Turquía 2024
Se acentuaron las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial. En contra de la jurisprudencia, se hizo caso omiso de fallos vinculantes del Tribunal Constitucional, y no se aplicaron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios casos emblemáticos. Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas siguieron siendo objeto de investigaciones infundadas, procesamientos y sentencias condenatorias. Se restringió de manera ilícita el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada. El país continuó albergando a gran número de personas refugiadas y migrantes, algunas de las cuales estaban en peligro de devolución ilícita. Las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de autoridades del Estado continuaban sufriendo una cultura de impunidad. Las políticas de Turquía en materia de cambio climático se calificaron como “sumamente insuficientes”.
Información general
Turquía hizo frente a una crisis creciente del costo de la vida, con una inflación general superior al 44% y una inflación alimentaria de más del 43% al concluir el año.
Se celebraron elecciones locales; el principal partido de la oposición avanzó significativamente en ellas, aunque en algunos distritos las autoridades no acataron los resultados oficiales, lo que dio lugar a protestas multitudinarias. Se desataron manifestaciones generalizadas similares a raíz de que el Ministerio del Interior destituyera, por acusaciones de terrorismo, a las alcaldías que habían resultado elegidas en varias provincias y distritos y designara en su lugar a administraciones del partido gobernante.
Hubo varios atentados de grupos armados en los que murieron en total once personas —entre ellas cuatro atacantes— en la iglesia de Santa María y frente al Palacio de Justicia, en Estambul, y en las instalaciones de Turkish Aerospace Industries en Kahramankazan, provincia de Ankara.
Derecho a un juicio justo
Las autoridades continuaron haciendo caso omiso de sentencias judiciales vinculantes sobre cuestiones relacionadas con las garantías de juicio justo.
En enero, el defensor de los derechos humanos encarcelado Osman Kavala presentó una nueva demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por violaciones persistentes y nuevas del Convenio Europeo de Derechos Humanos cometidas desde la sentencia que había dictado en 2019 ordenando su liberación, que seguía sin aplicarse a pesar de los procedimientos de infracción abiertos contra Turquía por el Consejo de Europa en 2022. Seguían pendientes de resolución sendos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia condenatoria de Osman Kavala de 2022 y contra su confirmación por el Tribunal de Casación en 2023.
También seguían en prisión los exdirigentes del Partido Democrático de los Pueblos Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ.
El abogado y preso de conciencia Can Atalay continuó encarcelado y con la condición de diputado revocada, a pesar de que tres resoluciones consecutivas del Tribunal Constitucional habían ordenado su liberación.
Una nueva legislación promulgada en marzo y conocida como “octavo paquete judicial” no aplicaba adecuadamente una sentencia del Tribunal Constitucional según la cual el artículo 220/6 del Código Penal de Turquía (“comisión de un delito en nombre de una organización”) era una disposición inconstitucional, que vulneraba el principio de legalidad, ya que no prevenía su aplicación arbitraria por las autoridades.1
En septiembre, Yüksel Yalçınkaya, profesor contra quien se había dictado ya sentencia condenatoria por “pertenencia a organización terrorista armada” tras el intento de golpe de Estado de 2016, fue juzgado de nuevo y declarado una vez más culpable. El nuevo juicio no tuvo en cuenta una sentencia de 2023 del TEDH según la cual se habían violado los derechos a un juicio justo, a que no haya pena sin ley anterior y a la libertad de reunión y de asociación; al terminar el año, seguía pendiente de resolución un recurso contra esta segunda sentencia condenatoria.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
En respuesta al atentado perpetrado frente al Palacio de Justicia de Estambul en febrero, las autoridades llevaron a cabo redadas en la ciudad en las que se detuvo arbitrariamente a 96 personas, entre ellas cuatro abogadas de la Oficina de Derecho del Pueblo.2 Tres de éstas —Didem Baydar Ünsal, Seda Şaraldı y Betül Vangölü Kozağaçlı— fueron acusadas formalmente de “pertenencia a organización terrorista armada” sin que hubiera ningún indicio de su implicación en el delito. Didem Baydar Ünsal quedó en libertad en espera de juicio, mientras que las otras dos abogadas continuaban en prisión al concluir el año.
