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JORDANIA 2020

En marzo, las autoridades declararon el estado de excepción para combatir la COVID-19 y otorgaron al primer ministro amplios poderes que permitieron la detención de al menos 13 periodistas críticos con el gobierno y el rey, así como de personas acusadas de “propagar el pánico sobre la COVID-19”. Durante el confinamiento asociado a la COVID-19 se produjo un aumento de la violencia de género en el ámbito familiar. Gran número de trabajadores y trabajadoras migrantes quedaron abandonados a su suerte, sin que les pagaran sus salarios. El trabajo infantil aumentó como consecuencia del impacto económico de la pandemia, que dejó a muchas familias sumidas en la pobreza. Los niños y niñas de madre jordana y padre extranjero quedaron privados de acceso a los fondos de emergencia estatales. Se dejó sin ayuda humanitaria a algunas personas refugiadas sirias, y muchas otras perdieron su trabajo y regresaron a zonas de Siria controladas por el gobierno.

Información general

En marzo entró en vigor por decreto real la Ley de Defensa núm. 13 de 1992, en virtud de la cual se declaró el estado de excepción y se otorgaron al primer ministro amplios poderes para tomar “todas las medidas necesarias” contra la COVID-19. El primer ministro se comprometió a implementarla de la forma “más restringida” posible y de un modo que no afectara a los derechos políticos, la libertad de expresión o la propiedad privada.

Jordania siguió perteneciendo a la coalición liderada por Arabia Saudí que participaba en el conflicto armado en Yemen.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades seguían limitando la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Continuó la represión de periodistas y activistas, con medidas como hostigar a periodistas en relación con las medidas del gobierno contra la COVID-19.

El 15 de abril, tras la declaración del estado de excepción, el primer ministro dictó un decreto por el que se castigaba con hasta tres años de prisión la difusión de noticias sobre la COVID-19 que pudieran “causar pánico”. Aunque la mayoría quedaron en libertad enseguida, al menos 13 periodistas habían sido detenidos en aplicación del decreto al final del año. En noviembre, Fares Sayegh, propietario de Roya TV, y Mohamad al Khalidi, su director de informativos, fueron detenidos por la emisión de “críticas al rey” en un segmento informativo donde aparecían ciudadanos jordanos quejándose del impacto económico del confinamiento asociado a la COVID-19. Ambos estuvieron bajo custodia 14 días.

Los días 1 y 23 de julio, el Ministerio de Educación bloqueó durante varias horas el acceso a aplicaciones populares de redes sociales en todo el país alegando, según la Asociación Jordana de Fuente Abierta, que la medida tenía por objeto impedir copiar en los exámenes escolares.

El 28 de julio, después de un juicio de ocho meses, la refugiada yemení de 17 años Tujan al Bukhaiti fue declarada inocente de los cargos de “blasfemia” y “ofensas a los sentimientos religiosos”. La Policía de Menores la había citado en diciembre de 2019 para interrogarla a raíz de un informe de la Unidad de Delitos Informáticos sobre unas publicaciones en redes sociales en las que compartía estados de Facebook de su padre, Ali al Bukhaiti, donde se trataban temas culturales y religiosos.

En agosto, el periodista y dibujante Imad Hajjaj fue detenido por una caricatura en la que criticaba el acuerdo alcanzado para normalizar las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Su caso fue remitido al Tribunal de Seguridad del Estado por “realizar actos en menoscabo de las relaciones de Jordania con un país amigo”. Según Human Rights Watch, tras la promulgación de la Ley de Defensa núm. 13, la Dirección General de Inteligencia contactó periódicamente con varios periodistas para preguntarles sobre su trabajo y advertirles de que no informasen sobre determinadas cuestiones. Los periodistas dijeron que las autoridades les retuvieron deliberadamente los pases y/o la autorización para asistir a ciertos actos e informar sobre ellos. Las autoridades también usaron cláusulas de silencio sobre varias cuestiones de derechos humanos, incluidas las relativas a la violencia de género en el ámbito familiar.

Derechos laborales

El 25 de julio, tras un prolongado conflicto entre el gobierno y el sindicato de docentes por un aumento salarial, las fuerzas de seguridad irrumpieron con violencia en 13 secciones sindicales y detuvieron a 13 miembros de la junta directiva. En los días siguientes, las autoridades detuvieron también a decenas de miembros del sindicato. El fiscal general impuso entonces una cláusula de silencio que prohibía todo comentario público sobre el caso y dictó una orden de cierre del sindicato por dos años. Las tensiones habían resurgido por la decisión del gobierno de congelar los salarios en el sector público hasta el final de 2020 debido a la COVID-19, incumpliendo la promesa de aumentarlos un 50%. El cierre del sindicato desencadenó nuevas protestas a principios de agosto; dos periodistas que informaban sobre ellas quedaron detenidos unas horas, y dos mujeres también periodistas fueron golpeadas.

El 31 de diciembre, un tribunal de Ammán ordenó la disolución del sindicato y la detención de su junta directiva, a raíz de unas investigaciones sobre acusaciones de “corrupción” e “incitación en las redes sociales” iniciadas en agosto. Poco después, fueron detenidos cuatro miembros de la junta directiva, pero quedaron en libertad bajo fianza después de que el abogado del sindicato presentara un recurso.

Derechos de las mujeres

Los gobernadores provinciales continuaron aplicando la Ley de Prevención del Delito para someter a mujeres a detención administrativa, a menudo durante meses y por motivos discriminatorios, como “ausentarse del hogar” sin el permiso de un tutor masculino, o por tener relaciones sexuales extramatrimoniales (zina), mendigar o carecer de hogar. Dar Amneh, refugio para mujeres en peligro de ser asesinadas por sus familiares, seguía ofreciendo una alternativa a la detención administrativa de mujeres en situación de riesgo en forma de “custodia de protección”. Sin embargo, las mujeres no podían salir del refugio sin el permiso del gobernador provincial.

