Sabemos que, juntos, podemos acabar con la pena de muerte en cualquier parte.

Cada día, algún Estado ejecuta o condena a muerte a alguien como castigo por algún delito, y a veces por actos que no deben estar castigados. En algunos países, puede imponerse esta pena por delitos relacionados con las drogas, mientras que en otros se reserva para los actos de terrorismo y los asesinatos.

Algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 añosen el momento de cometerse el delito; otros aplican la pena capital a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales; y otros la aplican en el contexto de juicios sin las debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional. Así, la gente pasa años condenada a muerte, sin saber cuándo le llegará el momento o si podrá volver a ver a su familia.

La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.

Acerca de la pena de muerte

Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.

Además, a lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha ido adoptando diversos instrumentos que prohíben el empleo de la pena de muerte, entre ellos los siguientes:

  • Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
  • Protocolo número 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la abolición de la pena de muerte, y el protocolo número 13 al mismo convenio, sobre la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.
  • Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.

Aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso la pena de muerte para los “más graves delitos”, es decir, el homicidio intencional, Amnistía Internacional considera que la pena de muerte nunca es la solución.

La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución.

Ejecución de personas que eran menores de edad en el momento del delito

Hay países que siguen condenando a muerte y ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de la pena de muerte en tales casos. El número de esas ejecuciones es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional, pero su importancia va más allá de las cifras, y pone en cuestión el compromiso de los Estados ejecutores de respetar el derecho internacional.

Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado en 10 países al menos 158 ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento de cometerse delito por el que fueron condenadas. Arabia Saudí, China, Estados Unidos de América, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.

Varios de estos países han cambiado ya sus leyes para excluir esta práctica. En Irán, las ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento del delito duplican con creces la suma de esas ejecuciones en los restantes nueve países. En el momento de redactar estas líneas, esa cifra ascendía en Irán a al menos 108 ejecuciones desde 1990.

Métodos de ejecución empleados en 2021

  • decapitación
  • ahorcamiento
  • inyección letal
  • arma de fuego
108
países que habían abolido la pena de muerte en su legislación al concluir 2021
579
ejecuciones contabilizadas por Amnistía Internacional en 2021 (incremento del 20% con respecto a 2020)
miles
personas posiblemente ejecutadas en China, aunque la cifra sigue siendo secreto de Estado

¿Dónde tiene lugar la mayoría de las ejecuciones?

La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden.

China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado; la cifra oficial de al menos 579ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que se cree que tuvieron lugar en China.

Excluyendo a China, el 80% de todas las ejecuciones que se dieron a conocer tuvieron lugar en tan sólo tres países: Irán, Egipto y Arabia Saudí.

Visión global: condenas a muerte y ejecuciones de 2008 a 2021

*Este mapa muestra la ubicación general de fronteras y jurisdicciones y no debe interpretarse como el punto de vista de Amnistía Internacional con respecto a territorios en disputa.

**Los nombres de los países reflejan la nomenclatura a fecha de mayo de 2022.

Condenas a muerte

Condenas a muerte

2,052

Amnistía Internacional registró al menos 2.052 condenas a muerte en 56 países en 2021, lo que supuso un incremento del 39% con respecto a las 1.477 de 2020. Se tenía constancia de que al finalizar 2021 había en todo el mundo al menos 28.670 personas condenadas a muerte.

Ejecuciones

579

En 2021, Amnistía Internacional registró al menos 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% con respecto al año 2020, en el que se registraron al menos 483 ejecuciones. Se trata de la segunda cifra más baja de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional desde al menos 2010.

Ejecuciones y condena a muerte a escala global

Razones para abolir la pena de muerte

Es irreversible y se cometen errores

La ejecución es la máxima pena y es irrevocable: nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973 más de 184 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad.

No disuade contra el crimen

Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones; no hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cadena perpetua a la hora de reducir la delincuencia.

Suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales

En muchos de los casos registrados por Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios manifiestamente injustos, en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó asistencia letrada adecuada. En algunos países la pena de muerte es preceptiva para determinados delitos, con lo que los jueces no pueden analizar las circunstancias del delito ni las de la persona acusada antes de dictar condena.

Es discriminatoria

El grueso de la pena de muerte recae, de manera desproporcionada, sobre personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Éstas tienen, por ejemplo, acceso limitado a representación legal o se encuentran en situación de desventaja ante el sistema de justicia penal.