En mayo, en el llamado “juicio de Kobani”, 24 figuras políticas kurdas fueron condenadas a penas de entre nueve y 42 años de prisión por “pertenencia a organización terrorista armada” y otros cargos falsos presentados contra ellas por motivos políticos a raíz de publicaciones en redes sociales y discursos en los que habían pedido a sus simpatizantes que protestaran contra el asedio del Estado Islámico a la ciudad siria de Kobani en octubre de 2014. Otras 12 fueron absueltas.
Libertad de expresión
En julio, la gobernación del distrito de Beyoğlu prohibió una exposición titulada “Una mirada atrás: la historia del movimiento trans en Turquía”, organizada por el Colectivo de Exposiciones de la 10ª Semana del Orgullo Trans. Depo, el establecimiento donde se celebraba, presentó un recurso judicial para anular la prohibición.
En octubre, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) canceló la licencia de radiodifusión terrestre de Açık Radyo, emisora de radio independiente con sede en Estambul. Anteriormente, le había impuesto una multa administrativa y le había ordenado suspender durante cinco días su programa matinal de noticias por haber hablado del “genocidio armenio” en la emisión del 24 de abril, aniversario de las masacres armenias de 1915. Açık Radyo había pagado la multa, pero sin acatar la orden de suspensión. Presentó un recurso judicial contra la decisión, pero seguía pendiente al finalizar el año.
Libertad de reunión pacífica
En enero, el Tribunal Regional de Apelación de Estambul revocó la decisión de las gobernaciones de distrito de Estambul y Beyoğlu de prohibir la Marcha Nocturna Feminista del 8 de marzo de 2022. Resolvió que la prohibición violaba el derecho de reunión pacífica, que incluía el derecho de quienes organizaban la marcha a elegir el lugar más adecuado para celebrarla.
Tras haber invalidado la elección del candidato del partido por la Igualdad y la Democracia de los Pueblos a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Van en abril, las autoridades anunciaron una prohibición general de las protestas en las ciudades de Van y Bitlis durante dos semanas. En Van se detuvo a 264 personas, entre las que figuraban 10 profesionales de la abogacía y 15 menores, y se envió arbitrariamente a prisión preventiva en espera de juicio a 27, por cargos como “pertenencia a organización terrorista armada”.
Las autoridades prohibieron la manifestación solidaria del Día Internacional del Trabajo en la plaza Taksim de Estambul, impidieron que la gente se concentrara y detuvieron al menos a 82 personas. Tomaron estas medidas a pesar de que, en una sentencia de 2023, el Tribunal Constitucional había resuelto que las prohibiciones y las dispersiones por la fuerza de manifestantes por agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las celebraciones del Día Internacional del Trabajo en 2014 y 2015 habían vulnerado el derecho de reunión pacífica de la Confederación de Sindicatos Obreros Revolucionarios.3
El grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición forzada conocido como las Madres/Personas del Sábado continuó sufriendo restricciones de sus vigilias semanales, entre ellas la de limitar a 10 personas el número de participantes. Sólo para la celebración de la milésima vigilia, en mayo, se levantaron las restricciones. En octubre, un tribunal de primera instancia absolvió a 20 integrantes del grupo a quienes se había detenido y procesado arbitrariamente por “violar la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones” durante la vigilia número 950.
Turquía continuó prohibiendo de manera ilícita las marchas del Orgullo LGBTI, y los agentes encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes. Se detuvo arbitrariamente a 27 personas durante las marchas del Orgullo de Estambul, Antalya y Eskişehir.4
En todo el país se celebraron, mayoritariamente sin restricciones indebidas, protestas multitudinarias en solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley impidieron la celebración de manifestaciones para pedir a las autoridades turcas poner fin al comercio con Israel. El 6 de abril hicieron uso ilícito de la fuerza y detuvieron arbitrariamente a 43 miembros del Movimiento Juvenil por una Palestina Libre, que había organizado una protesta frente a la Dirección Provincial de Comercio de Estambul, por “violar la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones”. El 29 de noviembre, nueve personas fueron sometidas a detención arbitraria y recluidas en espera de juicio durante 10 días por el mismo cargo, así como por presuntos “insultos al presidente”, tras una protesta pacífica que tuvo lugar durante la celebración del TRT World Forum, en que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, pronunció un discurso en el Centro de Congresos de Estambul.
