ETIOPÍA 2020

Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva, y en ocasiones medios letales, y llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. Cientos de personas fueron víctimas de homicidio, y se destruyeron propiedades en actos de violencia por motivos étnicos cometidos por grupos armados y milicias. Miembros de la oposición y periodistas fueron objeto de detención y reclusión arbitrarias.

Información general

La agitación y la violencia recurrentes intensificaron la polarización política por motivos étnicos e impidieron en gran medida la realización de las reformas políticas y en el ámbito de los derechos humanos iniciadas en 2018.

El conflicto en la región de Tigré, que comenzó el 4 de noviembre, enfrentó al gobierno federal de Etiopía con el gobierno regional de Tigré. Desde el principio hubo enfrentamientos armados entre el ejército federal —con el apoyo de unidades de policía especiales (paramilitares) de la región de Amhara y milicias locales—, por un lado, y unidades de policía especiales (paramilitares) de Tigré y milicias locales, por otro.

Ejecuciones extrajudiciales

Las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas y los disturbios civiles con fuerza excesiva y, en algunos casos, con medios letales. Entre el 9 y el 11 de agosto mataron al menos a 16 personas, incluidos dos transeúntes, durante unas protestas en la zona de Wolaita (región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur). Las fuerzas de seguridad también dispararon y golpearon a manifestantes que habían salido a las calles para protestar por la detención de más de 20 funcionarios de la administración de zona, dirigentes comunitarios y activistas de la zona de Wolaita.¹

Libertad de expresión y de reunión

En enero, el gobierno adoptó una nueva ley antiterrorista. Si bien algunas de sus disposiciones mejoraban la protección de los derechos de las personas detenidas o enjuiciadas por presuntos delitos de terrorismo, otras restringían el derecho a la libertad de expresión. La Proclamación sobre el Discurso de Odio y la Desinformación, adoptada por el Parlamento federal en marzo, imponía sanciones por ejercer el derecho a la libertad de expresión.

Las fuerzas de seguridad hicieron uso de la violencia para reprimir el derecho a la libertad de reunión.

El 15 de febrero, la Policía Liyu irrumpió en un acto de inauguración del partido opositor Frente de Liberación Oromo (OLF) en su oficina de la ciudad de Welenchiti (región de Oromia). Los agentes dispararon munición real y gas lacrimógeno contra las personas congregadas, mataron a un simpatizante del OLF y golpearon a otras personas. Asimismo, perforaron a tiros los neumáticos de la furgoneta del equipo de Oromia News Network y después le confiscaron el material.

El mismo día, la Policía Liyu dispersó de forma violenta a simpatizantes del OLF que celebraban un almuerzo en un hotel de la ciudad de Burayu. Esa fuerza de seguridad mató a una persona y causó heridas a decenas más. Asimismo, introdujo a la fuerza a unas 30 personas en un furgón policial y las llevó al estadio de Burayu, donde las golpeó de nuevo y las obligó a dar vueltas de rodillas alrededor del estadio.²

Detención y reclusión arbitrarias

Las autoridades sometieron a políticos opositores y periodistas a detención prolongada en espera de juicio sin cargos, en muchos casos durante varios meses. Aunque los tribunales reafirmaron cada vez más su independencia al conceder la libertad bajo fianza a algunos políticos de la oposición, la policía incumplió con frecuencia estas órdenes.

En enero, la policía detuvo en la región de Oromia al menos a 75 personas simpatizantes del OLF, la mayoría de las cuales estuvieron recluidas sin cargos y no comparecieron ante un juez durante varios meses. Una de ellas, la destacada activista política Chaltu Takele, quedó en libertad en febrero, pero fue detenida de nuevo a principios de julio y acusada de organizar la violencia que siguió al homicidio del músico oromo Hachalu Hundessa (véase infra, “Homicidios ilegítimos”). Quedó en libertad bajo fianza en agosto con cargos de organizar violencia.

En febrero, unos agentes de seguridad detuvieron a cinco miembros destacados y cuatro simpatizantes del OLF en la capital, Addis Abeba, aunque ocho de ellos quedaron en libertad en las 24 horas siguientes.

En marzo, la policía detuvo a dos periodistas de Oromia News Network y tres responsables del OLF, y presentó contra ellos cargos por fotografiar la comisaría de policía de Burayu y por infracciones de tráfico. Aunque el fiscal retiró posteriormente los cargos por entender que las acusaciones no guardaban relación con actos delictivos, la policía mantuvo la detención aduciendo irregularidades en sus documentos de identidad. Cuatro de ellos quedaron en libertad sin cargos en mayo, pero uno, Batir Fille, continuaba detenido en Yabelo sin cargos ni juicio al terminar el año.

