Etiopía 2022
El gobierno federal continuó imponiendo restricciones a la ayuda humanitaria en la región de Tigré y detuvo todas las entregas desde agosto hasta noviembre. Miles de personas de etnia tigriana detenidas permanecían recluidas arbitrariamente en condiciones terribles, a menudo en lugares de detención no oficiales y sin acceso a asistencia letrada. Se mantenía recluidos a dirigentes de la oposición, en contravención de las órdenes judiciales para su liberación. Las fuerzas de seguridad gubernamentales y los grupos armados eran responsables de homicidios ilegítimos de civiles, que en algunos casos podían constituir crímenes de guerra. Se siguieron incumpliendo las promesas de investigar estos crímenes. En la región de Afar, las fuerzas de Tigré cometieron múltiples actos de violación y otros tipos de violencia sexual relacionados con los conflictos. Se deterioró significativamente el derecho a la libertad de expresión.
Información general
El conflicto en Tigré se extendió a otras regiones del país, principalmente a Amhara y Afar. El conflicto armado y la violencia en las regiones de Somalí, Gambela, Oromia, Amhara y Benishangul-Gumuz y Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur se saldaron con la muerte de miles de civiles y el desplazamiento de comunidades. El conflicto y la sequía relacionada con el cambio climático en Afar, Amhara, Oromia, Somalí y otras regiones provocaron que millones de personas necesitaran ayuda humanitaria.
Negación de acceso humanitario
Desde el comienzo del conflicto, en noviembre de 2020, el gobierno había impuesto restricciones a la ayuda humanitaria en Tigré. En marzo de 2022, el gobierno declaró una tregua humanitaria que permitió aumentar significativamente el número de convoyes de ayuda en la región pero, tras la reanudación de los combates, las entregas se detuvieron totalmente desde agosto hasta noviembre. El cierre por parte del gobierno de los servicios de banca y de comunicaciones en Tigré agravó la crisis humanitaria. No obstante, en noviembre se firmó un acuerdo para el cese de las hostilidades (Acuerdo de Pretoria) y se reanudaron parcialmente las entregas, las comunicaciones telefónicas y los vuelos a Tigré. Según la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, de la ONU, el gobierno empleaba la hambruna como método de guerra.
Detención y reclusión arbitrarias
Las detenciones en masa realizadas por el gobierno y dirigidas contra personas de etnia tigriana en muchas partes del país, como Tigré occidental, Afar, Adís Abeba y Amhara, podían constituir crímenes de guerra. Miles de personas detenidas estaban recluidas en lugares de detención oficiales y no oficiales sin supervisión judicial y sin acceso a asistencia letrada. Las condiciones de reclusión en Tigré Occidental eran particularmente terribles, ya que las autoridades no proporcionaban alimentos ni agua a las personas detenidas. Las comunidades locales suministraron una cierta cantidad de ambas cosas, pero era insuficiente.
En enero, las fuerzas de seguridad trasladaron forzosamente a miles de residentes de etnia tigriana de Afar a un campo de detención cerca de la ciudad de Semera, donde permanecieron recluidos durante meses. El traslado forzoso de civiles, cuando no está justificado para su propia protección, y su posterior detención arbitraria pueden constituir un crimen de guerra. Decenas de miles de personas de etnia tigriana residentes en Adís Abeba y otras ciudades, que habían permanecido detenidas desde la declaración del estado de excepción en noviembre de 2021, quedaron en libertad sin cargos tras levantarse éste en febrero.
El gobierno continuó deteniendo ilegítimamente a los líderes del Frente de Liberación Oromo (OLF, por sus siglas en inglés) Michael Boran, Kenesa Ayana, Geda Aoljira, Dawit Abdeta, Lemi Benya, Geda Gebisa y Abdi Regassa. Todos ellos permanecían recluidos desde 2020, pese a las diversas órdenes judiciales para su liberación. Tras una orden del Tribunal Supremo Federal emitida en mayo, la policía dejó en libertad al coronel Gemechu Ayana, otro alto cargo del OLF, quien llevaba casi dos años detenido por cargos de terrorismo. En marzo se levantó el arresto domiciliario de Dawud Ibsa, presidente del OLF, después de que la Junta Electoral Nacional de Etiopía ordenara su liberación. Dawud Ibsa llevaba sometido a esa medida desde mayo de 2021.
En marzo y abril, la policía arrestó al menos a 30 integrantes y dirigentes del partido político de oposición Balderas for True Democracy mientras celebraban una festividad en Adís Abeba. Los detenidos quedaron en libertad sin cargos al cabo de días. En junio, Sintayehu Chekol, alto cargo de Balderas, fue arrestado en Bahir Dar. El tribunal ordenó su libertad bajo fianza, pero la policía lo trasladó a Adís Abeba, donde lo mantuvo recluido y lo trasladó reiteradas veces de una comisaría policial a otra hasta su liberación en noviembre.
Homicidios y ataques ilegítimos
Las fuerzas de seguridad y los grupos armados llevaron a cabo múltiples homicidios ilegítimos de civiles en las regiones de Oromia, Benishangul-Gumuz, Amhara, Tigré y Gambela, muchos de los cuales podían constituir crímenes de guerra. En marzo, el Servicio de Comunicaciones del gobierno de Etiopía prometió realizar investigaciones y enjuiciar a los responsables de los homicidios, pero al terminar el año no se había publicado información sobre los avances en dichas investigaciones o procesamientos.
En marzo se difundió en las redes sociales un vídeo en el que se veía a miembros de las fuerzas de seguridad quemando vivos a tres hombres. En junio se difundió ampliamente un vídeo de un homicidio en masa cometido en la Zona Especial Oromo, en la región de Amhara, en el que se veía a milicias amharas disparando y matando a decenas de hombres tras obligarlos a bajar de la parte trasera de un camión.