La gobernación de Estambul prohibió una marcha nocturna de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza innecesaria contra quienes se habían concentrado a pesar de la prohibición y detuvieron arbitrariamente al menos a 169 personas, incluidas dos que realizaban labores de observación en la protesta, tres extranjeras y otras que eran simples transeúntes.
El 21 de diciembre, en Estambul, las autoridades impidieron a periodistas y a otras personas leer un comunicado de prensa que habían redactado tras saberse que un ataque con drones había matado a un periodista y una periodista kurdos de Turquía en el nordeste de Siria. Se envió a prisión en espera de juicio a nueve personas, entre las que figuraban nueve periodistas, por “hacer propaganda de una organización terrorista”.5
Libertad de asociación
En junio, la organización intergubernamental Grupo de Acción Financiera (GAFI) eliminó a Turquía de la “lista gris” por considerar que había cumplido en gran medida sus recomendaciones de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No obstante, las organizaciones sin ánimo de lucro continuaron siendo objeto de sanciones desproporcionadas y de auditorías muy rigurosas en virtud de la Ley 7262, promulgada en 2020 para cumplir las recomendaciones del GAFI.
En febrero, el Juzgado Central de lo Penal Núm. 26 de Estambul absolvió a 24 integrantes de la Asociación de Observación de la Migración a quienes se había procesado por “pertenencia a organización terrorista armada”. En diciembre, el Juzgado de lo Civil de Primera Instancia Núm. 15 de Bakırköy ordenó cerrar la organización por, presuntamente, “actuar de acuerdo con las metas y los objetivos de un grupo armado terrorista”. Ya en agosto se había publicado en el boletín oficial del Estado la decisión del ministro de Finanzas y del Tesoro y del ministro del Interior de congelarle los activos por sus presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), en virtud de la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo (Ley 6415). La Asociación recurrió ambas decisiones.
En octubre, la gobernación del distrito de Beyoğlu precintó, por “operar sin licencia”, las oficinas del Centro Comunitario de Tarlabaşı (TTM), organización de la sociedad civil que prestaba apoyo a las personas marginadas del barrio. Por otro lado, se seguían contra el TTM procedimientos administrativos que tenían por objeto cerrarlo; sin embargo, el Juzgado de Paz Núm. 8 de Estambul falló a favor de él en una causa iniciada a instancias de la Gobernación de Estambul para que fuera declarada organización no válida.
En octubre se incluyó en un paquete legislativo una nueva pena en virtud de la legislación sobre espionaje que tipificaba como delito los actos “contra la seguridad o los intereses políticos nacionales o exteriores del Estado, en favor de los intereses estratégicos o instrucciones de un Estado u organización extranjeros”, pero posteriormente se retiró debido a la oposición generalizada que suscitó. La legislación propuesta era excesivamente amplia e imprecisa y habría perjudicado a la sociedad civil.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Continuó el nuevo juicio contra Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi y Mücella Yapıcı por cargos formulados en virtud de la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones. Se había entablado a raíz de que, en 2023, el Tribunal de Casación anulara las sentencias condenatorias dictadas en su contra en 2022 por “participación en el intento de golpe de Estado contra el gobierno” en relación con las protestas del parque Gezi de 2013.
En octubre, Hatice Onaran, integrante de la Comisión de Prisiones de la Asociación de Derechos Humanos de Estambul, fue condenada a cuatro años y dos meses de prisión en virtud de la Ley 6415 por transferir pequeñas sumas de dinero para los gastos de ocho personas condenadas y encarceladas por cargos de “terrorismo”.
