Resumen

Los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las minorías religiosas se vieron socavados por leyes y políticas aprobadas sin las adecuadas consultas públicas y legislativas. El gobierno reprimió selectiva y ferozmente a las minorías religiosas, mientras que dirigentes de la esfera política y autoridades públicas hacían con frecuencia y de manera explícita apología del odio hacia esas minorías con impunidad. Se efectuaron impunemente demoliciones punitivas de viviendas y empresas de familias musulmanas. Las personas que se manifestaban de manera pacífica en defensa de los derechos de las minorías fueron presentadas y tratadas como amenazas contra el orden público. Se utilizó profusamente legislación represiva, especialmente la antiterrorista, para silenciar la disidencia. Las autoridades recurrieron a las tecnologías digitales, incluida la vigilancia ilegítima, para intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos. La población adivasi y comunidades marginadas, incluida la dalit, siguieron sufriendo violencia y una arraigada discriminación.