Irak 2024
Prevaleció la impunidad de las violaciones cometidas en el contexto de operaciones militares contra el grupo armado Estado Islámico. Seguía sin revelarse la suerte de miles de personas sometidas a desaparición forzada desde 2014. Se avanzaba muy lentamente a la hora de garantizar justicia y reparación adecuada por las desapariciones forzadas y los homicidios ilícitos cometidos por las fuerzas de seguridad y las milicias durante las protestas de octubre de 2019 y en el periodo posterior. Las autoridades llevaron a cabo detenciones y procesamientos por publicar “contenido indecente” y reprimieron a la sociedad civil. En la Región del Kurdistán de Irak se hostigó, procesó y detuvo a periodistas por su trabajo en los medios de comunicación. En el centro y el sur de Irak se respondió a las protestas con fuerza excesiva e innecesaria. Se presentó un anteproyecto de ley para reformar la Ley del Estatuto Personal; el texto socavaba aún más los derechos de las mujeres y permitía el matrimonio precoz de niñas de tan sólo nueve años. La violencia contra mujeres y niñas quedaba a menudo impune, especialmente en la Región del Kurdistán de Irak. Las personas internamente desplazadas tenían dificultades para acceder a vivienda, agua y atención médica, y seguían expuestas a sufrir detención arbitraria. Se impuso la pena de muerte, a menudo tras juicios injustos, y se llevaron a cabo ejecuciones masivas. Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las prisiones seguían siendo generalizadas. Las autoridades iraquíes no abordaron el empeoramiento de la crisis medioambiental del país.
Información general
A lo largo del año, Turquía llevó a cabo ataques aéreos y con drones contra objetivos que consideraba posiciones del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) en la Región del Kurdistán de Irak, así como ataques con drones que tenían por objeto asesinar a personas a las que acusaba de pertenecer a él.
En enero, unos misiles que, según la Guardia Revolucionaria Iraní, iban dirigidos contra operaciones israelíes impactaron contra viviendas en Erbil (Región del Kurdistán de Irak) y mataron al menos a cuatro civiles, incluida una niña de corta edad, e hirieron al menos a seis más, según el Consejo de Seguridad de la Región del Kurdistán. A lo largo del año, la Guardia Revolucionaria Iraní lanzó otros ataques contra grupos de oposición kurdos contrarios a Irán dentro de la Región del Kurdistán de Irak.
En marzo y mayo, varias gobernaciones de Irak y de la Región del Kurdistán de Irak sufrieron importantes inundaciones, debidas principalmente a fuertes lluvias, que provocaron el desplazamiento de cientos de personas. En la Región del Kurdistán de Irak se notificaron al menos ocho personas muertas y 11 heridas.
El 20 de octubre, en la Región del Kurdistán de Irak se celebraron elecciones parlamentarias, que inicialmente se habían previsto para 2022.
A lo largo del año, la Resistencia Islámica en Irak, coalición de facciones armadas integradas en las Fuerzas de Movilización Popular, intensificó sus operaciones contra Israel, en respuesta a las campañas militares israelíes en Gaza y Líbano, y disparó misiles que, según afirmó, iban dirigidos contra objetivos militares en Israel y en los Altos del Golán ocupados.
En agosto, un ataque con cohetes no reivindicado contra una base de Estados Unidos en el oeste de Irak hirió a cinco integrantes del personal estadounidense y a dos contratistas. En octubre se lanzó un ataque similar contra otra base estadounidense en la capital iraquí, Bagdad, sin que se registraran víctimas.
A lo largo del año, el grupo armado Estado Islámico mató a miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes, así como a civiles, en atentados dirigidos específicamente contra ellos, sobre todo en las gobernaciones de Anbar, Diala y Saladino.
Impunidad
Las autoridades no tomaron medidas para revelar la suerte de miles de hombres y niños víctimas de desaparición forzada durante y después de las operaciones militares que permitieron recuperar el control del territorio en poder del Estado Islámico, ni tampoco hicieron rendir cuentas a los autores de estos y otros delitos cometidos durante las operaciones contra el Estado Islámico.
