TAILANDIA 2021
El gobierno redobló los esfuerzos para restringir los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La policía hizo uso de fuerza excesiva contra manifestantes. Las autoridades hostigaron judicialmente y detuvieron de forma arbitraria a activistas en favor de la democracia y a defensores y defensoras de los derechos humanos. Las propuestas de legislación sobre tortura y desaparición forzada no cumplieron con las obligaciones internacionales contraídas por Tailandia en materia de derechos humanos. Las autoridades incrementaron el uso de leyes de lesa majestad y acusaron penalmente de difamar a la monarquía a por lo menos 100 personas, entre ellas niños y niñas.
Información general
Aumentó la fuerza y el número de las protestas estudiantiles a lo largo del año. Las autoridades impusieron medidas de confinamiento en varias partes del país en respuesta al repunte de contagios de COVID-19. El gobierno recibió críticas por su lentitud en la distribución de las vacunas, y la economía siguió sufriendo los efectos de las restricciones relacionadas con la COVID-19.
Libertad de reunión
A pesar de las severas restricciones que impusieron las autoridades a las concentraciones públicas, supuestamente para frenar la propagación de la COVID-19, a lo largo del año hubo 1.545 protestas en diferentes partes del país, en las que se pedían reformas constitucionales, la disolución del Parlamento, la reforma de la monarquía y la puesta en libertad de los líderes de las protestas que habían sido detenidos arbitrariamente, así como mejoras en la gestión gubernamental de la pandemia.
Las autoridades presentaron múltiples cargos contra quienes lideraron y participaron en las protestas por violar las restricciones de las concentraciones.
Durante las protestas, la policía antidisturbios hizo un uso excesivo de la fuerza, disparó balas de goma y lanzó botes de gas lacrimógeno indiscriminadamente a corta distancia contra protestantes, transeúntes y periodistas. Muchas personas contaron que les habían propinado patadas y golpes con porras, y que las habían inmovilizado durante horas con pulseras de plástico, tanto en el momento del arresto como durante el tiempo en el que estuvieron detenidas. En muchos casos, las autoridades no revelaron dónde estaban las personas detenidas y demoraron su acceso a asistencia letrada.1
En agosto se utilizó munición real contra las personas que protestaban frente a una comisaría de policía de la capital, Bangkok. Aunque la policía negó haber utilizado fuego real, un niño de 15 años quedó paralítico a consecuencia de un disparo en el cuello y murió tres meses después. Otros dos niños, de 14 y 16 años, también sufrieron heridas de bala.2
De agosto a septiembre, al menos 115 niños y niñas, incluido un niño de 12 años, fueron acusados por su participación en protestas. En algunos casos fueron procesados por delitos de lesa majestad u otras disposiciones del Código Penal, mientras que en otros se aplicó el Decreto de Emergencia sobre la Administración Gubernamental durante los Estados de Excepción, relacionado con las medidas de la COVID-19.
Libertad de asociación
En diciembre, el gobierno aprobó el anteproyecto de Ley sobre las Actividades de las Organizaciones no Gubernamentales. Los grupos de la sociedad civil criticaron el texto porque contenía prohibiciones sobre las actividades de las ONG que eran demasiado amplias y afectaban a la mayoría de sus actividades legítimas y protegidas. De convertirse el texto en ley, las ONG también quedarían sujetas a unos requisitos sumamente amplios sobre presentación de informes y revelación de información, y las autoridades podrían ejercer un control indebido sobre los fondos recibidos procedentes de entidades extranjeras. Preocupaban también las penas y las multas desproporcionadas establecidas para las organizaciones sin ánimo de lucro, que tendrían un efecto paralizador sobre personas deseosas de organizar sus propios grupos.
Libertad de expresión
Las autoridades continuaron recurriendo a legislación como el Decreto de Emergencia, las leyes de sedición y difamación, la Ley de Delitos Informáticos, así como leyes relacionadas con el desacato y los insultos a los tribunales para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión. A lo largo del año se emprendieron acciones judiciales tanto civiles como penales contra al menos 1.460 personas, entre ellas niños, niñas y activistas estudiantiles, por haber expresado opiniones consideradas críticas con las medidas gubernamentales. De ser declarados culpables, los jóvenes Parit Chiwarak, Anon Nampa y Panupong Chadnok y la joven Panusaya Sitijirawattanakul, líderes de las protestas, junto con muchas otras personas, se enfrentaban a penas que podían llegar a la cadena perpetua. En varias ocasiones las autoridades detuvieron arbitrariamente y denegaron la libertad bajo fianza a otras personas críticas con el gobierno.
