A pesar de que la aplicación de la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 años está prohibida en el derecho internacional de los derechos humanos, algunos países siguen ejecutando a personas que fueron condenadas cuando aún no habían cumplido esa edad. El número de esas ejecuciones es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional. Sin embargo, su importancia va más allá de las cifras y pone en tela de juicio el compromiso por parte de los Estados ejecutores de respetar el derecho internacional y, en particular, los derechos humanos de niños y niñas.
