Benín 2025
El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica seguía siendo objeto de restricciones. Una oleada de ataques mortales de grupos armados provocó el desplazamiento interno de un número cada vez mayor de personas, la mayoría de las cuales tenían dificultades para acceder a sus derechos económicos y sociales. La ONU expresó preocupación por el uso generalizado de la detención en espera de juicio en virtud de la legislación antiterrorista y por las deficientes condiciones y el trato dispensado a las personas detenidas en los centros penitenciarios. Algunas víctimas de desalojos forzosos seguían esperando una indemnización adecuada.
Información general
El presidente en ejercicio, Patrice Talon, reafirmó públicamente su compromiso de no aspirar a un tercer mandato en 2026.
El país se enfrentó a amenazas en materia de seguridad en la región septentrional. Entre enero y octubre, las fuerzas armadas beninesas fueron objeto de ataques de grupos armados, entre ellos el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, afiliado a Al Qaeda, en los que murieron al menos 82 soldados.
Tras un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre, al menos 50 personas quedaron sometidas a detención en espera de juicio.
Libertad de expresión
Las disposiciones del Código del Sector Digital que penalizaban la “difusión de noticias falsas” y el “acoso a través de comunicaciones electrónicas” seguían utilizándose para obstaculizar el derecho a la libertad de expresión.1 Benín bajó del puesto 89 al 92 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
En enero, el periódico Le Patriote y su sitio web fueron suspendidos por la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación (HAAC, por sus siglas en francés) tras la publicación de un editorial que señalaba la “ineficacia de la estrategia del gobierno” durante un ataque contra una posición militar en la zona fronteriza con Burkina Faso y Níger. La suspensión se levantó en mayo.
Del 12 de marzo al 20 de mayo se suspendió el sitio web de noticias Bénin Web TV y se retiró la credencial de prensa a su director general. La HAAC acusó al medio de comunicación de publicar información inexacta en dos artículos relativos a la institución y a su presidente.
El 5 de junio, Julien Kandé Kansou, miembro del partido Los Demócratas, fue detenido y acusado de “acoso por medios electrónicos” y de “difusión de noticias falsas” tras predecir una “revolución electoral” en 2026 y criticar a las autoridades.
El periodista Comlan Hugues Sossoukpè, ciudadano beninés conocido por su actitud crítica hacia el gobierno, fue detenido el 10 de julio en Abiyán (Costa de Marfil). Fue trasladado a Benín, donde el Tribunal de Represión de los Delitos Económicos y el Terrorismo lo acusó de “incitación a la rebelión”, “incitación al odio y la violencia”, “acoso a través de comunicaciones electrónicas” y “apología del terrorismo”. El periodista Ali Moumouni, colaborador suyo, fue detenido seis días después. Se enfrentaba a los mismos cargos.
El 15 de julio, Cosme Hounsa, periodista y director editorial del periódico La Boussole, fue detenido por agentes del Centro Nacional de Investigaciones Digitales (CNIN, por sus siglas en francés), acusado de acoso a través de comunicaciones electrónicas. Quedó en libertad dos días después, pero los cargos se mantuvieron. Antes de la detención de Cosme Hounsa, La Boussole había publicado varios artículos en los que se comentaba un caso judicial que afectaba al entonces ministro de Energía, Agua y Minas y a su predecesor.
El 9 de octubre, Olivier Allochémé, periodista y redactor jefe del diario L’Événement Précis, fue detenido tras haber publicado en su página de Facebook unos comentarios sobre el jefe del Estado.
Libertad de reunión pacífica
En marzo, tras la prohibición de manifestaciones y la dispersión violenta de protestas en varias ciudades, el partido opositor Los Demócratas presentó denuncias contra agentes de policía y autoridades locales elegidas.
Derechos de las personas internamente desplazadas
Se duplicó con creces el número de personas internamente desplazadas, debido principalmente a una nueva oleada de ataques de grupos armados en el norte del país. Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, en julio de 2025 la cifra había aumentado un 118% en comparación con 2024, hasta alcanzar las 27.294 personas, la mayoría de las cuales habían perdido sus fuentes de ingresos y vivían en condiciones precarias, con acceso limitado a los derechos económicos y sociales, como el derecho a la alimentación, el agua, la salud y la vivienda.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En enero, tras examinar el informe periódico de Benín, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares publicó sus observaciones finales, en las que señalaba que, a pesar de algunos avances en las medidas para proteger los derechos de las personas migrantes, persistían las dificultades. El Comité determinó que algunas disposiciones de la legislación aprobada en 1986 que regulaba la situación jurídica de las personas extranjeras eran incompatibles con la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, y señaló, en particular, las disposiciones relativas a la privación de libertad y la expulsión de personas en “situación irregular”.
Durante el examen del Comité, el gobierno reconoció las dificultades para prestar servicios esenciales a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número aproximado de personas en esta situación ascendía en noviembre a 30.540, el 70% de las cuales eran mujeres.
Derechos de las personas detenidas
En enero, al informar sobre su visita de 2024, el relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo señaló que, desde 2019, cientos de personas habían sido detenidas en relación con delitos de terrorismo, en muchos casos sin que se presentaran formalmente cargos en su contra. También expresó preocupación por las condiciones de reclusión y puso de relieve el hacinamiento, las deficientes condiciones de saneamiento y el acceso inadecuado a la atención médica.
Desalojos forzosos
En febrero, la Agencia Nacional de Tierras y Patrimonio del Estado hizo un llamamiento público para que las personas que seguían esperando una indemnización adecuada tras haber sido objeto de desalojos forzosos se identificaran a fin de poder dar seguimiento a sus casos. Podían optar a ella miles de familias que vivían en zonas costeras destinadas al desarrollo turístico y que habían sido objeto de desalojo forzoso. Sólo en el distrito de Fiyégnon 1, en Cotonú, desde 2021 se había desalojado sin indemnización a más de 3.000 personas.