India 2024
Se utilizaron los organismos nacionales de asuntos económicos e investigación para atacar a la sociedad civil, a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas, periodistas y voces críticas, con lo que se redujo aún más el espacio cívico. Con el fin de infligir castigos de manera extrajudicial, las autoridades siguieron demoliendo ilegalmente inmuebles pertenecientes a minorías religiosas. India sustituyó el Código Penal y varias leyes que regulaban el procedimiento penal, todas ellas de la época colonial, por nueva legislación que seguía incluyendo disposiciones problemáticas, como las relativas a la sedición. Se impusieron restricciones de viaje a intelectuales, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, suspendiendo sus visados de trabajo, negándoles la entrada en el país y revocando su ciudadanía india de ultramar. Después de 10 años, la Comisión Electoral celebró elecciones a la asamblea legislativa del estado de Jammu y Cachemira. El estado de Manipur continuó sacudido por la violencia étnica.
Información general
Del 19 de abril al 1 de junio se celebraron elecciones generales en un contexto de represión de protestas pacíficas y de discriminación sistemática de las minorías religiosas. Pese a no haber ganado en la mayoría de las circunscripciones electorales, el Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party) inició su tercera legislatura consecutiva en el gobierno, en coalición con la Alianza Nacional Democrática.
El 22 de enero, el primer ministro, Narendra Modi, inauguró en la ciudad de Ayodhya (estado de Uttar Pradesh) un templo hindú dedicado a Rama en el lugar previamente ocupado por una mezquita medieval que había sido demolida por una muchedumbre hindú en 1992. Esta inauguración, previa a las elecciones, dio lugar a tensiones religiosas en el país, que desembocaron en incidentes de violencia contra la población musulmana.
En junio, el organismo intergubernamental global Grupo de Acción Financiera (GAFI) concluyó su cuarta evaluación sobre los esfuerzos de India para erradicar el blanqueo de capitales y luchar contra la financiación del terrorismo. En el informe que emitió instó a India a asegurarse de que las medidas restrictivas que se hubieran implantado en relación con la regulación y la supervisión de las organizaciones sin ánimo de lucro y su financiación fueran resultado de un análisis de riesgos acorde a la definición del GAFI.
Tras dos mandatos consecutivos de tres años cada uno, India dejó de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre 2019 y 2024, el país recibió un total de 83 comunicaciones de distintos mecanismos expertos de la ONU, pero sólo respondió a 20. Asimismo, desde 2019 sólo había aceptado una solicitud de visita, y tenía 19 pendientes, incluida una de la relatora especial de la ONU sobre la tortura que databa de 1999.
Libertad de expresión y de asociación
Las autoridades aprobaron leyes que criminalizaban la disidencia y, en consecuencia, socavaban los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y juicio justo.
El 1 de julio entraron en vigor tres leyes —Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Sakshya Adhiniyam y Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita— que reemplazaban el Código Penal indio de 1860, la Ley sobre Pruebas de 1872 y el Código de Procedimiento Penal de 1882. Aunque la intención de esta sustitución era modernizar la legislación colonial, las nuevas leyes conservaron disposiciones controvertidas, como las relativas a la sedición.
El 11 de abril, Apple envió notificaciones a varios usuarios de India sobre posibles ataques de “programas espía mercenarios”, entre ellos el software malicioso Pegasus de la empresa de cibervigilancia NSO Group. Iltija Mufti, asesora de prensa e hija de la lideresa política cachemir Mehbooba Mufti, y Pushparaj Deshpande, fundador de la organización sin ánimo de lucro Fundación Samruddha Bharat, denunciaron haber recibido estas notificaciones.
Se consiguieron frustrar varios intentos de reprimir la libertad de expresión por ley. La indignación de la opinión pública hizo que, en agosto, el Ministerio de Información y Comunicación retirara un anteproyecto de Ley de Regulación de Servicios de Radiodifusión con el que se pretendía que el término “emisores de noticias digitales” incluyera también a las personas creadoras de contenidos en las redes sociales. El 20 de septiembre, el Tribunal Superior de Bombay anuló las Normas Revisadas sobre Tecnología de la Información (Directrices para Intermediarios y Código Ético de los Medios de Comunicación Digitales) de 2023 —que habían permitido a las autoridades calificar el contenido en línea de “falso o engañoso”— por considerarlas inconstitucionales.
Según el Centro de Asesoramiento Legal sobre Software Libre, organización de derechos digitales que hacía el seguimiento de los cierres de Internet, durante el año las autoridades impusieron 40 cierres de Internet en nueve estados y un territorio de la Unión. Estos cierres generales se impusieron con el fin de “mantener el orden público” durante episodios de violencia entre etnias y comunidades, protestas agrícolas y exámenes de aptitud para acceder a puestos de trabajo públicos y estudios superiores.
