En muchos casos, el personal de salud carecía de equipos adecuados de protección individual o de acceso a pruebas de COVID-19. El derecho a la libertad de expresión se vio recortado por una directiva de la Policía Nacional que penalizaba las críticas a la respuesta del gobierno a la pandemia. Cada vez más personas eran encarceladas sólo por expresar sus opiniones u organizar protestas pacíficas. Para intentar silenciar las voces críticas, individuos no identificados intimidaron por medios digitales a personas del mundo académico, estudiantes, activistas, defensores o defensoras de los derechos humanos, líderes o lideresas de justicia social y periodistas. Una serie de periodistas presentaron denuncias ante la policía en agosto, pero al concluir el año no se habían llevado aún a cabo las investigaciones correspondientes. Continuaban recluidas al menos 35 personas por motivos de conciencia. En Papúa y Papúa Occidental, las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos, casi siempre con impunidad. La Cámara de Representantes eliminó de su lista de prioridades el proyecto de Ley de Erradicación de la Violencia Sexual. El colectivo LGBTI siguió amenazado, mientras varios cargos públicos realizaban falaces declaraciones sobre “moralidad”.
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