India 2025
La situación de los derechos humanos sufrió un grave deterioro mientras las autoridades continuaban atacando a la disidencia. Se utilizó legislación antiterrorista y sobre sedición para criminalizar a periodistas, humoristas, intelectuales y estudiantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión. Se ordenó a las plataformas de redes sociales que bloquearan las voces críticas. Se detuvo a personas que protestaban pacíficamente. Se arrestó y procesó a periodistas y activistas, y quienes ya estaban en detención, como los y las activistas del caso Bhima Koregaon, así como Umar Khalid y otras personas activistas musulmanas, siguieron entre rejas. Aumentó la persecución de minorías religiosas y étnicas, incluida la musulmana, que fue blanco de leyes discriminatorias sobre el matrimonio. Los desalojos forzosos masivos de personas musulmanas en el estado de Assam dejaron a miles sin hogar, y los derribos punitivos en Maharashtra y en Jammu y Cachemira continuaron. Se deportó o devolvió ilícitamente a personas rohinyás y musulmanas de origen bengalí, y nuevas normas de inmigración dejaron desprotegidas a las personas solicitantes de asilo. Los cambios en la política medioambiental desmantelaron las medidas de protección para los pueblos indígenas, que quedaron expuestos a sufrir desplazamiento. Inundaciones, corrimientos de tierras y olas de calor siguieron cobrándose cientos de vidas, poniendo de manifiesto que el gobierno no actuaba de manera decisiva para abordar la crisis climática. Las políticas y objetivos climáticos siguieron siendo “muy insuficientes” y persistía la dependencia del carbón. Continuó la violencia por motivos de casta contra las personas dalits.
Información general
En abril, hombres armados abrieron fuego en la ciudad de Pahalgam, un popular destino turístico de Cachemira, y mataron a 26 personas, la mayoría turistas. Las autoridades indias utilizaron la legislación sobre sedición y la Ley de Prevención de Actividades Ilegales de 1967 para arrestar o abrir partes iniciales de denuncia contra periodistas, intelectuales y estudiantes que exigían rendición de cuentas por el fallo de seguridad. En represalia por el ataque, India lanzó contra Pakistán la Operación Sindoor, y en los enfrentamientos fronterizos murieron al menos 16 civiles. En noviembre, la explosión de un automóvil en las inmediaciones del Fuerte Rojo de la ciudad de Delhi mató al menos a 13 personas e hirió aproximadamente a 30.
Las autoridades desplegaron tropas para sofocar las protestas contra el Proyecto de Ley de Enmienda del Sistema de Waqf, en las que murieron al menos tres personas y fueron arrestadas al menos 150. Aprobada por el Parlamento, esta ley centralizó el control estatal sobre los activos y patrimonios musulmanes en India.
El 3 de marzo, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos señaló su preocupación por la violencia y los desplazamientos en el estado de Manipur, así como por la reducción del espacio de la sociedad civil en Jammu y Cachemira —preocupación que el gobierno desestimó—. También en marzo, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos recomendó rebajar a clase B la categoría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la preocupación por su independencia, transparencia y eficacia. En octubre, India fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2026-2028. Al acabar el año seguían pendientes al menos 19 solicitudes de visita de diversos procedimientos especiales de la ONU, incluida una de la relatora especial sobre la tortura, presentada por primera vez en 1999 y reiterada numerosas veces desde entonces.
Libertad de expresión
Las autoridades continuaron actuando contra artistas, intelectuales y periodistas ampliando la censura, utilizando la legislación penal y aplicando restricciones online.
El 24 de marzo, la policía estatal presentó un parte inicial de denuncia contra el humorista Kunal Kamra por una parodia incluida en su monólogo Naya Bharat (Nueva India), donde llamaba “gaddar” (traidor) a un dirigente de Thane. Todo el mundo lo entendió como una referencia velada al ministro principal de Maharashtra Eknath Shinde y su defección política de 2022.
El 20 de mayo, el gobierno revocó la ciudadanía india de ultramar a la profesora de nacionalidad británica y origen cachemir Nitasha Kaul, que había manifestado sistemáticamente en contra del aumento del autoritarismo en India.
