantado.

Impunidad

Persistía la impunidad por crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos —como la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura y otros malos tratos— cometidos en el pasado.

Derechos de las personas detenidas

Al terminar el año, 225 personas (26 mujeres y 199 hombres) seguían detenidas en relación con la crisis de derechos humanos iniciada en 2018.

Las condiciones de su reclusión vulneraban el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Las ONG y los familiares de los detenidos expresaron su preocupación por la detención incomunicada durante periodos prolongados, la negación de la atención médica, la prohibición de las visitas de familiares y otras violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad. Las mujeres sufrieron violaciones de derechos humanos en razón de su sexo, tales como insultos de carácter sexual, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y restricciones adicionales a las visitas de sus hijos pequeños. Algunas personas fueron recluidas en instalaciones policiales en lugar de en centros de detención oficiales.

En febrero, Hugo Torres Jiménez, destacado político de la oposición detenido en 2021, murió bajo custodia del Estado. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos expresó su preocupación por ese caso y por la salud de otras personas que estaban detenidas, o lo habían estado, en el complejo policial Evaristo Vásquez de la ciudad de Managua.

Juicios injustos

Las autoridades investigadoras y fiscales infringían constantemente las garantías de juicio justo.

En febrero, la Fiscalía General de la República anunció el comienzo de los juicios de varias personas opositoras y críticas al gobierno que se encontraban detenidas. Las autoridades no garantizaron el derecho de los acusados a reunirse con sus abogados con tiempo y privacidad suficientes para preparar su defensa. Los abogados no pudieron examinar los expedientes judiciales antes de las vistas.

A lo largo del año se enjuició al menos a 50 personas detenidas en los disturbios políticos que habían estallado en 2018. Muchas de ellas fueron declaradas culpables y condenadas a penas de hasta 13 años de prisión por delitos políticos y relacionados con la corrupción. Algunas causas se tramitaron en una cárcel y no ante un tribunal normal. Se siguió impidiendo la presencia de observadores en los procesos, que se celebraron a puerta cerrada.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes seguían enfrentándose a discriminación y obstáculos en el ejercicio de sus derechos.

En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de los miembros de las comunidades Musawas, Wilú y Suniwas del pueblo indígena Mayangna, que se encontraban en situación de riesgo por las constantes dificultades que planteaba el proceso de regularizar la propiedad de sus territorios.

En abril, al menos 25 familias miskitas se vieron forzadas a desplazarse de sus asentamientos de la aldea de Sang Sang (en la zona de la Costa Caribe) tras recibir amenazas de particulares armados en el contexto de acciones de despojo de tierras.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la violencia ejercida contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, y pidió a las autoridades que protegieran los derechos de esos colectivos.


  1. Nicaragua: El mecanismo de rendición de cuentas de la ONU es un paso fundamental para lograr justicia, 31 de marzo