Todas las partes en el conflicto armado cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual contra mujeres y niñas, y millones de personas se vieron internamente desplazadas. Se negó la ayuda humanitaria a millones de personas en Tigré. La violencia étnica se cobró al menos 1.500 vidas. La policía llevó a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias en el contexto del estado de emergencia. Las tasas de vacunación contra la COVID-19 siguieron siendo bajas.
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