Turquía 2025

Se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, así como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial. Seguían sin aplicarse sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios casos emblemáticos. Se restringieron arbitrariamente los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon armas de letalidad reducida contra personas que se manifestaban pacíficamente, y causaron numerosas lesiones. El país continuó albergando un gran número de personas refugiadas y migrantes, algunas de las cuales corrían peligro de devolución ilícita. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas presuntas torturas y otros malos tratos a manos de autoridades del Estado, seguían enfrentándose a una cultura de impunidad. Las políticas generales de Turquía contra el cambio climático fueron calificadas de “muy insuficientes”.

Información general

Turquía seguía haciendo frente a una crisis creciente del costo de la vida, con una inflación general superior al 30%, una inflación alimentaria de más del 28% y una inflación de la vivienda superior al 49% al concluir el año.

Las autoridades pusieron en marcha investigaciones y actuaciones penales contra decenas de representantes elegidos y miembros del Partido Popular Republicano en todo el país como parte de una represión generalizada del principal partido de oposición. Se encarceló a figuras clave, como el alcalde de la capital, Estambul, y candidato presidencial Ekrem İmamoğlu, quien se enfrentaba a 2.352 años de prisión por una larga lista de cargos, entre ellos corrupción y establecer y dirigir una organización delictiva.

El proceso de paz entre el Estado y el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), que incluyó conversaciones directas con su líder encarcelado Abdullah Öcalan, llevó al desarme del partido y al establecimiento de una comisión parlamentaria de todos los partidos para abordar el proceso.

La Dirección General de Silvicultura anunció que entre enero y agosto se habían quemado 16.500 hectáreas de bosque en más de 5.200 incendios.

Detención arbitraria y juicios injustos

En enero, Fırat Epözdemir, miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados de Estambul, fue detenido arbitrariamente a su regreso de una visita institucional al Consejo de Europa y recluido en espera de juicio por acusaciones de “pertenencia a una organización terrorista armada” y “propaganda de una organización terrorista”. En mayo quedó en libertad sometido a medidas de control judicial en espera de juicio.

En febrero, tres personas acusadas en el juicio del parque Gezi —Mücella Yapıcı, Hakan Altınay y Yiğit Ekmekçi— fueron absueltas del cargo de infringir la Ley sobre Manifestaciones y Reuniones (Ley 2911). Se trataba de un segundo juicio celebrado tras la anulación en septiembre de 2023 de sus condenas iniciales por ayudar a Osman Kavala (véase infra) en su “intento de derrocar al gobierno” durante las protestas multitudinarias de 2013.

En febrero fueron detenidas al menos 50 personas en 10 provincias, entre las que había periodistas, activistas del ámbito político, profesionales de la abogacía y personas que defendían los derechos humanos, en el contexto de una investigación realizada por el fiscal jefe de Estambul. Posteriormente, los tribunales de Estambul enviaron a prisión a 30 —entre ellas a Yıldız Tar, Elif Akgül y Ercüment Akdeniz, profesionales del periodismo— por “pertenencia a organización terrorista armada”, acusadas de tener vínculos con el Congreso Democrático de los Pueblos, plataforma legítima establecida en 2011 que englobaba varios grupos y partidos políticos de oposición centrados en el género, el medioambiente y los derechos de las minorías religiosas. Al menos tres de las personas procesadas fueron declaradas culpables y un hombre fue absuelto; los juicios del resto continuaban al finalizar el año.

En junio, Mehmet Pehlivan —abogado de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul encarcelado— fue detenido arbitrariamente por “pertenencia a una organización criminal” en medio de represalias cada vez más intensas contra miembros de la profesión jurídica.¹

En una sentencia dictada en octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que se había vulnerado el derecho a un juicio justo del preso de conciencia Tayfun Kahraman cuando en 2022 se lo declaró culpable en relación con las protestas del parque Gezi de 2013. En noviembre se desestimó el recurso que pedía su libertad presentado tras la sentencia.

El preso de conciencia Osman Kavala continuó en prisión a pesar de dos sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaban su puesta en libertad y de los procedimientos de infracción contra Turquía abiertos por el Consejo de Europa en 2022. Seguían pendientes de resolución sendos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia condenatoria de Osman Kavala de 2022 y su confirmación por el Tribunal de Casación en 2023.

Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, exdirigentes del Partido Democrático de los Pueblos, también continuaban en la cárcel pese a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaban su liberación inmediata. Otra sentencia dictada en julio por el Tribunal concluía que la detención prolongada de Selahattin Demirtaş “se basaba en un razonamiento inadecuado y perseguía un fin oculto”.

Libertad de reunión pacífica

En febrero, tras la condena penal del alcalde elegido del municipio metropolitano de Van y su sustitución por un funcionario nombrado por el gobierno, se impuso una prohibición general de las protestas durante 15 días. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza ilícita, incluidas palizas, gas lacrimógeno y balas de plástico, para dispersar a quienes se manifestaban pacíficamente ante el ayuntamiento, y detuvieron al menos a 348 personas, entre las que había 70 niños y niñas y seis periodistas. También en febrero, tras usar gas pimienta y fuerza ilícita para disolver una protesta organizada por el Movimiento de Mujeres Libres en la provincia de Van, la policía detuvo a 18 personas.

