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INDONESIA 2020

En muchos casos, el personal de salud carecía de equipos adecuados de protección individual o de acceso a pruebas de COVID-19. El derecho a la libertad de expresión se vio recortado por una directiva de la Policía Nacional que penalizaba las críticas a la respuesta del gobierno a la pandemia. Cada vez más personas eran encarceladas sólo por expresar sus opiniones u organizar protestas pacíficas. Para intentar silenciar las voces críticas, individuos no identificados intimidaron por medios digitales a personas del mundo académico, estudiantes, activistas, defensores o defensoras de los derechos humanos, líderes o lideresas de justicia social y periodistas. Una serie de periodistas presentaron denuncias ante la policía en agosto, pero al concluir el año no se habían llevado aún a cabo las investigaciones correspondientes. Continuaban recluidas al menos 35 personas por motivos de conciencia. En Papúa y Papúa Occidental, las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos, casi siempre con impunidad. La Cámara de Representantes eliminó de su lista de prioridades el proyecto de Ley de Erradicación de la Violencia Sexual. El colectivo LGBTI siguió amenazado, mientras varios cargos públicos realizaban falaces declaraciones sobre “moralidad”.

Información general

Al concluir el año, Indonesia había registrado oficialmente 22.138 muertes por COVID-19 (82 por cada 100.000 habitantes), con lo que se convertía en el tercer país asiático con mayor número de víctimas mortales. Tanto la pandemia como la respuesta del gobierno tuvieron importantes consecuencias en materia de derechos humanos, en especial con respecto a los derechos del personal de salud, el derecho a la información, los derechos laborales y el derecho a la libertad de expresión. Indonesia no estableció la protección de los derechos humanos como eje fundamental de sus políticas y actividades de prevención, preparación, contención y atención a la salud.

Derecho a la salud

Profesionales de la salud

Al concluir el año habían muerto al menos 504 profesionales de la salud de COVID-19 o incluso a veces de agotamiento por las largas jornadas laborales que soportaban. En marzo, el director de la Asociación Médica Indonesia reveló que el personal de salud que trataba a pacientes de COVID-19 tenía que hacerlo sin equipos de protección individual (EPI) adecuados. La lentitud con que se distribuían estos equipos, sobre todo en las regiones periféricas, no se correspondía con el ritmo de aumento constante de los casos de COVID-19. En abril, un médico de la isla de Flores explicó que el personal médico tenía que lavar y planchar las mascarillas quirúrgicas desechables y reutilizarlas porque éstas se habían agotado.1

El personal de salud y sus familias tenían dificultades para acceder a las pruebas de frotis nasofaríngeo para el diagnóstico de la COVID-19, que tenían que pagar.2 Además, sufrían discriminación a causa de su profesión. El director de la Asociación de Enfermería Indonesia arguyó que la población temía que los profesionales médicos pudieran contagiar el virus. Del 22 de marzo al 16 de abril se expulsó de las residencias donde vivían como mínimo a 19 profesionales de la salud y se les prohibió la entrada en ellas. Al no encontrar otro alojamiento, algunos se vieron obligados a pernoctar en el hospital donde trabajaban.

Derecho a la información

En marzo, tras la confirmación oficial de los dos primeros casos de COVID-19, el Ministerio de Salud decidió no dar a conocer ciertos datos importantes de la cadena de transmisión de la COVID-19 —como el rastreo de contactos y el historial de desplazamientos de los casos sospechosos— por considerar que, de hacerlo, probablemente cundiría el pánico y el orden público se vería afectado.

Algunos cargos públicos reconocieron que la información del gobierno sobre el brote del virus había sido deficiente. En abril, el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Catástrofes de Indonesia declaró que ésta no podía proporcionar datos precisos porque las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Salud no coincidían con las cifras de las administraciones provinciales y que los datos del Ministerio estaban incompletos.

