Alemania 2024
Alemania deportó a 28 personas a Afganistán en contra del principio de no devolución (non-refoulement). Persistían los informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policía en manifestaciones pacíficas de activistas por el clima y de simpatizantes de los derechos del pueblo palestino. Continuó la represión de las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino. En octubre se aprobó legislación que reducía desproporcionadamente las prestaciones a solicitantes de asilo y ampliaba la capacidad de ejercer vigilancia biométrica y controles policiales sin sospecha razonable, lo que aumentaba el riesgo de que se aplicaran criterios raciales.
Discriminación
En enero se destapó, gracias a periodistas, un plan racista elaborado por figuras políticas de ultraderecha, agentes empresariales y otros actores para llevar a cabo expulsiones masivas, formuladas como “remigración”.
En marzo, Alemania nombró por primera vez a un comisario de la policía federal para que se encargara de las denuncias de discriminación y otras violaciones de derechos cometidas por ese cuerpo policial. Sin embargo, la investigación de las denuncias de abusos seguía estando obstaculizada por la ausencia general de mecanismos de denuncia independientes y eficaces y el hecho de que de la placa identificativa no fuera obligatoria para la policía federal y la de los estados.
Persistió la retórica racista y contra la inmigración durante todo el año, sobre todo tras unos apuñalamientos perpetrados en las ciudades de Mannheim y Solingen en mayo y agosto cuyos presuntos autores eran de Afganistán y Siria, respectivamente.
Esta retórica dañina influyó en la legislación. En octubre, el Parlamento aprobó un “paquete” legislativo sobre seguridad en el que se confundía la delincuencia con la raza, el origen étnico y la nacionalidad. Su aplicación reducía las prestaciones a solicitantes de asilo de manera desproporcionada y ampliaba la capacidad de ejercer vigilancia biométrica y controles policiales sin sospecha razonable, lo que aumentaba el riesgo de que se aplicaran criterios raciales.
Según informes que suscitaron gran preocupación, aumentaron los crímenes de odio antisemitas, islamófobos y racistas, así como contra las personas LGBTI y otros grupos minorizados.
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El Parlamento aprobó en abril una ley de autodeterminación que permitía a las personas transgénero, no binarias e intersexuales obtener el reconocimiento legal de su identidad de género mediante una simple declaración en el registro civil. En vigor desde noviembre, la nueva norma reemplazó la Ley de Transexuales de 1980, que obligaba a las personas transgénero a someterse a evaluaciones psicológicas discriminatorias y a un procedimiento judicial para conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género.
Pese al avance realizado, grupos de defensa de los derechos se quejaron de que la nueva ley estaba influida por narrativas antitrans —por ejemplo, en una disposición que dejaba a criterio de personal privado la decisión de negar el acceso a locales para un solo género— y no se centraba debidamente en la protección de las personas transgénero, no binarias e intersexuales.
Violencia por motivos de género
En noviembre, la Oficina Federal de Investigación Criminal informó de un aumento de los delitos contra mujeres por motivos de género en 2023. Se habían observado incrementos de los crímenes de odio misóginos (del 56,3%), la violencia en Internet (del 25,0%), la trata de seres humanos (del 6,9%), la violencia sexual (del 6,2%) y la violencia de género en el ámbito familiar (del 5,6%); además, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas había aumentado un 16,5% con respecto al año precedente.
Libertad de reunión pacífica
El 21 de mayo, la Fiscalía de Neuruppin presentó cargos en aplicación del artículo 129 del Código Penal contra cinco miembros del grupo de acción climática Last Generation por “formar una organización criminal”, lo que criminalizó aún más el movimiento climático.
A lo largo del año salieron a la luz informes relativos al uso excesivo de la fuerza —incluidas llaves de sumisión por dolor— en el control policial de las protestas pacíficas de activistas por el clima y simpatizantes de los derechos del pueblo palestino. En septiembre, durante una manifestación pacífica de solidaridad con el pueblo palestino, un joven quedó inconsciente al ser golpeado por la policía. Organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la influencia del racismo, en especial el dirigido contra personas árabes o palestinas, en la reacción de las autoridades ante las protestas de solidaridad con el pueblo palestino.
El 12 de abril, la policía de Berlín prohibió y, a continuación, disolvió el “Congreso Palestino” al poco tiempo de su inauguración. A varias personas invitadas a intervenir en él se les prohibió la entrada en el país o participar en actividades públicas.
El 26 de abril, en el distrito berlinés de los edificios de gobierno, la policía prohibió una acampada de protesta contra las transferencias de armas a Israel —aduciendo sin fundamentos suficientes “peligro para la seguridad pública”— y, según informes, empleó luego fuerza excesiva para disolverla.
Libertad de expresión
Las autoridades persistieron en sus intentos de criminalizar la consigna “Desde el río hasta el mar”, prohibida en 2023 por considerarse “símbolo de Hamás”. En junio, un tribunal de distrito de Berlín declaró culpable a un activista en aplicación del artículo 140 del Código Penal por haberla utilizado durante una manifestación en octubre de 2023. En noviembre, el Tribunal Regional de Berlín declaró culpable a una mujer en virtud del artículo 86 del Código Penal por haber publicado la consigna en redes sociales, determinando así que su uso era “equivalente a utilizar un símbolo de una organización terrorista”.