En octubre, un juzgado de lo civil de primera instancia de Ankara falló a favor del Ministerio de Defensa Nacional en una demanda de reparación moral contra Şebnem Korur Fincancı. Esta profesora universitaria fue condenada a pagar 50.000 liras turcas (aproximadamente 1.350 euros) por unos comentarios que había realizado en la televisión en 2022 en los que pedía una investigación independiente sobre la denuncia de que el ejército turco había empleado armas químicas en la Región del Kurdistán de Irak. En 2023 había sido ya declarada culpable en un juicio penal de “hacer propaganda de una organización terrorista” y condenada a dos años, ocho meses y 15 días de prisión por los mismos comentarios. Al terminar el año estaba pendiente un recurso contra su sentencia condenatoria y su pena ante el Tribunal de Casación.
La defensora de los derechos humanos Nimet Tanrıkulu fue detenida el 26 de noviembre, enviada a prisión y acusada formalmente en diciembre de “pertenencia a organización terrorista”. La acusación se basaba en su historial de viajes, su participación en actos de la sociedad civil relacionados con cuestiones de derechos humanos de la población kurda, señales de teléfono móvil emitidas desde la misma estación base que otras personas y declaraciones de testigos.6
Violencia contra mujeres y niñas
Según la Plataforma Detendremos los Feminicidios, durante el año, 394 mujeres perdieron la vida a manos de hombres y 259 fueron halladas muertas en circunstancias sospechosas.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Se siguió devolviendo ilícitamente a personas refugiadas y migrantes a Siria y Afganistán, donde existía un riesgo real de que sufrieran violaciones graves de derechos humanos. Según informes, a fecha de septiembre de 2024, alrededor de 300 personas eritreas habían sido deportadas a su país tras haber estado detenidas sin acceso adecuado a comunicación ni asesoramiento jurídico, y había aún otras en peligro de devolución.7
Tortura y otros malos tratos
En agosto, el Comité de ONU contra la Tortura expresó preocupación por el aumento de las denuncias de tortura y otros malos tratos observado desde el intento de golpe de Estado de 2016, tras los terremotos de febrero de 2023 en el sudeste del país y en el contexto de operaciones antiterroristas.
Impunidad
En mayo, un tribunal regional de apelación confirmó la absolución de varios mandos militares y guardias locales a quienes se juzgaba en una causa abierta contra el Departamento de Inteligencia y Antiterrorismo de la Gendarmería (JİTEM) de Dargeçit, provincia de Mardin, por la desaparición forzada de ocho personas, incluidos tres niños, en 1995 y 1996. Al terminar el año estaba pendiente ante el Tribunal de Casación un recurso contra la sentencia.
En junio, el Juzgado Central de lo Penal Núm. 10 de Diyarbakır absolvió a tres policías acusados de “causar la muerte por negligencia dolosa” en el caso del homicidio del abogado de derechos humanos Tahir Elçi en 2015. Resolvió que no se había demostrado que hubieran cometido el delito.8
En octubre, el Tribunal de Casación confirmó la absolución de 16 personas, entre las que figuraban exautoridades del Estado, acusadas de “homicidio intencional en el marco de las actividades de una organización armada establecida para la comisión de un delito” en una causa abierta contra el JİTEM de Ankara por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo entre 1993 y 1996.
Derecho a un medioambiente saludable
Climate Action Tracker calificó las políticas y objetivos generales de Turquía en materia de cambio climático como “sumamente insuficientes” para cumplir la meta de 1,5 °C del Acuerdo de París.
- Türkiye: New judicial package leaves people at continued risk of human rights violations, 29 de febrero ↩︎
- Türkiye: Uphold human rights in responding to the armed attack outside Istanbul’s courthouse, 14 de febrero ↩︎
- Turquía: Debe levantarse la prohibición ilegítima de las celebraciones del Día Internacional del Trabajo en Estambul, 30 de abril ↩︎
- Türkiye: Activists remain defiant despite chilling effect of unlawful bans of Prides, 19 de diciembre ↩︎
- Türkiye: Stop the crackdown on peaceful dissent, 26 de diciembre ↩︎
- Turquía: Defensora de derechos humanos encarcelada. Nimet Tanrıkulu, 18 de diciembre ↩︎
- Turquía: Personas eritreas en peligro inminente de devolución, 6 de septiembre ↩︎
- Turquía: La absolución de tres policías por implicación en el homicidio de un abogado de derechos humanos, un duro golpe a la justicia, 12 de junio ↩︎