El Parlamento aprobó una ley para legalizar el matrimonio igualitario para las personas LGBTI. Las autoridades siguieron reprimiendo las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. Se procesó a manifestantes y personas críticas con el gobierno que no habían recurrido a la violencia, y se ilegalizó un destacado partido favorable a la democracia. Se sometía a las mujeres y las personas LGBTI defensoras de los derechos humanos a vigilancia selectiva y a violencia de género facilitada por la tecnología. La impunidad se vio aún más afianzada al prescribir el emblemático caso de los homicidios ilícitos del distrito de Tak Bai, ocurrido en 2004. Un proyecto de ley sobre el cambio climático amenazaba los derechos de los pueblos indígenas.
Leer másRetiene la pena de muerte en la legislación
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