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INDIA 2020

La libertad de expresión se garantizaba de forma selectiva, y se reprimía la disidencia restringiendo ilegítimamente las protestas pacíficas y silenciando las voces críticas. Se detuvo de manera arbitraria, a menudo sin cargos ni juicio, a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuraban estudiantes, profesionales del ámbito académico, periodistas y artistas. Aunque el Tribunal Supremo ordenó aliviar la masificación de las prisiones a fin de frenar la propagación de la COVID-19, las autoridades siguieron encarcelando a numerosas personas críticas con el gobierno. Las autoridades no investigaron ni castigaron de manera adecuada a quienes perpetraron actos violentos por motivos de casta, sexo y género; por el contrario, tomaron represalias contra quienes denunciaron violaciones y delitos de casta. La impunidad y la ausencia de rendición de cuentas por los asesinatos y agresiones contra minorías religiosas cometidos por grupos parapoliciales y agentes de policía eran generalizadas. En respuesta a la pandemia, se impusieron restricciones apresuradas y extremas a la libertad de circulación, con lo que miles de trabajadores y trabajadoras migrantes quedaron bloqueados sin alimentación ni protección adecuadas. Algunas de las restricciones impuestas para frenar la pandemia amenazaban también el derecho a la privacidad.

Información general

En diciembre de 2019, el gobierno aprobó la Ley de Reforma de la Ley de Nacionalidad, que permitía obtener la nacionalidad india a la población migrante en situación irregular procedente de Afganistán, Bangladesh y Pakistán. La naturaleza discriminatoria de esta ley desencadenó protestas pacíficas en todo el país a las que se respondió con detenciones y reclusiones arbitrarias y la demonización generalizada de los manifestantes.

La estrategia del gobierno para frenar la COVID-19 incluyó un confinamiento punitivo que se notificó con muy poca antelación, además de falta de transparencia en la distribución de los fondos de ayuda humanitaria, amenazas a la privacidad y demonización de las minorías religiosas.

Detención y reclusión arbitrarias

La Agencia Nacional de Investigación, principal órgano indio de lucha contra el terrorismo, detuvo a siete activistas de derechos humanos —Stan Swamy (sacerdote), Jyoti Raghoba Jagtap, Sagar Tatyaram Gorkhe, Ramesh Murlidhar Gaichor, Hany Babu, Gautam Navlakha y Anand Teltumbde— por su presunta participación en los actos de violencia que habían tenido lugar en las celebraciones de Bhima Koregaon, cerca de la ciudad de Pune, en 2018. Los detenidos trabajaban con grupos marginados, incluidas comunidades adivasis (indígenas) y habían criticado las políticas del gobierno. El gobierno los acusó del delito de “librar una guerra contra el país”, recogido en el Código Penal, y de mantener vínculos con el proscrito Partido Comunista de India (Maoísta).

Muchos de los activistas detenidos eran de edad avanzada y su estado de salud era precario, pese a lo cual fueron recluidos en prisiones masificadas donde varios reclusos habían dado positivo en las pruebas de COVID-19 o había muerto de esa enfermedad. En julio, dio positivo en prisión en las pruebas de COVID-19 el poeta Varavara Rao, de 80 años y detenido desde 2018 por los sucesos de Bhima Koregaon. Aun así, los tribunales siguieron desestimando las solicitudes de libertad bajo fianza de los activistas.

En aplicación de la legislación sobre lucha contra el terrorismo y la sedición, se detuvo y encarceló al menos a nueve estudiantes que habían protestado pacíficamente contra la Ley de Reforma de la Ley de Nacionalidad. La policía intimidó y hostigó con dureza a otras muchas personas que protestaron contra la Ley, mientras las autoridades se mantenían impasibles ante la violencia y el discurso de odio que los simpatizantes de dicha ley utilizaban para atacar a quienes protestaban contra leyes antiterroristas draconianas como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales y la Ley de Seguridad Nacional. Entre las personas detenidas figuraban Safoora Zargar, investigadora embarazada de tres meses en el momento de la detención, y Umar Khalid, exdirigente del sindicato de estudiantes. Posteriormente, Safoora Zargar quedó en libertad bajo fianza.

