SUIZA 2020

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SUIZA 2020

El Parlamento aprobó unas medidas antiterroristas draconianas. La respuesta del gobierno a la COVID-19 limitó de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión. El Parlamento comenzó a revisar la legislación sobre delitos sexuales, y la ciudadanía votó a favor de incluir la orientación sexual en la legislación relativa al discurso de odio. El gobierno se negó a reasentar a más personas refugiadas procedentes de las islas griegas y suspendió temporalmente las solicitudes de asilo en las fronteras debido a la COVID-19. Se celebró un referéndum histórico sobre la obligación de las empresas multinacionales de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos.

Información general

De marzo a junio, en respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno asumió poderes de excepción que afectaban a múltiples derechos, entre ellos la libertad de reunión y de circulación. A pesar de la presión ejercida por numerosas organizaciones y asociaciones, al final del año no se había encargado un estudio exhaustivo e independiente que determinara las medidas necesarias para ofrecer la máxima protección al personal sanitario en Suiza.1 El Senado, la segunda cámara del Parlamento, aceptó una propuesta del gobierno para crear una institución nacional de derechos humanos independiente; estaba previsto que la propuesta pasara a la otra cámara en 2021. En septiembre, el Parlamento decidió reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 50% respecto a los niveles de 1990.

Juicios injustos

En mayo, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y expertos de la ONU criticaron las propuestas de aprobación de una legislación antiterrorista “draconiana”.2 La legislación, que permitía privar de libertad sin cargos ni juicio con carácter preventivo e incluía una definición imprecisa y excesivamente amplia de “terrorismo”, fue aprobada por el Parlamento en septiembre.

Libertad de reunión

Al comienzo de la pandemia, la policía carecía de instrucciones claras para implementar las medidas de emergencia y limitó el derecho a la libertad de reunión pacífica de manera desproporcionada, mediante la prohibición general de las manifestaciones públicas y la imposición de multas en determinados cantones.3

Violencia por motivos de género

En enero, una comisión parlamentaria examinó la legislación sobre delitos sexuales4 y dio instrucciones al gobierno para presentar una propuesta que redefiniera los actos sexuales realizados contra la voluntad de una persona. La definición de “violación” vigente requería el uso de coacción o fuerza y que la víctima fuera mujer.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El Parlamento votó a favor de introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que suponía que las parejas homosexuales iban a tener los mismos derechos que las demás, aunque con algunas restricciones relativas a la donación de esperma.

En julio, tras el resultado favorable de un referéndum sobre su reforma, se amplió la legislación relativa al discurso de odio para penalizar la apología del odio y la discriminación basadas en la orientación sexual.

Derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo

Hubo denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza por parte del personal de seguridad de los centros federales de acogida de solicitantes de asilo.5 Al final del año no se habían anunciado ni llevado a cabo investigaciones independientes. Durante el cierre de la frontera con Italia, de mediados de marzo a mediados de mayo, se suspendió la presentación de solicitudes de asilo en las fronteras excepto para las personas vulnerables como parte de las medidas de emergencia asociadas a la COVID-19.

En marzo fue rechazada una iniciativa parlamentaria sobre la introducción de una cláusula humanitaria en la legislación que penalizaba “promover la entrada, salida o estancia ilegal”. En julio, el Tribunal Federal suizo ratificó las sentencias condenatorias dictadas contra las defensoras de los derechos humanos Anni Lanz y Lisa Bosia Mirra por “facilitar la entrada ilegal” en Suiza a solicitantes de asilo en situación de necesidad.

El gobierno se negó a aceptar más personas refugiadas procedentes de las islas griegas, aunque varias ciudades importantes ofrecieron plazas de reubicación. Hubo excepciones, como los 54 niños y niñas no acompañados con lazos familiares en Suiza que sí fueron reubicados. Tras la destrucción del campo para personas refugiadas de Moria, en la isla griega de Lesbos (véase el apartado sobre Grecia), el gobierno aceptó a 38 menores más con intención de que estuvieran ya reasentados al final del año.

Rendición de cuentas de las empresas

El 29 de noviembre se rechazó en referéndum la iniciativa Empresas Responsables, que tenía por objeto obligar a las empresas multinacionales con sede en Suiza a ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente en sus operaciones en el extranjero. Aunque fue rechazada por los cantones, la iniciativa ganó la mayoría del voto popular. Fue la primera vez que los votantes de un país decían sí a este tipo de diligencia debida obligatoria.6

Impunidad

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Suiza había violado el derecho a la vida al no adoptar las medidas adecuadas para proteger a un hombre que se había suicidado bajo custodia policial en 2014. Las autoridades suizas tampoco habían llevado a cabo una investigación efectiva.


  1. Garantir les droits des professionnel-le-s de la santé (comunicado de prensa, 18 de agosto)
  2. Les lois antiterroristes sapent l’état de droit! (comunicado de prensa, 24 de septiembre)
  3. COVID-19: Des directives claires pour l’expression de l’opinion dans les lieux publics (comunicado de prensa, 5 de mayo)
  4. Projet distinct de révision du droit pénal sexuel (comunicado de prensa, 18 de enero)
  5. Un régime rigide dans les centres fédéraux et des délais très courts (comunicado de prensa, 28 de febrero)
  6. Multinationals seem too big for accountability. Switzerland may change that (noticia, 27 de noviembre)