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IRAK 2020

Siguió reprimiéndose con dureza la disidencia por medios como uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y ataques contra la libertad de expresión. Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 600 manifestantes al hacer uso de fuerza excesiva, incluida munición real, durante las manifestaciones que se habían iniciado en octubre de 2019. Gran número de activistas sufrieron ataques selectivos de hombres armados no identificados, supuestamente pertenecientes a milicias, que en decenas de casos los mataron, secuestraron o sometieron a desaparición forzada; al menos seis seguían en paradero desconocido al terminar el año. Las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional de Kurdistán dispersaron protestas con violencia y detuvieron a decenas de manifestantes. Las restricciones a la circulación y otras medidas adoptadas para prevenir la propagación de la COVID-19 afectaron negativamente a las personas internamente desplazadas. Las autoridades reanudaron el cierre de campos de acogida y clausuraron al menos 10, sometiendo a miles de personas a desplazamiento secundario y dificultando su acceso a la ayuda humanitaria. Las personas desplazadas supuestamente relacionadas con el grupo armado autodenominado Estado Islámico seguían siendo objeto de castigo colectivo y en riesgo de sufrir detención arbitraria y desaparición forzada. Miles de personas más seguían en paradero desconocido tras haber sido sometidas a desaparición forzada por las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas las Unidades de Movilización Popular, cuando huían de territorios controlados por el Estado Islámico. Los medios de comunicación informaron de homicidios de mujeres. Las mujeres y niños y niñas yazidíes que habían sobrevivido a la esclavitud a manos del Estado Islámico encontraban grandes dificultades para acceder a sus derechos y a una reparación. El Estado Islámico reanudó las operaciones militares contra la población civil y contra objetivos militares, cometiendo atentados con explosivos en ciudades y asesinatos de dirigentes comunitarios.

Información general

Para frenar la propagación de la COVID-19, Irak prohibió en marzo las entradas desde varios países, cerró su frontera con Irán e impuso un confinamiento nacional de dos semanas. Durante el año se sucedieron confinamientos nacionales intermitentes. Se impusieron medidas similares en la Región del Kurdistán de Irak.

En los primeros meses de 2020 continuaron las protestas iniciadas en octubre de 2019 en todo el país para reclamar más oportunidades de empleo, mejores servicios públicos y el fin de la corrupción en el gobierno, hasta que el brote de COVID-19 las interrumpió temporalmente. En mayo se reanudaron, aunque con menos participantes, sobre todo en las ciudades de Bagdad, Basora y Nasiriya, para exigir responsabilidades por violaciones de derechos cometidas por las fuerzas de seguridad, como homicidios y desapariciones forzadas de manifestantes.

En la Región del Kurdistán de Irak, hubo protestas durante todo el año por los retrasos en el pago del salario a los funcionarios públicos o su impago.

Al finalizar junio de 2020, más de 4,7 millones de personas internamente desplazadas habían regresado a sus zonas de origen. Sin embargo, los retornos disminuyeron en general durante el segundo trimestre del año, debido en parte a las restricciones asociadas a la COVID-19, y más de 1,2 millones de personas continuaron desplazadas en varias gobernaciones, 207.000 de ellas en campos, 97.600 en alojamientos considerados “críticos” por ser prácticamente inhabitables y 915.000 en asentamientos secundarios o informales, como edificios en construcción o abandonados.

El 3 de enero, un ataque selectivo estadounidense con drones mató en Bagdad al general iraní Ghasem Soleimani.

El 7 de mayo, se formó un nuevo gobierno central encabezado por Mustafa al Kadhimi.

