Líbano 2024

El conflicto armado entre Israel y el grupo armado Hezbolá se cobró miles de vidas y tuvo un impacto devastador en la población civil de Líbano. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil. Hezbolá también lanzó repetidos ataques con cohetes no guiados contra el norte de Israel en contravención del derecho internacional humanitario. A pesar de algunas reformas positivas, el gobierno libanés no garantizó plenamente el derecho a la seguridad social. Muchos edificios no cumplían las mínimas normas de seguridad y el derrumbe de estructuras de uso residencial causó muertes. Las autoridades sometieron a hostigamiento e intimidación a periodistas y personas críticas con el gobierno valiéndose para ello de la legislación penal sobre difamación. El gobierno retiró rápidamente una declaración que se había formulado para aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional en Líbano, y la investigación sobre la explosión ocurrida en el puerto de la capital, Beirut, en 2020 continuó suspendida. Las autoridades aumentaron la presión sobre la población refugiada siria para que abandonara Líbano. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica.

Información general

El Parlamento no eligió presidente durante el año y el gobierno siguió funcionando con carácter interino.

El conflicto entre el grupo armado libanés Hezbolá e Israel se intensificó significativamente. El 23 de septiembre, el ejército israelí lanzó la operación Flechas del Norte, en la que atacó miles de objetivos en todo Líbano y mató a más de 500 personas durante las primeras 24 horas. El 27 de septiembre, los ataques aéreos israelíes contra Beirut causaron la muerte del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. El 1 de octubre, Israel inició una invasión terrestre en el sur de Líbano. Entre el 8 de octubre de 2023 y el 28 de noviembre de 2024 habían perdido la vida de manera violenta más de 4.047 personas, entre ellas al menos 240 niños y niñas, y habían resultado heridas al menos 16.638, la inmensa mayoría a partir de septiembre de 2024. Más de 1,2 millones de personas se vieron desplazadas por el conflicto. En Israel, más de 100 personas murieron en ataques con cohetes de Hezbolá y 63.000 resultaron desplazadas. En la región siria de los Altos del Golán ocupada por Israel murieron 12 civiles.

El 27 de noviembre, Israel y Líbano acordaron un alto el fuego, pero se registraron numerosas violaciones de él en los días siguientes. Según estimaciones del Banco Mundial, el coste de los daños materiales y las pérdidas económicas provocados en Líbano por el conflicto con Israel ascendía en octubre a 8.500 millones de dólares estadounidenses.

Según la Administración Central de Estadística, la tasa de inflación anual media del índice de precios al consumo se situó en el 45,24%, casi 80 puntos menos que en 2023, con lo que la inflación había vuelto a tasas de dos dígitos tras tres años de fluctuación entre el 100 y el 300%. La reducción se atribuyó predominantemente a la estabilidad de tipo de cambio a fecha de agosto de 2023.

Los ataques israelíes destruyeron decenas de miles de olivos y dañaron suelo agrícola en todo Líbano. Entre el 8 de octubre de 2023 y noviembre de 2024 resultaron dañadas 2.000 hectáreas de tierra y murieron 340.000 cabezas de ganado, y en torno al 75% de las personas dedicadas a la agricultura perdieron su principal fuente de ingresos, según el gobierno libanés.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Las fuerzas israelíes cometieron violaciones del derecho internacional humanitario en Líbano, como ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, ataques indiscriminados y ataques desproporcionados, que posiblemente constituyeran crímenes de guerra.

El ejército israelí emitió advertencias de evacuación inadecuadas y, en algunos casos, engañosas en los barrios del sur de Beirut y en el sur de Líbano, incumpliendo la obligación contraída por Israel en virtud del derecho internacional de tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo los daños a civiles.

El ejército israelí dejó deliberadamente un rastro de destrucción tras de sí en su avance a través de Líbano, en ocasiones arrasando pueblos enteros. En el sur del país, muchos pueblos quedaron inhabitables al destruir las fuerzas israelíes estructuras civiles. Amnistía Internacional identificó 21 pueblos dañados significativamente o destruidos por las fuerzas terrestres israelíes entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre. En cada uno de ellos sus soldados habían destruido edificios civiles con cargas explosivas colocadas manualmente o con excavadoras. Entre los edificios civiles destruidos había al menos 16 lugares religiosos, incluidos un santuario de 2.100 años de antigüedad y dos cementerios.

Amnistía Internacional concluyó que las fuerzas israelíes habían atacado ilícitamente edificios residenciales en las localidades de Al Ain, en el norte de la Becá, el 29 de septiembre, y Aitou, en el norte de Líbano, el 14 de octubre, así como en la ciudad de Baalbek el 21 de octubre. El 16 de octubre, las fuerzas israelíes atacaron ilícitamente el edificio del ayuntamiento de Nabatiye, en el sur de Líbano. El ejército israelí no emitió ninguna advertencia antes de esos ataques, que mataron al menos a 49 civiles, incluidas familias enteras, y que probablemente constituyeran crímenes de guerra.¹

Según la OMS, entre el 8 de octubre de 2023 y el 22 de noviembre de 2024, 226 personas, entre profesionales de la salud y pacientes, murieron en Líbano en 137 ataques israelíes contra centros sanitarios y ambulancias.

