PALESTINA (ESTADO DE) 2020

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PALESTINA (ESTADO DE) 2020

Las autoridades palestinas de Cisjordania y la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza continuaron reprimiendo la disidencia con medidas como restringir la libertad de expresión y de reunión, atacar a periodistas y detener a quienes se oponían a ellas. Las fuerzas de seguridad de ambas zonas hicieron uso de fuerza innecesaria y/o excesiva durante actividades de aplicación de la ley, incluso al hacer cumplir las medidas de confinamiento impuestas ante la pandemia de COVID-19. Se siguieron infligiendo con impunidad tortura y otros malos tratos a personas detenidas. Las mujeres sufrían discriminación y violencia, incluidos homicidios, por motivos de género. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) seguían sufriendo discriminación y falta de protección. En Cisjordania, las autoridades hicieron uso generalizado de la detención administrativa sin cargos ni juicio. En Gaza se siguió juzgando a civiles ante tribunales militares. Los tribunales de Gaza continuaron imponiendo condenas a muerte. Los grupos armados palestinos de Gaza lanzaron ocasionalmente ataques indiscriminados con cohetes contra Israel. Dos civiles israelíes murieron por atentados cometidos en solitario por personas palestinas.

Información general

Las dos principales facciones políticas —Fatah, que ejercía el poder en Cisjordania, y Hamás, que tenía la administración de facto de Gaza— continuaron divididas.

El 15 de enero, el presidente Abás anunció el aplazamiento de las elecciones parlamentarias hasta nuevo aviso, alegando la negativa de Israel a permitir su celebración en Jerusalén Oriental. Ambas autoridades introdujeron en las zonas que controlaban normativas de excepción en respuesta a la COVID-19. En marzo, las autoridades palestinas de Cisjordania impusieron medidas de confinamiento que restringieron de forma significativa la libertad de circulación, aunque algunas de ellas se flexibilizaron al cabo de unos meses.

La población de Gaza lidió con el virus mientras seguía sometida al bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí en vigor desde 2007, lo que amenazó aún más el frágil sistema de salud. En septiembre, las autoridades de la Franja de Gaza impusieron medidas de confinamiento tras un brote importante de COVID-19. Egipto mantuvo el cierre casi total del paso fronterizo de Rafá con Gaza. Qatar transfirió dinero en efectivo a la Franja de Gaza en coordinación con Israel para pagar a los empleados del sector público.

El 17 de noviembre, las autoridades palestinas de Cisjordania anunciaron la reanudación de la coordinación con Israel en materia de administración civil y seguridad, suspendida desde mayo en respuesta a los planes de Israel de anexionarse partes de Cisjordania. Durante la suspensión, las autoridades palestinas no facilitaron permisos ni siquiera para el traslado de enfermos de los Territorios Palestinos Ocupados a Israel para ser atendidos allí, y dejaron de presentar documentos como comprobante de identidad al registro de población controlado por Israel. Las autoridades palestinas también dejaron de aceptar los impuestos recaudados por Israel en su nombre —alrededor del 80% de sus ingresos—, lo que las obligó a reducir los salarios de decenas de miles de personas que trabajaban en el sector público, incluido el personal sanitario.

La judicatura y los actores de la sociedad civil palestinos continuaron protestando contra lo que consideraban una injerencia significativa del poder ejecutivo en el judicial y pidieron al presidente Abás que derogase las leyes sobre asuntos judiciales promulgadas por decreto.

Represión de la disidencia

Las autoridades de Cisjordania y Gaza reprimieron la disidencia mediante la detención arbitraria de decenas de manifestantes pacíficos, personas que expresaban oposición o críticas, periodistas y activistas de derechos humanos.1 En algunos casos, usaron las normativas de excepción promulgadas a raíz de la COVID-19 para reprimir la libertad de expresión y de reunión.

