Dinamarca 2025
Las autoridades ofrecieron una disculpa a las mujeres inuit a quienes se había implantado un dispositivo intrauterino sin su consentimiento. Las críticas internacionales impulsaron la puesta en marcha de un plan contra el racismo. La ley sobre “aprobación del terror” se aplicaba de forma arbitraria. La demanda presentada por Amnistía Internacional y otras organizaciones para detener la transferencia irresponsable de armas a Israel fue desestimada. Se indemnizó a manifestantes por haber permanecido bajo custodia más tiempo del legalmente permitido.
Derechos económicos, sociales y culturales
En agosto, la primera ministra de Dinamarca y el jefe de gobierno de Groenlandia ofrecieron una disculpa conjunta a los miles de mujeres inuit a las que se había implantado un dispositivo intrauterino sin su consentimiento entre 1966 y la década de 1990. Organizaciones de la sociedad civil acogieron con satisfacción el gesto, pero también exigieron una indemnización para las mujeres inuit y otros miembros de su comunidad que habían sido víctimas de discriminación.
En febrero, a raíz de las críticas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el gobierno presentó un plan de acción contra el racismo centrado en el pueblo inuit, la población autóctona de Groenlandia.
Libertad de expresión
Un total de 14 personas, entre ellas una adolescente de 16 años, fueron condenadas a penas de hasta nueve meses de prisión por “aprobación del terror” debido a unos comentarios publicados en redes sociales tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el uso arbitrario de la legislación y la definición imprecisa de ese delito.
Libertad de reunión pacífica
En septiembre, nueve personas que habían participado en acciones pacíficas contra el cambio climático recibieron sendas indemnizaciones por haber permanecido bajo custodia policial durante hasta dos horas, sin base legal alguna, tras ser acusadas de “alterar el orden público”. Éste era sólo uno de alrededor de una veintena de casos pendientes relacionados con cientos de participantes en manifestaciones pacíficas que, al parecer, estuvieron bajo custodia de la policía más tiempo del legalmente permitido o un periodo injustificado.
Transferencias irresponsables de armas
En abril, el Tribunal Superior desestimó una demanda presentada por Amnistía Internacional Dinamarca, Ayuda en Acción Dinamarca, Oxfam Dinamarca y la organización palestina de derechos humanos Al Haq que pedía que el Estado danés (el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Policía Nacional) pusiera fin a las exportaciones de armas a Israel a través de su participación en el programa de aviones de combate F-35. En la demanda se alegaba que existía un peligro evidente de que las piezas y componentes de estos aviones exportados a Israel sirvieran para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada.
El Tribunal consideró que las organizaciones no tenían derecho a promover la demanda. En abril se interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, que debía centrarse principalmente en dirimir si Amnistía Internacional Dinamarca y las demás organizaciones tenían legitimación procesal en el asunto. A las organizaciones les preocupaba que, si el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia, fuera imposible impugnar las exportaciones de armas por incumplimiento de las disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas, en el que Dinamarca era Estado Parte.
Derecho a un medioambiente saludable
Dinamarca seguía siendo líder mundial en políticas climáticas. Aun así, necesitaba aumentar la inversión para alcanzar la meta de la neutralidad climática en 2050. Las emisiones indirectas de Dinamarca seguían siendo elevadas debido al volumen de las importaciones y a la producción externalizada.