Cinco años después de la represión letal de las protestas de octubre de 2019 (conocidas como protestas de Tishreen), las autoridades no habían aplicado justicia significativa, acorde con la magnitud de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, que incluyeron crímenes de derecho internacional, como desapariciones forzadas y uso excesivo e ilícito de fuerza letal por parte de la policía antidisturbios, las fuerzas antiterroristas y miembros de las Fuerzas de Movilización Popular.1
En agosto, las 2.700 investigaciones penales abiertas sobre la represión sólo habían dado lugar a 10 órdenes de detención contra presuntos responsables y siete sentencias condenatorias, según el Consejo Judicial Supremo de Irak. Amnistía Internacional examinó seis casos de gran repercusión que revelaron graves deficiencias en el sistema judicial, injerencias políticas en la labor de la justicia, falta de voluntad para hacer rendir cuentas a miembros poderosos de las fuerzas de seguridad y las milicias conexas y una absoluta falta de transparencia en torno a los procedimientos judiciales.
Las personas que habían sufrido alguna lesión o discapacidad durante las protestas seguían encontrando importantes trabas para acceder a indemnizaciones económicas y otras formas de reparación.
Libertad de expresión
Las autoridades continuaron reprimiendo la libertad de expresión, en particular las críticas contra ellas, en nombre de la estabilidad y la “moral pública”.
Siguieron practicando detenciones por lo que denominaban, sin definirlo, “contenido indecente”, y entablaron procesamientos basados en una disposición excesivamente amplia e imprecisa del Código Penal que tipificaba como delito la publicación de material contrario a “la integridad o la decencia públicas”.
También se utilizaron disposiciones penales sobre difamación para disuadir de criticar a poderosas figuras políticas y religiosas. Se sometió a hostigamiento judicial a personal de organizaciones de defensa los derechos de las mujeres y otras ONG debido a su trabajo, y en algunos casos se le ordenó en una reunión con autoridades del gobierno que no contribuyera a la labor de los mecanismos de información de la ONU.
En la Región del Kurdistán de Irak, las fuerzas de seguridad y particulares afines a poderosos partidos políticos continuaron intimidando, hostigando y amenazando a periodistas y activistas por su trabajo. Las fuerzas de seguridad detuvieron o citaron a varios periodistas y al menos uno fue procesado, declarado culpable y condenado a prisión en la Región del Kurdistán de Irak por su trabajo.2
En febrero, el Parlamento de Irak celebró la primera lectura de un proyecto de Ley del Derecho a la Información cuyas restrictivas disposiciones menoscababan el acceso a la información.
El Departamento de Organizaciones No Gubernamentales, organismo público, interfería continuamente en la programación y las actividades de las ONG locales, e incluso en la elección del nombre de las nuevas. Imponía controles de antecedentes a sus equipos directivos y dictaba su participación en los mecanismos de revisión de la ONU.
Libertad de reunión pacífica
Las fuerzas de seguridad utilizaron con frecuencia cañones de agua, gas lacrimógeno y munición real para dispersar protestas o acampadas, en su mayoría pacíficas, que tuvieron lugar en el centro y el sur de Irak debido a la frustración generalizada ante la falta de rendición de cuentas, la corrupción gubernamental, las dificultades económicas y los deficientes servicios públicos.
En agosto y septiembre, las fuerzas de seguridad de Bagdad dispersaron con cañones de agua manifestaciones pacíficas, fundamentalmente de jóvenes con titulación en medicina a quienes, en algunos casos, sacaron a rastras y con violencia de edificios públicos.
