El gobierno declaró un estado de emergencia por violencia de género intrafamiliar. Las autoridades reprimieron el derecho a protestar de los defensores y defensoras ambientales. La pobreza infantil aumentó. La cámara legislativa presentó proyectos de ley que, de ser aprobados, darían lugar a violaciones de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
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