El 26 de junio, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos instó a India a dejar de inmediato en libertad a los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos por protestar contra la Ley de Reforma de la Ley de Nacionalidad. Sin embargo, al terminar el año, la mayoría de ellos continuaban recluidos.

En diciembre, en aplicación de una ley contra los matrimonios consentidos entre personas de religiones diferentes aprobada por el gobierno del estado de Uttar Pradesh, la policía de ese estado detuvo arbitrariamente a 10 varones musulmanes a los que, al parecer, torturó. Esta ley, conocida como la “ley de la yihad del amor” entre nacionalistas y líderes políticos de derechas, no había sido aprobada ni por el Parlamento indio ni por la asamblea legislativa de Uttar Pradesh.

Libertad de expresión y de reunión

En respuesta a la pandemia de COVID-19, se impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión y de reunión. El 24 de marzo, el primer ministro Narendra Modi decretó el cierre de todo el país y el confinamiento obligatorio de la población invocando la Ley de Gestión de Catástrofes, ley draconiana que concedía al gobierno amplios poderes en situaciones de catástrofe. El incumplimiento de esta orden dio lugar a detenciones y reclusiones.

La libertad de reunión había sido restringida ya antes de la pandemia con medidas como la de obligar a la población civil a sufragar el coste de los daños ocasionados a bienes públicos cuando una protesta pacífica desembocaba en violencia.

Un año después de que el gobierno revocara el estatuto especial de Jammu y Cachemira y dividiera el estado en dos territorios de la Unión, se seguían reprimiendo las libertades civiles y restringiendo los servicios de comunicación. En 2020 quedaron en libertad líderes y lideresas políticos que habían sido sometidos a detención administrativa en 2019, entre ellos Farooq Abdullah, Omar Abdullah y Mehbooba Mufti. Sin embargo, el gobierno de la Unión continuó silenciando a quienes pedían rendición de cuentas e impuso un duro bloqueo informativo.

En Cachemira, al menos 18 periodistas sufrieron agresiones a manos de la policía o recibieron citaciones para personarse en comisaría. Asimismo, el gobierno de Jammu y Cachemira reprimió aún más la disidencia con la aprobación de una nueva política de prensa que ordenaba revisar las “actividades antinacionales” a fin de “crear un discurso constante sobre el funcionamiento del gobierno en los medios de comunicación”.

El 20 de octubre, el gobierno de Jammu y Cachemira cerró sin previo aviso la oficina del diario Kashmir Times, cuya directora, Anuradha Bhasin, había impugnado el bloqueo informativo ante el Tribunal Supremo. La Agencia Nacional de Investigación también irrumpió en las oficinas y residencias de activistas de la sociedad civil —entre ellos Khurram Parvez y tres de sus socios y socias, y Parveena Ahanger— que habían informado profusamente sobre abusos contra los derechos humanos perpetrados en Cachemira. La Agencia Nacional de Investigación afirmó que estos activistas habían recaudado fondos para “llevar a cabo actividades secesionistas y separatistas” en Jammu y Cachemira.

Durante el confinamiento nacional impuesto tras el brote de COVID-19, se invocó la legislación de excepción para detener o acusar a más de 50 periodistas por divulgar “desinformación” o “noticias falsas”. El 7 de abril, la policía de Uttar Pradesh registró un parte inicial de denuncia contra el periodista Prashant Kanojia por publicar presuntamente en las redes sociales “comentarios ofensivos” sobre el primer ministro, Narendra Modi, y el ministro principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Poco después, la policía de Uttar Pradesh registró otro parte inicial de denuncia contra el diario online The Wire y su director, Siddharth Varadarajan, por haber comunicado que Yogi Adityanath había asistido a un acto religioso público después de haberse decretado el confinamiento nacional.