La gobernación de Beyoğlu prohibió los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo en Estambul. Más de 100 personas que se manifestaban pacíficamente fueron detenidas por infracción de la Ley 2911. Una persona fue acusada también de “insultos al presidente”.

Entre el 19 y el 26 de marzo hubo manifestaciones multitudinarias en todo el país, principalmente de estudiantes universitarios, a raíz de la retirada de su título universitario al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y su posterior detención.² Al menos cuatro gobernadores declararon una prohibición general de las manifestaciones, aunque en noviembre un tribunal anuló la impuesta en la gobernación de Estambul por considerarla “desproporcionada” e “ilícita”. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley usaron fuerza ilícita, en ocasiones constitutiva de malos tratos, contra personas que se manifestaban pacíficamente, entre ellas siete mujeres que denunciaron haber sufrido registros corporales sin ropa y recibido golpes mientras estaban detenidas en la Unidad Antiterrorista de la Dirección Provincial de Seguridad de Ankara. El uso ilícito de armas de letalidad reducida contra personas que se manifestaban pacíficamente causó numerosas lesiones. El Ministerio del Interior informó de que 1.879 personas habían sido detenidas en los lugares de protesta o en sus casas durante ese periodo.

Las autoridades prohibieron celebrar manifestaciones en la plaza Taksim de Estambul a pesar de que el Tribunal Constitucional había establecido en una sentencia de 2023 que prohibir las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo en ese lugar constituía una violación del derecho de reunión pacífica. Las autoridades cerraron varias líneas de metro y de otros transportes públicos, así como decenas de calles en todo Estambul el 1 de mayo. Los días 29 y 30 de abril, habían sido detenidas preventivamente al menos 111 personas en redadas domiciliarias. Más de 430 personas que intentaron reunirse el 1 de mayo, entre ellas 11 profesionales de la abogacía, sufrieron uso excesivo de la fuerza y fueron detenidas. En cambio, se permitió congregarse a miles en los distritos de Kadıköy y Kartal de Estambul en concentraciones oficiales.

En junio se impusieron prohibiciones generales de las marchas del Orgullo LGBTI y Trans en Estambul, y la policía hizo uso ilícito de la fuerza contra quienes se manifestaban de forma pacífica. Más de 90 personas fueron detenidas arbitrariamente. El 29 de junio, tres activistas fueron enviados a prisión preventiva por infringir la Ley 2911; el 8 de agosto quedaron en libertad en espera de juicio. Al final del año seguían abiertas las actuaciones penales contra 92 personas por participar en marchas del Orgullo.

En septiembre, un tribunal de Estambul resolvió destituir a los dirigentes elegidos del Partido Popular Republicano en la provincia, lo que desencadenó protestas en las que la policía empleó fuerza ilícita.³

Libertad de expresión

En enero se acusó formalmente de “propaganda de organización terrorista” y “difusión pública de información engañosa” a 11 miembros de la junta ejecutiva del Colegio de Abogados de Estambul que habían pedido públicamente una investigación efectiva de las muertes de dos periodistas nacionales de Turquía en Siria en diciembre de 2024.⁴ El proceso judicial continuaba al final del año.

En marzo, el periodista británico Mark Lowen fue detenido y deportado debido a su cobertura informativa de las protestas por el encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. El periodista sueco Joakim Medin fue detenido a su llegada a Turquía en marzo por “insultos al presidente” y “pertenencia a organización terrorista armada”. Condenado a 11 meses de prisión por el primer cargo, en mayo quedó en libertad en espera de juicio por el segundo.

En junio, a raíz de una viñeta publicada en la revista satírica LeMan, el dibujante Doğan Pehlevan, el contable Ali Yavuz, el redactor jefe Zafer Aknar, el diseñador gráfico Cebrail Okçu y el redactor jefe Aslan Özdemir fueron detenidos en espera de juicio por “incitar a la ciudadanía al odio o la hostilidad”.⁵

El defensor de los derechos humanos Enes Hocaoğulları fue enviado a prisión preventiva en agosto a su regreso al país de una conferencia del Consejo de Europa y liberado en septiembre en espera de juicio.⁶ Estaba acusado de “difusión pública de información engañosa” y de “incitar a la ciudadanía al odio y la enemistad” por hablar de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu.

El cantante Mabel Matiz se enfrentaba a cargos por la letra de su canción Perperişan, considerada contraria a la moral pública según el artículo 226.1.b.2 del Código Penal, y podía ser condenado a hasta tres años de prisión.

En octubre, el Estado tomó el control del canal de televisión independiente Tele 1; su redactor jefe, Merdan Yanardağ, fue recluido en espera de juicio por cargos de espionaje.

Libertad de asociación

En marzo, una orden de un tribunal administrativo puso fin al mandato de la junta directiva del Colegio de Abogados de Estambul. Previamente se había presentado una demanda civil para pedir la destitución de sus miembros por haber actuado fuera del ámbito de sus obligaciones jurídicas.

