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ESPAÑA 2021

Las autoridades no garantizaron acceso adecuado a servicios de salud durante la pandemia. Persistió la violencia contra las mujeres, aunque se tomaron medidas para reforzar las salvaguardias jurídicas. Las mujeres continuaron teniendo dificultades para acceder a servicios de aborto. El derecho a la vivienda no estaba suficientemente protegido. Continuó sin reformarse la legislación que restringía indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Persistió el uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades no garantizaron unas condiciones de acogida adecuadas y un procedimiento de asilo justo y eficaz a las personas que llegaron de forma irregular a las islas Canarias. El gobierno aprobó un proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, aunque los tribunales seguían negándoles el acceso a la justicia.

Información general

En mayo terminó el último estado de alarma para contener la propagación de la COVID-19. En julio, a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido ultraderechista VOX, el Tribunal Constitucional dictó una controvertida sentencia en relación con el primer estado de alarma, en la que concluía que el gobierno tendría que haber declarado en su lugar un “estado de excepción”, que hubiera requerido la aprobación del Parlamento. En octubre, el Tribunal Constitucional decidió que el segundo estado de alarma también había incumplido preceptos constitucionales.

En septiembre, Carles Puigdemont, expresidente del gobierno autonómico catalán, fue detenido en Italia en aplicación de una orden emitida por el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum celebrado en 2017 en Cataluña y la posterior declaración de independencia. Las autoridades italianas lo pusieron en libertad al día siguiente y suspendieron los trámites de extradición en espera de la decisión de los tribunales de la Unión Europea sobre su inmunidad parlamentaria.

Derecho a la salud

El sistema nacional de salud continuó sometido a una presión sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19. Aun así, las autoridades no adoptaron medidas suficientes para garantizar el derecho a la salud de toda la población.1 Las personas de edad avanzada, con enfermedades crónicas o con trastornos de salud mental fueron las que tuvieron mayores dificultades de acceso a asistencia y tratamiento. El debilitamiento de los servicios de atención primaria afectó especialmente a las mujeres migrantes, que soportaron la mayor carga del cuidado de los enfermos con un sistema de asistencia médica menos accesible.2

Durante la campaña de vacunación contra la COVID-19, las personas extranjeras, especialmente las que estaban en situación migratoria irregular, encontraron mayores obstáculos para acceder a los servicios de salud y las vacunas debido a la falta de protocolos claros sobre identificación y acceso a la información para estos grupos.

El aumento de las necesidades en materia de salud mental durante la pandemia puso de manifiesto la falta de servicios de salud mental con recursos suficientes. El aumento de las enfermedades asociadas al estrés afectó especialmente al personal sanitario, debido a sus condiciones laborales y al exceso de trabajo. En octubre, el gobierno anunció la adopción de una estrategia nacional de salud mental después de siete años sin ninguna.

Personas mayores

Gracias a la campaña de vacunación se redujeron drásticamente las tasas de muertes en residencias de mayores y su proporción respecto al número total de muertes por COVID-19.

Durante todo el año, familiares de personas que habían muerto de COVID-19 en residencias de mayores se manifestaron en protesta por la escasez de investigaciones para exigir responsabilidades a las autoridades por las decisiones que podían haber contribuido a estos fallecimientos.

Violencia sexual y de género

Persistió la violencia contra las mujeres. Un total de 43 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas, y 7 menores de edad perdieron la vida a manos de sus padres como castigo dirigido a sus madres.

En mayo, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que ampliaba el plazo para iniciar investigaciones en los casos de delito sexual grave contra menores y establecía que estos delitos no prescribían hasta que la víctima alcanzara la edad de 35 años.

En julio, el Parlamento inició el debate de un proyecto de ley para reforzar la protección de las víctimas de violencia sexual, que incluía la propuesta de cambiar la definición de violación por otra basada exclusivamente en la falta de consentimiento. Al final del año, el proyecto de ley seguía pendiente de aprobación. Organizaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales, entre otras, expresaron su preocupación ante las reformas contenidas en ese mismo proyecto de ley para abordar la explotación en la industria del sexo, ya que podían socavar sus derechos y habían sido aprobadas por el gobierno sin una consulta significativa y sin su participación.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres de entre 16 y 18 años aún necesitaban permiso parental para someterse a un aborto. La persistencia de un alto número de casos de “denegación por motivos de conciencia” por parte de los proveedores de servicios médicos continuó limitando el acceso de las mujeres a los servicios de aborto dentro del sistema nacional de salud.

Derecho a la vivienda

A pesar de la pandemia se llevaron a cabo 22.536 desalojos entre enero y junio; cerca de 5.400 afectaron a personas que no podían pagar su hipoteca y casi 16.000, a personas que ya no podían pagar el alquiler. Sin embargo, el gobierno amplió la suspensión de los desalojos de personas económicamente vulnerables hasta el 28 de febrero de 2022.

En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió un dictamen sobre una comunicación presentada por una familia que había sido desalojada sin que se le proporcionara alojamiento alternativo adecuado, señalando que las autoridades habían violado su derecho a una vivienda adecuada. Más de 100 denuncias contra España relacionadas con el derecho a una vivienda adecuada seguían pendientes ante este Comité.

