Chad 2025
La violencia entre comunidades dio lugar a numerosos homicidios, incluida una masacre de pastores en Mandakao. Los episodios violentos desplazaron a miles de personas y pusieron de manifiesto graves deficiencias en los sistemas de prevención de la violencia, protección de la vida y acceso a la justicia. Las autoridades restringieron el espacio de la sociedad civil, advirtiendo a periodistas de que no llevaran a cabo “investigaciones paralelas” sobre los homicidios de Mandakao y disolviendo o prohibiendo organizaciones de la sociedad civil. Las necesidades educativas seguían siendo acuciantes; en el este del país había 849.000 niños y niñas sin escolarizar. Las autoridades aprobaron una ley sobre prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, pero se mantenían la elevada prevalencia de la violencia de género y la baja cifra de denuncias.
Información general
El 8 de enero se produjo un intenso tiroteo en las inmediaciones del complejo presidencial en la capital, Yamena. El ataque, con el que se buscaba acceder al palacio presidencial y que finalmente fracasó, se saldó con una veintena de muertos. El 30 de enero se entregó oficialmente la última base militar francesa a las autoridades nacionales, acto que supuso la retirada completa de las tropas extranjeras.
A finales de mayo, el ACNUR —la Agencia de la ONU para los Refugiados— contabilizó más de dos millones de personas en situación de desplazamiento forzoso en todo el país. El 3 de junio advirtió de que el número de personas refugiadas sudanesas en Chad se había triplicado con creces desde abril de 2023 y superaba los 1,2 millones. A 31 de diciembre contabilizaba 1.330.950. La organización de análisis de datos ACAPS calculaba que en 2025 necesitaban asistencia humanitaria en Chad siete millones de personas.
En el este de Chad, la violencia y el desplazamiento masivo desbordaban los servicios de salud y agravaban la inseguridad alimentaria y la pobreza.
Derecho a la vida y a la seguridad de la persona
Los días 14 y 15 de mayo, las tensiones entre agricultores y pastores por el acceso a las tierras de pastoreo en la localidad de Mandakao, en Logone Occidental, degeneraron en violencia que finalmente provocó una masacre de 47 hombres, mujeres, niños y niñas de las comunidades de pastores.
El 17 de junio, los enfrentamientos entre comunidades en la región de Ouaddaï, en el este del país, dejaron al menos 20 personas muertas y 16 heridas. Días después, un ataque perpetrado por pastores en Oregomel, Mayo-Kebbi Ouest, región del suroeste cercana a Logone Occidental, causó la muerte a 18 personas y heridas a 17.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó de que la violencia entre comunidades en mayo y junio había provocado un total de 80 muertes y el desplazamiento de unas 12.500 personas en Logone Occidental y Mayo-Kebbi Ouest. La OCHA destacó las deficiencias de los sistemas encargados de garantizar la prevención de la violencia, la protección de la vida y el acceso a la justicia. Seguía en estudio un código de pastoreo para regular el acceso a la tierra y los recursos hídricos, pero al finalizar el año aún no se había adoptado. Entretanto, otros mecanismos para la gestión de tensiones —como los comités mixtos locales— seguían siendo frágiles.1
Tras los homicidios de Mandakao, las autoridades desplegaron fuerzas de seguridad, enviaron una delegación gubernamental y abrieron una investigación judicial. El 16 de mayo, el ex primer ministro y líder de la oposición Succès Masra fue detenido en relación con el caso. El 9 de agosto fue declarado culpable de “difundir mensajes racistas y xenófobos” y de “complicidad en asesinato” y condenado a 20 años de prisión, pendiente de apelación. Sus abogados argumentaron que las declaraciones aducidas en su contra habían tenido lugar años atrás y no guardaban relación con el caso. En el mismo juicio, otras 65 personas encausadas fueron condenadas a sendas penas de 20 años de prisión.
Tras el ataque de Oregomel, el gobierno informó de la detención de unos 20 sospechosos y anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en espera de los enjuiciamientos.
Persistía la impunidad en varios casos de enfrentamientos mortales entre pastores y agricultores ocurridos en 2023 y 2024.
Libertad de expresión y de asociación
El 14 de junio, la fiscalía de Yamena advirtió que los periodistas y actores de la sociedad civil que viajaran a Mandakao para investigar los homicidios de pastores podrían ser procesados por llevar a cabo “investigaciones paralelas” susceptibles de interferir con la investigación oficial. Medios de comunicación nacionales y grupos de defensa de la libertad de prensa condenaron lo que consideraron un intento de impedir la información independiente sobre los homicidios. El 25 de junio, la Alta Autoridad de Medios de Comunicación y Radiodifusión, organismo regulador de los medios de comunicación, difundió una advertencia general sobre los “excesos de los medios de comunicación” durante las crisis. El 27 de agosto, tras estas advertencias, Reporteros sin Fronteras denunció la vigilancia, la intimidación y la autocensura entre periodistas e instó a las autoridades a permitir investigaciones independientes.
El 26 de junio, el ministro de Administración Territorial y Descentralización disolvió la Asociación Juvenil para la Movilización Comunitaria y el Desarrollo Rural y la Coordinación Nacional Juvenil para la Paz y el Desarrollo en Chad. También prohibió las actividades del movimiento ciudadano Le Temps (El Tiempo) y de la sección política de la coalición opositora y de la sociedad civil Wakit Tama (“Ha llegado la hora”). El ministro alegó motivos de orden público e incumplimiento del marco jurídico.
Derecho a la educación
UNICEF informó de que, a 31 de marzo, en el este de Chad había 849.000 niños y niñas sin escolarizar, de los que aproximadamente 600.000 vivían en comunidades de acogida y 249.000 formaban parte de la población refugiada y retornada registrada. También señaló un déficit preexistente de unas 2.900 aulas en Ouaddaï, Sila y Wadi Fira. En abril, la entidad de la ONU advirtió de que faltaba el 85% de la financiación necesaria para la respuesta educativa en el este de Chad y destacó la persistencia de obstáculos al derecho a la educación de los niños y las niñas afectados por la crisis de población refugiada y desplazamiento.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El 10 de julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer acogió con satisfacción la adopción de una nueva ley sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en Chad e instó a su aplicación efectiva. El Comité expresó su preocupación por la elevada incidencia de la violencia de género —incluida la violencia sexual y en el ámbito familiar—, así como por el escaso número de denuncias presentadas. También observó que seguían registrándose “bajas tasas de enjuiciamiento y condena” y que las escasas penas impuestas eran poco severas. Continuaba la estigmatización de las sobrevivientes, y con frecuencia el uso de la mediación tradicional de base comunitaria facilitaba la impunidad de los autores y socavaba los derechos de las mujeres y las niñas.
El Comité instó a las autoridades a que garantizaran el acceso a asistencia letrada y pruebas forenses asequibles e inclusivas y, en caso necesario, gratuitas para las víctimas de violencia de género. El Comité pidió que se tomaran medidas para proporcionar servicios de apoyo y protección a las víctimas, incluidos refugios adecuados y accesibles, tratamiento médico, orientación psicosocial y apoyo económico. Además, instó al gobierno a que siguiera desarrollando la capacidad de jueces, fiscales, policías y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en lo relativo a enfoques con perspectiva de género en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos.