El gobierno redobló los esfuerzos para restringir los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La policía hizo uso de fuerza excesiva contra manifestantes. Las autoridades hostigaron judicialmente y detuvieron de forma arbitraria a activistas en favor de la democracia y a defensores y defensoras de los derechos humanos. Las propuestas de legislación sobre tortura y desaparición forzada no cumplieron con las obligaciones internacionales contraídas por Tailandia en materia de derechos humanos. Las autoridades incrementaron el uso de leyes de lesa majestad y acusaron penalmente de difamar a la monarquía a por lo menos 100 personas, entre ellas niños y niñas.
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