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LÍBANO 2020

Las autoridades continuaron reprimiendo el movimiento de protesta iniciado en octubre de 2019, valiéndose para ello del envío de reiteradas citaciones a activistas para responder ante instituciones de seguridad y militares por cargos penales de difamación, y del uso de fuerza excesiva, incluidos munición real, gas lacrimógeno y balas de goma, contra protestas en su mayoría pacíficas. Las autoridades estatales rechazaron las peticiones de una investigación internacional sobre una devastadora explosión ocurrida en el puerto de Beirut. Las denuncias de tortura siguieron sin ser objeto de investigación efectiva. Decenas de trabajadoras domésticas migrantes fueron despedidas y quedaron abandonadas a su suerte, sin pasaporte ni salario: el Ministerio de Trabajo había aprobado un contrato unificado estándar revisado para la población trabajadora migrante, que introducía nuevas medidas de protección para el sector doméstico, incluidas salvaguardias esenciales contra el trabajo forzoso, pero un órgano judicial de revisión suspendió su implementación.

Información general

El gobierno de Hassan Diab obtuvo el voto de confianza del Parlamento el 11 de febrero, después de que el gobierno de su predecesor hubiera dimitido en respuesta al movimiento de protesta de octubre de 2019, que pedía el fin de la corrupción y un cambio radical en la élite política. La crisis económica se agravó y el desempleo aumentó exponencialmente; según la ONU, más del 55% de la población vivía en la pobreza, casi el doble que el año anterior. El 7 de marzo, por primera vez en la historia de Líbano, el gobierno suspendió el pago de los casi 90.000 millones de dólares estadounidenses de deuda del país. Al finalizar el año, la libra libanesa había perdido más del 80% de su valor; quienes tenían ahorros en dólares estadounidenses no podían acceder a ellos, sino sólo retirar libras a menos del 50% del tipo del mercado negro, y la inflación había aumentado al 133,5%.

El 4 de agosto, una gigantesca explosión en la zona del puerto de Beirut causó la muerte de al menos 204 personas (9 estaban sin localizar) y heridas a más de 6.500, y dejó sin hogar o desplazadas a unas 300.000. La onda expansiva provocó daños materiales a distancias de hasta 20 kilómetros, y el Banco Mundial calculaba que la reparación costaría entre 3.800 y 4.600 millones de dólares estadounidenses. Según el presidente Aoun, la explosión fue causada por 2.750 toneladas de nitrato amónico que llevaban años almacenadas en el puerto, mientras las autoridades se culpaban mutuamente de lo ocurrido.

El 10 de agosto, el gobierno de Hassan Diab dimitió en medio de la indignación pública por la explosión. El 22 de octubre, el Parlamento nombró primer ministro a Saad Hariri, quien no había logrado formar gobierno al concluir el año.

En noviembre, tras el decretado en marzo, el país entró en un segundo confinamiento total, debido a un repunte de los índices de COVID-19 y a la escasez creciente de camas de UCI.

En diciembre, el Parlamento aprobó una ley que penalizaba el acoso sexual específicamente en el lugar de trabajo. Era la primera ley de Líbano que castigaba esta conducta, aunque no establecía un mecanismo para presentar denuncias al margen del sistema de justicia penal. El Parlamento aprobó también reformas que abordaban algunas de las deficiencias de la ley de 2014 sobre violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y endurecían las penas por trabajo sexual.

Impunidad

Tras la explosión de Beirut, las autoridades estatales se culparon mutuamente de lo ocurrido, y se filtraron unos documentos oficiales que indicaban que las autoridades aduaneras, militares y de seguridad, así como el poder judicial, habían advertido a los sucesivos gobiernos de la peligrosa acumulación de productos químicos al menos 10 veces en los últimos seis años. Debido a la falta de confianza en los procedimientos estatales, las víctimas, sus familiares y organizaciones de derechos humanos pidieron un mecanismo de investigación internacional. No obstante, lo que hicieron las autoridades fue remitir la investigación al Consejo Judicial —tribunal de excepción cuyos procedimientos carecían intrínsecamente de independencia e imparcialidad y que no tenía competencia para juzgar a autoridades en ejercicio—, a pesar de las graves denuncias formuladas contra las instituciones públicas.1

El 18 de agosto, la sala de primera instancia del Tribunal Especial para el Líbano de La Haya, creado en 2009 para juzgar a los responsables del asesinato, en 2005, del ex primer ministro Rafik Hariri, declaró culpable a un hombre y absolvió a otros tres. Todos ellos habían sido juzgados in absentia.

