INDIA 2021
Las autoridades utilizaron legislación represiva para silenciar las críticas, y limitaron la libertad de expresión tanto dentro como fuera de Internet. Se siguió intimidando y hostigando a los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos activistas, periodistas, estudiantes y profesionales del derecho y del mundo del espectáculo. Investigaciones independientes pusieron al descubierto un enorme e ilegal sistema de vigilancia utilizado por el gobierno contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que violaba sus derechos a la privacidad, a no sufrir discriminación y a la protección de datos. Se utilizó indebidamente la legislación sobre contribuciones procedentes del extranjero para reprimir a las ONG de derechos humanos. La policía y las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva contra miembros de comunidades minoritarias y personas dedicadas a la agricultura que protestaban pacíficamente contra las leyes agrícolas. Los tribunales socavaron el derecho a un juicio justo y aplazaron la vista de casos de suma relevancia sobre violaciones de derechos humanos. En el contexto de la COVID-19, se incrementó la falta de transparencia sobre la distribución de fondos y se menoscabó el derecho a la salud. Durante la segunda ola de contagios, la escasez de camas de hospital y de oxígeno afectó a importantes sectores de la población. Continuaron sin remitir la discriminación por razón de casta y la violencia contra la población dalit y adivasi. Brigadas dedicadas a la protección de las vacas atacaron a comunidades minoritarias perjudicando sus medios de vida.
Libertad de expresión y de asociación
La libertad de expresión y de reunión se sometió a restricciones ilegítimas y de motivación política. Se utilizaron de forma indebida leyes económicas excesivamente generales para amenazar e intimidar a periodistas, medios de comunicación, profesionales del mundo del espectáculo y defensores y defensoras de los derechos humanos que se expresaban abiertamente.
El 28 de julio, las autoridades fiscales irrumpieron en numerosas oficinas del grupo de comunicación Dainik Bhaskar. El diario en lengua hindi homónimo del grupo, Dainik Bhaskar, había informado sobre la presencia en el río Ganges de numerosos cadáveres de víctimas de COVID-19 que habían sido arrojados al agua debido al elevado coste de la cremación. Entre el 10 y el 16 de septiembre, se efectuaron registros en las oficinas de los medios de comunicación NewsClick y Newslaundry, así como en el domicilio del actor y filántropo Sonu Sood y en las oficinas del activista de derechos humanos Harsh Mander, todos ellos acusados de presunta evasión de impuestos y desvío de fondos con fines de “conversión religiosa”.
Algunos organismos gubernamentales utilizaron indebidamente la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA, por sus siglas en inglés) para silenciar a las ONG. En junio, el Ministerio del Interior suspendió la licencia FCRA —necesaria, en virtud de esa ley, para recibir fondos extranjeros— de la organización de derechos humanos Iniciativa en Derechos Humanos de la Commonwealth, dedicada al acceso a la información y a la justicia. Asimismo, el Ministerio canceló la inscripción en el registro de 10 ONG internacionales dedicadas al medioambiente, el cambio climático y el trabajo infantil, e incluyó a más de 80 asociaciones filantrópicas y de derechos humanos en la lista de “Categoría de Autorización Previa” sin justificación alguna. Las organizaciones que figuraban en esa lista tenían que esperar la autorización del Ministerio del Interior para recibir o enviar fondos, con lo que su trabajo se veía seriamente entorpecido.
En julio, el Proyecto Pegasus —iniciativa internacional de periodismo de investigación— reveló el presunto uso del programa espía Pegasus por el gobierno indio para vigilar a ciudadanos de manera ilegítima y arbitraria. Podían haberse visto expuestos como mínimo 300 números de teléfono de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, profesionales del derecho, cargos gubernamentales y figuras políticas de oposición. El programa espía —que Amnistía Internacional examinó— permitía a las agencias gubernamentales supervisar toda la actividad de los teléfonos, incluidos mensajes de correo electrónico, listas de contactos, ubicación y mensajes de chat. Además, permitía grabar inadvertidamente tanto audio como imágenes, utilizando el micrófono y la cámara incorporados de los teléfonos. El gobernante Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party) bloqueó todas las iniciativas de los líderes parlamentarios de oposición para investigar estas acusaciones. El 27 de octubre, el Tribunal Supremo ordenó la constitución de un comité de tres miembros para emprender una investigación independiente sobre el uso del programa espía Pegasus en actividades ilegítimas de vigilancia.