En medio de la creciente censura digital de los años anteriores, el gobierno obligó a las plataformas de redes sociales a bloquear las cuentas donde hubiera publicaciones en las que se criticaran las políticas gubernamentales. Una de ellas fue la cuenta The Savala Vada, una página de memes satíricos que con frecuencia publicaba contenido sobre la reducción del espacio de la sociedad civil y la persecución de las minorías religiosas. El 8 de julio, el gobierno ordenó a la red social X que bloqueara la visualización en India de más de 2.000 cuentas, incluida la de la agencia internacional de noticias Reuters.
El 9 de julio, el gobierno del estado de Maharashtra aprobó la Ley Especial de Seguridad Pública de Maharashtra, que criminalizaba la disidencia utilizando como pretexto la protección de la seguridad pública.1 El 6 de agosto, el gobierno de Jammu y Cachemira prohibió 25 libros de respetadas figuras del ámbito del periodismo, la historia, el feminismo y la investigación en torno a la paz, acusándolas de “glorificar el terrorismo e incitar a la violencia”.
Periodistas
Las autoridades incrementaron las represalias contra periodistas que trataban de sacar a la luz la corrupción o expresar su disidencia, utilizando la legislación penal para reprimir y minar la libertad de expresión.
El 24 de marzo, la policía del estado de Assam arrestó al periodista Dilwar Hussain Mozumdar por informar sobre una protesta por presuntas irregularidades financieras en un banco estatal. El periodista informaba regularmente sobre problemas financieros en el banco, cuyo director era el ministro principal del estado.
El 9 de mayo, la policía de Nagpur, en el estado de Maharashtra, arrestó a Rejaz M Siddique, de 26 años, por criticar supuestamente la Operación Sindoor en Instagram. Se presentaron cargos contra él en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales.
El 16 de septiembre, un tribunal de la ciudad de Gandhinagar (estado de Gujarat) ordenó la comparecencia de los periodistas Abhisaar Sharma y Raju Parulekar, acusados de difundir contenidos falsos y difamatorios para manchar la reputación del grupo Adani —un conglomerado empresarial estrechamente vinculado al Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party), en el gobierno— tras haber cuestionado la venta de terrenos en Assam al grupo Adani por una cantidad aparentemente insignificante.
A raíz de la explosión de un automóvil en el Fuerte Rojo de Delhi el 10 de noviembre, la Agencia de Investigación del Estado de Jammu y Cachemira efectuó un registro en las oficinas del periódico Kashmir Times, dirigido por la periodista Anuradha Bhasin, alegando actividades que “amenaza[ba]n la soberanía de India”. Tres meses antes había sido prohibido un libro de Bhasin. No se presentó ningún parte inicial de denuncia.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las autoridades siguieron utilizando indebidamente la legislación antiterrorista y otras leyes draconianas para mantener en detención a defensores y defensoras de los derechos humanos.
En enero, el Tribunal Superior de Bombay concedió la libertad bajo fianza a Sudhir Dhawale y Rona Wilson, que llevaban más de seis años detenidos. En noviembre, el Tribunal Supremo concedió la libertad provisional bajo fianza a Jyoti Jagtap y en diciembre, el Tribunal Superior de Bombay concedió la libertad bajo fianza a Hany Babu; ambos habían pasado más de cinco años encarcelados. Se trataba de cuatro de las 16 personas activistas de derechos humanos que habían sido arrestadas y detenidas sin juicio en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales por su presunta participación en el caso de Bhima Koregaon 16 (BK16). Al acabar el año, tres de esas 16 personas seguían encarceladas sin juicio.