Tres años después de la promulgación de la Ley contra la Tortura de 2017, continuaba la impunidad de esta práctica. Las denuncias casi nunca llegaban a los tribunales, y la mayoría se archivaban sin una investigación efectiva, muchas veces porque se remitían para ello a las mismas agencias acusadas de la tortura o al sistema de justicia penal militar.2

Tras la única vista celebrada ante un juez instructor en abril de 2019, no hubo más actuaciones relativas a la denuncia de tortura presentada por el actor Ziad Itani. En agosto, uno de los funcionarios denunciados fue ascendido. En septiembre, ese mismo funcionario y su superior presentaron una querella contra Ziad Itani, acusándolo de difamación por “difundir acusaciones falsas y dañar el prestigio del Estado” en publicaciones de las redes sociales donde hablaba de su tortura.

En febrero, la fiscalía militar cerró la investigación de 15 denuncias que había presentado el Comité de Abogados para la Protección de Manifestantes en nombre de 17 personas en diciembre de 2019 y en las que se enumeraban actos de tortura y otros malos tratos perpetrados durante protestas, detenciones y traslados a centros de detención y dentro de éstos.

Detención y reclusión arbitrarias

Entre el 17 de octubre de 2019 y el 15 de marzo de 2020, los servicios de Inteligencia Militar, las Fuerzas de Seguridad Interna y otras agencias de seguridad detuvieron arbitrariamente, a menudo sin orden judicial, a 967 personas que protestaban pacíficamente, a las que sometieron a palizas brutales y vendaron los ojos, así como a tortura y otros malos tratos bajo custodia, para obtener “confesiones”; las autoridades no investigaron los hechos. En tres días —14, 15 y 19 de enero— se detuvo arbitrariamente a 167 manifestantes en Beirut.3

El 30 de septiembre, el Parlamento aprobó reformas del artículo 47 del Código de Procedimiento Penal que garantizaban el derecho de las personas en prisión preventiva a contar con la presencia de asistencia letrada durante los interrogatorios y la grabación audiovisual de éstos. Sin embargo, se añadió una disposición que permitía la ampliación indefinida de la prisión preventiva, establecida con anterioridad en un máximo de cuatro días, si la persona detenida era trasladada de un centro de detención a otro.

Derecho a la salud

Miles de personas encarceladas corrieron mayor riesgo de exposición a la COVID-19 debido al persistente hacinamiento y las inadecuadas condiciones de vida, a menudo sin acceso a medidas preventivas apropiadas. A partir de marzo, estallaron varios motines en prisiones, y familiares de personas detenidas y presas hicieron sentadas frente a comisarías de policía y cárceles para pedir su libertad. El 6 de abril, en el marco de las medidas adoptadas por el gobierno para contener la propagación de la COVID-19, el Ministerio del Interior anunció la excarcelación de más de 600 personas recluidas en espera de juicio.4

Libertad de expresión

Entre enero y julio, las autoridades judiciales y de seguridad citaron al menos a 60 activistas y periodistas para interrogarlos en relación con cargos penales de difamación, en su mayoría vinculados con publicaciones de las redes sociales donde apoyaban al movimiento de protesta o criticaban a las autoridades.5 Todas las personas citadas fueron interrogadas —algunas de forma reiterada y en ocasiones durante el confinamiento por la COVID-19— por agencias de seguridad y militares que no tenían atribuciones para investigar asuntos relacionados con la libertad de expresión.

En junio, el Ministerio Público ordenó a la Oficina Central de Investigación Penal que investigase e identificase a las personas que publicasen en las redes sociales declaraciones o fotos modificadas con Photoshop consideradas ofensivas para el presidente y entablara actuaciones judiciales contra ellas por difamación, calumnia, libelo, insulto y difusión pública de esas publicaciones.

Libertad de reunión

Las protestas de quienes consideraban que no se había atendido su petición de un cambio político auténtico continuaron en el primer trimestre del año y hasta el confinamiento por la COVID-19 de marzo.

En respuesta a las protesta, en enero, febrero y agosto, las fuerzas armadas, las Fuerzas de Seguridad Interna y la Policía Parlamentaria usaron fuerza excesiva, incluidos munición real, perdigones de goma y gas lacrimógeno, contra manifestantes en su mayoría pacíficos y no los protegieron de partidarios armados de partidos políticos. El 19 de enero, las Fuerzas de Seguridad Interna usaron ilegítimamente balas de goma a corta distancia, además de cañones de agua, gas lacrimógeno y porras, para dispersar las protestas en Beirut e hirieron a cientos de manifestantes. Al menos dos mujeres que fueron detenidas dijeron que la policía las había amenazado con violarlas. La Cruz Roja libanesa anunció que al menos 409 manifestantes habían resultado heridos en dos noches.