En octubre, la policía utilizó balas reales y gas lacrimógeno para dispersar protestas mayoritariamente pacíficas en Nasiriya (gobernación de Di Car), lo que provocó que sus participantes bloquearan carreteras y arrojaran piedras. Las protestas habían estallado como consecuencia de detenciones de activistas locales y de la represión generalizada de la disidencia, debido a lo cual gran número de manifestantes se concentraron en la plaza Al Haboubi para exigir la liberación de las personas detenidas y la dimisión del jefe de policía de la ciudad. En noviembre, las autoridades de Nasiriya continuaron practicando detenciones esporádicas de activistas, a quienes pusieron en libertad bajo fianza al cabo de varios días.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En agosto, miembros del Parlamento presentaron un anteproyecto de ley para reformar la Ley del Estatuto Personal que, de aprobarse, otorgaría a los consejos religiosos suníes y chiíes de Irak autoridad para elaborar un “código de normas de la sharia sobre cuestiones relativas al estatuto personal”, lo que pondría en peligro los derechos de las mujeres y las niñas y su igualdad ante la ley. También podría permitir los casamientos con niñas de tan sólo nueve años, legalizar los matrimonios no registrados y eliminar las penas previstas para los hombres que contraían matrimonios precoces y para los clérigos que los oficiaban. Además, suprimiría el derecho de las mujeres divorciadas a permanecer en el domicilio conyugal o a recibir ayuda económica. En Bagdad, Basora, Di Car, Babilonia, Kirkuk, Diwaniya y Nayaf se celebraron manifestaciones contra el anteproyecto de ley encabezadas por la red de ONG y activistas Coalición 188.
El 2 de diciembre se hizo pública una versión modificada del anteproyecto que incluía varias mejoras con respecto a la anterior —como mantener la edad legal vigente (18 años, o 15 con el permiso de un juez) de consentimiento para contraer matrimonio y ordenar a los tribunales competentes registrar únicamente los matrimonios que cumplieran los requisitos legales—, pero mantenía las disposiciones sobre la elaboración de códigos sectarios. La votación del proyecto de ley se aplazó hasta 2025.
Violencia por motivos de género
La legislación iraquí seguía considerando el “honor” como atenuante en los casos de asesinato y otros delitos graves perpetrados contra mujeres y permitiendo infligir castigos corporales a la esposa y a los hijos e hijas. En el centro de Irak no se adoptaron medidas para penalizar la violación marital y otras formas de violencia de género en el ámbito familiar, ni para establecer centros de acogida para sobrevivientes o para mujeres y niñas en peligro de sufrir violencia de género.
Región del Kurdistán de Irak
En la Región del Kurdistán de Irak, aunque se adoptaron algunas medidas positivas, las autoridades no garantizaban la rendición de cuentas de quienes perpetraban actos de violencia de género en el ámbito familiar, ni siquiera en los casos en que se asesinaba, se violaba, se sometía a palizas o se o quemaba a la víctima. Además imponían restricciones arbitrarias a las libertades de las sobrevivientes que buscaban protección en el infrafinanciado y relegado sistema de refugios existente.3
Las leyes que penalizaban los actos violentos contra mujeres y niñas en la Región del Kurdistán de Irak seguían siendo totalmente inadecuadas o no se aplicaban. En los tribunales, la lentitud de los procesos, la falta de capacidad judicial y la discrecionalidad de los jueces conducían, en el mejor de los casos, a penas que no guardaban proporción con la gravedad de los delitos.
El Gobierno Regional del Kurdistán no financió ni apoyó adecuadamente los mecanismos públicos de denuncia establecidos y reconocidos por la Ley de Violencia Doméstica de la Región del Kurdistán de Irak, socavando así su capacidad para prestar eficazmente servicios de protección, como atención de denuncias, asesoramiento jurídico, mantenimiento de centros de orientación familiar, atención psicosocial y terapia, así como espacios seguros donde permitir a las sobrevivientes tomar decisiones informadas sobre su seguridad y bienestar.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En abril, el Parlamento de Irak aprobó una ley que penalizaba con entre 10 y 15 años de prisión las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. La ley, que también penalizaba la “promoción” de las relaciones homosexuales, la expresión de género trans o las formas de actuar “afeminadas”, supuso un nuevo golpe para las personas LGBTI, quienes también sufrían persecución de milicias que actuaban con impunidad.4
Derechos de las personas internamente desplazadas
Aproximadamente 1,1 millones de iraquíes seguían en situación de desplazamiento interno, con dificultades de acceso a vivienda, agua y atención médica. De este número, alrededor de 134.369 seguían viviendo en campos formales de acogida, principalmente en la Región del Kurdistán de Irak. En enero, las autoridades de Irak fijaron el 30 de julio como fecha límite para cerrar los campos para población internamente desplazada que quedaban allí y dejar de proporcionar ayuda, pero al final del año seguían en funcionamiento.