El 15 de junio, el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía anunció las operaciones Garra de Águila y Garra de Tigre, lanzadas contra miembros del Partido de los Trabajadores Kurdos y del Partido por una Vida Libre en Kurdistán en el norte de la Región del Kurdistán de Irak, y posteriormente efectuó aquí ataques aéreos que, según informes, mataron al menos a cinco civiles kurdos. Continuaron durante el año los bombardeos intermitentes iraníes contra miembros del Partido por una Vida Libre en Kurdistán dentro de la Región del Kurdistán de Irak.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad iraquíes continuaron haciendo uso excesivo e ilegítimo de la fuerza en las protestas, en su mayoría pacíficas, que habían comenzado en 2019. Emplearon munición real y granadas de gas lacrimógeno de uso militar, lo que causó la muerte de decenas de manifestantes en Bagdad, Basora, Kerbala, Diala, Nayaf y Nasiriya. Una facción de las Unidades de Movilización Popular también usó munición real contra manifestantes antigubernamentales en Basora y mató al menos a una persona y causó heridas a otras cuatro.

Detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad federales continuaron deteniendo arbitrariamente a activistas y manifestantes, y sólo en los dos primeros meses del año detuvieron a miles de manifestantes. En junio, la mayoría de las personas detenidas había salido en libertad.

En enero, en Bagdad, miembros armados de la Guardia Presidencial de Irak golpearon a manifestantes, entre los que había menores de edad, y detuvieron a algunos de ellos. En Basora, las fuerzas de seguridad usaron la violencia para dispersar manifestaciones y golpearon a menores de edad hasta dejarlos inconscientes. Otros manifestantes fueron sometidos a malos tratos que podrían constituir tortura.1 En mayo, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a tres hombres, uno de ellos menor de 18 años, que se dirigían a las protestas de la plaza de Al Jilani de Bagdad, y los golpearon y sometieron a agresiones sexuales, según personal sanitario. El primer ministro ordenó la detención de los miembros de las fuerzas de seguridad que estaban en las proximidades del incidente cuando ocurrió.

Libertad de expresión y de reunión en la Región del Kurdistán de Irak

En las gobernaciones de Dohuk y Erbil, las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán asaltaron y cerraron sedes de medios de comunicación, confiscaron equipos y golpearon y detuvieron a periodistas que habían informado de las protestas.

El 7 de octubre, la policía local y las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán irrumpieron en el domicilio del periodista Sherwan Sherwani, en Erbil, y lo detuvieron a punta de pistola sin ninguna explicación. Estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta el 26 de octubre, y al día siguiente pudo entrevistarse por fin con su abogado. Las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán declararon después que estaba acusado de “poner en peligro la seguridad pública” en aplicación del Código Penal iraquí.

Las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán, acompañadas de hombres armados vestidos de civil, también dispersaron protestas. En mayo, en la ciudad de Dohuk, en la Región del Kurdistán de Irak, dispersaron con violencia una reunión de docentes y funcionarios públicos que protestaban por el retraso en el pago de sus salarios y detuvieron al menos a 167 manifestantes y periodistas. La mayoría quedó en libertad el mismo día o la semana siguiente, pero al menos cinco continuaron recluidos después de que las autoridades locales los acusaran, en aplicación del artículo 2 de la Ley núm. 6 de 2008 de la Región del Kurdistán de Irak, de “uso indebido de dispositivos electrónicos” por su papel en la organización de la protesta. El Gobierno Regional del Kurdistán dijo inicialmente que había dispersado la protesta porque los manifestantes no habían recibido permiso para celebrarla, pero después citó como motivo las medidas contra la COVID-19. Todas las personas detenidas quedaron finalmente en libertad bajo fianza. Sin embargo, en agosto, fue detenido en su domicilio uno de los organizadores de la protesta junto con su hijo.2

En diciembre, hubo protestas en Suleimaniya y otras zonas de la Región del Kurdistán de Irak por el impago de salarios y la corrupción. Las autoridades del Kurdistán respondieron con fuerza excesiva, causando la muerte de decenas de manifestantes, algunos de tan sólo 17 años. Asimismo, detuvieron y pusieron en libertad a varios activistas y periodistas, mientras también limitaban rigurosamente Internet y prohibían la cobertura de las protestas en la prensa.

Homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas

Durante el año, hombres armados sin identificar y miembros de las Unidades de Movilización Popular perpetraron asesinatos y secuestros selectivos de activistas, matando al menos a 30 en Bagdad, Nasiriya y Basora. También atentaron contra la vida de más de 30 personas más, que resultaron heridas. Al concluir el año, 56 activistas habían sido objeto de desaparición forzada. Seguían en paradero desconocido los sometidos a desaparición forzada durante las protestas de 2019, como el abogado de derechos humanos Ali Jaseb Hattab, secuestrado por miembros de las Unidades de Movilización Popular en la ciudad meridional de Amara el 8 de octubre de 2019.

Las personas internamente desplazadas —incluidos niños y niñas—, supuestamente vinculadas al Estado Islámico, eran sometidas a desaparición forzada tras ser detenidas en puestos de control, campos de acogida y en sus zonas de origen. Miles de hombres y niños seguían en paradero desconocido tras haber sido detenidos arbitrariamente por sus supuestos lazos con el Estado Islámico y sometidos a desaparición forzada por las fuerzas del gobierno central de Irak cuando huían de zonas controladas por este grupo entre 2014 y 2018. Cientos de ellos habían sido objeto de desaparición forzada en la gobernación de Anbar.

Impunidad

El recién nombrado primer ministro ordenó abrir investigaciones sobre los casos de manifestantes muertos y heridos desde el 1 de octubre de 2019, prometiendo una indemnización a las familias. Sin embargo, al concluir el año, no se había hecho público el resultado de ninguna de estas investigaciones, lo que provocó protestas intermitentes en todo el país.

En mayo, a la mañana siguiente de un ataque contra manifestantes perpetrado en Basora, el primer ministro ordenó el cierre de la sede de una facción de las Unidades de Movilización Popular en la ciudad y la detención de sus miembros.

En septiembre, el primer ministro ordenó a las fuerzas antiterroristas el rescate de un activista secuestrado en la ciudad de Nasiriya, pero al final del año continuaba en paradero desconocido.

Personas internamente desplazadas

Las autoridades continuaron cerrando y fusionando campos para personas internamente desplazadas, sometiendo a miles de ellas a desplazamiento secundario. En algunos casos, a fin de cerrar los campos, sacaron por la fuerza a la gente de las tiendas y cortaron el suministro eléctrico. Estas operaciones quedaron suspendidas temporalmente en marzo debido a las restricciones de la circulación impuestas para prevenir la propagación de la COVID-19 y se reanudaron en noviembre.

Las personas internamente desplazadas —en su mayoría familias encabezadas por mujeres— sospechosas de vinculación con el Estado Islámico seguían sufriendo impedimentos, desalojos y confiscación y/o destrucción de sus viviendas cuando retornaban o intentaban retornar a sus zonas de origen. Las agencias de seguridad continuaron bloqueando y dificultando su acceso a documentación sobre su estado civil y, en algunos casos, detuvieron a los profesionales del derecho que intentaban ayudar a las familias a obtener estos documentos.3

El acceso de las personas internamente desplazadas y retornadas a asistencia humanitaria empeoró después de diciembre de 2019, cuando las autoridades suspendieron la emisión de cartas de acceso y de visados al personal de las ONG.

El Gobierno Regional del Kurdistán siguió impidiendo que personas internamente desplazadas árabes procedentes de territorios en disputa regresaran a sus zonas de origen.

Impacto de las restricciones asociadas a la COVID-19

Las medidas adoptadas a causa de la COVID-19, que limitaron la circulación y redujeron la presencia de personal de ayuda humanitaria en los campos de acogida, afectaron negativamente a las personas desplazadas, que dependían totalmente de dicha ayuda para sobrevivir, y las dejaron aún más aisladas. Como consecuencia, algunas de ellas perdieron su empleo fuera de los campos o se vieron obligadas a abandonarlos para conservar su trabajo.