Ese mismo mes, un tribunal administrativo dictó su sentencia completa sobre la decisión de 2024 de cerrar la Asociación de Vigilancia de la Migración por actuar presuntamente “de acuerdo con los objetivos y fines de un grupo terrorista armado”. El recurso contra la decisión presentado por la Asociación seguía pendiente al final del año.

En diciembre, un tribunal de Esmirna resolvió que la Asociación de Jóvenes LGBTI+ había participado en actividades ajenas a su propósito declarado y que había difundido en redes sociales imágenes “obscenas” que eran incompatibles con los “valores morales de la sociedad” y podían “alentar o promover” identidades LGBTI.

La demanda presentada en 2022 para cerrar el Centro Comunitario Tarlabaşı de Estambul —basada en que éste había participado en “actividades contrarias a su propósito, la ley y la moral”— seguía en curso al final del año. La organización fue acusada de “intentar influir en la orientación sexual de la infancia” al “normalizar en la sociedad la sexualidad de las personas denominadas LGBTI”.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En febrero, Taner Kılıç, abogado de derechos de las personas refugiadas y expresidente de Amnistía Internacional Turquía, fue absuelto casi ocho años después de su arresto en junio de 2017. Había permanecido más de 14 meses bajo custodia. En 2020, pese a la ausencia total de pruebas creíbles, fue declarado culpable de “pertenencia a una organización terrorista” y condenado a más de seis años de prisión. El Tribunal de Casación anuló el fallo condenatorio en 2022 y señaló que la investigación estaba incompleta. El juzgado de primera instancia confirmó esa sentencia en junio de 2023 y la absolución fue definitiva en 2025, cuando el Tribunal de Casación desestimó el recurso de la fiscalía.

En febrero, la profesora Şebnem Korur Fincancı fue absuelta de “insultos a la nación turca” por unos comentarios que había hecho en televisión en su calidad de experta en medicina forense en relación con unas denuncias de tortura. El recurso presentado contra su sentencia condenatoria en 2023 por “propaganda de organización terrorista” seguía pendiente al final del año.

Tras pasar más de cuatro meses en la cárcel, Nimet Tanrıkulu quedó en libertad en marzo en virtud de una medida cautelar adoptada por el Tribunal Penal núm. 24 de Estambul en la vista preliminar de su enjuiciamiento por “pertenencia a organización terrorista”.

En marzo se dictó fallo absolutorio para 45 miembros de Madres/Personas del Sábado —familiares de víctimas de desaparición forzada en las décadas de 1980 y 1990— en una causa penal abierta en su contra por celebrar su vigilia pacífica número 700 en 2018.⁷ Continuaban las restricciones impuestas a las vigilias semanales del grupo en Estambul, incluido un bloqueo policial en la plaza Galatasaray.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Altos cargos públicos siguieron utilizando un discurso discriminatorio que reforzaba estereotipos de género dañinos, así como la homofobia y la transfobia institucionales.

En junio, la Agencia Turca de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Salud, prohibió prescribir y suministrar hormonas específicas para procedimientos de afirmación de género a menores de 21 años. La medida, supuestamente dirigida a prevenir el uso de estas hormonas “con fines distintos a los previstos”, vulneraba la legislación vigente, que permitía el acceso a las personas menores de 18.

Durante el año se dieron a conocer tres paquetes de proyectos legislativos dirigidos a las personas LGBTI que representaban un ataque sin precedentes a sus derechos humanos y los de sus aliados. Finalmente no se presentaron al Parlamento las propuestas, que penalizaban toda expresión de identidad LGBTI, así como las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, y hacían casi imposible obtener el reconocimiento legal de la identidad de género.⁸

Violencia contra mujeres y niñas

Según la Plataforma Detendremos el Femicidio, durante el año, 294 mujeres perdieron la vida a manos de hombres y otras 297 fueron halladas muertas en circunstancias sospechosas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En abril, los blogueros y activistas turcomanos Alisher Sakhatov y Abdulla Orusov fueron detenidos y recluidos en un centro de deportación. Ambos desaparecieron del centro en julio y se temía que hubieran sido deportados a Turkmenistán. Ni Turquía ni Turkmenistán habían revelado su suerte o paradero al final del año.

En febrero, la Dirección de Gestión de la Migración de Bursa rechazó la solicitud de protección internacional del afgano Tabriz Saifi, lo que interrumpió bruscamente su acceso a tratamiento médico esencial.⁹ En mayo le fueron restituidos la condición de solicitante de asilo y el acceso pleno a asistencia médica. Tabriz Saifi falleció en septiembre por complicaciones de salud.

Tortura y otros malos tratos

En septiembre comenzó el juicio de 13 agentes encargados de hacer cumplir la ley acusados de la muerte bajo custodia de Ahmet Güreşçi y la tortura de su hermano Sabri Güreşçi, ambos arrestados por presuntos actos de saqueo tras los terremotos de 2023. Todos los agentes permanecían en libertad.

Derecho a un medioambiente saludable

Climate Action Tracker calificó las políticas y acciones climáticas generales de Turquía de “muy insuficientes” y criticó su dependencia de los combustibles fósiles.