Alemania 2025
Representantes del Estado emplearon lenguaje estigmatizante que alimentaba el miedo a sufrir delitos de odio. La policía hizo uso de fuerza excesiva en el control de manifestaciones pacíficas de apoyo a los derechos del pueblo palestino. Alemania deportó a 83 hombres a Afganistán y a uno a Siria en contra del principio de no devolución (non-refoulement). El gobierno federal puso en peligro el logro de los objetivos climáticos.
Discriminación
Los informes sobre un aumento de los delitos de odio de carácter racista, antisemita e islamófobo y contra las mujeres, las personas LGBTI y otros grupos minorizados suscitaron gran preocupación. El número de este tipo de delitos duplicó con creces los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. También aumentaron los informes de ataques contra marchas del Orgullo, y el lenguaje estigmatizante empleado por representantes del Estado, unido a su falta de compromiso con los derechos de las personas LGBTI, alimentaba el miedo de éstas a sufrir delitos de odio.
En noviembre, la Oficina Federal de Investigación Criminal informó de un aumento de los delitos violentos por motivos de género contra las mujeres en 2024.
La muerte de un hombre negro de 21 años, Lorenz A., por disparos de un agente de policía en Oldemburgo en abril fue noticia en todo el país. Según datos de la organización CILIP, dedicada a informar sobre los derechos civiles, la violencia policial con resultados mortales volvió a alcanzar valores máximos en 2025, con un total de 17 muertes, y afectaba de manera desproporcionada a las personas racializadas y las que vivían en la pobreza.
En diciembre se presentó en el Parlamento un anteproyecto de ley que sustituía la Ley de Policía Federal y proponía ampliar las competencias policiales de un modo que propiciaba los controles arbitrarios y la aplicación de criterios raciales. El texto no incluía el uso obligatorio de placas identificativas para combatir la impunidad.
Autoridades de la policía y representantes de sindicatos policiales hicieron declaraciones incendiarias y racistas, principalmente contra personas negras, árabes, musulmanas y refugiadas. Según las conclusiones de un estudio federal publicado en mayo, la discriminación podía producirse en la práctica totalidad de las áreas de trabajo policial.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El plazo para reformar la legislación que facilitaba el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género se redujo de cinco años a un año y medio, lo que suscitó inquietud entre las organizaciones LGBTI. Les preocupaban especialmente las nuevas disposiciones incluidas en el proyecto de reforma que permitían rastrear el anterior nombre y género legal de una persona, con el riesgo de exposición que ello implicaba.
Libertad de reunión pacífica
El 8 de febrero, en una manifestación de solidaridad con Palestina, la policía de Berlín ordenó que los discursos y consignas sólo se formularan en alemán e inglés, y disolvió la reunión con violencia en cuanto sus participantes empezaron a corear consignas en hebreo y árabe.
En marzo, durante una protesta pacífica en Berlín, un agente de policía golpeó repetidamente a una mujer en la cara y la cabeza. Episodios similares de violencia policial se documentaron en manifestaciones del Día de la Nakba y en el evento del Orgullo Queer Internacionalista celebrado en Berlín en julio.
En febrero, el partido Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) dirigió una investigación parlamentaria sobre la financiación de las organizaciones de la sociedad civil, que consistía en 551 preguntas para evaluar la neutralidad política de las organizaciones financiadas por el Estado, en particular las que hacían campaña contra el racismo y en favor de los derechos de las personas migrantes. Con ello se puso a estas organizaciones bajo sospecha general.
El 20 de marzo, el Tribunal Administrativo de Berlín declaró ilegal el uso por la policía de llaves de sumisión por dolor para retirar del lugar de una reunión previamente disuelta a personas que se habían manifestado de manera pacífica por el clima.
En marzo, las autoridades de inmigración de Berlín notificaron a cuatro personas extranjeras —de la Unión Europea y Estados Unidos— la cancelación de su condición de residentes debido a su participación en protestas estudiantiles de apoyo al pueblo palestino en 2024. Ninguna de estas personas fue declarada culpable de ningún cargo. Se filtró correspondencia que indicaba que el Ministerio del Interior de Berlín había presionado a las autoridades de inmigración para que deportaran a las cuatro. Todos los casos fueron impugnados con éxito en actuaciones preliminares y las deportaciones se suspendieron temporalmente.
En mayo, tras una manifestación conmemorativa de la Nakba, la policía de Berlín afirmó que un agente había resultado herido de gravedad a manos de manifestantes. Portavoces de la policía, el alcalde y el ministro federal del Interior utilizaron esta acusación para reclamar más competencias policiales contra quienes se manifestaban en solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, una investigación independiente reveló más tarde que el agente se había autolesionado al golpear a manifestantes.
El 26 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Berlín falló que la disolución de una conferencia propalestina en 2024 había sido ilegal.
Libertad de expresión
El 29 de enero, el Parlamento aprobó una resolución que establecía la obligatoriedad de usar en las escuelas y universidades la definición de trabajo de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). La resolución, que entraba en conflicto con el criterio de destacados juristas y grupos de la sociedad civil, que sostenían que la definición de la IHRA era incompatible con las normas internacionales sobre la libertad de expresión, instaba a vigilar al alumnado y a estrechar la cooperación con las autoridades de seguridad e inteligencia para abordar cualquier deficiencia percibida en relación con la lucha contra el antisemitismo en las escuelas.