El 28 de septiembre entró en vigor la reforma de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras aprobada por el gobierno, que prohibía a las ONG de gran tamaño traspasar a organizaciones de base fondos recibidos de donantes extranjeros. Asimismo, la reforma exigía a todas las organizaciones sin ánimo de lucro inscritas en el registro de entidades susceptibles de recibir fondos del extranjero que limitasen al 20% el porcentaje de las donaciones recibidas destinado a gastos de administración (anteriormente era del 50%). Probablemente, este cambio obligaría a las ONG a reducir personal y, en consecuencia, a limitar su labor de derechos humanos.

El 30 de septiembre, Amnistía Internacional India se vio obligada a paralizar su actividad después de que el gobierno congelase sus cuentas bancarias sin previo aviso. La organización no tuvo más remedio que despedir al personal y detener todo su trabajo de campaña e investigación. Esto ocurrió poco después de que Amnistía Internacional India publicase unos documentos en los que pedía rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos que tanto la policía de Delhi como el gobierno habían perpetrado durante los disturbios de Delhi y en la región de Jammu y Cachemira.

Más de 160 agricultores y agricultoras murieron tras la aprobación en el Parlamento en agosto, sin apenas consulta previa, de tres leyes sobre agricultura. Las muertes se debieron, entre otras causas, a suicidios, ataques cardiacos y accidentes de tráfico durante las protestas. En noviembre, durante la marcha de los agricultores a Delhi para protestar contra las leyes, la policía de Delhi les provocó lesiones al utilizar de manera indiscriminada cañones de agua y proyectiles de gas lacrimógeno.

Juicios injustos

Los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, no supervisaron de manera oportuna la respuesta del gobierno a la crisis de COVID-19.

El 13 de marzo, antes incluso de que se decretara el confinamiento nacional, el Tribunal Supremo declaró que, por razones de salud pública, los tribunales reducirían su capacidad de trabajo. Entre el 23 de marzo y el 4 de julio, el Tribunal Supremo admitió sólo casos de “extrema urgencia”, suprimiendo las vistas judiciales presenciales y recurriendo, en su lugar, a videoconferencias.

No se especificaron los criterios que se seguían para determinar si un caso era o no de “extrema urgencia” ni se facilitó ninguna definición del término, con lo que la tarea quedó, en general, a discreción de los jueces, y numerosos casos relevantes sobre violaciones graves de derechos humanos quedaron sin ver o sufrieron retrasos graves. El 3 de abril, durante la vista de una solicitud de libertad bajo fianza, el Tribunal Superior de Bombay argumentó que el término “urgente” era subjetivo y que no se aplicaba, por ejemplo, a quienes solicitaban la libertad bajo fianza en espera de conocer la sentencia.

El Tribunal Supremo socavó constantemente su propia imparcialidad e independencia. En agosto, en aplicación de unas disposiciones penales obsoletas sobre desacato, condenó al abogado y defensor de los derechos humanos Prashant Bhushan, que había criticado en Twitter el funcionamiento del tribunal desde 2014.

Agresiones y homicidios ilegítimos

En febrero estalló la violencia entre comunidades en la capital, Nueva Delhi. Según datos del gobierno, en los disturbios murieron 53 personas —la mayoría de ellas, musulmanas— y más de 500 resultaron heridas.

Durante el periodo previo a las elecciones a la Asamblea Legislativa de Delhi, celebradas el 8 de febrero, varios líderes políticos recurrieron al discurso de odio al hablar de las personas que se manifestaban contra la Ley de Reforma de la Ley de Nacionalidad. El 27 de enero, al referirse a los manifestantes de Shaheen Bagh, epicentro de las sentadas pacíficas de Delhi contra dicha ley, el viceministro de Economía de la Unión, Anurag Thakur, animó a la multitud a corear “que fusilen a los traidores a la nación”. El 28 de enero, Parvesh Verma, diputado del gobernante Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party), afirmó que los manifestantes de Shaheen Bagh pretendían entrar en los hogares y “violar a vuestras hermanas y vuestras hijas, para luego matarlas”. Ese mismo día, en otro discurso, prometió “no dejar ni una [mezquita] en pie” cuando el Partido del Pueblo Indio ganara las elecciones en Delhi.