Varios tribunales denegaron las solicitudes de libertad bajo fianza de Umar Khalid y al menos cinco personas más, estudiantes y activistas de religión musulmana. Al acabar el año, estas personas seguían detenidas en espera de juicio por su presunta participación en los actos de violencia que habían tenido lugar en el noreste de Delhi en febrero de 2020, en los que habían muerto 53 personas, 38 de ellas musulmanas.2
El 16 de mayo, la policía de Nagpur (estado de Maharashtra) presentó un parte inicial de denuncia contra tres personas por cargos de sedición por recitar el poema Hum Dekhenge, del famoso poeta Faiz Ahmed Faiz. Una de ellas era Pushpa Sathidar, esposa del difunto activista Vira Sathidar.
El 26 de septiembre, la policía de Ladakh arrestó al activista Sonam Wangchuk en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional después de que una protesta liderada por él en la que se exigía la condición de estado para Ladakh se tornara violenta. Un día antes del arresto, la licencia de su ONG, Movimiento Educativo y Cultural de Estudiantes de Ladakh (SECMOL, por sus siglas en inglés), fue cancelada en aplicación de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras.
Detención y reclusión arbitrarias
El 27 de abril, la policía de Hazratganj, distrito de la ciudad de Lucknow (estado de Uttar Pradesh) presentó un parte inicial de denuncia contra la cantante de música popular Neha Singh Rathore en el que se la acusaba de publicar en las redes sociales comentarios ofensivos sobre el ataque de Pahalgam, acto que contravenía varias disposiciones del Bharatiya Nyaya Sanhita (Código Penal) y la Ley de Tecnologías de la Información de 2000 relativas a la seguridad nacional, la incitación, el mantenimiento de la armonía entre comunidades religiosas y el orden público.
El 18 de mayo, la policía estatal de Haryana abrió dos partes iniciales de denuncia contra Khan Mahmudabad, catedrático de la Universidad de Ashoka, por publicaciones en las redes sociales sobre la Operación Sindoor. El catedrático fue detenido y acusado de violar disposiciones del Código Penal relativas al mantenimiento de la armonía entre comunidades religiosas e insultar creencias religiosas. Más tarde quedó en libertad bajo fianza.
Libertad de reunión pacífica
Las autoridades restringieron el derecho de reunión pacífica llevando a cabo detenciones administrativas, negando el permiso para actos de protesta y dispersando violentamente concentraciones en las que se pedía justicia y rendición de cuentas.
El 13 de febrero, la policía de Delhi detuvo a 12 estudiantes de la Universidad Jamia Millia Islamia que protestaban por el “requerimiento de justificación” emitido a dos estudiantes de doctorado por, presuntamente, “lanzar consignas sin permiso ni indicación a las autoridades universitarias”.
El 18 de junio, la policía de Bombay detuvo a 19 personas que habían participado en una concentración de apoyo al pueblo palestino en el campo deportivo Azad Maidan. El día anterior, la policía había denegado el permiso para la concentración y las entidades organizadoras, entre las que figuraba el Partido Comunista de India (marxista), lo habían solicitado al Tribunal Superior de Bombay. Éste, que había rechazado inicialmente la petición, al final concedió el permiso dos meses después de la fecha prevista, una vez que la policía hubo retirado sus objeciones.
El 11 de agosto, la policía de Delhi detuvo a decenas de oponentes políticos, incluido el dirigente de la oposición Rahul Gandhi, por protestar sin permiso contra presuntas prácticas electorales irregulares.
Entre el 13 y el 18 de agosto, la policía del estado de Tamil Nadu desalojó a la fuerza a casi 800 personas que trabajaban en actividades de saneamiento en las ciudades de Chennai y Madurai y estaban llevando a cabo una sentada de protesta pacífica para exigir salarios justos.
El 9 de noviembre, la policía de Delhi detuvo a un grupo de manifestantes pacíficos, entre quienes había menores de edad, que se habían reunido en la India Gate para exigir medidas urgentes para hacer frente al aumento de la contaminación atmosférica en la capital.
Desalojos forzosos
Las autoridades estatales continuaron con los desalojos forzosos en Assam y los derribos de inmuebles en Maharashtra y Jammu y Cachemira como castigo colectivo y arbitrario, a pesar de las directrices emitidas por el Tribunal Supremo en 2024, que ordenaban a las autoridades poner fin a estas acciones.
