Las autoridades reprimieron a personas que se manifestaban pacíficamente y recluyeron y sometieron a procesos penales a defensores y defensoras de los derechos humanos, figuras políticas de la oposición y otras personas críticas por participar en reuniones pacíficas y expresar críticas contra el gobierno, la Constitución y la monarquía. Hubo manifestaciones en Bangkok y en otras ciudades. Debido a las medidas oficiales para controlar la pandemia de COVID-19, la población refugiada corrió más peligro de ser devuelta. Los tribunales impusieron condenas a muerte por asesinato, entre otros delitos. En virtud de un indulto real, varias condenas a muerte fueron conmutadas por cadena perpetua.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
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