Resumen

Las autoridades utilizaron legislación represiva para silenciar las críticas, y limitaron la libertad de expresión tanto dentro como fuera de Internet. Se siguió intimidando y hostigando a los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos activistas, periodistas, estudiantes y profesionales del derecho y del mundo del espectáculo. Investigaciones independientes pusieron al descubierto un enorme e ilegal sistema de vigilancia utilizado por el gobierno contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que violaba sus derechos a la privacidad, a no sufrir discriminación y a la protección de datos. Se utilizó indebidamente la legislación sobre contribuciones procedentes del extranjero para reprimir a las ONG de derechos humanos. La policía y las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva contra miembros de comunidades minoritarias y personas dedicadas a la agricultura que protestaban pacíficamente contra las leyes agrícolas. Los tribunales socavaron el derecho a un juicio justo y aplazaron la vista de casos de suma relevancia sobre violaciones de derechos humanos. En el contexto de la COVID-19, se incrementó la falta de transparencia sobre la distribución de fondos y se menoscabó el derecho a la salud. Durante la segunda ola de contagios, la escasez de camas de hospital y de oxígeno afectó a importantes sectores de la población. Continuaron sin remitir la discriminación por razón de casta y la violencia contra la población dalit y adivasi. Brigadas dedicadas a la protección de las vacas atacaron a comunidades minoritarias perjudicando sus medios de vida.