Tras estos discursos se produjeron en los campus universitarios actos de violencia contra los manifestantes que protestaban por la Ley de Reforma de la Ley de Nacionalidad. Los líderes políticos mantuvieron el discurso de odio una vez celebradas las elecciones de Delhi, tras las cuales estalló la violencia en todo el distrito noreste del estado.

El 23 de febrero, el líder del Partido del Pueblo Indio, Kapil Mishra, convocó por Twitter una concentración contra una manifestación liderada por mujeres en la localidad de Jaffrabad (distrito noreste del estado de Delhi), para “evitar otro Shaheen Bagh”. En la concentración, advirtió a la policía de nefastas consecuencias si las manifestantes no abandonaban el lugar. Poco después de su discurso, estalló la violencia entre comunidades.

Uso excesivo de la fuerza

La policía empleó fuerza ilegítima y cometió diversas violaciones más de derechos humanos utilizando indebidamente la ley para intimidar a la población y silenciar la disidencia en nombre del gobierno de la Unión.

Durante los actos de violencia entre comunidades que tuvieron lugar en Delhi en febrero, agentes de la policía de Delhi lanzaron piedras junto con los alborotadores, torturaron a personas bajo custodia, desmantelaron lugares de protesta pacífica —absteniéndose de intervenir mientras los alborotadores agredían a manifestantes pacíficos— y destruyeron bienes públicos y privados. Estos actos no se sometieron a ninguna investigación independiente.

A medida que avanzaba la pandemia de COVID-19, crecía la preocupación por los derechos humanos, dada la actuación discriminatoria de la policía a la hora de imponer las normas de confinamiento. La mayoría de las personas detenidas por violar estas normas pertenecían a comunidades marginadas —como las castas y tribus reconocidas por la Constitución, las llamadas tribus desclasificadas (denotified) y la comunidad musulmana— o eran trabajadores de bajo nivel de ingresos. En marzo, la policía de Uttar Pradesh obligó a unos trabajadores que regresaban a su domicilio a arrastrarse por la carretera, llevando consigo sus pertenencias, como castigo por haber incumplido las normas de confinamiento. El 18 de abril murió en un hospital de Uttar Pradesh Mohammed Rizwan, de religión musulmana, que dos días antes había sido aporreado por la policía cuando salió a comprar unos artículos de primera necesidad. El 19 de junio, la policía del distrito de Thoothukudi (Tamil Nadu) detuvo a P. Jayaraj y a su hijo, J. Bennicks, trabajadores de bajo nivel de ingresos, para interrogarlos por haber mantenido su tienda abierta durante el confinamiento. Ambos murieron, presuntamente por torturas bajo custodia policial.

Impunidad

La policía siguió cometiendo con impunidad homicidios ilegítimos, algunos de los cuales constituían ejecuciones extrajudiciales. En julio, militares indios mataron de manera ilegítima a tres jóvenes trabajadores en una pomarada de Cachemira. La Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas, que regulaba el uso de la fuerza por el personal de seguridad en Cachemira, garantizaba prácticamente inmunidad procesal a las fuerzas de seguridad que cometieran presuntas violaciones de derechos humanos. En julio, en otra ejecución extrajudicial, Vikas Dubey fue presuntamente víctima de homicidio cuando estaba siendo escoltado a la ciudad de Kanpur tras haber sido detenido por la policía de Uttar Pradesh. Cuatro de sus socios fueron también víctimas de homicidios ilegítimos a manos de la policía de Uttar Pradesh. Previamente, la policía de ese estado había afirmado en un tuit que, desde 2017, había matado a 103 “delincuentes” y herido a otros 1.859 en 5.178 “intervenciones policiales” (eufemismo utilizado habitualmente entre agentes estatales para referirse a las ejecuciones extrajudiciales).