La Comisión Independiente por los Derechos Humanos, institución nacional palestina de derechos humanos, tuvo constancia de 37 incidentes de violación de las libertades de expresión, reunión y prensa: 21 en Cisjordania y 16 en Gaza. También registró numerosos casos de detención arbitraria de personas que expresaban oposición y críticas: 158 en Cisjordania y 118 en Gaza. El Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de Prensa registró 97 ataques contra periodistas, como detenciones arbitrarias, malos tratos durante el interrogatorio, confiscación de equipos, agresiones físicas y prohibiciones de informar: 36 en Cisjordania y 61 en Gaza.

El 9 de abril, las autoridades de Gaza detuvieron al activista Rami Aman, residente en el barrio de Al Rimal de la ciudad de Gaza, y a otras siete personas por haber mantenido el 6 de abril una videoconferencia con un grupo de israelíes. Cinco de ellas quedaron en libertad, pero Rami Aman y las dos restantes comparecieron ante un tribunal militar por cargos de traición en aplicación del Código Penal Revolucionario de 1979 de la Organización para la Liberación de Palestina. El 17 de septiembre, Rami Aman fue declarado culpable y condenado a un año de prisión, mientras que en el caso de los otros dos acusados se consideró que habían cumplido ya la pena que correspondía aplicarles. El 26 de octubre, el Tribunal Militar Permanente de Gaza resolvió dejar en libertad a los tres dado el tiempo que llevaban ya detenidos.

Entre el 11 y el 25 de junio, las autoridades de Gaza detuvieron arbitrariamente a más de 50 activistas afines a Fatah en relación con sus planes de organizar manifestaciones con motivo del 14 aniversario de las luchas internas entre Fatah y Hamás. Según el Centro Palestino de Derechos Humanos, la mayoría de ellos afirmaron luego haber sufrido tortura y otros malos tratos bajo custodia. No se presentaron cargos contra ninguno, y todos quedaron posteriormente en libertad.

EL 19 de julio, las autoridades de Cisjordania detuvieron a 19 activistas anticorrupción por celebrar una protesta pacífica en la ciudad de Ramala infringiendo la draconiana prohibición de las reuniones impuesta debido a la COVID-19. Aunque 3 de ellos quedaron en libertad, los otros 16 fueron acusados formalmente de “reunión ilegal” y “violación de las normas de excepción”. Todos salieron en libertad bajo fianza mientras las actuaciones judiciales seguían su curso.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad de Cisjordania y Gaza hicieron uso de fuerza excesiva durante actividades de aplicación de la ley, incluso al hacer cumplir las medidas de confinamiento impuestas ante la pandemia de COVID-19. Las autoridades judiciales no investigaron efectivamente estos actos.

El 18 de junio, las fuerzas de seguridad de Gaza atacaron a miembros de la familia Wishah en el campo para personas refugiadas de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, cuando trataban de impedir que las autoridades derribasen una estructura de su propiedad para abrir una nueva carretera. Según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad hirieron a Handoumeh Wishah, de 90 años, y a dos de sus hijas; las tres necesitaron tratamiento hospitalario.

El 24 de junio, miembros de las fuerzas de seguridad palestinas vestidos de civil mataron a tiros a Alaa al Amouri, de la localidad cisjordana de Al Ezariyeh, durante la ejecución de un desahucio. Abrieron fuego cuando miembros de su familia intentaron impedir que él y sus dos hermanos fueran detenidos. Según la Comisión Independiente por los Derechos Humanos, Alaa al Amouri fue alcanzado en el abdomen. Al menos otros tres miembros de la familia sufrieron heridas de bala. Las autoridades palestinas anunciaron que iban a abrir una investigación.

