Tailandia 2022

Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica sufrieron nuevos ataques. La nueva legislación de prevención de la tortura y otros malos tratos y de las desapariciones forzadas no brindaba protección efectiva contra esos delitos. Las autoridades de Tailandia seguían sometiendo a las personas refugiadas que huían de Myanmar a detención, reclusión y extorsión en la frontera entre ambos países. Se siguió imponiendo la recogida masiva y discriminatoria de muestras de ADN a la población musulmana malaya de la región fronteriza meridional.

Información general

En enero, el gobierno reanudó las conversaciones oficiales con el Frente Revolucionario Nacional (BRN), el grupo armado separatista más activo de la inestable región fronteriza meridional de Tailandia. Ambas partes llegaron a un acuerdo para reducir las actividades armadas durante el Ramadán, del 2 de abril al 1 de mayo. La participación de grupos de la sociedad civil en las conversaciones —incluidas organizaciones de derechos humanos— fue limitada.

El 1 de octubre, el gobierno levantó en general el estado de excepción nacional impuesto en marzo de 2020, durante la pandemia de COVID-19, y prorrogado reiteradamente. Las amplias facultades conferidas a las autoridades en virtud del Decreto de Emergencia sobre la Administración Gubernamental durante los Estados de Excepción habían sido utilizadas para reprimir la disidencia pacífica, tanto dentro como fuera de Internet. Al concluir el año, en algunas zonas fronterizas seguían vigentes el estado de excepción y la ley marcial.

Libertad de reunión

Pese a las restricciones impuestas por el gobierno en el marco de su respuesta a la pandemia, siguieron celebrándose protestas, que en su inmensa mayoría fueron pacíficas. De enero a agosto hubo al menos 585 actos de protesta a pequeña y mediana escala en todo el país y sobre numerosas cuestiones, como la excarcelación de las personas detenidas por la expresión pacífica de opiniones políticas, el impacto económico de la COVID-19 y el respeto de los derechos laborales e indígenas.

Desde mayo de 2020 se habían presentado cargos penales contra al menos 1.468 personas —241 de ellas menores de edad— por presuntas violaciones del estado de excepción debido a su participación en protestas. En el caso de la defensora de los derechos humanos Sitanun Satsaksit, se presentaron cargos en su contra tras haber participado en un acto de protesta celebrado en la capital, Bangkok, el 5 de septiembre de 2021. Previamente, había presentado una petición a la ONU con respecto al secuestro de su hermano menor en Camboya. Aunque el gobierno revocó el estado de excepción, quedaban aún más de 1.000 causas contra manifestantes pendientes de investigación o juicio.¹

La investigación del gobierno sobre el empleo de munición real durante un acto de protesta celebrado en agosto de 2021 en el que había perdido la vida Warit Somnoi, manifestante de 15 años, sufrió importantes retrasos porque la policía no facilitó pruebas a la fiscalía en reiteradas ocasiones.

El 18 de noviembre, la policía antidisturbios utilizó balas de goma y golpeó a manifestantes para disolver una manifestación de protesta contra la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebraba en Bangkok. Sufrieron lesiones 9 manifestantes, 4 periodistas y 5 agentes de policía.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron presentando cargos penales contra personas que expresaban opiniones críticas sobre el gobierno. Se acusó a activistas, periodistas y adversarios políticos de diversas infracciones en aplicación de la legislación sobre delitos de lesa majestad (difamación, insultos o amenazas al monarca), de las leyes de difamación y sedición y de la Ley de Delitos Informáticos. La ONG local Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos comunicó que, desde mediados de 2020 hasta el mes de septiembre de 2022, se habían emprendido acciones penales contra un mínimo de 1.860 personas —283 de ellas menores de edad— por haber expresado opiniones críticas con el gobierno. Entre enero y junio, más de 200 personas fueron acusadas de delitos de lesa majestad, la cifra más alta de la historia de Tailandia.

Al concluir el año, nueve activistas continuaban recluidos en espera de juicio, tres de ellos acusados de delitos de lesa majestad. Otros muchos habían quedado en libertad, pero sometidos a limitaciones de circulación, expresión y reunión.

De enero a septiembre, las autoridades bloquearon 4.735 páginas web, 1.816 de ellas por considerarse que violaban la legislación sobre delitos de lesa majestad. En febrero, el ministro de Economía y Sociedad Digitales explicó que el gobierno estaba estudiando la creación de una pasarela única para reforzar el control oficial sobre el uso de Internet. Ese mismo mes, el Consejo de Ministros aprobó la creación de “centros de lucha contra las noticias falsas” para luchar contra la publicación de “información falsa en las redes sociales”, medida que confería facultades a las autoridades ministeriales y provinciales para supervisar y procesar a quienes, presuntamente, divulgaran noticias falsas.

