Turquía 2023

Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas siguieron siendo objeto de investigaciones infundadas, procesamientos y sentencias condenatorias. Se empleó la legislación antiterrorista y sobre desinformación para coartar la libertad de expresión. La libertad de reunión pacífica estaba restringida ilegítimamente. El reparto de ayuda humanitaria tras los terremotos de febrero no dio respuesta adecuada a los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada. Aumentaron los discursos discriminatorios y estigmatizantes contra la población LGBTI y las personas refugiadas y migrantes en el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de mayo. El país continuaba albergando a la mayor población refugiada del mundo, parte de la cual seguía corriendo peligro de ser devuelta de manera ilegal. Las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios del Estado continuaban sufriendo una cultura de impunidad. Hubo denuncias graves y creíbles de tortura y otros malos tratos. Millones de personas que vivían en la pobreza se beneficiaron de un programa de apoyo del gobierno.

Información general

El 6 de febrero, 2 terremotos catastróficos devastaron 11 provincias, afectaron a más de 15 millones de personas en el sudeste de Turquía y causaron destrucción, desplazamientos y desposesión generalizadas. Según el Ministerio del Interior, causaron la muerte de al menos 50.000 personas, de las cuales 7.302 eran refugiadas y migrantes. Cientos de miles de personas se quedaron sin hogar y sin un lugar para cobijarse, así como sin alimentos, agua y acceso a atención médica.

El presidente Recep Tayyip Erdoğan resultó elegido para un tercer mandato tras las elecciones presidenciales de mayo.

El 1 de octubre, un grupo afín al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) reivindicó la autoría de un atentado suicida con bomba perpetrado en la capital, Ankara, que hirió a dos agentes de policía. Como represalia, los días 5 y 6 de octubre, Turquía lanzó ataques aéreos sobre zonas del nordeste de Siria bajo control kurdo que causaron la muerte de 11 civiles y la destrucción de infraestructuras esenciales.

Libertad de expresión

Inmediatamente después de los terremotos de febrero, las autoridades restringieron el acceso a Twitter y TikTok. Detuvieron al menos a 257 personas por criticar la respuesta del gobierno al terremoto; entre ellas había periodistas y algunas personas a las que se arrestó únicamente por sus publicaciones en redes sociales.

En febrero, el periodista Sinan Aygül, la primera persona enviada a prisión preventiva en 2022 por el delito de “difusión pública de desinformación”, fue condenado a 10 meses de cárcel por un tuit en el que había compartido unas acusaciones de abuso sexual no confirmadas. El 1 de noviembre, el periodista Tolga Şardan fue puesto bajo custodia 6 días por el mismo cargo por un artículo sobre la corrupción en el sistema judicial.

En mayo, la cantante pop Gülşen recibió una condena condicional de 10 meses de prisión por “incitación pública al odio y la enemistad” en relación con un vídeo difundido el año anterior en redes sociales que mostraba un diálogo en clave de humor entre ella y un miembro de su banda.

Continuó el enjuiciamiento de 15 periodistas, incluido el copresidente de la Asociación de Periodistas, Dicle Fırat, acusados de “pertenencia a organización terrorista”. En julio quedaron en libertad condicional tras 13 meses de prisión preventiva en la ciudad de Diyarbakır.

En julio, la directora de T24, Sibel Yükler; los reporteros de la Agencia Mezopotamya Delal Akyüz y Firat Can Arslan; el director de Bianet, Evrim Kepenek, y la periodista independiente Evrim Deniz fueron detenidos y acusados de “señalamiento de un funcionario público implicado en la lucha contra el terrorismo”. La acusación estaba relacionada con sus publicaciones en redes sociales sobre el traslado de un matrimonio compuesto por un fiscal y una jueza a quienes se había asignado el procesamiento de 15 periodistas en Diyarbakır (véase supra). Fırat Can Arslan fue el primer periodista enviado a prisión preventiva en aplicación del artículo 6 de la Ley Antiterrorista; fue absuelto y puesto en libertad en la primera vista, que se celebró el 31 de octubre.

