Nicaragua 2025
Continuaron consolidándose patrones de represión que incluían la privación arbitraria de la nacionalidad, las restricciones indebidas a la libertad de circulación, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de personas disidentes, así como las limitaciones severas a la libertad de expresión y de religión. Persistía el uso de prácticas autoritarias de cierre del espacio cívico, como la cancelación de la personería jurídica y la confiscación de bienes de organizaciones sociales.
Información general
Las autoridades aprobaron una reforma constitucional que eliminaba la prohibición de la tortura y restringía la doble nacionalidad. Paralelamente, el Estado amplió su aparato represivo mediante la creación de una “reserva militar patriótica” y la toma de juramento de miles de policías voluntarios. Nicaragua también anunció su retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y suspendió la cooperación con organismos multilaterales. No obstante, la comunidad internacional mantuvo sus iniciativas en favor de la rendición de cuentas y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) renovó su mandato por dos años.
Libertad de circulación
El GHREN documentó 318 prohibiciones de ingreso en Nicaragua entre 2018 y 2025 y advirtió que la cifra real podía ser mayor debido al temor de las víctimas a sufrir represalias, como la usurpación de bienes. Estas medidas afectaban a nacionales nicaragüenses —que quedaban en situación de destierro al no poder regresar a su país— y a personas extranjeras, entre ellas periodistas y personal de organismos internacionales. En el primer trimestre de 2025, organizaciones y medios locales registraron al menos 290 casos adicionales de personas nicaragüenses a quienes se había impedido entrar en el país en virtud de la reforma de la Ley de Migración y los ajustes al Código Penal que permitían negar el ingreso o expulsar a quienes se considerara que representaban una “amenaza” o un “riesgo social” o que eran capaces de “menoscabar” la soberanía nacional. Entre las personas afectadas había profesionales de los ámbitos de la salud, la empresa y el periodismo.
Libertad de asociación
Continuó el uso de prácticas y normas restrictivas de la libertad de asociación como estrategia principal del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para desmantelar el espacio cívico. Además de la aplicación sostenida de la Ley núm. 1115 y la legislación conexa, el Ministerio de Gobernación emitió en marzo normativa que reforzaba la supervisión administrativa y financiera de las organizaciones sin fines de lucro —imponiendo nuevas obligaciones de diligencia debida, presentación de informes y trazabilidad de donantes y beneficiarios— y ampliaba las facultades de inspección y suspensión por supuestos incumplimientos. En la práctica, estas disposiciones facilitaban la cancelación de las personerías jurídicas y hacían aumentar el riesgo de congelamiento de cuentas y cese inmediato de las operaciones.
De acuerdo con informes de organizaciones en el exilio y medios de comunicación, durante el año se registraron nuevas oleadas de cancelaciones que inhabilitaron al menos a una veintena de organizaciones de diversa índole. También continuó la confiscación de edificios, terrenos y equipos de las ONG clausuradas, medios de comunicación y personas desterradas o desnacionalizadas, cuyos bienes pasaban al Estado.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualizó su base de datos e informó de la cancelación de miles de organizaciones desde 2018, calificándola de ataque sistemático al espacio cívico.
Represión de la disidencia
Persistieron las detenciones arbitrarias de personas disidentes o percibidas como tales. Organizaciones locales registraron más de 50 casos durante el año y la agrupación de organizaciones de la sociedad civil Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas documentó que, en diciembre, al menos 60 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos, varias de ellas en situación de desaparición forzada por ocultamiento de paradero y negación de visitas. El GHREN advirtió que el resurgimiento de las desapariciones forzadas constituía uno de los hechos más preocupantes observados desde el inicio de su mandato.
La derogación del artículo 36 de la Constitución, que prohibía expresamente la tortura, supuso un debilitamiento de las salvaguardas existentes y un aumento del riesgo para la integridad física de las personas privadas de libertad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó las muertes bajo custodia de Carlos Cárdenas Zepeda y Mauricio Alonso Petri el 29 y 25 de agosto, respectivamente, y exigió investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas.
Durante el año, la Comisión también solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampliar las medidas provisionales para proteger la vida e integridad de algunas personas detenidas. El 4 de febrero, la Corte ordenó la liberación del periodista Catalino “Leo” Cárcamo al constatar un riesgo grave de daño irreparable a sus derechos. En noviembre fue excarcelado y sometido a detención domiciliaria, condición que seguía restringiendo sus derechos.
Libertad de religión o de creencias
Se intensificó la persecución religiosa. Según informes de prensa y organizaciones nicaragüenses e internacionales, las autoridades expulsaron al menos a 30 monjas clarisas y desalojaron tres de sus monasterios en Managua, Matagalpa y Chinandega. Por segundo año consecutivo se restringieron o prohibieron algunas celebraciones religiosas, con medidas que incluían la vigilancia a parroquias y el congelamiento de cuentas bancarias de miembros críticos del clero.