Andorra 2025
Continuaba en vigor la prohibición total del aborto. Las medidas para abordar la violencia de género, incluida la recopilación de datos, eran insuficientes. La salud de las personas transgénero corría peligro. Seguía siendo motivo de preocupación la falta de acceso a una vivienda asequible.
Derechos sexuales y reproductivos
Persistió la prohibición total del aborto, que violaba diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a unos servicios de aborto sin riesgos. Según una investigación periodística transfronteriza publicada en 2025, una media anual de 131 mujeres residentes en Andorra viajaban a España para someterse a un aborto.
En abril, en un discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el primer ministro anunció que el gobierno estaba preparando una propuesta para despenalizar el aborto en 2027. Sin embargo, con esta propuesta seguiría sin haber servicios de aborto disponibles en Andorra, por lo que mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas tendrían que seguir viajando al extranjero para acceder a la atención que necesitaban y a la que tenían derecho.
Violencia por motivos de género
En noviembre, el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa pidió a Andorra que mejorase la recogida de datos sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos los relativos a la naturaleza de la relación entre víctima y perpetrador, el tipo de violencia infligida y el número de decisiones judiciales emitidas. El Grupo pidió a las autoridades que involucrasen plenamente a las asociaciones de derechos de las mujeres en las políticas destinadas a prevenir y combatir la violencia de género.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El gobierno anunció en febrero la publicación, largamente esperada, de los protocolos para implementar servicios de afirmación de género, como establecía el decreto sobre servicios y productos de salud de 2022. No obstante, al final del año seguían sin estar disponibles esos protocolos, lo que hacía peligrar la salud y el bienestar de las personas transgénero.
Derecho a la vivienda
En marzo, el Parlamento aprobó una ley dirigida a proteger el derecho a la vivienda. Aunque fue acogida con satisfacción, no planteaba medidas concretas para aumentar el parque de viviendas sociales, lo que chocaba con los resultados de una encuesta, publicada en julio, que señalaba que el principal motivo de preocupación de la ciudadanía era la falta de acceso a una vivienda asequible.
Libertad de expresión
En contravención del derecho internacional de los derechos humanos, continuó en vigor la legislación sobre difamación que penalizaba la crítica a las autoridades y las instituciones andorranas.