Las autoridades persistieron en sus intentos de criminalizar la consigna “Desde el río hasta el mar”, prohibida ya en 2023 por considerarse “símbolo de Hamás”.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En abril se suspendieron las admisiones para reasentamiento y por razones humanitarias en el país. En julio, el Parlamento aprobó la suspensión por dos años del derecho de reagrupación familiar para las personas a las que se había concedido protección subsidiaria, salvo contadas excepciones en casos de extrema necesidad.
Sólo se habían aprobado 3.087 admisiones en virtud del programa de admisión humanitaria para Afganistán, iniciado en 2022, y sólo 2.230 personas habían entrado realmente en Alemania. El objetivo inicial del plan era la admisión de 1.000 personas al mes.
Más de 1.300 personas que habían sido aceptadas en varios programas de admisión continuaron atrapadas en Pakistán o, en unos 250 casos, fueron devueltas de Pakistán a Afganistán. A pesar de que había cerca de 150 sentencias de tribunales administrativos que obligaban al gobierno a expedir visados, al terminar el año sólo se había permitido finalmente la entrada en 756 casos. En total, el nuevo gobierno había recortado a la mitad las admisiones de quienes esperaban en Pakistán.
En julio, Alemania deportó a 83 hombres a Afganistán y a uno a Siria en contra del principio de no devolución (non-refoulement).
Aunque un Tribunal Administrativo de Berlín, en una sentencia dictada en junio, declaró ilegal denegar a solicitantes de asilo el acceso a territorio alemán, las autoridades continuaron llevando a cabo devoluciones sumarias en las fronteras.
En septiembre, el gobierno presentó al Parlamento una propuesta legislativa para implementar las reformas del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que incluía medidas para endurecer la normativa mucho más de lo estipulado por el SECA, como las que permitían determinar terceros países y países de origen seguros por decreto ministerial, o una ampliación considerable de los motivos para detener a personas migrantes.
Derecho a la privacidad
El estado federado de Hesse comenzó a utilizar en el distrito de la estación central de Fráncfort un sistema de reconocimiento biométrico y facial que permitía escanear con las cámaras de vigilancia a todos los transeúntes en tiempo real para identificar a personas nombradas en órdenes judiciales. Nuevas leyes federales y anteproyectos de ley de ámbito estatal concedían a las autoridades policiales amplias facultades para analizar automáticamente grandes volúmenes de datos y extraer toda la información biométrica públicamente disponible en Internet para identificar y localizar a personas buscadas.
Rendición de cuentas de las empresas
En septiembre, el gabinete federal aprobó un proyecto de enmienda de la Ley sobre la Obligación de Diligencia Debida de las Empresas en la Cadena de Suministro. Las modificaciones propuestas revertían medidas fundamentales de transparencia y aplicación de la ley, lo que debilitaba la rendición de cuentas de las empresas.
Derechos sexuales y reproductivos
Un anteproyecto de ley presentado por varios partidos para legalizar parcialmente el aborto, que había quedado en pausa en el Parlamento debido a la convocatoria de las elecciones anticipadas de febrero, permanecía estancado tras la toma de posesión del nuevo gobierno. En agosto, un proyecto de investigación sobre los embarazos no deseados financiado por el gobierno reveló importantes deficiencias en los servicios de aborto.
También en agosto, un médico perdió un juicio laboral tras impugnar una directiva de un hospital que prohibía al personal practicar abortos. Tras la fusión de dos hospitales gestionados por la iglesia pero con financiación pública en la región de Westfalia Oriental-Lippe, los abortos no esenciales para salvar vidas quedaron prohibidos, lo que limitaba gravemente el acceso a servicios esenciales de salud reproductiva.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El relator especial de la ONU sobre el derecho al desarrollo visitó Alemania en noviembre y, en su declaración de final de la misión, pidió reparaciones para las víctimas del genocidio alemán contra los pueblos ovaherero y nama entre 1904 y 1908 en la antigua colonia alemana de África del Sudoeste (véase el apartado sobre Namibia).
Derecho a un medioambiente saludable
Un informe publicado en septiembre, encargado por el Ministerio Federal de Economía y Energía, reveló flagrantes deficiencias en la transición a las energías renovables en Alemania. Aun así, la ministra de Economía anunció planes para reducir el apoyo a estas energías y ampliar las infraestructuras de gas, lo que retrasaría la eliminación gradual del uso y la producción de combustibles fósiles.
En mayo, el Tribunal Superior de la ciudad de Hamm desestimó una histórica demanda interpuesta por el agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya contra el gigante energético alemán RWE, al considerar que el riesgo de inundación de su propiedad debido al cambio climático no era suficientemente inminente. No obstante, el tribunal afirmó que, en principio, los grandes emisores podían ser considerados responsables de daños climáticos transfronterizos en virtud del derecho civil alemán.
Transferencias irresponsables de armas
En agosto, el canciller anunció que Alemania no autorizaría más exportaciones a Israel de armas susceptibles de ser utilizadas en la Franja de Gaza ocupada. Sin embargo, no se revocaron las licencias ya concedidas y se siguió exportando otro material militar. En noviembre se anuló la suspensión y se reanudaron las revisiones individuales de las exportaciones. En el primer semestre del año, Alemania autorizó exportaciones de armas y otro material militar a Israel por valor de unos 90 millones de euros.