En septiembre, el fiscal jefe de Ankara inició una investigación penal contra el parlamentario de la oposición Sezgin Tanrıkulu por “desacreditar a la nación y el Estado turcos” e “incitar a la población al odio o la hostilidad”, después de que éste hiciera unos comentarios críticos sobre las Fuerzas Armadas de Turquía en un programa de televisión.

En septiembre, el alcalde del municipio de Antalya canceló el 60 Festival de Cine de la Naranja de Oro de Antalya y destituyó a su director tras una disputa sobre la proyección de un documental titulado El decreto, que mostraba a trabajadores y trabajadoras del sector público que habían sido despedidos sumariamente tras el intento de golpe de Estado de 2016.

Libertad de reunión pacífica

El 11 de noviembre, se permitió a las Madres/Personas del Sábado (grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición forzada) leer una breve declaración en las inmediaciones de la plaza Galatasaray de Estambul, lugar de importancia simbólica para el grupo, tras más cinco años sin poder hacerlo debido a una prohibición.¹ Este avance no implementaba plenamente las sentencias del Tribunal Constitucional según las cuales debía respetarse la libertad de reunión del grupo. Además, entre abril y noviembre, agentes encargados de hacer cumplir la ley habían seguido haciendo un uso ilegal de la fuerza para dispersar sus protestas, y detener y procesar a quienes participaban en ellas.

Se celebraron varias marchas pacíficas del Orgullo a pesar de su prohibición general en al menos 6 provincias y 4 distritos del país. Al menos 224 personas fueron detenidas arbitrariamente durante la temporada del Orgullo, entre ellas transeúntes, menores, profesionales de la abogacía, periodistas, estudiantes de universidad, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas de nacionalidad extranjera.

El 20 de julio, agentes encargados de hacer cumplir la ley impidieron que se llevaran a cabo varias conmemoraciones del homicidio de 33 personas en 2015 en la localidad de Suruç, en el sudeste del país, en un atentado con explosivos del grupo armado Estado Islámico. Se detuvo arbitrariamente al menos a 187 manifestantes en las ciudades de Estambul, Esmirna y Ankara. En Estambul, las autoridades acorralaron a manifestantes utilizando pulverizadores de pimienta, balas de plástico y fuerza ilegítima.

Entre julio y septiembre, la policía empleó fuerza ilegítima, cañones de agua y pulverizadores de pimienta a corta distancia contra activistas ambientales que protestaban contra la tala de miles de árboles para ampliar una mina de carbón en el bosque de Akbelen (provincia de Muğla). Al menos 50 personas que ejercían el activismo fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad, aunque algunas de ellas fueron sometidas a restricciones de viaje y a 3 se les prohibió entrar en el distrito de Milas (provincia de Muğla).

Libertad de asociación

Turquía continuó en la “lista gris” de la organización intergubernamental Grupo de Acción Financiera mientras seguía empleando sus recomendaciones sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo como pantalla de humo para facilitar el hostigamiento a las ONG. Las autoridades intensificaron el uso de auditorías intrusivas a ONG aplicando la Ley de Prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En septiembre, un tribunal desestimó una demanda que pedía el cierre de la ONG Plataforma Detendremos los Feminicidios por presuntas “actividades ilegales e inmorales […] que daña[ba]n la estructura de la familia turca so pretexto de defender los derechos de las mujeres”.

Al terminar el año, seguían en curso el enjuiciamiento de al menos 15 miembros de la Asociación de Observación de la Migración encausados por “pertenencia a una organización terrorista”, así como los procedimientos para cerrar la asociación por presuntamente “actuar de acuerdo con las metas y los objetivos de un grupo armado terrorista”.

Seguía pendiente al concluir al año la causa abierta en 2021 para disolver el segundo mayor partido de la oposición, el Partido Democrático de los Pueblos, e inhabilitar políticamente durante 5 años a 451 de sus miembros y exmiembros.

