Las organizaciones firmantes de esta declaración instan al gobierno de Indonesia a establecer una moratoria de las ejecuciones y a revisar todas las condenas de muerte con miras a conmutarlas como primer paso inmediato para la abolición de la pena capital. Este llamamiento se produce tras haberse hecho públicas unas conclusiones del defensor del Pueblo de Indonesia que confirman violaciones de los procedimientos judiciales en el caso de un preso ejecutado en julio de 2016.
