INDONESIA 2021

Se procesó y hostigó por sus actividades legítimas a defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del ámbito académico, periodistas y estudiantes, entre otras personas. Se utilizó ampliamente la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas para restringir el derecho a la libertad de expresión online. Se detuvo y procesó a activistas políticos, activistas de los derechos laborales y personas indígenas por motivos tales como participar en protestas pacíficas, y se empleó fuerza excesiva para disolver manifestaciones. Continuaban recluidas al menos 28 personas por motivos de conciencia. Las fuerzas de seguridad perpetraron impunemente homicidios ilegítimos en Papúa y Papúa Occidental. Se discriminaba sistemáticamente a la comunidad religiosa ahmadí.

Información complementaria

El drástico aumento de contagios de COVID-19 que se produjo a mediados de 2021 amenazó el acceso a la atención sanitaria, al carecer numerosos hospitales de camas y oxígeno para los tratamientos. Las dificultades económicas y la insatisfacción con la respuesta del gobierno a la pandemia avivaron el descontento y multiplicaron las protestas de la opinión pública.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

A lo largo del año se tuvo noticia de al menos 158 actos de violencia física, ataques digitales, amenazas y otros tipos de agresiones contra 367 defensores y defensoras de los derechos humanos.

En febrero, Syamsul Bahri y su hijo Samsir, de la comunidad campesina de Nipah, en la provincia de Sumatra Septentrional, fueron acusados de agresión, detenidos y recluidos durante 14 días a causa de un incidente que había tenido lugar en diciembre de 2020, cuando Syamsul Bahri, presidente de la comunidad, interrogó a dos hombres que estaban fotografiándolos mientras él y su hijo trabajaban en un proyecto de rehabilitación de manglares en la zona. Las ONG locales consideraban que los cargos de agresión en su contra se debían a sus actividades de conservación y defensa del acceso a sus tierras comunitarias. Fueron declarados culpables el 31 de mayo, y se les impuso una condena condicional de dos meses de prisión y cuatro meses de libertad condicional. El 18 de agosto, el Tribunal Superior de Medan confirmó este fallo judicial, pese al recurso interpuesto por la fiscalía, que pedía el encarcelamiento de Syamsul Bahri y Samsir.¹ Al concluir el año ambos continuaban en libertad condicional.

El 17 de mayo, tras haber criticado públicamente el despido de 75 personas empleadas en la Comisión para la Erradicación de la Corrupción de Indonesia, Busyro Muqoddas y Bambang Widjojanto —que habían sido miembros de esa comisión— y al menos seis personas de la ONG Indonesia Corruption Watch denunciaron que individuos no identificados habían hackeado sus cuentas en aplicaciones de mensajería. El hackeo se había producido antes de una conferencia de prensa de la ONG en la que se criticaron los despidos y que se vio perturbada también por la entrada de mensajes basura y otras molestas interrupciones digitales.²

Derechos de los pueblos indígenas

A lo largo de 2021 hubo una constante de violencia e intimidación contra los pueblos indígenas que trataban de proteger sus tierras y tradiciones frente a actividades comerciales.

El 27 de febrero, tres líderes del pueblo indígena Dayak Modang Long Wai (provincia de Kalimantan Oriental) fueron detenidos durante una protesta contra una empresa de plantaciones de aceite de palma que operaba en sus tierras ancestrales.

En abril se respondió con violencia a miembros del pueblo indígena Sakai (provincia de Riau) cuando intentaron detener la plantación de eucaliptos en sus tierras por agentes privados de seguridad, empleados por una empresa maderera con la que tenían desde hacía tiempo una disputa sobre derechos de tierras. Los agentes de seguridad empujaron, arrastraron y arrojaron al suelo a los miembros de la comunidad que intentaron impedir la operación.