Juicios injustos

En octubre, el gobierno presentó el anteproyecto de Código de Pruebas y Procedimiento Penal —que sustituiría al Código de Procedimiento Penal de 1962— con el objetivo de abordar motivos de preocupación de larga data sobre juicios justos, pero algunas de su disposiciones no cumplían las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías.

Homicidios ilegítimos

Cientos de personas perdieron la vida en actos de violencia étnica generalizada y ataques de grupos armados.

Entre el 30 de junio y el 1 de julio, 166 personas murieron como consecuencia de la violencia que estalló en la región de Oromia tras el homicidio el 29 de junio del popular músico oromo Hachalu Hundessa, que desencadenó protestas multitudinarias y actos violentos en Addis Abeba y varias zonas de Oromia, Harar y Dire Dawa. Hubo jóvenes organizados que actuaron contra minorías étnicas y religiosas, incluida la comunidad de cristianos ortodoxos, de la que al menos 40 miembros murieron en distintas ciudades de la región y cuyas propiedades fueron incendiadas. En varias ciudades de Oromia, los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, que usaron munición real para dispersarlos y causaron la muerte a más de 100 personas. Altos cargos de la Policía Federal afirmaron que al menos 10 personas, 2 de ellas agentes de policía, también habían muerto en ataques con granadas y tiroteos en Addis Abeba el 30 de junio. Se detuvo a unas 5.000 personas, entre las que había líderes de partidos opositores presuntamente implicados en los homicidios ilegítimos y la destrucción de bienes. En septiembre, la Fiscalía General presentó cargos de terrorismo contra los dirigentes de partidos opositores Jawar Mohammed, Bekele Gerba y Eskinder Nega. En octubre, cuatro personas presuntamente responsables de la muerte de Hachalu Hundessa fueron detenidas y acusadas de terrorismo y homicidio.

En septiembre, unos grupos armados que —según la policía regional— pertenecían al Frente de Liberación Popular de Benishangul llevaron a cabo una serie de ataques contra residentes amhara y agew en la zona de Metekel (región de Benishangul-Gumuz) en los que mataron al menos a 45 personas y obligaron a desplazarse a miles más.

Entre el 18 y el 21 de octubre, al menos 31 miembros de la etnia amhara residentes en el distrito de Guraferda (región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur) murieron a manos de atacantes armados, y unos 1.500 se vieron desplazados.³

El 9 de noviembre, unos jóvenes y las milicias locales apuñalaron e infirieron cortes letales a decenas, probablemente cientos, de miembros de la etnia amhara residentes en Mai-Kadra (parte occidental de la región de Tigré).⁴ Algunos testigos de los hechos informaron de que habían visto cadáveres con heridas abiertas que parecían infligidas por armas como cuchillos y machetes. Los supervivientes del ataque también informaron de que el ataques había sido obra de jóvenes y agentes de seguridad locales leales al gobierno regional de Tigré.

Desalojos forzosos

A mediados de febrero, las autoridades municipales de Addis Abeba demolieron decenas de viviendas y dejaron sin hogar al menos a 1.000 personas durante la pandemia de COVID-19. Las personas afectadas afirmaban haber construido sus viviendas en tierras compradas en 2007, pero las autoridades insistían en que las familias eran ocupantes ilegales que no habían adquirido los terrenos al municipio de Addis Abeba. No se avisó con antelación a las familias de los desalojos ni se las consultó. La mayoría de ellas dependía de la economía informal para ganarse el sustento y había perdido sus medios de vida debido a las medidas asociadas a la COVID-19 que limitaron las oportunidades de empleo.

Tras las demoliciones, los residentes intentaron construir alojamientos temporales con telas y lonas, pero el 14 de abril las autoridades también derribaron estas construcciones y la policía confiscó los materiales. En consecuencia, las familias se vieron obligadas a dormir a la intemperie durante periodos de lluvias torrenciales.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las autoridades no ofrecieron información sobre las medidas adoptadas para localizar y rescatar a 17 estudiantes amhara secuestrados en noviembre de 2019 por unas personas no identificadas en la Universidad de Dembi Dolo, en Oromia occidental. Al terminar el año seguía sin conocerse su paradero.⁵

El gobierno tomó algunas medidas para asegurar la rendición de cuentas por atrocidades y violaciones graves de derechos humanos perpetradas desde 1991, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos y detenciones masivas y arbitrarias. Estas medidas apenas permitían albergar esperanzas de que las víctimas obtuvieran justicia por los crímenes —entre ellos homicidios, tortura y otros malos tratos y uso excesivo de la fuerza— cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidas la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, la Policía Federal y unidades especiales de la policía regional.