Los trabajadores y trabajadoras de la confección siguieron encontrando importantes obstáculos a la hora de ejercer su derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Tanto los bajos salarios como los altísimos niveles de temporalidad laboral continuaron siendo endémicos, sobre todo entre las mujeres y las trabajadoras de la comunidad dalit.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Las autoridades utilizaron los organismos centrales de asuntos económicos e investigación para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores y defensoras de los derechos humanos. La cancelación de las licencias concedidas al menos a siete ONG en virtud de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras les impidió acceder a fondos esenciales. El 25 de septiembre, la Agencia Tributaria canceló el registro de la ONG Aman Biradari (fundada por el activista Harsh Mander) como organización exenta del pago de impuestos.
El 1 de julio, un tribunal de Delhi condenó a cinco meses de cárcel a la activista de derechos humanos Medha Patkar en una causa por difamación penal que respondía a motivos políticos presentada hacía 23 años por el teniente gobernador de Delhi. En apelación, la condena pasó a ser condicional.
El 17 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por blanqueo de capitales y asesinato por encargo contra Vikash Yadav, empleado del gobierno indio a quien se acusó de participar en una presunta trama para asesinar al activista sij Gurwant Singh Pannun.
Periodistas
Las autoridades siguieron reprimiendo a periodistas locales e impusieron restricciones de viaje a periodistas del extranjero mediante la denegación de visados de trabajo y la revocación de la ciudadanía india de ultramar.
La ciudadanía india de ultramar de Vanessa Dougnac, excorresponsal en Asia meridional de distintos medios de comunicación internacionales, fue revocada por su labor informativa “malintencionada y crítica”. Avani Das, directora de la oficina de la Corporación Australiana de Radiodifusión en Asia meridional, y Sébastien Farcis, periodista francés, se vieron obligados a abandonar India tras haberles denegado las autoridades una prórroga de sus permisos de trabajo.
El 11 de septiembre, sin explicación alguna se prohibió la entrada en India al cineasta australiano David Bradbury, que fue interrogado en relación con su documental sobre las protestas contra la planta nuclear de Kudankulam, situada en el estado de Tamil Nadu.
El 26 de noviembre, la policía de Uttar Pradesh informó al Tribunal Superior de Allahabad de que en el parte inicial de denuncia contra Mohammed Zubair, cofundador del sitio web de noticias Alt News, se hablaba de “poner en peligro la soberanía, la unidad y la integridad de India”. La policía abrió una investigación contra Mohammed Zubair basándose en ese parte inicial de denuncia.
Detención y reclusión arbitrarias
Continuaban recluidos seis estudiantes y activistas de derechos humanos por su presunta implicación en la organización de los actos de violencia entre comunidades que se habían producido en Delhi en 2020.
Durante el periodo previo a las elecciones generales, la Dirección de Aplicación de la Ley, principal organismo de investigación de delitos económicos en India, detuvo al ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, y al de Jharkhand, Hemant Soren, ambos pertenecientes a partidos políticos de oposición. En septiembre, el Tribunal Supremo les concedió la libertad bajo fianza. El 8 de mayo, la policía del estado de Tamil Nadu arrestó en la ciudad de Coimbatore al youtuber Savukku Shankar por “comentarios denigrantes” contra el personal femenino de la policía. Tras su arresto, se presentaron en total 17 partes iniciales de denuncia en su contra, lo que motivó su detención administrativa en aplicación de la Ley de Maleantes de Tamil Nadu. El 25 de septiembre, el Tribunal Supremo ordenó que fuera puesto en libertad.
El 14 de mayo, el Tribunal Supremo concedió la libertad bajo fianza al periodista Gautam Navlakha, que llevaba cuatro años recluido sin juicio. Los cargos en su contra —algunos de ellos en aplicación de una draconiana ley antiterrorista, la Ley de Prevención de Actividades Ilegales— tenían que ver con su presunta implicación en los actos de violencia de Bhima Koregaon. En relación con ese caso se había detenido a 16 activistas de derechos humanos, ocho de los cuales continuaban en prisión sin haber sido juzgados.
El 14 de junio, el teniente gobernador de Delhi autorizó el encausamiento de Arundhati Roy, escritora de fama mundial, y del intelectual cachemir Sheij Showkat Hussain. Ambos fueron acusados en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales.
