Las autoridades continuaron restringiendo la libertad de expresión y de reunión pacífica, deteniendo a manifestantes y acusando a activistas y a un profesor universitario en aplicación de leyes represivas. La filtración de unos documentos reveló ciberoperaciones coordinadas, dirigidas contra grupos de la sociedad civil y de la oposición. Defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron amenazas de violencia online. Siguieron efectuándose devoluciones, como la deportación ilegal de 40 uigures a China y la extradición de un activista montagnard a Vietnam. Una sentencia histórica declaró a 13 soldados responsables de la tortura de un recluta en 2024. El gobierno permitió que personas procedentes de Myanmar que vivían en campos de refugiados trabajaran legalmente fuera de ellos, mientras la nueva legislación sobre grupos étnicos suscitaba críticas por marginar a los pueblos indígenas.
Leer másRetiene la pena de muerte en la legislación
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
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