El personal de ayuda humanitaria comunicó que había reducido los programas que no apoyaban a los servicios de salud pública, especialmente a la prevención de la propagación de la COVID-19. La medida afectó negativamente a los esfuerzos de reconciliación, esenciales para facilitar el retorno seguro a sus zonas de origen de las personas internamente desplazadas con supuestos lazos con el Estado Islámico. El paso a la enseñanza virtual hizo que muchos niños y niñas desplazados que no tenían acceso a Internet ni a dispositivos electrónicos quedaran totalmente privados de educación. La falta de acceso a estos dispositivos afectó igualmente a los niños y niñas de las ciudades.

Los confinamientos redujeron la capacidad de las autoridades iraquíes y del Gobierno Regional del Kurdistán para desarrollar sus funciones con normalidad, lo que provocó el cierre de tribunales y oficinas del registro civil. Debido a ello, aumentaron los retrasos en la obtención de justicia para muchas personas desplazadas supuestamente vinculadas al Estado Islámico, que ya afrontaban obstáculos administrativos debido a su castigo colectivo.

Derechos de la comunidad yazidí

El gobierno central de Irak y el Gobierno Regional del Kurdistán incumplieron su obligación de respetar y garantizar los derechos a la salud, la educación, la personalidad jurídica y la unidad familiar de los niños y niñas yazidíes sobrevivientes a los abusos del Estado Islámico, así como de las mujeres y niñas yazidíes sobrevivientes a la esclavitud a manos del grupo armado.

Centenares de menores de edad yazidíes que habían sido secuestrados por el Estado Islámico, esclavizados, obligados a combatir, violados, torturados y sometidos a otros abusos atroces contra los derechos humanos seguían teniendo graves dificultades tras su retorno a lo que quedaba de sus familias. Muchos no podían volver a la escuela y encontraban obstáculos para obtener documentos sobre su estado civil nuevos o sustitutivos, esenciales para acceder a derechos básicos en Irak. Los servicios psicológicos y programas de que disponían no atendían sus derechos y necesidades.

Muchas mujeres yazidíes que, tras haber sido secuestradas por el Estado Islámico, habían dado a luz como consecuencia de una violación se veían obligadas a separarse de sus hijos e hijas debido a las presiones religiosas y sociales.4

Violencia contra mujeres y niñas

El confinamiento a causa de la COVID-19 exacerbó la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil informaron de un aumento de la violencia de género en el ámbito familiar que causó la muerte de varias mujeres y, en un incidente, lesiones graves a una niña.5

Homicidios ilegítimos

La actividad violenta del Estado Islámico, interrumpida desde 2018, se reanudó en 2020 y estuvo centrada en las fuerzas de seguridad y, aunque en número menor, en civiles. Se anunciaron nuevas operaciones militares del grupo armado en varias zonas de Irak. Esta actividad causó la muerte de al menos decenas de civiles durante 2020.

En septiembre, al menos cinco menores y dos mujeres murieron en el aeropuerto de Bagdad al caer un cohete dirigido aparentemente contra personal estadounidense. También fue atacado personal diplomático, incluido un convoy de la ONU, así como instituciones afines, en Bagdad y en las gobernaciones de Nayaf y Nínive. Ningún grupo reivindicó la autoría de estos ataques.

Pena de muerte

Las autoridades siguieron imponiendo la pena de muerte; según fuentes fidedignas, fueron ejecutados al menos 50 hombres condenados por terrorismo.


  1. Irak: Aumenta el número de muertes en las protestas al reanudar las fuerzas de seguridad la represión brutal (noticia, 23 de enero)
  2. Irak: La policía detiene a un profesor participante en la organización de protestas: Badal Abdulbaqi Aba Bakr (MDE 14/2396/2020)
  3. Iraq: Marked for life – displaced Iraqis in cycle of abuse and stigmatization (MDE 14/3318/2020)
  4. Iraq: Legacy of terror: The plight of Yezidi child survivors of Isis (MDE 14/2759/2020)
  5. Iraq: Open letter to Iraq’s new Prime Minister (MDE 14/2290/2020)