Resumen

Las autoridades utilizaron en repetidas ocasiones fuerza excesiva para disolver actos de protesta, como los celebrados por comunidades locales contra actividades mineras. Continuó la represión de la disidencia política en las provincias de Papúa y Papúa Occidental. Se detuvo a decenas de personas indígenas papúes, algunas de las cuales fueron acusadas de delitos castigados con largas penas de prisión. Se siguió restringiendo la libertad de expresión y, en aplicación de leyes represivas, se detuvo y procesó a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas, que también sufrieron ataques físicos y en Internet. Se aprobó una ley que penalizaba distintos delitos relacionados con la violencia sexual, pero se siguió negando acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violación. En la provincia de Aceh, los tribunales impusieron penas de flagelación. Las fuerzas de seguridad perpetraron homicidios ilegítimos —que, en su mayoría, quedaron impunes— en Papúa y Papúa Occidental, entre otros lugares.