El 6 de julio, la policía de Uttar Pradesh presentó un parte inicial de denuncia contra el periodista Zakir Ali Tyagi y otros tres hombres. Fueron acusados de “promover la hostilidad entre diferentes grupos” y de “efectuar declaraciones conducentes a la alteración del orden público” por la publicación de mensajes en las redes sociales sobre el linchamiento de un musulmán en el distrito de Shamli, el 5 de julio.
Derechos económicos, sociales y culturales
Desalojos forzosos
Desde 2020, las autoridades de los estados utilizaban los desalojos forzosos y las demoliciones punitivas como forma de castigo colectivo y arbitrario tras episodios de violencia entre comunidades y actos de protesta. Entre 2020 y 2022, el total de demoliciones llevadas a cabo entre los diversos estados de India superó los 2.840 inmuebles, incluidos viviendas y lugares de culto, en su mayoría pertenecientes a personas musulmanas.1
En noviembre, en dos sentencias históricas, el Tribunal Supremo resolvió que las demoliciones arbitrarias de inmuebles, a menudo promovidas por las más altas instancias de gobierno especialmente contra personas musulmanas, eran “abusivas y arbitrarias” y equivalían a un “castigo colectivo”.2 El tribunal las declaró inconstitucionales y estableció una serie de directrices sobre el debido proceso.
Discriminación
El 7 de marzo, en vísperas de las elecciones generales, el gobierno del estado de Assam suspendió durante tres meses la concesión de certificados de conformidad para la venta de terrenos entre personas pertenecientes a distintas religiones. Esta medida suscitó preocupación por la discriminación que suponía para la población musulmana, ya que, en la práctica, la obligaba a vivir en zonas segregadas por motivos religiosos.
El 24 de septiembre, el gobierno de Uttar Pradesh ordenó que en todos los establecimientos de alimentación aparecieran los nombres y direcciones del personal, los propietarios y los administradores. Esta directiva se emitió a pesar de que, en un fallo del 22 de julio, el Tribunal Supremo se había negado a aplicar una directiva similar del mismo estado por considerar que perpetuaba la discriminación por motivos de identidad.
Libertad de reunión pacífica
En numerosos casos, agentes de policía hicieron un uso ilícito de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente.
Tras las grandes protestas pacíficas de agricultores que tuvieron lugar en febrero en los estados de Punyab y Haryana, la policía de Haryana utilizó ilícitamente drones para disparar ráfagas de gas lacrimógeno con el fin de dispersar a quienes protestaban. El 21 de febrero, el agricultor Shubhkaran Singh, de 20 años, murió por disparos durante una protesta.3 Por orden del Tribunal Superior de Punyab y Haryana se constituyó una comisión para investigar su muerte.
Más de 1.500 trabajadores y trabajadoras de Samsung Electronics celebraron una protesta pacífica en la ciudad de Chennai (estado de Tamil Nadu) para exigir el reconocimiento de su recién constituido sindicato, que tenía por objeto garantizar la negociación de subidas salariales y una mejor organización del trabajo. En respuesta a ello, la policía detuvo a más de 300 manifestantes.
Al menos 51 personas de siete estados se enfrentaron a cargos penales por organizar concentraciones a favor de Palestina y publicar contenido propalestino en las redes sociales.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El 9 de agosto, una doctora en prácticas de 31 años fue violada y asesinada en el Hospital Universitario R. G. Kar de Calcuta (estado de Bengala Occidental), suceso que desencadenó una oleada de protestas por todo el país. El 14 de agosto, personas no identificadas atacaron al personal hospitalario que estaba protestando.
Los medios de comunicación informaron de 33 casos de violencia sexual y física contra mujeres dalits entre enero y septiembre.
Discriminación
En una sentencia histórica, un tribunal del estado de Karnataka declaró culpables a 101 personas en la causa sobre la violencia entre castas ocurrida en Marakumbi en 2014, y condenó a cadena perpetua a 98 de ellas por haber incendiado chozas de dalits.
En octubre, una joven dalit de 19 años murió quemada en el estado de Madhya Pradesh tras haber presentado una denuncia por acoso sexual. Le prendió fuego el hijo del hombre al que había denunciado por acoso a la policía.
El 7 de febrero, el estado de Uttarakhand aprobó el Código Civil Uniforme sin la debida consulta legislativa y pública. Este código reemplazaba la legislación civil relativa al estatuto personal específica de cada religión, y se consideraba que iba en contra de las normas consuetudinarias de la población musulmana, mientras que no modificaba ninguna de la comunidad hindú. El 11 de marzo, las autoridades notificaron las normas de aplicación de la Ley de Reforma de la Ley de Nacionalidad de 2019. Esta ley legitimaba la discriminación por motivos de religión, al no reconocer como personas refugiadas y solicitantes de asilo a las de religión musulmana.
