Resumen

Se acentuaron las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial. En contra de la jurisprudencia, se hizo caso omiso de fallos vinculantes del Tribunal Constitucional, y no se aplicaron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios casos emblemáticos. Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas siguieron siendo objeto de investigaciones infundadas, procesamientos y sentencias condenatorias. Se restringió de manera ilícita el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada. El país continuó albergando a gran número de personas refugiadas y migrantes, algunas de las cuales estaban en peligro de devolución ilícita. Las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de autoridades del Estado continuaban sufriendo una cultura de impunidad. Las políticas de Turquía en materia de cambio climático se calificaron como “sumamente insuficientes”.