Se procesó y hostigó por sus actividades legítimas a defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del ámbito académico, periodistas y estudiantes, entre otras personas. Se utilizó ampliamente la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas para restringir el derecho a la libertad de expresión online. Se detuvo y procesó a activistas políticos, activistas de los derechos laborales y personas indígenas por motivos tales como participar en protestas pacíficas, y se empleó fuerza excesiva para disolver manifestaciones. Continuaban recluidas al menos 28 personas por motivos de conciencia. Las fuerzas de seguridad perpetraron impunemente homicidios ilegítimos en Papúa y Papúa Occidental. Se discriminaba sistemáticamente a la comunidad religiosa ahmadí.
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