En noviembre, un tribunal civil de Ankara destituyó a 11 miembros del Consejo Central de la Asociación Médica de Turquía por “haber obrado al margen de los propósitos fundacionales de la Asociación”. Al finalizar el año, estaba pendiente la resolución de un recurso contra la decisión.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En enero, Şebnem Korur Fincancı fue declarada culpable de “hacer propaganda de una organización terrorista” y condenada a 32 meses de prisión por pedir una investigación independiente sobre el presunto uso de armas químicas en la región del Kurdistán de Irak en 2022. Quedó en libertad en espera del resultado de la apelación.

En junio, el Tribunal Penal para Delitos Graves núm. 35 de Estambul anuló las sentencias condenatorias dictadas en 2020 contra Özlem Dalkıran, Idil Eser, Taner Kılıç y Günal Kurşun —4 personas defensoras de los derechos humanos procesadas en la denominada “causa de Büyükada”— por “falta de pruebas”, de conformidad con el fallo anterior del Tribunal de Casación. Al finalizar el año todavía no se había resuelto un recurso de apelación de la fiscalía contra la absolución de Taner Kılıç.²

Los tribunales siguieron sin ejecutar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las causas de Osman Kavala y Selahattin Demirtaş a pesar de que Turquía se enfrentaba a un procedimiento de infracción por negarse a poner en libertad a Osman Kavala. Asimismo, en septiembre, el máximo tribunal de apelación de Turquía confirmó la condena a cadena perpetua de Osman Kavala y las penas de 18 años de prisión impuestas a Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özerden y Tayfun Kahraman pese a que en ningún momento las autoridades fiscales habían aportado prueba alguna. Se anularon las sentencias condenatorias de Mücella Yapıcı, Hakan Altınay y Yiğit Ali Ekmekçi.³

Can Atalay, detenido en 2022 en relación con las protestas del parque Gezi, fue elegido diputado por la provincia meridional de Hatay en las elecciones parlamentarias de mayo, pero, en julio, el Tribunal de Casación rechazó el recurso de apelación en el que solicitaba su liberación. En octubre, el Tribunal Constitucional resolvió que la continuidad de su detención constituía una violación de sus derechos y en diciembre dictó otra resolución en el mismo sentido.⁴ El Tribunal de Casación se negó a ejecutar las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional alegando que los jueces que habían fallado a favor de la liberación de Can Atalay habían “actuado de forma ilegítima”.

En agosto, Celalettin Can fue encarcelado para que cumpliera una pena de 15 meses de privación de libertad. Había participado en la campaña de solidaridad de 2016 con el hoy clausurado diario kurdo Özgür Gündem, y permaneció en prisión hasta su puesta en libertad condicional el 19 de diciembre.

Derechos de las personas con discapacidad

Los terremotos de febrero y las condiciones en los lugares para la población desplazada afectaron desproporcionadamente a las personas con discapacidad. Durante la respuesta de emergencia al terremoto, la distribución de alimentos, agua y otros materiales de ayuda humanitaria no tuvo suficientemente en cuenta sus derechos ni sus necesidades específicas.⁵ Las personas con discapacidad tenían dificultades para acceder a prótesis de calidad y dispositivos de apoyo. Según las cifras del gobierno, era probable que el 70% de las 100.000 personas heridas en los terremotos tuvieran que vivir con una discapacidad.

Violencia contra mujeres y niñas

Según la Plataforma Detendremos los Feminicidios, durante el año, 315 mujeres perdieron la vida a manos de un hombre en actos de feminicidio y 248 mujeres fueron halladas muertas en circunstancias sospechosas.

El Consejo de Estado —máximo tribunal administrativo de Turquía— continuó viendo solicitudes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de que se anulara la decisión presidencial de 2021 de retirar a Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Al concluir el año, todavía no se había pronunciado al respecto.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Tras los terremotos, muchas personas LGBTI evitaron acceder a un refugio, atención médica u otros tipos de ayuda porque temían por su seguridad.