En mayo, el Ministerio Federal de Educación puso en marcha una evaluación interna sobre si era posible denegar financiación estatal al profesorado por oponerse públicamente al desalojo forzoso de estudiantes que protestaran en solidaridad con el pueblo palestino en la Universidad Libre de Berlín.
El 7 de noviembre, el Parlamento aprobó una resolución que establecía que, a la hora de legislar para abordar cualquier déficit percibido en las medidas contra el antisemitismo, debía utilizarse la definición práctica de éste adoptada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), en tanto que parámetro de referencia con respecto al cual debían ser revisadas y dotadas de fondos estatales diversas leyes, como la legislación penal y de asilo. Grupos de la sociedad civil y destacados juristas concluyeron que la definición de la IHRA era incompatible con las normas internacionales sobre la libertad de expresión. Por tanto, la resolución creaba incertidumbre jurídica y hacía temer violaciones de la libertad de expresión, académica y artística.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En enero, el Parlamento aprobó la Ley de Mejora de la Repatriación, que ampliaba las competencias de las autoridades para entrar en locales, efectuar registros y practicar detenciones, y aumentaba aún más el riesgo de detención ilegal para las personas solicitantes de asilo en Alemania.
En junio, el gobierno anunció su intención de reanudar las deportaciones a Afganistán y Siria. En agosto, Alemania deportó a 28 personas a Afganistán en contra del principio de no devolución.
A partir del 16 de septiembre se activaron los controles fronterizos de Schengen sin el requisito de la sospecha razonable para llevar a cabo controles policiales, lo que aumentaba el riesgo de aplicación de criterios raciales, negación de acceso al proceso de asilo y detención automática.
En octubre, como parte de su “paquete” legislativo en materia de seguridad, el Parlamento aprobó nuevas normas que excluían de recibir prestaciones a las personas cuya solicitud de asilo estuviera siendo tramitada en otro Estado miembro de la UE en aplicación del Reglamento Dublín III. Salvo en contados casos, a estas personas sólo se les concedían dos semanas de ayuda provisional.
El gobierno suspendió de forma prematura el programa de admisión humanitaria para Afganistán, concebido en octubre de 2022 para gestionar la entrada de 1.000 personas al mes. Al final de 2024, sólo 1.093 habían sido trasladadas en total a Alemania. Unas 2.000 personas afganas admitidas en el programa permanecían en Afganistán o Pakistán en espera de su traslado a Alemania.
El 9 de diciembre, las autoridades de asilo alemanas suspendieron las solicitudes presentadas por nacionales de Siria y, con ello, sumieron a casi 50.000 personas solicitantes de asilo sirias en unas circunstancias aún más precarias, que incluían residencia obligatoria en centros de acogida, prohibición de trabajar, acceso limitado a servicios médicos e imposibilidad de solicitar la reagrupación familiar.
Derecho a la privacidad
Según una investigación parlamentaria y diversos informes de periodistas de investigación, la policía empleó tecnología de reconocimiento facial en al menos seis estados federados sin base jurídica suficiente para hacerlo.
Derechos sexuales y reproductivos
En abril, una comisión de especialistas sobre “libre determinación reproductiva y medicina reproductiva” designada por el gobierno presentó sus propuestas para despenalizar y regular el aborto. En abril, las conclusiones preliminares de un proyecto plurianual de investigación sobre “experiencias y situaciones vitales de mujeres embarazadas involuntariamente” subrayaron la necesidad de poner la legislación en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y las directrices de la OMS sobre servicios de aborto sin riesgos. En diciembre se presentó al Parlamento un proyecto de ley para legalizar parcialmente el aborto, pero al concluir el año seguía estando penalizado.
En noviembre entró en vigor una ley para proteger a las personas embarazadas del hostigamiento en los alrededores de las clínicas y centros de asesoramiento preceptivo sobre el aborto. Prohibía actos como la obstrucción deliberada del acceso a los centros, ejercer presión sobre las personas embarazadas o mostrarles materiales falsos o perturbadores.
Derecho a un medioambiente saludable
El 16 de mayo, el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandeburgo resolvió que el gobierno federal estaba infringiendo la Ley de Protección del Clima, ya que sus planes de protección climática en diversos sectores se consideraban insuficientes para cumplir los objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de las emisiones establecidos por ella. Con la entrada en vigor de una reforma de la Ley el 17 de julio se eliminó la base de la sentencia del Tribunal. El nuevo texto mantenía los mismos objetivos generales de reducción de las emisiones pero ya no incluía objetivos de reducción jurídicamente vinculantes para sectores concretos ni el requisito de presentar medidas de emergencia si no se alcanzaban tales objetivos.
Transferencias irresponsables de armas
En junio, varios procedimientos especiales de la ONU pidieron a los Estados que pusieran fin a todas las transferencias de material militar a Israel para evitar el riesgo de incurrir en responsabilidad por violaciones de derechos humanos. Aunque Alemania redujo el número de licencias concedidas para esa clase de transferencias a Israel, mantuvo algunas. Alemania concedió también licencias de transferencia de armas y material militar a Arabia Saudí pese a la falta de rendición de cuentas por graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto de Yemen.