Jordania 2025
Las autoridades restringieron el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Quienes hacían activismo o expresaban críticas se enfrentaban a detención arbitraria y enjuiciamiento. Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo discriminación en la ley y en la práctica. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo soportaban un deterioro de sus condiciones que se vio agravado por recortes de financiación. La grave escasez de agua menoscabó aún más el acceso a los derechos económicos y sociales.
Libertad de expresión y de reunión
Las autoridades restringieron arbitrariamente la libertad de expresión tanto en Internet como fuera de la red. En abril, las fuerzas de seguridad detuvieron al activista Adnan Abou Arkoub por corear consignas durante una manifestación de apoyo a Gaza. Durante más de cinco meses fue sometido a detención administrativa sin que se presentaran formalmente cargos en su contra.
En mayo, la Comisión Jordana de Medios de Comunicación, organismo creado por ley que se encargaba de regular el sector, bloqueó 12 sitios web de medios de información locales y extranjeros por “difundir veneno mediático y atacar a Jordania y a sus símbolos nacionales”.
En septiembre, el Tribunal de Seguridad del Estado confirmó la sentencia condenatoria y la pena de cinco años de prisión que pesaban sobre el activista político Ayman Sanduka por una publicación en Facebook dirigida al rey, en la que criticaba las relaciones de Jordania con Israel. Sanduka había sido declarado culpable de “incitación a oponerse al régimen político”.
Las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de reunión pacífica, con medidas como detener arbitrariamente a personas que protestaban contra la política del gobierno hacia Israel y denegar la autorización a varias manifestaciones previstas.
Libertad de asociación
Se siguió sometiendo a las organizaciones de la sociedad civil a amplias restricciones, entre otras, la inscripción obligatoria en el registro, la aprobación previa del gobierno y un estricto control de la financiación extranjera.
En abril, Jordania anunció la prohibición de las actividades de la disuelta asociación islamista Hermandad Musulmana, así como el cierre de sus oficinas y la confiscación de sus bienes.
Detención arbitraria
Miles de personas permanecían en detención administrativa sin cargos ni juicio en un contexto en el que los gobernadores provinciales seguían invocando la Ley de Prevención del Delito de 1954 para recluir a quienquiera que consideraran “un peligro para la población”. Los detenidos no tenían acceso a una autoridad judicial ante la que impugnar la legalidad de su detención.
En julio, la activista Bushra al Absi estuvo 12 días en detención administrativa. No fue informada de los cargos formulados en su contra, pero durante el interrogatorio le preguntaron acerca de sus vínculos con grupos que organizaban protestas en solidaridad con Gaza. Según relató a Amnistía Internacional, sufrió malos tratos, entre otras cosas, al ser recluida en régimen de aislamiento como castigo por haberse declarado en huelga de hambre.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Las mujeres continuaban sufriendo discriminación, en la ley y en la práctica, en ámbitos como el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos e hijas. También estaban sujetas a la tutela masculina en determinados asuntos administrativos y relativos al estatuto personal, lo que limitaba su autonomía.
En marzo, la cámara baja del Parlamento aprobó importantes modificaciones de la Ley del Trabajo, como la ampliación —de 10 semanas a 90 días consecutivos— del permiso de maternidad remunerado. La reforma también prohibía el despido de las trabajadoras embarazadas en todas las etapas de la gestación, pues hasta entonces sólo estaban protegidas tras los seis primeros meses de embarazo. Para entrar en vigor, el proyecto de ley aún debía ser aprobado por la cámara alta y ratificado por el rey.
Las mujeres seguían teniendo poca representación en puestos gubernamentales debido a unas normas restrictivas en cuanto al género y a desigualdades sistémicas. Según el Índice Global de Brecha de Género de 2025, persistían las diferencias estructurales y, por ejemplo, la participación de los hombres en el mercado laboral era casi cuatro veces mayor que la de las mujeres.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 75.500 personas refugiadas sirias regresaron a su país desde Jordania entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.
A fecha de agosto de 2025 había alrededor de 506.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo en Jordania, según el ACNUR, la mayoría de ellas procedentes de Siria, pero también de Irak, Yemen, Sudán y otros países. Jordania acogía además a 2,39 millones de personas refugiadas palestinas registradas por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), la mayoría de ellas residentes de larga duración.
Los servicios prestados a la población refugiada se vieron gravemente afectados por recortes de fondos —en particular, de la disminución de la ayuda financiera procedente de Estados Unidos— que provocaron la reducción o la suspensión de programas esenciales de atención primaria de salud, educación o protección. Según el ACNUR, unas 43.000 personas refugiadas estaban expuestas a perder el acceso a la asistencia médica primaria y a ayudas en efectivo, al tiempo que 335.000 mujeres en edad reproductiva corrían el riesgo de no recibir servicios esenciales de atención de la salud materna.
En enero se elevó el salario mínimo mensual del país, que pasó de 260 a 290 dinares jordanos (aproximadamente de 367 a 409 dólares estadounidenses). Con todo, el aumento no se aplicó a determinados grupos, como los trabajadores y trabajadoras migrantes del servicio doméstico, ni tampoco a la mano de obra del sector de la confección para la exportación, en su mayoría migrante. El salario mínimo para la población migrante trabajadora siguió siendo inferior, en aplicación de un acuerdo sectorial específico.
Derecho al agua
Jordania seguía enfrentándose a una de las peores crisis hídricas del mundo. La disponibilidad de agua por persona se redujo a unos 60 m³ al año —muy por debajo del umbral de escasez absoluta, de 500 m³ por año—, lo que menoscababa el derecho al agua, a la salud y a un nivel de vida adecuado y afectaba de manera desproporcionada a las comunidades rurales, las personas refugiadas y los hogares de bajos ingresos. Los estudios científicos pronosticaron una intensificación de las sequías como consecuencia del cambio climático.
Derecho a un medioambiente saludable
El Banco Mundial constató que el proyecto para el abandono gradual de los hidroclorofuorocarbonos en la industria, llevado a cabo con su apoyo, había permitido a Jordania reducir en un 87% su consumo de estos potentes gases de efecto invernadero.