Entre el 12 y el 17 de julio, aproximadamente 1.800 familias, la mayoría musulmanas, se quedaron sin techo a consecuencia de la operación de desalojo forzoso llevada a cabo por el gobierno del estado de Assam en la reserva forestal de Paikan, en el distrito de Goalpara, cuyo objetivo, según se declaró, era eliminar “invasiones ilegales” en terrenos forestales protegidos. Según informes, hubo residentes que respondieron a los desalojos lanzando piedras, a lo cual la policía respondió con disparos que ocasionaron una víctima mortal. Las personas residentes en la zona señalaron que acababa de ser designada reserva forestal, y que antes del desalojo no les habían ofrecido oportunidades adecuadas de reasentamiento ni rehabilitación.
El 29 de junio, el gobierno de Assam lanzó una operación de desalojo a gran escala en el área de Uriamghat de la reserva forestal de la comunidad Rengma, en el distrito de Golaghat, como parte de los esfuerzos para recuperar casi 2.000 hectáreas de tierras de la reserva. Esto afectó al menos a 2.000 familias, la mayoría musulmanas de origen bengalí, que, según el gobierno, eran migrantes de Bangladesh. Las familias residentes afirmaron que vivían en la zona desde la década de 1970 y tenían documentos de identificación válidos. El 22 de agosto, el Tribunal Supremo suspendió los desalojos.
El 14 de noviembre, en respuesta al ataque del Fuerte Rojo, las fuerzas de seguridad derribaron sin previo aviso la vivienda familiar del principal sospechoso, Umar Nabi, situada en la ciudad de Pulwama (Jammu y Cachemira), en cuyo interior se encontraban durmiendo el padre y la madre de Nabi y otros familiares que vivían en ella, que fueron evacuados momentos antes del derribo.
El 27 de noviembre, semanas después de que el periodista Arfaz Daing sacara a la luz un negocio de tráfico de drogas transfronterizo presuntamente vinculado a un policía, la Agencia de Desarrollo Urbano y Planificación de Jammu derribó la vivienda familiar del periodista, a quien notificaron el derribo sólo con un día de antelación.
Discriminación
Con el pretexto de proteger a las mujeres y salvaguardar la seguridad, los gobiernos estatales promovieron leyes que acentuaban la discriminación contra las personas musulmanas y las parejas interreligiosas.
El 20 de enero, el estado de Uttarakhand aprobó normas para la aplicación del Código Civil Unificado sin tener en cuenta el informe de un grupo de especialistas elegidos para desarrollarlas. El Código Civil Unificado establecía la obligatoriedad de registrar las relaciones de convivencia ante las autoridades estatales, supuestamente para evitar conversiones religiosas mediante matrimonios fraudulentos.
El 9 de octubre, el estado de Rayastán promulgó una ley que prohibía las conversiones religiosas mediante diversas formas de coacción, una de ellas el matrimonio, y establecía penas de hasta 10 años de cárcel. Promulgada con el pretexto de evitar “la yihad (guerra santa) del amor” —la creencia despectiva e infundada de que los hombres musulmanes seducen a las mujeres hindúes para que se conviertan al islam—, en la práctica esta ley atacaba todas las relaciones interreligiosas, incluidas las consensuadas. El 14 de febrero, el estado de Maharashtra aprobó una resolución por la que se creaba una comisión con el cometido de sugerir medidas para afrontar “la yihad (guerra santa) del amor”.
Entre el 22 de abril y el 8 de mayo, la ONG local Asociación para la Protección de los Derechos Civiles (APCR, por sus siglas en inglés) documentó al menos 184 delitos de odio contra personas musulmanas y cachemires.
El 30 de abril, la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo de Ministros anunció la decisión de llevar a cabo un censo de castas, el primero desde la independencia del país. Al acabar el año, aún no se habían adoptado las leyes y normas pertinentes para implementar esta decisión.
En mayo, las autoridades deportaron a Bangladesh al menos a 300 personas musulmanas que vivían en el estado nororiental de Assam.
