Resumen

Se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, así como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial. Seguían sin aplicarse sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios casos emblemáticos. Se restringieron arbitrariamente los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon armas de letalidad reducida contra personas que se manifestaban pacíficamente, y causaron numerosas lesiones. El país continuó albergando un gran número de personas refugiadas y migrantes, algunas de las cuales corrían peligro de devolución ilícita. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas presuntas torturas y otros malos tratos a manos de autoridades del Estado, seguían enfrentándose a una cultura de impunidad. Las políticas generales de Turquía contra el cambio climático fueron calificadas de “muy insuficientes”.