El gobierno añadió al Libro de la Unión para Situaciones Bélicas los nombres de numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos profesionales del derecho y del mundo académico, que fueron catalogados como “enemigos del Estado” a los que era preciso “vigilar en todo momento”. El libro en cuestión era un documento heredado de la época colonial en el que se recogía información sobre amenazas a la seguridad.
En mayo, el gobierno impuso las Normas sobre Tecnologías de la Información (Directrices para Intermediarios y Código Ético de los Medios de Comunicación Digitales) sin la necesaria consulta pública y a pesar de que aún había varios recursos en su contra sin resolver ante los tribunales. Estas normas regulaban las llamadas plataformas de libre transmisión —que comprendían, entre otros, los servicios de televisión por Internet y las plataformas de noticias— y permitían bloquear y censurar contenido sin necesidad de respaldo legislativo. Además, exigían facilitar la identificación del origen de la información publicada en las redes sociales, con lo que, de hecho, dejaban sin efecto el cifrado de extremo a extremo y violaban el derecho a la privacidad.
A lo largo del año, el gobierno indio ordenó el cierre de Internet en 38 ocasiones. En concreto, la población de Jammu y Cachemira soportó el cierre más prolongado de Internet del que se tenía noticia, desde el 4 de agosto de 2019 hasta el 5 de febrero de 2021. Posteriormente, la región siguió experimentando reiterados cierres de Internet por cuestiones de seguridad nacional y orden público. Estos cierres provocaron pérdidas económicas y perjudicaron a la enseñanza y a otros servicios. Asimismo, dejaron a los defensores y defensoras de los derechos humanos más expuestos a la vigilancia de los organismos gubernamentales.
Detención y reclusión arbitrarias
Continuó la reclusión, en aplicación de las disposiciones sobre terrorismo de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, de un total de 14 activistas de derechos humanos. Se trataba de los profesores universitarios Anand Teltumbde, Shoma Sen y Hany Babu; el activista de los derechos tribales Mahesh Raut; el poeta Sudhir Dhawale; los abogados Surendra Gadling y Sudha Bharadwaj; el escritor Gautam Navlakha; los activistas Rona Wilson, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves y Sagar Gorkhe; y dos miembros del grupo cultural Kabir Kala Manch: Ramesh Gaichor y Jyoti Jagtap. Habían sido detenidos entre 2018 y 2020 por la Agencia Nacional de Investigación —principal órgano indio de lucha contra el terrorismo—, por presunta participación en los actos de violencia que habían tenido lugar en las celebraciones de Bhima Koregaon, cerca de la ciudad de Pune, en 2018.
Recurriendo a la práctica de la detención arbitraria, el gobierno reprimió el uso de las redes sociales e Internet. En febrero fue detenida la activista climática Disha Ravi, acusada de “sedición” y de “sembrar la discordia entre comunidades” por haber compartido en las redes sociales una carpeta de materiales concebida para ayudar a los agricultores a protestar contra tres polémicas leyes de agricultura. Se detuvo a más de 183 personas por protestar contra estas leyes, que el Parlamento había aprobado en 2020 sin apenas consulta previa. Las leyes en cuestión fueron revocadas en diciembre.
El 9 de marzo, Hidme Markam, activista en favor de los derechos humanos de la comunidad indígena adivasi, fue detenida en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales por haber denunciado públicamente la violencia sexual ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado contra las mujeres. El 8 de abril, un relator y varias relatoras especiales de la ONU escribieron al gobierno indio cuestionando los cargos contra la activista. El gobierno se negó a especificar el fundamento legal de la detención.
El 21 de septiembre, el activista de derechos humanos y presidente de Amnistía Internacional India Aakar Patel fue detenido y acusado de “sembrar la discordia entre comunidades” por haber escrito en Twitter sobre la hostilidad existente contra la comunidad musulmana ghanchi, incluso por parte del gobernante Partido del Pueblo Indio. La denuncia había sido presentada por un miembro de la Asamblea Legislativa regional perteneciente al Partido del Pueblo Indio.