También se cometían impunemente delitos de odio, entre ellos actos de violencia contra dalits, comunidades adivasis (indígenas) y minorías religiosas. En septiembre, en el distrito de Hathras (estado de Uttar Pradesh) una mujer dalit fue presuntamente violada y asesinada por un grupo de hombres de una casta dominante. Tras los hechos, la policía del estado incineró el cuerpo sin consentimiento de la familia. Sólo se detuvo a los acusados cuando las protestas se extendieron por todo el país. Posteriormente, la policía de Uttar Pradesh registró varios partes iniciales de denuncia contra manifestantes por concierto para delinquir y sedición.

Derecho a la salud y al sustento

La gestión de la pandemia de COVID-19 puso en evidencia las lagunas del sistema público de salud y obligó a trabajar en condiciones inseguras y deficientes a quienes carecían de protección social y económica adecuada, como el personal sanitario comunitario o las minorías religiosas.

El gobierno acusó a la minoría musulmana Tablighi Jamaat de propagar la COVID-19, a consecuencia de lo cual algunos centros de salud negaron la entrada a personas musulmanas. En abril salieron a la luz casos de hospitales que habían rechazado a mujeres embarazadas y pacientes de cáncer de religión musulmana. En los meses siguientes al cierre total del país en marzo, las redes sociales y los grupos de WhatsApp se llenaron de peticiones de boicot social y económico a la población musulmana, además de noticias falsas y otra desinformación.

Mientras la pandemia de COVID-19 desbordaba el sistema público de salud, el personal sanitario de primera línea seguía gozando de escasa protección en términos de equipos de seguridad y de seguridad social (por ejemplo, seguro médico y de vida). Esta situación afectaba también a quienes trabajaban en la comunidad, como las trabajadoras de atención sociosanitaria comunitaria y el personal de saneamiento.

El Tribunal Supremo demoró la vista de un litigio de interés público en el que se solicitaba con urgencia transporte, alimentos y techo para los trabajadores y trabajadoras migrantes, que llevaban más de un mes bloqueados a causa de la repentina imposición del confinamiento. El 7 de abril, mientras numerosos trabajadores y trabajadoras migrantes caminaban en dirección a sus lejanos hogares —a falta de transporte facilitado por el gobierno o transporte público— el presidente del Tribunal Supremo indio, S. A. Bobde, declaró, durante la vista del litigio, que el Tribunal Supremo “no quería interferir en las decisiones del gobierno durante los 10 o 15 días siguientes”. Al menos 200 trabajadores y trabajadoras migrantes murieron en accidentes de carretera cuando se dirigían a pie a sus hogares desde otros distritos o estados durante el confinamiento. En mayo, ante la fuerte presión de la opinión pública, el gobierno empezó a proporcionar trenes especiales para los trabajadores migrantes bloqueados. Sin embargo, muchos de ellos murieron en esos mismos trenes por falta de alimentos y de agua, entre ellos un niño de 4 años que murió de hambre.

Durante el confinamiento, quienes trabajaban en el sector informal —que constituían más de las tres cuartas partes de la fuerza laboral india— se enfrentaron a enormes dificultades dada la imparable destrucción de puestos de trabajo. Sin embargo, numerosos estados suspendieron las salvaguardias jurídicas de las que normalmente gozaban los trabajadores y trabajadoras, como las relativas a la regulación del horario laboral, al derecho a constituir sindicatos y a la seguridad en el trabajo.

El confinamiento asociado a la COVID-19 redundó en un aumento de la violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito doméstico. Las mujeres y las niñas embarazadas encontraron más obstáculos a la hora de acceder a atención de la salud, y aumentó el riesgo de mortalidad y morbilidad maternas.

Derecho a la privacidad

En abril, el gobierno lanzó la aplicación de teléfono móvil Aarogya Setu con el supuesto fin de agilizar el rastreo de contactos y garantizar el acceso oportuno a servicios e información de salud esenciales. No se explicó qué órganos gubernamentales tendrían acceso a los datos recopilados con ella. Además, el código de la aplicación no estaba abierto al público, lo que contravenía la propia política del gobierno. Aunque el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información insistió en que no era obligatorio descargar la aplicación, numerosos departamentos gubernamentales y empresas privadas, como la Autoridad Aeroportuaria de India, obligaron a su personal a instalarla.