También en junio, al menos 400 civiles amharas, sobre todo mujeres, niños y niñas, fueron ejecutados sumariamente en un ataque que duró 5 horas en la localidad de Tole, en la Zona de Wellega Occidental, al parecer por fuerzas del Ejército de Liberación Oromo. Ni las fuerzas de seguridad que estaban cerca del lugar ni las autoridades locales intervinieron para detener el ataque. En julio también se tuvo noticia de ataques similares contra la población amhara residente en la zona de Qelem Wellega presuntamente realizados por fuerzas del Ejército de Liberación Oromo; el objetivo de los ataques eran cientos de personas de etnia amhara.
En agosto y septiembre, milicias Fano amharas y fuerzas del Ejército de Liberación Oromo mataron a cientos de civiles de etnia amhara y oromo en un ataque que tuvo lugar en la zona de Horo Guduru Wellega, en Oromia. Los días 30 y 31 de agosto, fuerzas de Fano amharas atacaron Agamsa, una localidad situada en Horo Guduru, y mataron al menos a 60 civiles oromos. En septiembre, cientos de civiles oromos y amharas de tres distritos de Horo Guduru murieron en lo que parecían ser ataques de represalia, efectuados de nuevo por milicias Fano amharas y fuerzas del Ejército de Liberación Oromo.
En enero, en Abala, localidad de la región de Afar fronteriza con Tigré, las fuerzas tigrianas y la policía y las milicias de Afar mataron a cientos de civiles. Durante la lucha por el control de Abala, las fuerzas de Afar mataron a civiles de etnia tigriana de la localidad, y las fuerzas de Tigré la bombardearon con artillería y mataron indiscriminadamente a decenas de personas más, en actos que constituían crímenes de guerra.
En Tigré se lanzaron múltiples ataques aéreos que mataron a cientos de civiles. Según la ONU, los ataques aéreos lanzados en enero, al parecer por fuerzas gubernamentales, mataron a más de un centenar de civiles en Dedebit. Tras la reanudación de las hostilidades entre el ejército federal y las fuerzas de Tigré en agosto, los ataques aéreos que tuvieron lugar en Mekele y Adi Daero en agosto y septiembre mataron a cientos de civiles, incluidos niños y niñas. Un ataque aéreo lanzado contra un centro preescolar en Mekele el 26 de agosto se saldó con la muerte de al menos nueve civiles, entre los que también había niños y niñas.
Violencia sexual y de género
En la región de Afar, las fuerzas de Tigré llevaron a cabo múltiples actos de violación y otros tipos de violencia sexual relacionados con los conflictos. Un total de cuatro sobrevivientes denunciaron haber sido objeto de violación y abusos a manos de miembros de las fuerzas de Tigré. Una sobreviviente dijo que la habían violado junto a su hija adolescente, que quedó embarazada a consecuencia de la violación. Las sobrevivientes afrontaban complicaciones de salud y psicosociales provocadas por las terribles experiencias vividas, como el abandono de sus esposos y el estigma social. Muchas sobrevivientes se sentían incapaces de hablar de sus vivencias debido al peligro que podrían correr sus medios de vida y sus familias.
Libertad de expresión
Se deterioró significativamente el derecho a la libertad de expresión, y las autoridades arrestaron al menos a 29 periodistas y profesionales de medios de comunicación en Tigré, Adís Abeba, Amhara y Oromia. Las autoridades de Tigré acusaron a 5 periodistas de “colaboración con el enemigo”; en las demás regiones, rara vez se acusó formalmente a los periodistas y los profesionales de medios de comunicación detenidos. Cuando se concedía la libertad bajo fianza a periodistas, la policía retrasaba su liberación recurriendo esa decisión.
En mayo, la policía arrestó a Temesgen Dessalegn, director de la revista Feteh, quien posteriormente fue acusado de revelar secretos militares y difundir rumores falsos. Temesgen Dessalegn quedó en libertad bajo fianza de 30.000 birrs (unos 560 dólares estadounidenses) en noviembre. En mayo, las fuerzas de seguridad arrestaron a periodistas entre los que figuraban Gobeze Sisay, Meskerem Abera y Yayesew Shimelis; a este último lo arrestaron de nuevo el 28 de junio, una semana después de su liberación. Los detenidos permanecieron recluidos durante días sin acceso a sus familiares ni a asistencia letrada, antes de quedar en libertad. En mayo, las autoridades también expulsaron a Tom Gardner, que trabajaba en Adís Abeba para el periódico The Economist, después de que el periodista fuera objeto de acoso en Internet por parte de simpatizantes del gobierno por informar sobre Etiopía. Meskerem Abera permaneció bajo custodia tras ser detenida de nuevo en diciembre por la policía federal, que la acusaba de incitación a la violencia y de difamación de las fuerzas de defensa nacional.
El 30 de diciembre, la policía detuvo al músico Tewodros Assefa por la letra de una canción que criticaba la corrupción de las autoridades locales en Adís Abeba y lo mantuvo recluido durante un día.
En septiembre, Alemu Sime, alto cargo del gobierno, convocó una reunión con organizaciones de la sociedad civil y formuló una advertencia oficial a 35 de ellas por pedir públicamente un alto el fuego y conversaciones de paz para poner fin a los conflictos antes del Año Nuevo etíope. Unos días antes, las fuerzas de seguridad habían prohibido una conferencia de medios de comunicación convocada por las organizaciones de la sociedad civil y personas particulares para dar publicidad a su llamamiento conjunto a la paz.