Puerto Rico 2025
En el marco de las operaciones de control migratorio que se estaban practicando, las organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias y discriminatorias de personas que pertenecían a comunidades negras y empobrecida. En la Asamblea Legislativa se aprobaron proyectos de ley que atentaban contra los derechos de las personas LGBTI. También se legisló en contra de los derechos sexuales y reproductivos, así como para restringir el acceso a la información de carácter público.
Información general
Las interrupciones del servicio eléctrico eran frecuentes, especialmente los apagones masivos, y millones de personas vieron afectado su acceso a la salud y al agua. En noviembre el Departamento de Justicia federal solicitó la pena de muerte contra Edwin Yadiel Flores Tavárez. Aunque estaba prohibida en el ámbito estatal, la pena capital podía aplicarse en los casos de jurisdicción federal.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
La implementación de la política migratoria del gobierno de Donald Trump provocó un aumento de las redadas y detenciones llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en las que se utilizaban perfiles raciales en función del acento y las características físicas personales. Hasta el 26 de noviembre habían sido detenidas 1.431 personas migrantes, según datos publicados en las redes sociales por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) en San Juan. Estas detenciones se practicaban sin orden judicial en ocasiones, y se utilizaba la entrega de documentos administrativos —como licencias de conducir— para obtener información bajo engaño. El gobierno colaboraba con las agencias federales estadounidenses facilitando ese tipo de información sobre personas que se encontraban en situación migratoria irregular.
Puerto Rico carecía de centros de detención migratoria, por lo que las personas arrestadas eran llevadas a instalaciones temporales del ICE en la isla y posteriormente trasladadas fuera del territorio puertorriqueño; esta situación les dificultaba la comunicación con profesionales de la abogacía locales y limitaba su acceso a una representación letrada adecuada.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes a petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que busca establecer espacios seguros para las comunidades migrantes seguía pendiente de aprobación al concluir el año.
Derechos sexuales y reproductivos
En febrero, el Senado aprobó el Proyecto 297, que exigía el consentimiento por escrito de uno de los progenitores o una persona con custodia legal para que una niña menor de 16 años pudiera acceder a servicios de aborto. Este requisito no se aplicaba cuando el embarazo era consecuencia de violencia sexual perpetrada por el propio padre o tutor legal.
En junio, la secretaria de Justicia anunció que se adoptarían medidas para procesar a las clínicas o personas que practicaran abortos fuera de los límites permitidos por la ley.
En agosto, la gobernadora de Puerto Rico convirtió en ley el Proyecto del Senado 2, que permitía a progenitores y personas con tutela legal de estudiantes del sistema de educación pública objetar respecto a los contenidos curriculares relacionados con la sexualidad y la afectividad.
En diciembre, la gobernadora también convirtió en ley el Proyecto del Senado 504, que reconocía la condición de persona jurídica al no nacido, pese a que un grupo de médicos y otros profesionales de la salud habían advertido que el proyecto planteaba riesgos para la vida de las personas gestantes y vulneraba su autonomía.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En abril, el gobierno firmó la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa, considerada por quienes defendían los derechos humanos un medio para permitir la discriminación, en especial contra personas LGBTI, bajo el pretexto de la libertad religiosa.
En mayo, el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico ordenó al Registro Demográfico incluir el marcador “X” como tercera opción de identidad de género en los certificados de nacimiento. En junio, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito admitió a trámite la solicitud del gobierno para paralizar esa orden.
En julio, el gobierno firmó la Ley 63-2025, que prohibía la atención médica relacionada con la afirmación de género para menores de 21 años.
En octubre, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto 165, cuyo propósito era prohibir los baños inclusivos en dependencias gubernamentales con el argumento —carente de evidencia empírica— de que así se prevenía la violencia sexual contra las mujeres.
Al concluir el año, cuatro proyectos de ley que se encontraban bajo estudio en la Cámara de Representantes y restringían derechos de la población LGBTI seguían pendientes de aprobación.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Según el Observatorio de Equidad de Género, en el año se habían denunciado 63 feminicidios y presuntos feminicidios. En octubre, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico declaró inconstitucional un artículo del Código Penal sobre este tipo de homicidio, alegando que vulneraba el debido proceso y la presunción de inocencia.
Según las organizaciones de derechos humanos, las mujeres migrantes estaban más expuestas a sufrir violencia en el ámbito doméstico, explotación y malos tratos debido a su temor a denunciar y ser deportadas, relacionado con las nuevas políticas migratorias. El ICE se negó a divulgar datos desagregados por sexo o identidad de género de las personas detenidas, a pesar de tratarse de información pública.
Uso excesivo de la fuerza
Según la organización Kilómetro 0, al menos 13 personas murieron en Puerto Rico a manos de la policía, cuatro de ellas durante intervenciones en situaciones de crisis emocional relacionadas con trastornos de salud mental. A fin de determinar si se había hecho uso excesivo de la fuerza, el comisionado de la Policía ordenó en marzo una investigación administrativa tras un incidente en el que se había utilizado una pistola de descarga eléctrica durante el arresto de una mujer.
Derecho a la información
En septiembre se aprobó la Ley 114-2025, que enmendaba la Ley del Registro Demográfico, a fin de restringir el acceso a datos públicos —incluidos certificados de nacimiento, matrimonio y defunción—, lo que suponía obstáculos adicionales al derecho de acceso a la información, en particular para la comunidad científica. Las organizaciones de derechos humanos alertaron de que la ley dificultaba la búsqueda de información para realizar investigaciones y elaborar políticas públicas.
En diciembre la gobernadora convirtió en ley el Proyecto 63, que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y amplía significativamente los plazos de respuesta de las agencias gubernamentales, afectando la rendición de cuentas sobre acciones y decisiones del gobierno.