El gobierno no fue transparente en la publicación de datos sobre el número de profesionales de la salud contagiados de COVID-19 y sobre sus lugares de trabajo. La Asociación Médica Indonesia criticó al gobierno y pidió que los datos de pacientes de COVID-19 se pusieran a disposición de las autoridades médicas pertinentes para facilitar el rastreo de sus contactos y su tratamiento.

Derechos laborales

La pandemia de COVID-19 repercutió negativamente sobre los derechos laborales, con despidos, amenazas de recortes salariales y de reducción de la paga de vacaciones por parte de empleadores de sectores muy afectados por la pandemia; así como con problemáticas políticas sobre distanciamiento físico y teletrabajo.

El presidente comunicó el 14 de marzo que las políticas de distanciamiento físico y teletrabajo eran necesarias, pero algunos empleadores de sectores no considerados esenciales exigieron la presencia física de su personal. En ocasiones, los empleadores amenazaron a los empleados con recortar sus salarios o sus vacaciones si no acudían a sus puestos de trabajo. Por su parte, quienes trabajaban de manera informal en servicios de reparto, fábricas textiles y restaurantes siguieron trabajando durante la pandemia. El gobierno no pidió cuentas a los empleadores de los sectores mencionados que no proporcionaban instalaciones para lavarse las manos ni mascarillas, y que no hacían respetar la política de distanciamiento físico.

En octubre, el Parlamento aprobó una nueva ley laboral (la Ley Integral) que debilitaba la protección de los derechos laborales al eliminar las disposiciones relativas a la duración máxima de los contratos temporales de trabajo, alterar la fórmula de cálculo del salario mínimo y aumentar el límite de horas extras.3

Libertad de expresión

Las autoridades reprimieron las críticas públicas contra la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19. El 4 de abril, la Jefatura de la Policía Nacional emitió la circular núm. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020, en la que ordenaba a los agentes supervisar el ciberespacio y actuar contra los “difusores de falsedades” y contra quienes insultaran al presidente y al gobierno. Al menos 57 personas fueron detenidas por cargos de difusión de “noticias falsas” e insultos al presidente y a su gobierno.

Individuos no identificados intimidaron por medios digitales a personas del mundo académico, estudiantes, activistas y periodistas con el fin de infundir temor y silenciar las voces críticas. Esta intimidación revistió distintas formas, desde amenazas de violencia física por mensaje de texto hasta la intervención de las autoridades universitarias en los casos de estudiantes que debatían sobre temas políticamente delicados.

Asimismo, se lanzaron ataques digitales contra grupos alternativos de prensa, entre ellos los grupos feministas de noticias online Magdalene y Konde. Por ejemplo, en el caso de una periodista de Magdalene, tras haber accedido ilegalmente a sus datos personales a través de Internet, individuos no identificados la acosaron enviándole fotografías pornográficas y comentarios denigrantes sobre las mujeres.4 Varias de las personas atacadas y acosadas presentaron denuncias ante la policía, pero al concluir el año aún no se habían llevado a cabo las investigaciones correspondiente.

Libertad de reunión y de asociación

Presos y presas de conciencia

Haciendo uso del Código Penal y de sus disposiciones sobre makar (rebelión), las autoridades siguieron persiguiendo judicialmente a personas que participaban en actividades políticas pacíficas, sobre todo en las regiones con historial de movimientos independentistas, como Papúa y Molucas. Al concluir el año, continuaban recluidos al menos 48 presos y presas de conciencia de Papúa y 10 de Molucas. Habían sido acusados de rebelión, pese a que sus actos de protesta habían sido pacíficos y no habían cometido ningún delito común reconocible internacionalmente.

El 25 de abril, las autoridades detuvieron a siete activistas del movimiento República de Molucas del Sur por la celebración de una ceremonia pacífica de izamiento de la bandera Benang Raja con motivo del 70 aniversario de la fundación de ese movimiento. El 23 de marzo, el ejército ordenó que en todos los hogares de Molucas se izara la bandera de Indonesia.