En julio, una investigación pericial digital de carácter internacional —verificada por Amnistía Internacional— reveló que los dispositivos de 35 defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas e intelectuales de Tailandia estaban infectados con el programa espía Pegasus. Amnistía Internacional aprovechó el caso de Tailandia para volver a pedir la suspensión mundial de la venta del programa espía.²

Libertad de asociación

En enero, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley sobre las Actividades de las Organizaciones no Gubernamentales y, en agosto, el proyecto de estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo para el periodo comprendido entre 2022 y 2027. Ambas medidas sometían las actividades de la sociedad civil a imprecisas y amplias restricciones al prohibir, por ejemplo, las actividades que provocasen “la división de la sociedad” o que afectasen a “la seguridad nacional”, “el orden o la moral públicos” o “los intereses públicos”, limitando así en exceso el derecho a la libertad de asociación, según lo establecido en el derecho internacional.

Tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas

En mayo, un tribunal de la provincia de Songkhla resolvió que no había suficientes pruebas para demostrar que la muerte de Abdullah Isomuso, musulmán malayo detenido, había sido causada por militares. Abdullah Isomuso había sido hallado inconsciente cuando se encontraba bajo custodia militar y había fallecido más tarde en el hospital, en agosto de 2019.

En junio, un tribunal declaró a siete agentes de policía culpables del asesinato de Jiraphong Thanapat, que había muerto en la comisaría de policía de Muang Nakhon Sawan el 5 de agosto de 2021, torturado durante un interrogatorio. Seis de los agentes fueron condenados a cadena perpetua, mientras que al séptimo se le impuso una condena más corta, al considerar el tribunal que no había participado directamente en el asesinato.

En octubre, Tailandia aprobó la Ley sobre la Prevención y Supresión de la Tortura y la Desaparición Forzada, lo que supuso un importante paso para prevenir estos delitos y proporcionar reparación a las víctimas. Estaba previsto que la Ley entrara en vigor en febrero de 2023. Los grupos de derechos humanos, que llevaban años haciendo campaña en favor de su aprobación, señalaron que presentaba aún deficiencias importantes, como la ausencia de la “norma de la inadmisibilidad” (que impedía utilizar en los juicios pruebas obtenidas mediante tortura, otros malos tratos o desaparición forzada) y de la prohibición de que las personas responsables de esos actos se beneficiasen de leyes de amnistía. Además, los grupos de derechos humanos se mostraron preocupados por la composición, la estructura y el mandato del Comité de Prevención y Supresión de la Tortura y la Desaparición Forzada que creaba la Ley, ya que carecía de facultades para inspeccionar los centros de detención.³

Derechos de los pueblos indígenas

En agosto, la Fiscalía General dictó acta de acusación formal contra el exdirector del parque nacional de Kaeng Krachan y tres de sus empleados por el asesinato de Porlajee Rakchongcharoen, indígena de la etnia karen y defensor de los derechos humanos desaparecido en 2014 mientras se encontraba bajo la custodia de las autoridades. Los cargos incluían detención ilegal, extorsión, asesinato y ocultación del cuerpo de la víctima.

Ese mismo mes, la policía citó a la abogada y defensora de los derechos humanos Waraporn Utairangsee para declarar con respecto al cargo de proporcionar información falsa sobre un delito. El exdirector del parque nacional de Kaeng Krachan la había denunciado en julio de 2021, después de que ella, a su vez, hubiese presentado una denuncia contra empleados del parque por haber desalojado por la fuerza a lugareños karen que residían en la zona del parque nacional y haber quemado 98 de sus viviendas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En junio y septiembre, las autoridades hallaron como mínimo a 110 personas rohinyás refugiadas procedentes de Myanmar a la deriva en embarcaciones cerca de la costa de la provincia de Satun (sur de Tailandia), tras haber sido abandonadas por traficantes. Todas ellas fueron recluidas en un centro de detención para inmigrantes. Human Rights Watch informó de que las autoridades tailandesas seguían manteniendo recluidas indefinidamente al menos a 470 personas rohinyás en centros de detención para inmigrantes.En septiembre, la policía de inmigración negó la entrada al país a Han Lay, ciudadana de Myanmar que había criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército en Myanmar tras el golpe de Estado de 2021 y que, posteriormente, había recibido asilo en Canadá. Las autoridades tailandesas seguían sometiendo a las personas refugiadas que huían de Myanmar a detención, reclusión y extorsión en la frontera entre ambos países.

Discriminación

En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a Tailandia poner fin a la recogida masiva y discriminatoria de muestras de ADN y a la elaboración en general de perfiles raciales. Sin embargo, esta recomendación no fue atendida, ya que las autoridades continuaron recogiendo muestras de ADN, sobre todo en la frontera meridional del país, de mayoría musulmana malaya, para determinar la nacionalidad de personas apátridas y combatir a grupos insurgentes locales, entre otros fines.