Uso excesivo de la fuerza

Persistieron los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad. En febrero, un agente encargado de hacer cumplir la ley disparó contra las personas que se manifestaban en Linares (Andalucía) en protesta por la agresión a un hombre y su hija por dos agentes de policía fuera de servicio. Una investigación interna concluyó que no era posible identificar al agente concreto que había disparado. En junio, el Ministerio del Interior rechazó la recomendación del Defensor del Pueblo de adoptar mecanismos para impedir la asignación incorrecta de munición y garantizar la identificación de los agentes.

También en febrero, una mujer perdió un ojo presuntamente por el impacto de una bala de foam disparada por la policía autonómica catalana durante las protestas que siguieron a la detención del rapero Pablo Hasél. Se abrió una investigación judicial.

En abril, agentes encargados de hacer cumplir la ley usaron bolas de caucho contra migrantes para sofocar una protesta en un centro de acogida de las islas Canarias. Se detuvo a ocho migrantes, y al menos una decena requirió asistencia médica.

Al concluir el año continuaban las investigaciones sobre las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones celebradas en Cataluña en octubre de 2017.

Tortura y otros malos tratos

En noviembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló numerosas denuncias verosímiles de malos tratos por parte de funcionarios de prisiones y agentes de policía. Asimismo, señaló que persistía la aplicación de la fijación mecánica a la cama (sujeción mecánica regimental), incluso de menores detenidos, y recomendó su eliminación.

Libertad de expresión y de reunión

No se reformaron y siguieron aplicándose la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y las disposiciones del Código Penal que restringían indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

En febrero, el rapero Pablo Hasél empezó a cumplir su condena de nueve meses de prisión por los delitos de “enaltecimiento del terrorismo” e “injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado”, tras ser declarado culpable en 2018 por el contenido de varias publicaciones suyas en Twitter.

En junio, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes del movimiento de la sociedad civil en favor de la independencia de Cataluña, quedaron en libertad tras un indulto del gobierno. Llevaban casi cuatro años en prisión tras una condena injusta por sedición en relación con protestas pacíficas y con el referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán, el gobierno español evacuó a 2.026 personas del país, y por primera vez permitió que personas de nacionalidad afgana solicitaran asilo en la Embajada de España en Pakistán. Posteriormente, unas 48 personas fueron trasladadas a España en octubre.

Un total de 22.200 solicitantes de asilo y migrantes llegaron por mar a las islas Canarias. Al menos 955 personas, entre las que había como mínimo 80 menores, murieron ahogadas cuando intentaban viajar hasta allí desde las costas de África Occidental. El hacinamiento y la precariedad en los centros de recepción —condiciones evitables debidas a la mala gestión y la falta de capacidad de acogida en las islas— causaron sufrimiento innecesario a las personas refugiadas y migrantes, entre las que había un gran número de menores no acompañados. Las autoridades tampoco tomaron medidas para garantizar su acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz. Las personas solicitantes de asilo no tenían acceso a información adecuada sobre sus derechos, y las autoridades no garantizaron su oportuna inscripción en el registro ni la tramitación de sus solicitudes. En septiembre, unos 1.000 menores no acompañados estaban en espera de la evaluación de sus casos y su documentación.

En mayo, 8.000 personas —entre ellas 2.000 menores no acompañados— entraron irregularmente en el enclave español de Ceuta desde Marruecos cuando los guardias marroquíes las dejaron pasar por sus puestos de control. Poco después, las autoridades españolas devolvieron a 2.700 de forma ilegal y colectiva a Marruecos. Hubo informes sobre uso excesivo de la fuerza.

En agosto, las autoridades devolvieron ilegalmente a 55 menores no acompañados a Marruecos. Tribunales españoles declararon ilegales estas devoluciones y las suspendieron. Sin embargo, poco después, el presidente del gobierno reiteró la intención de su gobierno de continuar expulsando a menores no acompañados a Marruecos.

En octubre, el gobierno redujo el plazo establecido para conceder el permiso de residencia a menores no acompañados y suavizó los requisitos para renovarles los permisos de trabajo y residencia tras cumplir 18 años a fin de que conservaran su situación regularizada.

Impunidad

En septiembre, el gobierno presentó un proyecto de ley al Parlamento para garantizar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y el Comité contra las Desapariciones Forzadas, ambos de la ONU, pidieron al Parlamento que reforzara algunos aspectos de esta ley antes de su aprobación.

En febrero, el Tribunal Supremo dictó su segunda sentencia sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, tras una primera sentencia histórica en 2012. Reiteró que el poder judicial español no podía investigar estas violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado porque el plazo en el que debían haberse iniciado las investigaciones había expirado, y porque de hacerlo quebrantaría el principio de legalidad y la Ley de Amnistía de 1977.

En septiembre, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso interpuesto por una persona que fue víctima de tortura en las postrimerías del franquismo, argumentando que, con arreglo al derecho internacional, España no tenía obligación de investigar y enjuiciar el caso, porque la prohibición de los crímenes de lesa humanidad no podía aplicarse con carácter retroactivo.


  1. España: La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: El derecho a la salud y la atención primaria en España”, 26 de febrero
  2. ONG reclaman que las poblaciones vulnerables tengan garantizado su acceso a las vacunas de la Covid-19 en España, 29 de abril