Resumen

Las autoridades iraquíes no adoptaron medidas significativas para poner a disposición judicial a los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias afines al Estado implicados en la violenta represión de las protestas celebradas en todo el país en octubre de 2019. Las fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a desaparición forzada a hombres y niños, y seguía sin conocerse la suerte de miles de iraquíes víctimas de esta práctica en años anteriores. Las autoridades iraquíes atacaron la libertad de expresión y prepararon nuevas leyes para seguir restringiendo este derecho. Las autoridades intensificaron la represión de los derechos de las personas LGBTI. La protección frente a la violencia de género seguía siendo muy limitada en el centro del país y en la región del Kurdistán de Irak. La mayoría de los 1,1 millones de personas internamente desplazadas en Irak seguían viviendo en condiciones precarias y sin poder acceder a sus derechos básicos.