Pena de muerte
© Amnesty International/McCann Erickson Berlin
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Resumen

Sabemos que, juntos, podemos acabar con la pena de muerte en cualquier parte.

Cada día, algún Estado ejecuta o condena a muerte a alguien como castigo por algún delito, y a veces por actos que no deben estar castigados. En algunos países, puede imponerse esta pena por delitos relacionados con las drogas, mientras que en otros se reserva para los actos de terrorismo y los asesinatos.

Algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito; otros aplican la pena capital a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales; y otros la aplican en el contexto de juicios sin las debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional. Así, la gente pasa años condenada a muerte, sin saber cuándo le llegará el momento o si podrá volver a ver a su familia.

La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, al margen de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito y del método de ejecución.

Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.

Además, a lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha ido adoptando diversos instrumentos que prohíben el empleo de la pena de muerte, entre ellos los siguientes:

• El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
• El protocolo número 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la abolición de la pena de muerte, y el protocolo número 13 al mismo convenio, sobre la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.
• El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.

Aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso la pena de muerte para los “más graves delitos”, es decir, el homicidio intencional, Amnistía Internacional considera que la pena de muerte nunca es la solución.

La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución.

Métodos de ejecución

• Decapitación
electrocución
• Ahorcamiento
• Inyección letal
• Armas de fuego

Ejecución de personas que eran menores de edad en el momento del delito

Hay países que siguen condenando a muerte y ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de la pena de muerte en tales casos. El número de esas ejecuciones es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional,

pero su importancia va más allá de las cifras, y pone en cuestión el compromiso de los Estados ejecutores de respetar el derecho internacional.

Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado en 10 países 145 ejecuciones de personas que eran menores de edad en el momento del delito: Arabia Saudí, China, Estados Unidos de América, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.

Varios de estos países han cambiado ya sus leyes para excluir esta práctica. En Irán, las ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito duplican con creces el número la suma esas ejecuciones en los restantes nueve países. En el momento de redactar el presente informe, esa cifra ascendía en Irán a al menos 97 ejecuciones desde 1990.

¿Dónde tienen lugar la mayoría de las ejecuciones?

En 2018, la mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak, por ese orden.

China sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, ya que los datos correspondientes están clasificados como secreto de Estado. En la cifra global de 2018 de al menos 690 ejecuciones, no se incluyen los miles de ellas que, según se cree, tuvieron lugar en China.

Excluyendo a China, el 78% de las ejecuciones registradas se produjeron en sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irak, Irán y Vietnam.

Ejecuciones por año

En 2018, Amnistía Internacional registró, al menos, 690 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 31% con respecto al año 2017, en el que se registraron, al menos, 993 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional durante los últimos 10 años.

Condenas a muerte por año

Amnistía Internacional registró, al menos, 2.531 condenas a muerte nuevas en 54 países en 2018, lo que supuso un ligero descenso con respecto a las 2.591 de 2017. Se tenía constancia de que al finalizar 2018 había en todo el mundo al menos 19.336 personas condenadas a muerte.

Razones para abolir la pena de muerte.

Es irreversible y se cometen errores. La ejecución es la máxima pena y es irrevocable: nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973 más de 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad.

No disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones; no hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cadena perpetua a la hora de reducir la delincuencia.

Suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales. En muchos de los casos registrados por Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios manifiestamente injustos, en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó asistencia letrada adecuada. En algunos países la pena de muerte es preceptiva para determinados delitos, con lo que los jueces no pueden analizar las circunstancias del delito ni las de la persona acusada antes de dictar condena.

Es discriminatoria. El grueso de la pena de muerte recae, de manera desproporcionada, sobre personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Éstas tienen, por ejemplo, acceso limitado a representación legal o se encuentran en situación de desventaja ante el sistema de justicia penal.

Se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países, como Irán y Sudán, usan la pena de muerte para castigar a opositores políticos.

¿Qué hace Amnistía Internacional para lograr la abolición de la pena de muerte?

