ETIOPÍA 2021

Todas las partes en el conflicto armado cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual contra mujeres y niñas, y millones de personas se vieron internamente desplazadas. Se negó la ayuda humanitaria a millones de personas en Tigré. La violencia étnica se cobró al menos 1.500 vidas. La policía llevó a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias en el contexto del estado de emergencia. Las tasas de vacunación contra la COVID-19 siguieron siendo bajas.

Información general

El conflicto armado en Tigré continuó durante todo el año y se extendió a las regiones limítrofes de Afar y Amhara en julio. La violencia armada también estalló en las regiones de Benishangul-Gumuz, Amhara, Oromia, Afar y Somali. En noviembre, el gobierno adoptó una ley del estado de emergencia que incluía amplias restricciones de los derechos humanos.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Todas las partes en el conflicto armado perpetraron violaciones del derecho internacional humanitario constitutivas de crímenes de guerra, que en algunos casos podían constituir crímenes de lesa humanidad. El conflicto causó la muerte de miles de civiles —principalmente por motivos étnicos—, la destrucción y el saqueo de bienes y el desplazamiento de comunidades. Según la ONU, millones de personas se vieron internamente desplazadas y más de 70.000 huyeron a Sudán. Amnistía Internacional documentó la ejecución extrajudicial de cientos de personas, violaciones sexuales, ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles, bloqueos de asistencia humanitaria y detenciones basadas en criterios raciales.¹

Ataques selectivos contra civiles

El 8 de enero, después de unos combates entre la Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía y el Frente Popular de Liberación de Tigré a las afueras de la ciudad de Bora (Tigré), los soldados de las Fuerzas de Defensa asaltaron casas en la ciudad y mataron al menos a 40 civiles, entre ellos agricultores, funcionarios y estudiantes. No se permitió que las familias de las víctimas se hicieran cargo de los cuerpos y enterraran a las personas fallecidas. El 9 de enero, tras una reunión que el jefe de la unidad de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía en la ciudad mantuvo con residentes, unos soldados de estas fuerzas cargaron los cuerpos en un camión y los llevaron a un cementerio cercano en la iglesia de Abune Aregawi. El enterramiento se llevó a cabo sin ceremonias, funerales ni otros rituales. Las familias estuvieron presentes, pero los soldados les advirtieron que no llorasen durante las exequias.

En la ciudad de Edaga Berhe, cerca de Axum, unos soldados de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía mataron al menos a 30 civiles el 5 de febrero, dos días después de unos combates librados en las proximidades con miembros del Frente Popular de Liberación de Tigré. Algunos testigos identificaron a las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía por sus uniformes y su uso de la lengua amárica.

El 17 de enero, en la localidad de Adi-Goshu (Tigré occidental), la Fuerza Especial de Policía de Amhara y el grupo Fano, milicia informal de la etnia amhara, mataron al menos a 50 residentes en un ataque de represalia tras los combates habidos la noche anterior entre la Fuerza Especial de Policía de Amhara y fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigré cerca del puente del río Tekezie. La Fuerza Especial de Policía de Amhara y Fano capturaron a las víctimas en sus casas y en la zona circundante y las llevaron a la comisaría de policía de la localidad para después trasladarlas en un camión al puente del río Tekezie y ejecutarlas.

Ataques indiscriminados contra civiles

El 22 de junio, un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía contra el mercado de la localidad de Edaga Selus (Tigré) causó la muerte de más de 50 personas e hirió a muchas más entre la población civil. Según relataron unos sobrevivientes a Amnistía Internacional, el ataque tuvo lugar a última hora de la mañana en día de mercado, cuando no había ningún objetivo militar conocido en las proximidades.

El 19 de agosto, en la ciudad de Debre Tabor (región de Amhara), un ataque de artillería contra una zona residencial, presuntamente lanzado por fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigré, causó la muerte de seis personas —cinco de ellas de la misma familia, incluido un bebé de cuatro meses— e hirió a otra. Según sobrevivientes y otros testigos, no había ningún objetivo militar en las proximidades.