En mayo, en un incidente similar, miembros del pueblo indígena Huta Natumingka (provincia de Sumatra Septentrional) fueron agredidos cuando protestaban contra la llegada de cientos de agentes de seguridad privada enviados por una empresa de papel y celulosa para plantar eucaliptos en las tierras donde vivían. Decenas de personas de ambas comunidades sufrieron lesiones en los incidentes.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron limitando la libertad de expresión tanto dentro como fuera de Internet. Se utilizó la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas contra personas que criticaron legítimamente políticas o acciones oficiales al menos en 91 casos en los que había implicadas 106 víctimas. Entre ellas figuraba Saiful Mahdi, profesor de la Universidad Syiah Kuala (provincia de Aceh), que el 2 de septiembre empezó a cumplir una pena de tres meses de prisión tras ser condenado por criticar el proceso de contratación de la universidad en un grupo de WhatsApp en 2019. Quedó en libertad el 12 de octubre, tras haber sido indultado por el presidente.

El 22 de septiembre, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos y de Inversión acusó a Haris Azhar y a Fatia Maulidiyanti de “difusión de información falsa” por un vídeo que habían publicado en YouTube en agosto de 2020 donde hablaban de la presunta implicación del ministro y de miembros del ejército en la industria minera de Papúa. Los autores del vídeo se enfrentaban a una investigación penal después de que el 26 de agosto y el 2 de septiembre el ministro les enviase sendos apercibimientos en virtud de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónica.

En agosto, la policía interrogó a varias personas sospechosas de haber realizado unos murales y carteles críticos con el gobierno que aparecieron en varias ciudades.³ El 13 de septiembre, al menos siete estudiantes de la Universidad Sebelas Maret, en la ciudad de Surakarta (Java Central), fueron detenidos por haber desplegado unos carteles durante una visita al campus del presidente Joko Widodo. Los carteles contenían llamamientos al presidente para que apoyara a los agricultores locales, combatiera la corrupción y tratara como asunto prioritario la salud pública durante la pandemia.⁴

Libertad de asociación y de reunión

Las autoridades siguieron deteniendo y recluyendo arbitrariamente a activistas políticos en las regiones de Papúa y Molucas, ambas caracterizadas por su historial de movimientos independentistas. Al concluir el año, continuaban recluidos al menos 15 presos y presas de conciencia de Papúa y 11 de Molucas. Todos habían sido acusados y hallados culpables de makar (rebelión), según lo establecido en las disposiciones al respecto del Código Penal indonesio.

El 9 de mayo, las autoridades de la ciudad de Jayapura, capital de Papúa, detuvieron a Victor Yeimo, activista por la independencia, cuando protestaba pacíficamente contra la discriminación racial. Fue acusado de violación del artículo 106 (sobre traición) y del artículo 110 (sobre conspiración para cometer actos de traición) del Código Penal. Su juicio aún estaba pendiente al concluir el año.

Se detuvo a personas que defendían los derechos de los trabajadores. El 22 de febrero, Aan Aminah, presidenta de la Federación de Sindicatos Combativos (Serikat Buruh Bumi Manusia, Sebumi), fue detenida por agresión, delito castigado con penas de hasta dos años y ocho meses de prisión, por un incidente ocurrido en junio de 2020, cuando Aan Aminah intentaba hablar con unos directivos empresariales sobre la rescisión de los contratos de varios trabajadores. Unos guardias de seguridad intentaron llevársela a la fuerza, y ella se defendió.⁵ Fue absuelta el 6 de julio, pero la fiscalía recurrió el fallo. Al concluir el año, no se había resuelto aún el recurso.

El 1 de mayo, la policía detuvo a decenas de estudiantes que participaban en protestas pacíficas en la capital, Yakarta, y en la ciudad de Medan, con motivo del Día Internacional del Trabajo. Según informes, la policía argumentó que sólo los obreros estaban autorizados a participar en los actos del Día del Trabajo.

Uso excesivo de la fuerza

Se respondió con fuerza desproporcionada —incluidos golpes y uso de cañones de agua y proyectiles de impacto cinético— a las protestas pacíficas contra la renovación y la reforma de la Ley de Autonomía Especial de Papúa, aprobada el 15 de julio por la Cámara de Representantes de Indonesia.

Las protestas tuvieron lugar en Yakarta y en Papúa contra la prórroga del estatuto de autonomía especial de Papúa y contra sus nuevas disposiciones, que conferían al gobierno central nuevas facultades sobre los asuntos de Papúa y eliminaban el derecho de la población papú a constituir partidos políticos. El 14 de julio, al menos cuatro estudiantes sufrieron heridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la ciudad de Jayapura. Según los informes, la policía propinó puñetazos y golpeó con pistolas y con porras de goma a quienes protestaban.