Amnistía Internacional lleva 40 años haciendo campaña en todo el mundo por la abolición de la pena de muerte.

Amnistía hace un seguimiento del uso que los Estados hacen de esta forma, la más extrema, de castigo cruel, inhumano y degradante con el fin de señalar públicamente a los países que siguen aplicándolo y hacer que rindan cuentas por ello. Anualmente, publicamos un informe con las cifras correspondientes y las tendencias de cada país. El último, titulado Condenas a muerte y ejecuciones 2018, fue publicado en abril de 2019.

El trabajo de la organización en contra de la pena de muerte adopta múltiples formas, entre ellas, proyectos específicos basados en trabajo de incidencia y de campaña en las regiones de África, Asia y Oceanía, América y Europa y Asia Central; el refuerzo de normas nacionales e internacionales en contra del uso de la pena capital, respaldando, por ejemplo, la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de resoluciones sobre una moratoria de la pena de muerte; y ejercer presión en relación con casos de personas que se enfrentan a una ejecución inminente. También respaldamos las acciones y el trabajo del movimiento abolicionista a escala nacional, regional y global.

Cuando Amnistía Internacional comenzó ese trabajo en 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte. Hoy día la cifra asciende a 106, más de la mitad de los países del mundo. El número de países abolicionistas en la ley o en la práctica es superior a dos tercios del total.

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CASOS PRÁCTICOS

Salvado de la pena de muerte: Hafez Ibrahim

El trabajo de campaña de Amnistía Internacional consiguió detener la ejecución del yemení Hafez Ibrahim no una, sino dos veces. Hafez —acusado de un delito del que se declara en todo momento inocente— iba a ser fusilado por un pelotón en 2005. De hecho, en la prisión yemení lo condujeron a un pequeño patio, ante un grupo de soldados que sostenían fusiles. Pensaba que había llegado el final.

Cuando se disponían a disparar, lo llevaron de vuelta a la celda, sin darle ninguna explicación. “Estaba perdido. No entendía lo que pasaba. Más tarde supe que Amnistía Internacional había llamado al presidente yemení para que detuviera mi ejecución y se había escuchado su mensaje”, explica Hafez.

En 2007, cuando estaba de nuevo a punto de ser ejecutado, envió un SMS a Amnistía Internacional: “Van a ejecutarnos”, comunicó Hafez.

Ese mensaje le salvó la vida, pues desató una campaña internacional que llevó al presidente del país a detener, por segunda vez, su ejecución.

Ahora, Hayez es abogado, y ayuda en Yemen a gente encarcelada y condenada a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad. “Le debo la vida a Amnistía Internacional”, asegura. Ahora dedico mi vida a luchar contra la pena de muerte”.

Activistas con una misión: Souleymane Sow

El trabajo de Amnistía Internacional cuenta con el respaldo de sus excelentes activistas, que asumen la tarea de luchar contra esa aberrante práctica.

Souleymane Sow es voluntario de Amnistía Internacional desde que estudiaba en Francia. Con la idea de contribuir al cambio, regresó a Guinea, donde fundó un Grupo local de voluntariado de Amnistía Internacional y se puso manos a la obra. ¿Su objetivo? Promover la importancia de los derechos humanos, educar a la población al respecto y erradicar la pena de muerte. Junto con 34 ONG, lograron finalmente su meta el año pasado.

“Mis colegas y yo captamos apoyos contra la pena de muerte todos los días durante cinco meses. En 2016, la Asamblea Nacional de Guinea votó a favor de un nuevo Código Penal que eliminaba la pena de muerte de la lista de penas aplicables. El año pasado hizo lo mismo con el Código Militar”, explica Souleymane.

“Fue un logro increíble, que demostró hasta dónde llega el poder de la gente. Era la primera vez que tantas ONG se unían para hacer campaña sobre un tema. La gente decía que estaba encantada con nuestro trabajo y que podía ver que el cambio es posible. Sobre todo, esto nos ha inspirado para seguir luchando.”

Visión global

Condenas a muerte y ejecuciones de 2007 a 2018