En septiembre de 2019, siete papúes detenidos en Jayapura por haber participado en unas protestas antirracistas pacíficas en defensa de una serie de estudiantes universitarios papúes residentes en Surabaya (Java Oriental) salieron por fin en libertad de la cárcel de Balikpapan, a la que habían sido trasladados por motivos de seguridad. El 17 de junio, el Tribunal de Distrito de Balikpapan (Kalimantan Oriental) los había declarado culpables y condenado a entre 10 y 11 meses de cárcel por haber participado en las protestas antirracistas. Cuando cumplieron sus condenas —de las que se descontó el tiempo transcurrido ya en prisión— no recibieron la ayuda económica que normalmente concedían las autoridades, ya que la Fiscalía General afirmó no disponer de dinero para pagar sus viajes de vuelta a Papúa.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Tanto defensores y defensoras de los derechos humanos como líderes y lideresas de justicia social (en su mayoría del ámbito comunitario, dedicados a desalojos forzosos y otras cuestiones relacionadas con los derechos sobre las tierras) siguieron enfrentándose a amenazas, ataques, actos de intimidación y procesamientos judiciales arbitrarios a causa de sus actividades legítimas. A menudo, las autoridades detenían a aquellas personas que las criticaban como táctica para silenciarlas.

Desde el mes de febrero de 2019 hasta el 21 de septiembre de 2020, Amnistía Internacional registró abusos perpetrados contra los derechos humanos de al menos 201 defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas de justicia social, tanto dentro como fuera de Internet. Estas personas fueron hostigadas e intimidadas sólo por haber criticado al gobierno o haber debatido sobre temas políticamente delicados, como las violaciones y los abusos contra los derechos humanos en Papúa. En Internet, las intimidaciones revistieron distintas formas, desde robos de credenciales de cuentas de WhatsApp hasta llamadas molestas desde números internacionales desconocidos o actos de acoso digital (por ejemplo, intromisiones en debates online, sobre todo si giraban en torno a la cuestión de Papúa).

El 5 de junio, un seminario web sobre el racismo en Papúa, organizado por Amnistía Internacional, fue reiteradamente interrumpido por fastidiosas llamadas e intromisiones. Durante el debate, tres ponentes se vieron bombardeados por llamadas automáticas realizadas desde números extranjeros desconocidos.

En agosto, el Fondo de Dotaciones para Educación —programa de becas financiado por el gobierno y coordinado por el Ministerio de Economía indonesio — pidió a la abogada de derechos humanos Veronica Koman, que estaba documentando las violaciones de derechos humanos cometidas en Papúa, que devolviera el dinero de la beca recibida para sus estudios de máster.5 Durante los dos años anteriores, Veronica Koman había sido hostigada, intimidada y amenazada, incluso de muerte y violación, y en ese momento vivía exiliada en Australia.

Las disputas de tierras entre comunidades locales y empresas se caracterizaron por la comisión de violaciones de derechos humanos. En agosto, la policía de Kalimantan Central detuvo a seis lugareños indígenas, entre ellos Effendi Buhing, el líder de justicia social de la comunidad de Laman Kinipan, por defender un bosque consuetudinario contra la expansión de la empresa de aceite de palma PT Sawit Mandiri Lestari. Aunque la policía los detuvo por robo, testigos presenciales coincidieron en señalar que su detención estaba relacionada con la creciente oposición a los desalojos forzosos provocados por empresas de aceite de palma. Entre enero y agosto, al menos 29 personas —defensores y defensoras de los derechos indígenas, y líderes y lideresas de justicia social — fueron víctimas de detenciones, actos de violencia física e intimidaciones.

Siguió sin haber rendición de cuentas por violaciones cometidas en el pasado contra defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), Wiji Thukul, Marsinah y el destacado activista de derechos humanos Munir Said Thalib (Munir).