El 15 de julio, la policía dispersó a las personas que protestaban ante el edificio de la Cámara de Representantes de Yakarta. Al menos 50 personas fueron detenidas. Un manifestante refirió que las fuerzas de seguridad le habían propinado golpes, patadas y puñetazos, habían proferido insultos racistas contra él y después lo habían subido a un camión y llevado a la Jefatura de Policía de Yakarta. El 16 de agosto, durante otro acto de protesta en Jayapura, las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua, porras de goma y proyectiles de impacto cinético para dispersar a los manifestantes.

Homicidios ilegítimos

A lo largo del año se tuvo noticia de 11 casos de presuntos homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad, con un total de 15 víctimas. Todos se produjeron en Papúa. Un total de 5 fueron cometidos por militares, mientras que 2 fueron atribuidos a la policía y en 4 casos participaron tanto militares como agentes de policía. Las autoridades afirmaron haber emprendido investigaciones sobre 4 de los 11 casos, pero, al concluir 2021, nadie había comparecido ante la justicia para responder de ninguno de estos homicidios.

El 4 de junio, un militar disparó contra Denis Tabuni y Eliur Kogoya en un mercado de la ciudad de Wamena (regencia de Jayawijaya). A consecuencia de ello, Denis Tabuni murió y Eliur Kogoya resultó herido en una pierna. En lugar de abrir una investigación, se firmó un “acuerdo de paz” entre el presunto perpetrador y la familia de Eliur Kogoya.⁶

El 16 de agosto, la policía mató a tiros a Ferianus Asso, que participaba en un acto de protesta en la regencia de Yahukimo (Papúa) para exigir la liberación de Victor Yeimo, activista por la independencia de Papúa.

Derechos laborales

Debido a incoherencias en los datos y a obstáculos burocráticos, se retrasó el pago de incentivos económicos al personal sanitario en reconocimiento por su labor durante la pandemia de COVID-19. Aunque el sistema de incentivos se había implantado en marzo, en julio al menos 21.424 miembros del personal sanitario de 21 provincias habían sufrido retrasos o incluso recortes en los pagos a los que tenían derecho. Según LaporCovid-19, plataforma ciudadana de vigilancia de la COVID-19, muchos tenían que ir personalmente al Ministerio de Salud de Yakarta para cerciorarse de que sus datos habían sido registrados correctamente, lo cual no siempre era posible, sobre todo para quienes trabajaban en zonas remotas.⁷

Una profesional sanitaria que había trabajado como voluntaria en el hospital de urgencias Wisma Atlet de Yakarta fue intimidada por las fuerzas de seguridad tras haber programado una conferencia de prensa para denunciar los retrasos en el pago de incentivos. La mujer afirmó que el 7 de mayo las fuerzas de seguridad la habían interrogado durante unas cinco horas en una sala de reuniones del hospital.

Libertad de religión o de creencias

La comunidad religiosa ahmadí siguió sufriendo discriminación y en varias provincias se negó a sus miembros el derecho a llevar a cabo actividades religiosas. En la regencia de Sintang (provincia de Kalimantan Occidental), las autoridades locales publicaron el 29 de abril una “carta de acuerdo conjunto” por la que se prohibía a la comunidad ahmadí practicar su religión. El 13 de agosto se cerró una mezquita ahmadí debido a la presión de un grupo islamista local. El mes siguiente, un grupo de agresores no identificados atacó la mezquita e incendió un edificio adyacente. Las autoridades que estaban presentes no hicieron nada por impedir el ataque.⁸

El 6 de mayo, agentes de policía detuvieron las obras de construcción de una mezquita ahmadí en la regencia de Garut (provincia de Java Oriental) y precintaron el terreno. Según informes, esta actuación policial obedecía a una orden de la regencia de Garut, dictada a causa de las protestas de residentes locales.⁹ Los representantes de la comunidad ahmadí habían sido excluidos de las conversaciones entre los líderes locales y la población residente antes de que se detuviera la construcción de la mezquita. También se desestimó su petición de hablar sobre el asunto con la policía.