La población LGBTI era objeto de un discurso discriminatorio y estigmatizante que aumentó aún más durante el periodo anterior a las elecciones de mayo. Ese mes, el presidente dijo que “las personas LGBT [eran] un veneno inyectado en la institución de la familia”, y que “[era] imposible que acep[taran] ese veneno, sobre todo en un país en el que el 99% de la población e[ra] musulmana.”

En septiembre, por segundo año consecutivo, el organismo estatal de radiodifusión RTÜK apoyó un anuncio que promovía una manifestación contra los derechos LGBTI en Estambul que atacaba lo que denominaba “propaganda LGBTI”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Tras los terremotos de febrero, tanto civiles como actores estatales agredieron físicamente a personas refugiadas sirias en ataques racistas o las acosaron verbalmente con un discurso de odio. Se desalojó a la población refugiada siria de campos de emergencia para dar cabida a personas turcas sobrevivientes del terremoto.⁶

El periodo previo a las elecciones presidenciales de mayo se vio empañado por el uso por las principales candidaturas de una retórica racista y contraria a la población refugiada.

Las personas refugiadas en Turquía seguían en peligro de devolución (refoulement) a países como Siria y Afganistán. El Ministerio del Interior anunció que 28.734 personas afganas habían sido devueltas a su país durante los 10 primeros meses del año.

En 30 ciudades, la Presidencia de Gestión de la Migración anunció la implementación de “Puntos Móviles de Migración” para identificar a migrantes en situación irregular mediante controles de identidad y de huellas dactilares. En los controles participaban agentes encargados de hacer cumplir la ley y personal experto del servicio de Gestión de la Migración.

Impunidad

En enero, el Tribunal Penal para Delitos Graves núm. 7 de Diyarbakır absolvió al agente de policía que había matado a tiros a Kemal Kurkut cuando éste entraba en la zona de Diyarbakır en la que se estaban celebrando las fiestas de Newroz en 2017.

En mayo fueron absueltas en Ankara 19 personas acusadas de perpetrar desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales entre 1993 y 1996 “en el marco de las actividades de una organización armada establecida para cometer crímenes”.

Continuó el enjuiciamiento de 3 policías y un presunto miembro del PKK acusados de matar al abogado de derechos humanos Tahir Elçi en 2015.

Tortura y otros malos tratos

Agentes encargados de hacer cumplir la ley sometieron a tortura y otros malos tratos a personas detenidas por presuntos saqueos tras los terremotos del país. Al menos una persona murió bajo custodia tras ser torturada; 3 gendarmes fueron suspendidos por ello el 15 de febrero.⁷

En junio, tras la dispersión de la Marcha del Orgullo Trans de Estambul, los agentes encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza ilegítima constitutiva de tortura y otros malos tratos mientras detenían al menos a cinco manifestantes.

Derechos económicos, sociales y culturales

Turquía hizo frente a una crisis creciente por el aumento del costo de la vida con una inflación alimentaria superior al 72% en octubre y una inflación general de más del 64% al concluir el año. A fecha de julio, 3,7 millones de hogares que vivían en la pobreza tenían derecho a beneficiarse del Programa de Apoyo a las Familias gubernamental.

Derecho a un medioambiente saludable

Turquía seguía siendo vulnerable a las consecuencias del cambio climático, como la sequía y el calor extremo, y en agosto registró la temperatura más elevada jamás alcanzada: 49,5 °C. El sector energético del país continuaba dependiendo en gran medida de la importación de petróleo, carbón y gas fósil. La contribución determinada a nivel nacional revisada que se presentó en abril se comprometió a una reducción del 41% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y a lograr cero emisiones netas para 2053. No obstante, según Climate Action Tracker, dicha contribución daría lugar a un incremento de las emisiones y no era coherente con el objetivo de limitar el aumento global de la temperatura a 1,5 °C. En la COP28, Turquía se opuso a incorporar un compromiso para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Aunque el Plan Energético Nacional incluía objetivos para aumentar las energías renovables, no había una hoja de ruta para conseguirlos y el Plan preveía incrementar el uso de carbón en vez de eliminarlo gradualmente.