Amnistía Internacional investigó cuatro ataques israelíes efectuados contra centros sanitarios y vehículos médicos en Beirut y en el sur de Líbano entre el 3 y el 9 de octubre y en los que perdieron la vida 27 miembros del personal médico y otras tres personas. Antes de esos ataques, el ejército israelí había acusado reiteradamente a Hezbolá de utilizar ambulancias para transportar combatientes y armas, y de usar centros médicos vinculados a la Autoridad Sanitaria Islámica como “tapadera de actividades terroristas”. Sin embargo, Amnistía Internacional no halló indicios de que esas instalaciones se emplearan con fines militares en el momento de los ataques; antes al contrario, concluyó que éstos probablemente constituyeran ataques directos contra civiles y contra bienes de carácter civil.

Entre octubre y noviembre, Israel atacó en todo Líbano sucursales de Qard al Hassan, entidad económica sin ánimo de lucro vinculada a Hezbolá. Ante la falta de indicios de que dichas sucursales se hubieran convertido en objetivos militares, los ataques constituían ataques directos ilegales sobre bienes de carácter civil.²

El 17 de septiembre, Israel detonó miles de artefactos explosivos ocultos en buscas en todo Líbano, causando la muerte de al menos 12 personas, incluidos un niño y una niña y dos profesionales de la salud, e hiriendo al menos a otras 2.323. Al día siguiente, detonó explosivos similares colocados en el interior de decenas de walkie-talkies portátiles, que mataron al menos a 25 personas e hirieron al menos a 608.³ Esos ataques fueron indiscriminados y probablemente constituyeran crímenes de guerra.

Pese a que durante el año el gobierno realizó reformas limitadas y adoptó otras medidas, Líbano distaba mucho de tener un sistema universal de protección social que garantizara el derecho a la seguridad social de toda la población.

El gobierno no garantizó ni siquiera el acceso a la protección social mínima durante la crisis económica, de la que en gran medida era responsable. El sistema de protección social de Líbano, que ya estaba fragmentado y era limitado y desigual antes de la crisis económica de 2019, colapsó, dejando a muchas personas sin acceso a formas esenciales de seguridad social, como seguro médico asequible y seguridad de ingresos básicos para familias con menores de edad, personas mayores y personas que no podían trabajar.⁴

En febrero, tras varios años de debate y retrasos, el gobierno aprobó su Estrategia Nacional de Protección Social, que incluía reformas clave, como un plan de pensiones inclusivo para trabajadores y trabajadoras del sector privado, seguridad de ingresos para personas de edad avanzada y una cobertura médica mejorada para las personas con discapacidad.

En noviembre, el Ministerio de Asuntos Sociales anunció una transferencia puntual de 100 dólares estadounidenses —respaldada por la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, la Unión Europea y Países Bajos— para las personas cuya tarjeta de discapacidad personal fuera válida. La transferencia era una continuación del programa de prestaciones nacionales por discapacidad lanzado en abril de 2023 para ayudar económicamente a las personas con discapacidad. El Ministerio anunció la renovación de dichas prestaciones hasta septiembre de 2025 con transferencias de 40 dólares para las personas con discapacidad que reunieran los requisitos y que hubieran nacido entre 1994 y 2009.

Derecho a la vivienda

Muchos edificios de Líbano no cumplían las mínimas normas de seguridad.

Un año después de los terremotos de febrero de 2023, gran número de habitantes de la ciudad de Trípoli y de otras localidades seguían viviendo en casas gravemente dañadas porque no podían pagar su reparación ni una vivienda alternativa. Trípoli tenía la mayor concentración de edificios inseguros del país. De los 162 edificios declarados en Líbano estructuras en peligro de derrumbe, 63 se encontraban allí, junto con 51 edificios históricos o patrimoniales que necesitaban restauración urgente, muchos de los cuales no estaban habitados.⁵ La respuesta del gobierno era inadecuada y se limitaba a la entrega de notificaciones de desalojo y, en algunos casos, a la imposición de multas a quienes vivían en estructuras poco seguras.

En febrero se derrumbaron dos edificios residenciales en la zona de Choueifat, al sur de Beirut. En el caso del primero, sus residentes lo evacuaron el 11 de febrero, minutos antes de que colapsara, al notar que habían aparecido grietas. El derrumbe del segundo se produjo el 19 de febrero, después de medianoche, y mató al menos a cuatro personas, entre ellas una bebé.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron empleando la legislación penal sobre difamación para hostigar, intimidar y atacar a periodistas y personas críticas con el gobierno.

La Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Interna reveló que la Oficina de Delitos Informáticos había investigado 1.684 casos de insultos y difamación entre enero de 2019 y marzo de 2024; en concreto, 18 de difamación desde enero de 2024.

Al menos cuatro personas, tres de ellas periodistas, fueron citadas para su interrogatorio por querellas en relación con su trabajo presentadas por autoridades de alto rango. Las actuaciones penales contra ellas parecían haberse entablado como represalia para atacar la libertad de expresión protegida por el derecho internacional de los derechos humanos, más que para abordar perjuicios reales causados. En tres casos, no se las informó de las acusaciones antes del interrogatorio, lo que suponía una vulneración del derecho a un juicio justo. Al concluir el año, dos de ellas no sabían con certeza si se habían retirado los cargos en su contra.⁶

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 26 de abril, el gabinete provisional de Líbano decidió dar instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes para aceptar mediante declaración depositada en poder de la Corte Penal Internacional la competencia de ésta para investigar y enjuiciar delitos cometidos en territorio libanés desde el 7 de octubre de 2023. El 28 de octubre, el gobierno revocó la decisión, lo que suscitó preocupación con respecto a la impunidad de los crímenes de derecho internacional.

La investigación de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, que había matado al menos a 236 personas y herido a más de 7.000, estaba suspendida desde diciembre de 2021. El 16 de enero, el Tribunal de Casación suspendió una orden de arresto dictada contra el exministro de Obras públicas Youssef Fenianos, quien en septiembre de 2021 había sido acusado de homicidio y negligencia dolosa por el instructor principal del caso de la explosión del puerto de Beirut.⁷El 1 de julio, familiares de las víctimas se sumaron a organizaciones libanesas e internacionales de derechos humanos en un carta abierta dirigida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para pedir el establecimiento de una misión de investigación internacional, independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos relacionadas con la explosión.

Se siguieron cometiendo impunemente actos de tortura y otros malos tratos. El tribunal militar de Líbano que conocía de la causa perdió una oportunidad de hacer rendir cuentas a unos agentes de seguridad acusados de torturar hasta la muerte al refugiado sirio Bashar Abd Saud. El 1 de noviembre, condenó a todos ellos a penas equivalentes al tiempo que ya habían pasado en prisión, tras reducir de grave a menor la magnitud del delito y retirar los cargos presentados en virtud de la legislación contra la tortura para reemplazarlos por otros previstos en el artículo 166 del Código de Justicia Militar, que prohibía la violación de normas, órdenes e instrucciones generales.⁸

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Líbano continuaba acogiendo el mayor número de personas refugiadas por habitante del mundo, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Antes de la escalada de las hostilidades con Israel, el gobierno estimaba que había 1,5 millones de personas refugiadas sirias en el país.

En abril, las autoridades intensificaron el uso de retórica de odio hacia la población refugiada siria y adoptaron más medidas restrictivas a fin de presionarla para que regresara a su país, a pesar de que no había allí ninguna zona segura para su retorno. A partir de mayo, los servicios de seguridad llevaron a cabo decenas de redadas y expulsaron a decenas de personas refugiadas sirias. El 2 de mayo, la Comisión Europea anunció un paquete de ayuda de 1.000 millones de euros para Líbano, destinado en parte a reforzar la capacidad de los servicios de seguridad libaneses para reducir la migración irregular desde Líbano a Europa a través del Mediterráneo. Grupos de derechos humanos expresaron honda preocupación por el acuerdo, al que siguieron numerosas políticas discriminatorias dirigidas contra las personas refugiadas sirias, más del 83% de las cuales carecían de acceso a residencia legal en Líbano.⁹

El 26 de septiembre, la Seguridad General libanesa anunció la adopción de nuevas medidas para devolver a Siria a las personas sirias con el permiso de residencia vencido o que hubieran entrado en Líbano de manera irregular, pese a los peligros bien documentados que afrontarían a su regreso, como tortura, detención arbitraria y desaparición forzada. El ACNUR expresó preocupación por la prohibición de volver a entrar al país impuesta a algunas de ellas por ese organismo.

El impacto del conflicto entre Israel y Hezbolá en las infraestructuras y en las operaciones y el acceso humanitarios dejó a muchas personas refugiadas sin acceso a refugio, atención sanitaria, alimentos, ayuda monetaria o servicios de protección.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica.

Los grupos de derechos de las mujeres continuaron defendiendo una ley unificada sobre la condición jurídica de la persona y reclamando derechos políticos, incluido el derecho a la igualdad en la custodia de los hijos e hijas, a la plena protección frente a la violencia de género en el ámbito familiar y a transmitir la nacionalidad a los hijos e hijas y al esposo en el caso de las mujeres casadas con extranjeros.

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