El 25 de julio, las fuerzas de seguridad palestinas mataron a tiros a Imad Dweikat en el campo para personas refugiadas de Balata, en la ciudad cisjordana de Nablús, cuando trataba de impedir la detención del propietario de una tienda durante una operación policial emprendida con objeto de cerrar comercios que habían abierto infringiendo las medidas de confinamiento. Según la Comisión Independiente por los Derechos Humanos, Imad Dweikat no representaba ninguna amenaza. Las autoridades de Ramala anunciaron que iban a abrir una investigación.

Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania y Gaza usaban habitualmente la tortura y otros malos tratos con impunidad. Entre enero y noviembre, la Comisión Independiente por los Derechos Humanos recibió 95 denuncias de tortura en Cisjordania y 51 en Gaza.

El 9 de junio, los Servicios Generales de Inteligencia en Ramala detuvieron al activista Mohammed Jaber cuando se presentó a una citación. Posteriormente dijo que los interrogadores lo habían encerrado en un pequeño armario de madera durante periodos prolongados y sometido a otras posturas en tensión. Después lo habían recluido en una celda de aislamiento de un metro cuadrado durante 13 días, hasta que quedó en libertad el 21 de junio.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas estaban discriminadas en la ley y en la práctica y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de género, incluidos los homicidios en nombre del “honor”. Según el Centro de Asesoramiento Jurídico y Orientación para la Mujer, 19 mujeres murieron en Cisjordania y 18 en Gaza como consecuencia de la violencia de género.

El 28 de julio, Razan Moqbel fue asesinada cerca de la zona industrial de Beitunia, al oeste de Ramala. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad detuvieron a su prometido y el caso fue remitido a la fiscalía para su investigación. El 3 de agosto, las dos familias acordaron retirar el caso a cambio de que la familia del prometido pagara alrededor de 487.000 séqueles (aproximadamente 150.000 dólares estadounidenses). Las autoridades palestinas no comentaron el acuerdo, que desencadenó la indignación pública por el uso de costumbres tribales en un caso penal de feminicidio.

Derecho a un juicio justo

Según organizaciones palestinas de derechos humanos, las autoridades palestinas de Cisjordania siguieron usando una ley de 1954 en cuya virtud los gobernadores regionales ordenaron la detención administrativa de decenas de personas por periodos de hasta seis meses, en muchos casos por motivos políticos. Estas detenciones no exigían que se formulasen cargos y carecían de garantías procesales. La Comisión Independiente por los Derechos Humanos documentó 43 casos de detención administrativa en 2020.

Las autoridades de Gaza continuaron juzgando a civiles ante tribunales militares.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La organización de la sociedad civil alQaws para la Diversidad Sexual y de Género en la Sociedad Palestina informó de que a las personas LGBTI se las seguía impidiendo ejercer sus derechos a pesar de que las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo no estaban penalizadas en Cisjordania. Por otra parte, el artículo 152 del Código Penal aplicable en Gaza tipificaba las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo como delito punible con hasta 10 años de prisión.

Pena de muerte

Ninguna de las dos autoridades palestinas tomó medida alguna para cumplir los compromisos contraídos por el Estado de Palestina en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para abolir la pena de muerte.

En Gaza, los tribunales administrados por Hamás continuaron imponiendo la pena de muerte y realizando ejecuciones.

Abusos cometidos por grupos armados

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, los grupos armados palestinos de Gaza lanzaron ocasionalmente ataques indiscriminados con cohetes contra Israel e hirieron al menos a 27 israelíes. Las autoridades de Hamás no investigaron ni enjuiciaron a los responsables y, en ocasiones, permitieron que los grupos lanzaran cometas y globos incendiarios hacia Israel.

La mayoría de los palestinos responsables de apuñalamientos, disparos y otros ataques contra israelíes en Cisjordania e Israel, que causaron la muerte de dos civiles israelíes durante el año, no pertenecían a grupos armados palestinos, que, sin embargo, elogiaban a menudo estos atentados.


  1. Palestina: Se debe poner fin a la detención arbitraria de quienes expresan críticas en Cisjordania y Gaza (noticia, 7 de mayo)