Violencia sexual y de género

Las tropas que combatían en apoyo del gobierno federal cometieron violaciones sexuales generalizadas contra cientos de mujeres y niñas en Tigré, aunque las dificultades en cuanto a acceso y la falta de denuncias distorsionaban las cifras reales, que probablemente eran muy superiores. Estas violaciones de derechos humanos incluían la violación en grupo, utilizada contra mujeres y niñas como arma de guerra en este conflicto. Todo ello fue acompañado de niveles alarmantes de brutalidad, como palizas, amenazas de muerte y agravios étnicos. Entre los autores había miembros de las Fuerzas de Defensa eritreas (véase el apartado sobre Eritrea), las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía, las Fuerzas Especiales de la Policía de Amhara y Fano.²

Unos combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré también violaron a mujeres en la localidad de Nifas Mewcha, en la zona de Gondar meridional (región de Amhara), mientras controlaron la ciudad entre el 12 y el 21 de agosto en el marco de su ofensiva contra zonas de las regiones de Amhara y Afar.³

Habida cuenta del contexto, la magnitud y la gravedad de la violencia sexual cometida contra mujeres y niñas en Tigré y Amhara, las violaciones de derechos humanos eran constitutivas de crímenes de guerra y podrían serlo de crímenes de lesa humanidad.

Las sobrevivientes de violencia sexual en Amhara y Tigré hacían frente a múltiples dificultades. Los servicios de apoyo adolecían de graves limitaciones y las sobrevivientes no podían acceder a asistencia médica, psicosocial y económica adecuada para satisfacer sus necesidades. Las instalaciones médicas, por ejemplo, habían sido destruidas o saqueadas durante el conflicto. Esto se agravó aún más debido a las restricciones que afectaban a la asistencia humanitaria y médica en Tigré.

Negación de acceso humanitario

Según la ONU, tras la retirada de las fuerzas etíopes de Tigré en julio, el gobierno federal etíope sólo permitió la entrada en la región del 10% de la ayuda humanitaria destinada a su población, lo que dio lugar a una hambruna. La ONU calculaba que había 400.000 personas en condiciones equiparables a la hambruna, y más de 5 millones necesitadas de ayuda alimentaria de emergencia. Desde julio se impidió la entrada de todo medicamento en la región. Esta medida provocó un alarmante deterioro de la salud de la población como consecuencia del desabastecimiento de la medicación contra el VIH, el cáncer y la diabetes, así como a causa del hambre. El último convoy de ayuda humanitaria al que se permitió entrar en Tigré lo hizo el 25 de noviembre, y no transportaba medicamentos.

Abusos cometidos por grupos armados

La violencia étnica se cobró al menos 1.500 vidas en las regiones de Oromia, Amhara, Benishangul-Gumuz, Afar y Somali.

Las disputas territoriales entre las regiones de Somali y Afar desencadenaron actos reiterados de violencia armada. En enero, un ataque de la milicia issa somalí en la localidad de Adaytu causó la muerte de al menos 40 miembros de la policía federal y de Afar. El 6 de abril, al menos 30 personas murieron durante la violencia armada entre personas de las etnias afar y somalí. El 24 de julio, cientos de residentes murieron en un ataque armado lanzado por personas de etnia afar contra la localidad de Gerba Isse. Tras el ataque, al menos tres mujeres fueron víctimas de violación múltiple.

El 19 de marzo estallaron varios días de violencia en la localidad de Ataye, zona de Shewa septentrional (región de Amhara), que se propagaron a áreas vecinas de la zona especial de Oromia y se saldaron con cientos de muertes y con la destrucción y el saqueo de bienes.

Detención y reclusión arbitrarias

La policía de la capital, Adís Abeba, y otras ciudades detuvo y recluyó arbitrariamente a miles de personas de etnia tigriana. Al parecer, las detenciones eran de motivación étnica y la policía comprobaba los documentos de identidad antes de arrestar a la persona y llevarla a un centro de detención. Entre las personas detenidas había activistas de etnia tigriana, periodistas y profesionales de los medios Awlo Media y Ethio Forum, que informaban sobre la situación en la región de Tigré.

El uso de la detención arbitraria contra personas de etnia tigriana aumentó después de que el gobierno declarara el estado de emergencia el 2 de noviembre. Esta medida permitía a las autoridades detener, sin orden judicial, a cualquier persona si existía una “sospecha razonable” de que había cooperado con “grupos terroristas”, y recluirla indefinidamente sin revisión judicial.⁴

Dawud Ibsa, presidente del Frente de Liberación Oromo, partido político de oposición etíope, continuó bajo arresto domiciliario en Adís Abeba. Desde su detención el 3 de mayo, la policía no permitió que nadie entrara o saliera del recinto de su residencia.

Derecho a la salud

El Ministerio de Salud informó de cerca de 400.000 casos de COVID-19 y de 6.531 muertes como consecuencia del virus hasta diciembre. Continuaron las concentraciones políticas, incluso en espacios interiores. El Ministerio administró casi cinco millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, recibidas de países donantes. Según la Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2 de diciembre sólo estaba vacunado totalmente el 1,23% de la población etíope.