Los grupos de derechos de las mujeres observaron un aumento de los casos de violencia de género en el ámbito familiar durante el confinamiento asociado a la COVID-19, también en las comunidades refugiadas sirias y entre las trabajadoras domésticas migrantes. La Unidad de Protección de la Familia de la Dirección de Seguridad Pública, establecida para responder a la violencia de género y las agresiones sexuales en el ámbito familiar, se vio desbordada. Asimismo, disminuyeron los casos de personas que pedían protección a las autoridades o que recurrían a los refugios estatales para mujeres. Se introdujeron otras medidas, como servicios de teleasesoramiento y una línea telefónica de emergencia, pero, según los grupos de mujeres, sólo ofrecían un apoyo limitado.

A pesar de los cambios legislativos introducidos en 2017 y de que, según activistas de los derechos de las mujeres, se tomaban más en serio estos delitos, no había medidas concretas para abordar la violencia de género en el ámbito familiar y los homicidios en nombre del “honor”, prácticas especialmente generalizadas en Jordania. El 17 de julio, un vídeo ampliamente difundido del brutal homicidio en público de una mujer llamada Ahlam a manos de su padre desencadenó una serie de protestas. Las autoridades no tomaron ninguna medida para hacer rendir cuentas al padre ni respondieron de ningún otro modo.

Derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes

Las personas trabajadoras migrantes continuaban sin recibir protección adecuada frente a los abusos de las entidades empleadoras y las agencias intermediarias, y seguían en peligro de sufrir detención arbitraria. Su situación de vulnerabilidad se vio agravada por la COVID-19, pues la pandemia dio pie a un sinfín de abusos, como despidos arbitrarios e impago de salarios. Según grupos de derechos humanos, gran número de migrantes perdieron su empleo y en muy pocos casos tuvieron acceso a la protección social o a un empleo alternativo, pues sólo los trabajadores y trabajadoras jordanos contratados por días y los que tenían cuenta de la seguridad social activa se beneficiaban de la ayuda de emergencia en especie y en efectivo. Al quedarse sin trabajo, perdieron su condición de residentes —dado el sistema de kafala (patrocinio) que regía el empleo de migrantes en la región—, por lo que corrían riesgo de detención y deportación. En muchos casos no pudieron salir del país cuando quisieron hacerlo, debido a las restricciones de viaje impuestas para frenar la pandemia.

Las protestas pacíficas organizadas por trabajadores migrantes para reclamar sus derechos eran respondidas con gas lacrimógeno, como ocurrió cuando las trabajadoras domésticas migrantes de Sri Lanka protestaron en julio porque las autoridades seguían ignorando sus demandas.

Derechos de la infancia

La legislación sobre ciudadanía seguía discriminando a los niños y niñas de madre jordana y padre extranjero, a quienes, a diferencia de los de padre jordano y madre extranjera, se negaba la nacionalidad. Debido a ello no se beneficiaban en la práctica del fondo de emergencia establecido por el Ministerio de Desarrollo Social para paliar las repercusiones económicas de la COVID-19, sobre todo en los casos en los que la madre no estaba presente para solicitar la ayuda personalmente. Según grupos de derechos humanos, el impacto económico de la COVID-19 produjo un aumento del trabajo infantil.

Derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo

Jordania seguía acogiendo aproximadamente a 655.000 personas refugiadas sirias, 67.000 iraquíes, 15.000 yemeníes, 6.000 sudanesas y 2.500 de otros 52 países inscritas en el registro del ACNUR, además de los más de 2 millones inscritas en el registro de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo.

Al menos 10.000 personas refugiadas sirias seguían en “la berma”, una zona desértica situada en tierra de nadie en la frontera entre Jordania y Siria. En marzo, esgrimiendo su preocupación por la COVID-19, Jordania anunció la prohibición de que los convoyes de ayuda humanitaria atravesaran su territorio para entregarles asistencia y material médico.1 Esta decisión exacerbó una situación humanitaria ya de por sí terrible, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas, que no tenían acceso a servicios de salud materna.

En agosto, las autoridades jordanas trasladaron forzosamente al menos a 16 personas refugiadas sirias, ocho de ellas menores de edad, a un campo informal en “la berma”.2 Muchas de ellas decidieron volver a las zonas de Siria controladas por el gobierno debido a las pésimas condiciones de vida en el campo.

Las personas refugiadas sirias fueron una de las poblaciones más afectadas por las medidas oficiales contra la COVID-19, ya que la mayoría trabajaban en el sector informal y carecían de contrato escrito, seguridad social y cobertura de seguro médico o permiso de trabajo válido. Según el ACNUR, un tercio de ellas perdieron el trabajo, y otras sufrieron una reducción del 40% de sus ingresos. La población refugiada siria tenía prohibido trabajar en varios sectores, como la salud, la enseñanza, la ingeniería y las profesiones técnicas.

Los refugiados y refugiadas palestinos de la Franja de Gaza seguían estando excluidos de derechos y servicios básicos por carecer de la nacionalidad jordana.

Pena de muerte

Las autoridades siguieron dictando sentencias de muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.


  1. Jordania: Las autoridades deben permitir atención médica urgente para la población siria desplazada en Rukban durante la COVID-19 (noticia, 7 de mayo)
  2. Jordania: Alto al traslado forzoso de personas refugiadas sirias a tierra de nadie en el desierto (noticia, 15 de septiembre)