Resumen

Se utilizaron los organismos nacionales de asuntos económicos e investigación para atacar a la sociedad civil, a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas, periodistas y voces críticas, con lo que se redujo aún más el espacio cívico. Con el fin de infligir castigos de manera extrajudicial, las autoridades siguieron demoliendo ilegalmente inmuebles pertenecientes a minorías religiosas. India sustituyó el Código Penal y varias leyes que regulaban el procedimiento penal, todas ellas de la época colonial, por nueva legislación que seguía incluyendo disposiciones problemáticas, como las relativas a la sedición. Se impusieron restricciones de viaje a intelectuales, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, suspendiendo sus visados de trabajo, negándoles la entrada en el país y revocando su ciudadanía india de ultramar. Después de 10 años, la Comisión Electoral celebró elecciones a la asamblea legislativa del estado de Jammu y Cachemira. El estado de Manipur continuó sacudido por la violencia étnica.