Se usa como herramienta política

Las autoridades de algunos países, como Irán y Sudán, usan la pena de muerte para castigar a opositores políticos.

¿Qué hace Amnistía Internacional para lograr la abolición de la pena de muerte?

Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña en todo el mundo por la abolición de la pena de muerte.

Amnistía hace un seguimiento del uso que los Estados hacen de esta forma, la más extrema, de castigo cruel, inhumano y degradante con el fin de señalar públicamente a los países que siguen aplicándolo y hacer que rindan cuentas por ello. Anualmente, publicamos un informe con las cifras correspondientes y las tendencias de cada país. El último, titulado Condenas a muerte y ejecuciones 2021, fue publicado en mayo de 2022.

El trabajo de la organización en contra de la pena de muerte adopta múltiples formas, entre ellas, proyectos específicos basados en trabajo de incidencia y de campaña en las regiones de África, Asia y Oceanía, América y Europa y Asia Central; el refuerzo de normas nacionales e internacionales en contra del uso de la pena capital, respaldando, por ejemplo, la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de resoluciones sobre una moratoria de la pena de muerte; y ejercer presión en relación con casos de personas que se enfrentan a una ejecución inminente. También respaldamos las acciones y el trabajo del movimiento abolicionista a escala nacional, regional y global.

Cuando Amnistía Internacional comenzó ese trabajo en 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte. Hoy día la cifra asciende a 108, más de la mitad de los países del mundo. El número de países abolicionistas en la ley o en la práctica es superior a dos tercios del total.

Tendencia hacia la abolición de la pena de muerte

Casos prácticos

Salvado de la pena de muerte: Hafez Ibrahim

El trabajo de campaña de Amnistía Internacional consiguió detener la ejecución del yemení Hafez Ibrahimno una, sino dos veces. Hafez —acusado de un delito del que se declara en todo momento inocente— iba a ser fusilado por un pelotón en 2005. De hecho, en la prisión yemení lo condujeron a un pequeño patio, ante un grupo de soldados que sostenían fusiles. Pensaba que había llegado el final.

Cuando se disponían a disparar, lo llevaron de vuelta a la celda, sin darle ninguna explicación. “Estaba perdido. No entendía lo que pasaba. Más tarde supe que Amnistía Internacional había llamado al presidente yemení para que detuviera mi ejecución y se había escuchado su mensaje”, explica Hafez.

En 2007, cuando estaba de nuevo a punto de ser ejecutado, envió un SMS a Amnistía Internacional: “Van a ejecutarnos”, comunicó Hafez.

Ese mensaje le salvó la vida, pues desató una campaña internacional que llevó al presidente del país a detener, por segunda vez, su ejecución.

Ahora, Hayez es abogado, y ayuda en Yemen a gente encarcelada y condenada a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

Con 17 años, Hafez Ibrahim fue condenado a muerte por un asesinato que presuntamente había cometido a la edad de 16. El Código Penal yemení prohíbe expresamente ejecutar a toda persona menor de 18 años. El ministro de Derechos Humanos de Yemen le dijo a Amnistía que la edad de Hafez Ibrahim no estaba clara. Sin embargo, la representación letrada de Hafez Ibrahim defiende que tenía menos de 18 años.

Activistas con una misión: Souleymane Sow

El trabajo de Amnistía Internacional cuenta con el respaldo de sus excelentes activistas, que asumen la tarea de luchar contra esa aberrante práctica.

Souleymane Sowes voluntario de Amnistía Internacional desde que estudiaba en Francia. Con la idea de contribuir al cambio, regresó a Guinea, donde fundó un Grupo local de voluntariado de Amnistía Internacional y se puso manos a la obra. ¿Su objetivo? Promover la importancia de los derechos humanos, educar a la población al respecto y erradicar la pena de muerte. Junto con 34 ONG, lograron finalmente su meta el año pasado.

“Mis colegas y yo captamos apoyos contra la pena de muerte todos los días durante cinco meses. En 2016, la Asamblea Nacional de Guinea votó a favor de un nuevo Código Penal que eliminaba la pena de muerte de la lista de penas aplicables. El año pasado hizo lo mismo con el Código Militar”, explica Souleymane.

“Era la primera vez que tantas ONG se unían para hacer campaña sobre un tema. La gente decía que estaba encantada con nuestro trabajo y que podía ver que el cambio es posible. Sobre todo, esto nos ha inspirado para seguir luchando.”

Fue in logro increíble que demostró hasta dónde llega el poder de la gente.

Souleymane Sow