El 8 de agosto, miles de personas se congregaron en la plaza de los Mártires de Beirut para reclamar justicia para las víctimas de la explosión del puerto. El ejército y las fuerzas de seguridad respondieron usando fuerza ilegítima contra manifestantes desarmados y lanzaron de forma temeraria gas lacrimógeno y balas y perdigones de goma, lo que causó lesiones a más de 230 personas.6

Derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes

Las trabajadoras migrantes continuaron sufriendo prácticas discriminatorias en virtud del sistema de patrocinio laboral (kafala). Debido a la crisis económica asociada a la propagación de la COVID-19, fueron despedidas decenas de trabajadoras domésticas migrantes que no pudieron regresar a sus países de origen. A partir de mayo, las entidades empleadoras abandonaron a decenas de ellas frente a sus consulados o embajadas, a menudo sin sus pertenencias o ni siquiera sus pasaportes. Muchas de ellas dijeron que sus entidades empleadoras habían dejado de pagarles y se negaban a proporcionarles un billete para regresar a su país, tal como estipulaban sus contratos.7

El Ministerio de Trabajo, en consulta con el grupo de trabajo sobre el sistema de kafala facilitado por la Organización Internacional del Trabajo, elaboró borradores de un contrato unificado estándar revisado y, en septiembre, la ministra aprobó la decisión ministerial 1/90, por la que se adoptaba un contrato unificado estándar revisado para las trabajadoras migrantes. El contrato reconocía los derechos a dejar su empleo sin perder la situación migratoria, cambiar de entidad empleadora sin el consentimiento de la anterior y cobrar al menos el salario mínimo nacional con una deducción permisible por los pagos en especie de la entidad empleadora, como la comida y el alojamiento. Además, prohibía a las entidades empleadoras confiscar el pasaporte y los documentos de identidad de las trabajadoras y concedía a éstas libertad de circulación durante los periodos de descanso diarios y semanales. Sin embargo, el 14 de octubre, la Asamblea Consultiva —máximo tribunal administrativo del país— suspendió la aplicación de la decisión de introducir el nuevo contrato, tras un recurso presentado por el Sindicato de Entidades Propietarias de Agencias de Contratación, por considerar que el nuevo contrato causaba “graves perjuicios” a los intereses de las agencias. El Consejo no hizo referencia alguna a los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes.8

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Líbano continuaba acogiendo a alrededor de 1,5 millones de personas refugiadas sirias, incluidas las 879.598 inscritas en el registro del ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, y, según el gobierno, unas 550.000 no inscritas debido a la decisión de las autoridades de prohibir a la Agencia la inscripción de nuevas llegadas procedentes de Siria desde 2015.

Prosiguieron hasta marzo los retornos organizados a Siria sin que las personas afectadas tuvieran derecho a recurrir contra su deportación alegando problemas de protección. El 14 de julio, el gobierno adoptó otro documento de política general que le permitía continuar con la que venía aplicando para impulsar el retorno de personas refugiadas a Siria y que ponía a muchas en riesgo de sufrir devolución (refoulement). Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Sociales suspendió la implementación del plan tras la explosión de Beirut.

En noviembre, el ACNUR anunció que, entre agosto y septiembre, nueve países de reasentamiento habían dado prioridad a las salidas desde Líbano cuando se levantaran las medidas de confinamiento, tras haber aceptado a 1.027 personas.

La población palestina refugiada inscrita en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, la agencia de la ONU para esta población, era de más de 470.000 personas, 29.000 de las cuales procedían de Siria. Las aproximadamente 180.000 que, según cálculos, continuaban viviendo en el país, seguían estando sometidas a leyes discriminatorias que les impedían poseer y heredar propiedades, acceder a la educación y a los servicios de salud públicos y trabajar en al menos 36 profesiones.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.


  1. Lebanon: Only an international investigation can ensure Beirut explosion victims’ rights to truth, justice and remedy (MDE 18/2997/2020)
  2. Lebanon: Authorities’ failure to implement anti-torture law is a disgrace (noticia, 25 de noviembre)
  3. Las protestas de Líbano (noticia, 18 de septiembre)
  4. Líbano: El gobierno debe poner en libertad con urgencia a más personas presas para prevenir la propagación de la COVID-19 (noticia, 21 de abril)
  5. Lebanon: Punishing the October protest movement (MDE 18/2628/2020)
  6. Líbano: Nuevos testimonios de ataques del ejército y las fuerzas de seguridad contra manifestantes desarmados tras las explosiones (noticia, 11 de agosto)
  7. Líbano: Hay que proteger al personal doméstico migrante abandonado (noticia, 3 de junio)
  8. Líbano: Golpe a los derechos de las trabajadoras migrantes domésticas (noticia, 30 de octubre)