Resumen

La situación de los derechos humanos sufrió un grave deterioro mientras las autoridades continuaban atacando a la disidencia. Se utilizó legislación antiterrorista y sobre sedición para criminalizar a periodistas, humoristas, intelectuales y estudiantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión. Se ordenó a las plataformas de redes sociales que bloquearan las voces críticas. Se detuvo a personas que protestaban pacíficamente. Se arrestó y procesó a periodistas y activistas, y quienes ya estaban en detención, como los y las activistas del caso Bhima Koregaon, así como Umar Khalid y otras personas activistas musulmanas, siguieron entre rejas. Aumentó la persecución de minorías religiosas y étnicas, incluida la musulmana, que fue blanco de leyes discriminatorias sobre el matrimonio. Los desalojos forzosos masivos de personas musulmanas en el estado de Assam dejaron a miles sin hogar, y los derribos punitivos en Maharashtra y en Jammu y Cachemira continuaron. Se deportó o devolvió ilícitamente a personas rohinyás y musulmanas de origen bengalí, y nuevas normas de inmigración dejaron desprotegidas a las personas solicitantes de asilo. Los cambios en la política medioambiental desmantelaron las medidas de protección para los pueblos indígenas, que quedaron expuestos a sufrir desplazamiento. Inundaciones, corrimientos de tierras y olas de calor siguieron cobrándose cientos de vidas, poniendo de manifiesto que el gobierno no actuaba de manera decisiva para abordar la crisis climática. Las políticas y objetivos climáticos siguieron siendo “muy insuficientes” y persistía la dependencia del carbón. Continuó la violencia por motivos de casta contra las personas dalits.