Los tribunales absolvieron a cientos de miembros del movimiento musulmán Tablighi Jamaat que habían sido detenidos de manera arbitraria por los gobiernos de 11 estados indios y acusados de haber violado las condiciones de sus visados e incumplido de manera intencionada las directrices sobre la COVID-19. En sus sentencias, los tribunales calificaron de “abusivo” su procesamiento y resolvieron que los gobiernos de los estados en cuestión habían abusado de su poder y tratado de utilizar a los acusados como “chivos expiatorios”.
En octubre, la policía de Uttar Pradesh detuvo o puso bajo arresto domiciliario arbitrariamente a varios políticos de oposición por sus muestras de solidaridad en relación con la muerte de cuatro agricultores que participaban en un acto de protesta, atropellados por un automóvil que iba a toda velocidad perteneciente al viceministro del Interior.
Discriminación y delitos de odio basados en la casta
La población dalit y adivasi siguió sufriendo abusos generalizados. Según datos oficiales publicados en septiembre, en 2020 se denunciaron más de 50.000 delitos contra miembros de las castas reconocidas y 8.272 delitos contra miembros de las tribus reconocidas. Las mujeres dalits y adivasis sufrieron actos de violencia sexual a manos de varones de castas dominantes. Muchas sufrieron discriminación en el acceso a servicios públicos.
En junio, hombres pertenecientes a castas dominantes mataron a tiros a un muchacho dalit de 17 años en la ciudad de Bijnor (Uttar Pradesh). La víctima había denunciado previamente ante la policía local que los hombres se habían opuesto a que accediera a un templo, pero la policía no había actuado al respecto.
En agosto, una niña dalit de nueve años fue presuntamente violada y asesinada por cuatro hombres, incluido un sacerdote hindú, en un crematorio de Delhi y, a continuación, su cuerpo fue incinerado sin autorización de su familia.
En agosto fue asesinado Arbaaz Aftab, al parecer a instancias de los progenitores de su novia hindú, que se oponían a la relación de su hija con alguien de otra religión.
Aunque en varios estados había leyes que penalizaban los linchamientos, en los estados de Assam, Bihar, Jammu y Cachemira, Meghalaya, Rayastán, Tripura y Uttar Pradesh hombres dalits y musulmanes murieron a consecuencia de las agresiones o palizas que recibieron a manos de brigadas dedicadas a la protección de las vacas.
Impunidad
Se perpetraron desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos con impunidad y de forma generalizada y sistemática.
En julio murió el sacerdote jesuita Stan Swamy, de 84 años, cuyas solicitudes de libertad bajo fianza habían sido denegadas en varias ocasiones a pesar de padecer la enfermedad de Parkinson y de haber contraído la COVID-19 en la cárcel. Había sido detenido por la Agencia Nacional de Investigación en octubre de 2020 por su presunta participación en los actos de violencia que tuvieron lugar en las celebraciones de Bhima Koregaon, cerca de la ciudad de Pune, en 2018. El sacerdote se había distinguido por su constante apoyo a los pueblos tribales.
Al menos 28 personas murieron en ataques selectivos de grupos armados en Jammu y Cachemira. El gobierno indio no abordó los motivos de preocupación de la población de Jammu y Cachemira en materia de derechos humanos y seguridad.
Uso excesivo de la fuerza
Hubo numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad. En agosto, la policía del estado de Haryana cargó contra agricultores que protestaban pacíficamente en la ciudad de Karnal y los golpeó con lathis (porras), a consecuencia de lo cual al menos 10 sufrieron lesiones graves. En un vídeo que se compartió en las redes sociales se pudo ver cómo, antes de la carga con lathis, el magistrado de subdivisión de Karnal ordenaba a los agentes de policía “romper la cabeza a los manifestantes”.