Violaciones de derechos humanos en Papúa y Papúa Occidental

Grupos de derechos humanos denunciaron homicidios ilegítimos y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, principalmente en el contexto del uso excesivo de la fuerza. Entre febrero de 2018 y agosto de 2020 se registraron 47 casos de presuntos homicidios ilegítimos —con 96 víctimas en total — a manos de la fuerzas de seguridad. En 15 casos, los presuntos autores eran agentes de policía; en 13, miembros del ejército indonesio; y en 12, participaron presuntamente tanto la policía como el ejército.

El 19 de septiembre, Yeremia Zanambani , jefe de la Iglesia Cristiana Evangélica de Indonesia, fue víctima de homicidio en el distrito de Hitadipa (regencia de Intan Jaya, Papúa). Tanto la policía como el ejército afirmaron que el responsable de su muerte había sido un grupo armado. Sin embargo, activistas locales de Papúa, que mantenían estrecho contacto con la familia del sacerdote, rechazaron esa teoría y afirmaron que el ejército lo había abatido durante una operación de búsqueda de miembros de un grupo armado sospechoso del homicidio de dos militares.6 Durante esa operación militar, numerosos lugareños habían huido a bosques cercanos o se habían refugiado en la zona circundante.

Gobiernos sucesivos habían limitado el acceso de observadores internacionales de derechos humanos a Papúa, y era poco habitual que se investigaran denuncias de homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad en esa región.7

Derechos de las mujeres

Según datos de la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer con fecha del mes de julio, durante la pandemia había habido un incremento del 75% en el número de denuncias de violencia sexual contra mujeres.

No existía ninguna base jurídica integral que abarcase todas las formas de violencia sexual. En el Código Penal indonesio se ofrecía una limitada definición de violencia sexual que incluía tanto la violación como el “adulterio” (en contravención del derecho internacional), y se preveían escasas medidas de protección para las sobrevivientes. El 2 de julio, la Cámara de Representantes retiró oficialmente el proyecto de Ley de Erradicación de la Violencia Sexual de la lista de prioridades del programa nacional legislativo. Con ello se obstaculizaba la adopción de un marco jurídico integral que pudiera garantizar el enjuiciamiento de los perpetradores y ofrecer protección adecuada a las sobrevivientes de este tipo de violencia.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Continuaron los actos de hostigamiento e intimidación, ataques y discriminación contra personas LGBTI. Los medios de comunicación se hicieron eco de declaraciones incendiarias, imprecisas y falaces de varios cargos públicos que decían defender la moral pública del país. Agentes tanto estatales como no estatales fueron responsables de actos de violencia contra personas LGBTI, así como de amenazas, intimidación y otras formas de acoso.

El 1 de septiembre, la policía de la capital, Yakarta, irrumpió en un apartamento de Yakarta Sur donde se celebraba una reunión privada de hombres. Fueron detenidos 9 de ellos, acusados de “facilitar actos obscenos” en virtud de la Ley sobre Pornografía, delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión.8


  1. Indonesia: COVID-19 and its human rights impact in Indonesia (ASA 21/2238/2020)
  2. Indonesia: Unprotected, overworked, ailing Indonesian health workers face avalanche of COVID-19 cases (comunicado de prensa, 11 de septiembre)
  3. Indonesia: ‘Catastrophic’ Omnibus Bill on job creation passed into law (comunicado de prensa, 5 de octubre)
  4. Indonesia: End wave of digital attacks on students, journalists and activists (ASA 21/2536/2020)
  5. Indonesia: Financial punishment against human rights defender shows no respect for freedom of expression (comunicado de prensa, 14 de agosto)
  6. Indonesia: Investigate killing of priest in Papua (comunicado de prensa, 23 de septiembre)
  7. Indonesia: Civil and political rights violations in Papua and West Papua (ASA 21/2445/2020)
  8. Indonesia: Men accused of holding ‘gay party’ face 15 years in jail (comunicado de prensa, 3 de septiembre)