El 30 de julio, la asamblea legislativa del estado de Uttar Pradesh reformó la Ley de Prohibición de la Conversión Religiosa Ilegítima de Uttar Pradesh. La reforma penalizaba de hecho los matrimonios consensuales entre personas de distinta religión, y elevaba la pena máxima a cadena perpetua.
Jammu y Cachemira
Khurram Parvez, defensor cachemir de los derechos humanos, permanecía detenido por cargos de terrorismo de motivación política.
El 23 de febrero se prohibió la entrada en India a la profesora india de nacionalidad británica y origen cachemir Nitasha Kaul, que se dirigía a la ciudad de Bangalore (estado de Karnataka) para asistir a una conferencia.
El 10 de mayo, Aasif Sultan, director del portal de noticias en línea Kashmir Wallah, obtuvo la libertad bajo fianza y salió de la cárcel tras haber permanecido preso casi seis años.
Entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre, y en cumplimiento de la sentencia de 2023 del Tribunal Supremo, la Comisión Electoral llevó a cabo las primeras elecciones a la asamblea legislativa celebradas en Jammu y Cachemira desde la disolución del gobierno que surgió de las urnas en 2019.
En junio y julio, en el periodo previo a las elecciones, cuatro renombrados abogados cachemires y miembros del Colegio de Abogados de Jammu y Cachemira fueron detenidos en Srinagar en aplicación de la Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira.4 El 12 de julio se otorgó al teniente gobernador de Jammu y Cachemira —designado por el gobierno central— el control absoluto sobre la gobernanza del estado, lo que incluía el funcionariado local, las prisiones, la fiscalía y los asuntos judiciales.
El 8 de octubre, el periodista Sajad Gul quedó en libertad tras haber pasado dos años recluido en aplicación de la Ley de Seguridad Pública.
Manipur
El gobierno del estado no puso fin a la constante violencia étnica entre la comunidad dominante Meitei y la minoritaria Kuki y otras comunidades tribales de las colinas. Se tuvo noticia de al menos 32 casos de violencia de género perpetrada por miembros de los grupos armados parapoliciales Arambai Tenggol y Meitei Lippun contra personas pertenecientes a comunidades tribales. No se procesó a ningún miembro de esos grupos.5 En noviembre se prendió fuego a viviendas y más de 20 personas perdieron la vida en el estado.
Según el medio de comunicación The Wire, se remitió al Ministerio del Interior un archivo de audio de 48 minutos que, presuntamente, contenía comentarios discriminatorios del ministro principal del estado, N. Biren Singh, contra la comunidad tribal Kuki y pruebas de su complicidad oficial en la violencia étnica.
El 22 de septiembre, Meitei Lippun amenazó al activista de derechos humanos Babloo Loitongbam y a su familia por su presunta colaboración con la comunidad tribal Kuki durante la violencia étnica.
Derecho a un medioambiente saludable
El gobierno carecía de políticas adecuadas de preparación ante catástrofes naturales y no respondió eficazmente a las inundaciones ni a la contaminación atmosférica, agravadas por el cambio climático. Según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación, en noviembre el nivel de contaminación atmosférica de la capital, Nueva Delhi, puso en grave riesgo la salud de sus residentes. El estado de Assam siguió expuesto a intensas inundaciones, que causaron al menos 113 víctimas mortales en julio y afectaron al menos a 3,3 millones de personas.
Las autoridades no prestaron el apoyo adecuado a las comunidades marginadas afectadas por las olas de calor, que causaron al menos 100 muertes y daños a un mínimo de 40.000 personas. Los análisis de la empresa de servicios meteorológicos Skymet afirmaron que el cambio climático había alterado los patrones meteorológicos, en particular induciendo una ausencia de lluvias invernales y contribuyendo al descenso de la calidad del aire en las llanuras indogangéticas, incluida Delhi. Climate Action Tracker calificó de “muy insuficientes” las políticas y los objetivos climáticos de India, y señaló que éstos no se ajustaban al límite de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París.
- “If you speak up, your house will be demolished”. Bulldozer injustice in India, 7 de febrero ↩︎
- India: Sentencia histórica del Tribunal Supremo que debe servir de punto de inflexión en la campaña de odio contra los musulmanes, 13 de noviembre ↩︎
- India: The price of protest must not be death, 22 de febrero ↩︎
- India: Authorities must end repression of dissent in Jammu and Kashmir, 18 de septiembre ↩︎
- India: Las autoridades, “completamente ausentes” mientras en el estado de Manipur reinan la violencia y la impunidad, 16 de julio ↩︎