Resumen

Se instrumentalizaron los organismos nacionales de asuntos económicos e investigación para atacar a la sociedad civil, a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas, periodistas y voces críticas, con lo que se redujo aún más el espacio cívico. Cargos públicos, dirigentes de la política y simpatizantes del Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party) —partido del gobierno federal— hicieron impunemente apología del odio y de la violencia contra minorías religiosas, sobre todo la musulmana, con lo que se incrementaron los delitos de odio. Tras episodios de violencia entre comunidades étnicas eran habituales las demoliciones punitivas de edificaciones mayoritariamente musulmanas —incluidas viviendas, empresas y lugares de culto—, que provocaban desalojos forzosos masivos y quedaban impunes. India siguió imponiendo restricciones arbitrarias y generales a Internet, incluido su cierre. El gobierno restringió sin el debido proceso el acceso a las cuentas de Twitter (ahora X) de periodistas y organizaciones de la sociedad civil. La población dalit, adivasi y perteneciente a otros grupos marginados siguió sufriendo actos de violencia y una arraigada discriminación, con ataques específicos contra mujeres y niñas relacionados con su derecho a la autonomía corporal. Pese a estar prohibido formalmente emplear a personas para la recogida manual de excrementos, más de 300 personas habían muerto limpiando alcantarillas y fosas sépticas desde 2018.