El 28 de mayo, el gobierno del estado de Assam anunció que proporcionaría licencias de armas a las personas indígenas que vivían en zonas vulnerables y remotas, especialmente en distritos de mayoría musulmana fronterizos con Bangladesh, con el objetivo de que se sintieran seguras.
La ONG local Ciudadanos por la Justicia y la Paz, documentó al menos 113 incidentes de atrocidades contra dalits entre enero y junio, incluidas agresiones, asesinatos, actos de violencia sexual y discriminación.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El gobierno acrecentó su hostilidad contra las personas refugiadas rohinyás y musulmanas. En mayo, tras el ataque de Pahalgam, que reavivó los sentimientos antimusulmanes en todo el país, las autoridades indias trasladaron en avión a las Islas de Andamán y Nicobar al menos a 40 personas rohinyás musulmanas, a las que previamente habían vendado los ojos. Una vez allí, las trasladaron a un barco de la armada India, que cruzó el mar de Andamán, y después las arrojaron por la borda y tuvieron que llegar a nado hasta una isla en territorio de Myanmar.
El 2 de septiembre, el Ministerio del Interior dejó sin efecto cuatro leyes mediante la nueva Ley de Inmigración y Extranjería y una orden posterior, y clasificó a las personas solicitantes de asilo como “migrantes ilegales” sujetos a deportación, en menoscabo del principio de no devolución. Además, el gobierno amplió el control estatal exigiendo aprobación previa para los directores y directoras de cine extranjeros y las ONG que contrataran a personas extranjeras. Asimismo, ordenó que se crearan tribunales para personas extranjeras. Estos tribunales habían sido criticados anteriormente por convertir en apátridas a millones de personas en Assam debido a una protección inadecuada de las garantías procesales.
Tortura y otros malos tratos
El 4 de febrero, Makhan Din, de 25 años, fue presuntamente torturado por la policía en Jammu y Cachemira por tener “varios contactos sospechosos en Pakistán y otros países extranjeros”. Posteriormente se suicidó.
Derechos de los pueblos indígenas
En septiembre, el Ministerio de Medioambiente suavizó las normas sobre el cambio de uso de suelo forestal, reduciendo así la protección a las comunidades indígenas. Se eliminaron las medidas de protección relacionadas con proyectos de infraestructura, lo que incrementó el riesgo de desplazamiento, especialmente en zonas no calificadas oficialmente como áreas forestales.
En febrero, dimitió el ministro principal del estado de Manipur, Biren Singh, 21 meses después de que la violencia étnica se cobrara la vida de más de 205 personas. Las personas internamente desplazadas permanecieron en campamentos de socorro, donde vivían en condiciones inhumanas, con acceso limitado a la atención sanitaria, el saneamiento y una nutrición adecuada.
Derecho a un medioambiente saludable
Entre junio y septiembre, al menos 423 personas murieron debido a lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y corrimientos de tierras en los estados de Himachal Pradesh y Punyab, y en Jammu y Cachemira. Durante el verano hubo olas de calor que causaron un exceso de mortalidad cifrado en al menos 84 personas, según la ONG local HeatWatch. El gobierno no registró datos en tiempo real sobre las muertes en las olas de calor y especialistas en el tema indicaron que probablemente la verdadera cifra era muy superior a la estimada. Las personas dalits que realizaban labores de saneamiento fueron quienes más sufrieron las olas de calor.
En octubre y noviembre, el aumento de la contaminación del aire en Nueva Delhi supuso un grave peligro para la salud de sus habitantes, según la Junta Central de Control de la Contaminación, convirtiendo la capital en la ciudad más contaminada del mundo.
Climate Action Tracker calificó los objetivos y las políticas climáticas del gobierno como “muy insuficientes”, afirmando que no eran coherentes con el límite de 1,5 °C de aumento de la temperatura. En 2025, India ocupó el vigesimotercer puesto en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático, un descenso de 13 puestos debido a su continua dependencia del carbón y sus limitadas políticas de eliminación progresiva de los combustibles fósiles.
El país presentó en noviembre a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático su primer Plan de Adaptación Nacional.