La población internamente desplazada seguía enfrentándose a serios obstáculos para obtener la documentación del estado civil, lo que dificultaba su acceso a servicios públicos como la sanidad y la educación.
Las fuerzas de seguridad iraquíes sometieron a personas internamente desplazadas que se encontraban en el Centro de Rehabilitación de Al Yeda —el último campo que seguía operativo fuera de la Región del Kurdistán de Irak— a arresto arbitrario, tortura y desaparición forzada. Durante su detención, las sometieron a palizas, descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento, y ocultaron su paradero a las familias durante periodos que oscilaron entre días y meses. Las fuerzas de seguridad practicaban con frecuencia las detenciones basándose en relaciones de parentesco o en disputas personales, y a las personas detenidas se les negaba un juicio justo y, en muchos casos, se las obligaba a hacer “confesiones” bajo coacción.5
Pena de muerte
Irak siguió condenando a muerte y ejecutando a personas declaradas culpables de terrorismo, asesinato y delitos relacionados con drogas. Los tribunales dictaban con frecuencia sentencias de muerte, sobre todo contra personas acusadas de “terrorismo”, tras juicios sin las debidas garantías.
Las autoridades llevaron a cabo varias ejecuciones en masa, que se mantuvieron en secreto.
Las autoridades penitenciarias no avisaban con antelación a los abogados y familiares de las personas condenadas a las que ejecutaban, y menospreciaban verbalmente a las familias que acudían a recoger los cadáveres de sus seres queridos. Al menos en una ocasión, las milicias impidieron a una familia celebrar un funeral por considerar que la persona ejecutada estaba afiliada al Estado Islámico.
Condiciones de reclusión inhumanas
En las prisiones, las condiciones seguían siendo pésimas y se negaba la debida atención médica. Las personas presas vivían hacinadas y en condiciones insalubres, con agua para beber sucia y alimentos plagados de gusanos, según informes. No se llevaban a cabo investigaciones efectivas sobre las muertes bajo custodia.
Derecho a un medioambiente saludable
Las autoridades iraquíes no abordaron el agravamiento de una crisis medioambiental caracterizada por la escasez severa de agua, la contaminación del aire y el agua y los efectos destructivos del cambio climático.
La deficiente gobernanza y las políticas inadecuadas propiciaron una mala gestión de los recursos hídricos, agravada por las disputas no resueltas con los países vecinos por los derechos sobre el agua. La contaminación urbana e industrial, en gran parte sin control por ser la normativa muy laxa, unida a la degradación medioambiental provocada por años de conflicto, puso aún más en peligro la salud pública. La gestión ineficaz de los residuos y la deforestación intensificaron las tormentas de polvo y las enfermedades transmitidas por el agua, lo que afectó de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables, especialmente a las personas desplazadas.
- Iraq: “We hold them responsible for the blood of our youth”. Five years on, impunity prevails for violations against Tishreen protesters, 30 de septiembre ↩︎
- Iraq: Authorities in the Kurdistan Region of Iraq must immediately end their assault on press freedom, 2 de mayo ↩︎
- Daunting and dire: Impunity, underfunded institutions undermine protection of women and girls from domestic violence in the Kurdistan Region of Iraq, 3 de julio ↩︎
- Irak: Las autoridades deben anular con urgencia la nueva legislación que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, 29 de abril ↩︎
- Irak: Personas recluidas en el Centro Al Jedah, sometidas a tortura y desaparición forzada tras ser detenidas, 29 de octubre ↩︎