La crisis de derechos humanos persistía en Nicaragua. Periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil. Con frecuencia, se recluyó arbitrariamente a activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Los pueblos indígenas seguían soportando violencia. El gobierno no proporcionó información precisa sobre la pandemia de COVID-19.
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