La crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir la disidencia. La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 no tenía en cuenta las recomendaciones sanitarias de las organizaciones internacionales. Continuó la detención y reclusión arbitraria de personas que hacían activismo político, y se adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la disidencia. Cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes y solicitantes de asilo nicaragüenses que trataban de regresar al país en el contexto de la pandemia se enfrentaron a los obstáculos impuestos por el gobierno. Persistía la impunidad de las personas sospechosas de ser penalmente responsables de la violencia cometida contra los pueblos indígenas.
Leer másNo utiliza la pena de muerte