En julio, el primer ministro Prayut Chan-O-Cha introdujo una normativa que establecía hasta dos años de prisión por difundir “noticias falsas“ que “creasen malestar social o miedo y perjudicasen la seguridad nacional”. En agosto, sin embargo, el Tribunal Civil retiró una normativa que permitía la censura de Internet y la suspensión de organizaciones de medios de comunicación, por considerarla demasiado restrictiva con los derechos.
Las autoridades amenazaron a Facebook y otras plataformas con emprender acciones legales para obligarlos a restringir los contenidos considerados ofensivos para la monarquía. También bloquearon el acceso al sitio web Change.org por publicar una petición firmada por más de 130.000 personas pidiendo que Alemania declarara al rey Maha Vajiralongkorn persona non grata.
Tras una pausa de 2 años, las autoridades reanudaron el uso de leyes de lesa majestad. Entre enero y noviembre, al menos 116 personas —entre las que había al menos 3 menores de edad— fueron acusadas de delitos de lesa majestad. Entre ellas figuraba “Anchan”, exfuncionaria, condenada a 87 años de prisión por compartir archivos de audio en las redes sociales. Tras declararse culpable, le redujeron la pena a la mitad. En marzo, la policía arrestó a dos niñas, de 14 y 15 años, y las acusó de quemar fotografías del rey.
En julio, cinco personas, entre ellas un miembro del personal de Amnistía Internacional, fueron multadas tras participar en un debate sobre la suerte de los activistas tailandeses secuestrados en países vecinos desde 2016. Las personas participantes en el debate mostraron su preocupación por la ausencia de investigaciones sobre la desaparición forzada en Camboya, en junio de 2020, del activista en favor de la democracia Wanchalearm Satsaksit, así como por que las autoridades tailandesas no hubieran determinado la suerte o el paradero de otros ocho activistas que se habían exiliado y que permanecían en paradero desconocido.
Tortura y otros malos tratos
En agosto, Jiraphong Thanapat murió tras haber sido torturado en la comisaría de policía de Muang Nakhon Sawan. En las grabaciones de vídeo registradas se veía a agentes de policía asfixiándolo con una bolsa de plástico en la cabeza hasta que se desvaneció.
Desapariciones forzadas
En septiembre, el Parlamento acordó el texto inicial de un proyecto de ley que, por primera vez, penalizaría tanto la tortura como las desapariciones forzadas. No obstante, el proyecto omitía aspectos que, en consonancia con las normas internacionales, eran importantes; por ejemplo, no incluía a las “personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado” entre los perpetradores de desaparición forzada; no tipificaba como delito punible el trato cruel, inhumano o degradante dispensado por el personal encargado de hacer cumplir la ley, y no contenía disposiciones sobre el carácter permanente del delito.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Tras el golpe militar de Myanmar en febrero, tres periodistas que habían huido a Tailandia —dos hombres y una mujer— fueron arrestados por entrar ilegalmente en el país. Las autoridades fronterizas rechazaron y devolvieron a Myanmar a unas 2.000 personas de etnia karen que habían huido a Tailandia escapando de los ataques aéreos del ejército. En noviembre, las autoridades devolvieron a personas refugiadas a Camboya.
Derecho a la salud
En abril, Tailandia sufrió el impacto de una tercera ola de contagios por COVID-19. La lentitud del gobierno en la distribución de las vacunas fue mencionada como uno de los factores que contribuyó de manera significativa tanto a esa tercera ola como a otros repuntes de contagios a lo largo del año. Según las estadísticas gubernamentales, más de 20.000 personas murieron a causa del virus. En las prisiones se registraron aproximadamente 87.000 casos, agravados por la falta de higiene y el hacinamiento, y al menos 185 personas presas fallecieron como consecuencia de esta situación.
Derechos de los pueblos indígenas
En febrero, varias personas de etnia karen protestaron ante la sede del gobierno en Bangkok para pedir que se les permitiera volver a sus tierras ancestrales del pueblo de Jai Pan Din, en el Parque Nacional de Kaeng Krachan, donde habían vivido durante decenios antes de que las desalojaran por la fuerza en 2011. En marzo, 22 personas de etnia karen fueron arrestadas y detenidas por entrar ilegalmente en ese parque nacional. No se les permitió tener asistencia letrada durante los interrogatorios.
Derechos sexuales y reproductivos
En febrero, el Parlamento reformó el Código Penal para legalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de embarazo. También se redujo de tres años a seis meses la pena de prisión para las mujeres condenadas por interrumpir su embarazo después del primer trimestre, pero el aborto tras las 12 semanas siguió tipificado como delito.