En respuesta a la condena a muerte impuesta a nueve agentes de policía por el Primer Tribunal Adicional Penal de Primera Instancia de Distrito de Madurai por la tortura bajo custodia y la muerte de P. Jayaraj y P. Bennix, el presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India, Aakar Patel, ha declarado:
“El fallo del tribunal marca un momento insólito de rendición de cuentas en la larga lucha de India contra la tortura policial. Reconoce la brutalidad de un crimen que conmocionó a la nación. Pero esta condena a muerte no es justicia: supone desviarse de reformas más profundas que es preciso abordar urgentemente para garantizar la supervisión y la rendición de cuentas de la policía. Castigar una violación de derechos humanos con otra no termina con la violencia, sino que la perpetúa.”
“Lo que se necesita es una reforma estructural. India debe ratificar la Convención contra la Tortura de la ONU, algo que tiene pendiente desde hace mucho tiempo y que convertiría el derecho internacional en legalmente vinculante para el país, además de reforzar los mecanismos nacionales de rendición de cuentas. Si bien la ratificación por sí sola no acabaría con la tortura, sería una parte muy importante de una solución más amplia que debería incluir una ley específica contra la tortura, investigaciones independientes, y una estricta aplicación de las garantías existentes. Además, India debe facilitar la visita de la relatora especial de la ONU sobre la tortura, tras la ausencia de respuesta a las solicitudes de este organismo desde 1999.
Castigar una violación de derechos humanos con otra no termina con la violencia, sino que la perpetúa.
Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India
“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. No sirve para evitar la tortura ni propicia un cambio sistémico. La justicia para Jayaraj, Bennix y miles de personas más pasa por transformar las instituciones que permitieron sus muertes y garantizar que lo ocurrido nunca vuelva a suceder.”
Información complementaria
Además de las condenas a muerte, el tribunal ordenó que los policías pagaran conjuntamente 1,40 millones de rupias (150.500 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización a la familia de los fallecidos.
Jayaraj y su hijo Bennix murieron días después de haber sido puestos bajo custodia por la policía de Sathankulam (estado de Tamil Nadu), en junio de 2020, por presunta violación de las restricciones que estaban en vigor por el COVID-19. Ambos fueron sometidos a tortura mientras estaban bajo custodia, incluida violencia sexual. Sus muertes sacaron a la luz fallos sistémicos: la utilización rutinaria de la tortura, la escasa supervisión, y una cultura de impunidad que persiste a pesar de la existencia de garantías jurídicas.
Según datos de la Oficina Nacional de Antecedentes Penales, entre 1999 y 2023 murieron más de 2.200 personas bajo custodia policial en India. Sin embargo, las sentencias condenatorias continúan siendo una excepción, sin que haya ninguna registrada en casos de muerte bajo custodia entre 2081 y 2023.
India ha establecido garantías jurídicas e institucionales para asegurar que la policía rinde cuentas por torturas bajo custodia. El Código de Procedimiento Penal exige examen médico, presentación ante el juez en un plazo de 24 horas desde la detención, e investigaciones judiciales sobre las muertes bajo custodia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene potestad para investigar. Y sin embargo esas garantías se ignoran sistemáticamente o se aplican de manera deficiente.
Independientemente de que India no haya ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante es una norma del derecho internacional consuetudinario aplicable a todas las personas en todas las circunstancias.
Para más información sobre la postura de Amnistía Internacional respecto a la pena de muerte, consulten aquí.