Benín 2022
La libertad de expresión y de reunión pacífica seguía restringida por la legislación represiva que regulaba las comunicaciones online y el derecho a la huelga. Se documentaron casos de detenciones arbitrarias y de tortura y otros malos tratos. Todavía no se habían investigado los presuntos homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad y de defensa durante las elecciones presidenciales de 2021. Las personas con albinismo seguían sufriendo discriminación y violencia.
Información general
En las 2 regiones del norte, varios ataques e incidentes violentos atribuidos a miembros de grupos armados islamistas se saldaron con la muerte de al menos 12 soldados. Para aliviar las tensiones políticas que siguieron a las elecciones parlamentarias de 2019, el 14 de junio se excarceló a 17 personas que permanecían detenidas desde febrero de 2020 por “delitos contra la seguridad del Estado”. El 27 de julio se excarceló y se puso bajo supervisión judicial a 30 hombres y mujeres miembros de la oposición política arrestados durante las elecciones presidenciales de abril de 2021. Permanecían detenidos dos dirigentes de la oposición, Joël Aïvo y Reckiatou Madougou, a quienes en diciembre de 2021 se había impuesto una pena de 10 y 20 años de prisión, respectivamente, por “blanqueo de dinero y atentado contra la seguridad del Estado” y “financiación del terrorismo”. En noviembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideró que la detención de Reckiatou Madougou era arbitraria y pidió su excarcelación inmediata.
Libertad de expresión y de asociación
El Código del Sector Digital de 2018, que castigaba con penas de prisión la publicación de información falsa en Internet, continuaba suponiendo una amenaza para la libertad de expresión. En diciembre, el periodista Virgile Ahouansè fue puesto en libertad provisional bajo supervisión judicial tras pasar 48 horas bajo custodia policial. Estaba acusado de publicar “información falsa” después de haber denunciado ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y defensa. Tras una huelga emprendida en septiembre por los controladores aéreos, la Asamblea Nacional votó el 11 de octubre prohibir el derecho a la huelga de los trabajadores del puerto y el aeropuerto de Cotonú, y también de los trabajadores del sector de hidrocarburos. Una ley de 2018 ya limitaba el derecho a la huelga a 10 días al año y prohibía las huelgas en determinados sectores, incluido el de la salud.
Detención y reclusión arbitrarias
El activista Jean Kpoton quedó en libertad el 18 de enero tras pasar un año en prisión. Había sido condenado en febrero de 2021 en virtud del Código del Sector Digital tras difundir una publicación en las redes sociales relativa a los presuntos gastos realizados por el presidente durante una gira por el país.
El 29 de enero estallaron enfrentamientos violentos a raíz de que miembros de la secta de Azaël Ahouignan, de la aldea de Kogandji (municipio de Savalou), se opusieran al arresto de algunos de sus integrantes sospechosos de cometer actos de violencia y destrucción de bienes. Según las autoridades, 2 agentes de policía y 6 miembros de la secta perdieron la vida de manera violenta. Decenas de personas fueron detenidas. Según medios de comunicación locales, algunas de las personas arrestadas y puestas en libertad días después denunciaron haber sufrido malos tratos bajo custodia.
En el contexto de los ataques de grupos armados en el norte de Benín, la policía arrestó el 19 de marzo a un hombre de 70 años en Tanguiéta, en la región de Atakora, fronteriza con Burkina Faso. El hombre en cuestión, acusado de haber matado a un policía, fue trasladado a Cotonú en un viaje de 587 kilómetros durante el cual los agentes de policía le propinaron culatazos. Quedó en libertad sin cargos después de estar una semana bajo custodia.1
En marzo fueron arrestados dos periodistas en Tanguiéta mientras investigaban a African Parks, la organización a cargo de la gestión del parque nacional de Pendjari. Ambos permanecieron detenidos durante cuatro días, sin ningún fundamento legal, por presunto espionaje.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En diciembre aún no se había abierto investigación alguna sobre el homicidio de al menos cinco manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2021.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
El 4 de febrero, una mujer transgénero fue trasladada a la comisaría de policía de Pahou tras ser agredida en Ouidah por residentes y conductores de mototaxi que la acusaban de ser una ladrona. Unos agentes de policía presuntamente le propinaron golpes con palos y machetes, la desnudaron y la fotografiaron. La mujer pasó tres días recluida desnuda y sin alimentos. Quedó en libertad sin cargos el 6 de febrero.2 El 29 de junio presentó una denuncia contra los policías de la comisaría de Pahou. En ausencia de investigación adicional, la mujer apeló al Tribunal Constitucional, que en diciembre celebró una vista.
Según la organización de derechos LGBTI Golondrina Club, sus miembros dejaron de acudir a la sede durante varias semanas por miedo a sufrir intimidación o ataques, ya que el 17 de mayo —Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia— ésta fue rodeada por una “turba organizada”. Algunos representantes de la organización también recibieron amenazas de muerte a través de las redes sociales y en sus teléfonos, pero no las denunciaron ante las autoridades porque dieron por sentado que no se emprendería ninguna acción.
Discriminación
En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por las agresiones físicas y los actos de estigmatización y discriminación cometidos contra personas con albinismo sobre la base de creencias relacionadas con la brujería y el color de la piel. El Comité instó a Benín a adoptar medidas efectivas para proteger a las personas con albinismo y garantizar que tuvieran igualdad de acceso a educación, sanidad y empleo.