El gobierno federal continuó imponiendo restricciones a la ayuda humanitaria en la región de Tigré y detuvo todas las entregas desde agosto hasta noviembre. Miles de personas de etnia tigriana detenidas permanecían recluidas arbitrariamente en condiciones terribles, a menudo en lugares de detención no oficiales y sin acceso a asistencia letrada. Se mantenía recluidos a dirigentes de la oposición, en contravención de las órdenes judiciales para su liberación. Las fuerzas de seguridad gubernamentales y los grupos armados eran responsables de homicidios ilegítimos de civiles, que en algunos casos podían constituir crímenes de guerra. Se siguieron incumpliendo las promesas de investigar estos crímenes. En la región de Afar, las fuerzas de Tigré cometieron múltiples actos de violación y otros tipos de violencia sexual relacionados con los conflictos. Se deterioró significativamente el derecho a la libertad de expresión.
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Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.