En septiembre, un hombre y un niño de 12 años murieron cuando la policía del estado de Assam disparó de forma indiscriminada contra miembros de la comunidad musulmana bengalí en una operación de desalojo forzoso que tuvo lugar en la localidad de Sipajhar. En un vídeo que se compartió en las redes sociales se pudo ver cómo un reportero gráfico pateaba el cadáver del hombre muerto en presencia de agentes de policía, que no hacían nada por impedirlo. Ante la fuerte indignación pública que esto desencadenó, el reportero gráfico fue detenido.
En octubre, el gobierno central amplió la jurisdicción de las Fuerzas de Seguridad de Fronteras en los estados con frontera internacional, y reforzó sus facultades de registro, confiscación y detención. En el pasado, estas fuerzas habían sido acusadas de violaciones graves de los derechos humanos, tales como uso ilegítimo de la fuerza, homicidios extrajudiciales y tortura y otros malos tratos.
Derecho a un juicio justo
En junio, el Tribunal Supremo concedió la libertad bajo fianza a los estudiantes y defensores de los derechos humanos Natasha Narwal, Devangana Kalita y Asif Iqbal Tanha, que habían sido detenidos en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales como presuntos organizadores de los disturbios ocurridos en Delhi en 2020. Sin embargo, el tribunal vetó el uso de esa decisión judicial como precedente en casos similares, impidiendo así en la práctica que otros tribunales concedieran la libertad bajo fianza a otros estudiantes y defensores y defensoras de los derechos humanos que se consumían en la cárcel por haber protestado pacíficamente contra la Ley de Reforma de la Ley de Nacionalidad. El Tribunal Supremo aplazó también la vista de importantísimas causas sobre la constitucionalidad de esta ley de reforma, la ley sobre sedición y la derogación del artículo 370 de la Constitución. Asimismo, aplazó la vista de los recursos interpuestos contra las tres leyes de agricultura aprobadas en 2020 tras una consulta mínima, que habían dado lugar a constantes protestas de los agricultores.
Derecho a la salud
En 2020, el gobierno creó el Fondo del Primer Ministro para la Asistencia y Socorro a la Ciudadanía en Situaciones de Emergencia (PM CARES Fund) para atender situaciones como la planteada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, faltó transparencia en la distribución de las enormes sumas recaudadas por el fondo, y el gobierno central lo eximió, incluso, de la inspección del Contralor y Auditor General, por considerarlo un “fondo benéfico de carácter público”.
Pese al elevado número de casos de COVID-19 notificados, el gobierno central permitió la celebración de festivales religiosos —como el Kumbh Mela— y de mítines electorales, y el primer ministro, Narendra Modi, animó personalmente a la ciudadanía a asistir a esos actos. Más adelante se supo que estos eventos habían contribuido a una segunda ola de contagios de COVID-19, durante la cual hubo grave escasez de camas de hospital y oxígeno para tratar a los pacientes.
No se remuneró adecuadamente ni se facilitaron equipos de protección individual apropiados al personal de salud comunitaria, como sucedió en el caso de las trabajadoras de atención sociosanitaria comunitaria (trabajadoras ASHA, por su sigla en inglés), que atendían zonas rurales.
Libertad de religión o de creencias
En abril, el estado de Gujarat incorporó restrictivas reformas a su legislación contra las conversiones. Así, en virtud de la reforma se pasó a castigar la conversión religiosa con hasta 10 años de prisión, y se declararon nulos los matrimonios de quienes se hubieran convertido. Además, se invirtió la carga de la prueba, con lo que no bastaba que una mujer afirmara haberse convertido de forma voluntaria: su esposo y su familia tenían que demostrar no haberla coaccionado para que cambiara de religión. En el pasado se habían promulgado leyes similares en los estados de Uttarakhand, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh y Madhya Pradesh. En agosto, el Tribunal Superior de Gujarat dejó en suspenso ciertas disposiciones de la ley, que declaró inconstitucionales.
Discriminación
En junio, el gobierno del estado de Assam, del Partido del Pueblo Indio, implantó una política por la que se prohibía a las personas con más de dos hijos presentarse a las elecciones locales, solicitar puestos de trabajo públicos y recibir subsidios sociales. El gobierno del estado de Uttar Pradesh, también del Partido del Pueblo Indio, introdujo un anteproyecto de ley similar.