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ANDORRA 2021

El acceso al aborto seguía estando absolutamente penalizado. Se presentaron cargos contra una defensora de los derechos humanos por exponer motivos de preocupación sobre los derechos de las mujeres (incluido el acceso al aborto) ante un comité de la ONU.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En enero, tres relatores especiales de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas pidieron a las autoridades andorranas que pusieran fin a las aparentes represalias contra Vanessa Mendoza Cortés por su interacción con mecanismos de derechos humanos de la ONU.

En febrero, Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la Asociación Stop Violències, compareció ante una jueza para responder de los cargos presentados por la fiscalía en 2020 —a raíz de una denuncia del gobierno andorrano— como consecuencia de su intervención ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y sus declaraciones a la prensa en 2019 en favor de la despenalización del aborto y la mejora de los derechos de las mujeres.1 Los cargos originales en su contra incluían delitos de calumnias al copríncipe y a instituciones gubernamentales. En junio, la fiscalía retiró dos cargos por calumnias, que conllevaban penas de prisión, pero mantuvo el cargo por delitos contra el prestigio de las instituciones, penados con una multa de hasta 30.000 euros.

Al final del año, todos los cargos contra Vanessa Mendoza Cortés seguían pendientes.

Derechos sexuales y reproductivos

Continuó en vigor la discriminatoria y lesiva prohibición total del aborto. Como consecuencia, las personas con necesidad de recurrir al aborto se vieron obligadas a viajar a Francia y España para obtener la asistencia médica que necesitaban. En marzo, Andorra rechazó todas las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) para despenalizar el aborto.

Libertad de expresión

Seguía siendo delito la difamación de instituciones y cargos públicos, así como otros delitos relacionados. En marzo, las autoridades de Andorra rechazaron una recomendación del EPU para despenalizar la difamación en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.


  1. Andorra: Deben retirarse los cargos de difamación contra la activista que planteó motivos de preocupación sobre derechos humanos ante un Comité de la ONU, 16 de febrero