Venezuela 2025
Continuaron cometiéndose crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes. Los poderes del Estado siguieron coordinándose para perseguir y castigar severamente la disidencia, real o percibida, frente al gobierno de Nicolás Maduro. Cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones de los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno. Los procesos penales contra muchas de ellas avanzaron sin garantías judiciales, negándoseles una defensa de su propia elección, el acceso a la información sobre los cargos presentados en su contra o la comparecencia ante un tribunal independiente. Quienes defendían los derechos humanos y ejercían el periodismo continuaron siendo uno de los blancos centrales de la política represiva del gobierno. Aproximadamente 7,9 millones de personas venezolanas habían abandonado el país desde 2015. La crisis humanitaria persistía: casi dos millones de personas dependían de la ayuda de organismos internacionales. No se registraron avances en relación con los derechos sexuales y reproductivos. La población LGBTIQ+ y los pueblos indígenas seguían siendo discriminados y no hubo avances legislativos que promovieran sus derechos. La minería ilegal y la devastación ambiental seguían suscitando preocupación.
Información general
Persistieron las reclamaciones en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. En marzo y julio se celebraron elecciones parlamentarias y regionales, respectivamente, en un contexto de represión similar al de los comicios presidenciales.
Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos en el mar Caribe y en el océano Pacífico contra 34 embarcaciones que supuestamente trasladaban drogas desde Latinoamérica hacia ese país, ejecutando extrajudicialmente al menos a 110 personas. El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó justificar esos ataques alegando el riesgo de pérdida de vidas humanas en su país. La tensión entre ambos gobiernos se incrementó a causa de la retórica bélica y el hecho de que los ataques se hubieran efectuado cerca de las costas de Venezuela contra embarcaciones y tripulaciones posiblemente venezolanas en su mayoría.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en enero un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo electoral de 2024, en el que analizaba la estrategia represiva de las autoridades para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre y sembrar terror entre la ciudadanía; y, en septiembre, solicitó realizar una visita al país para observar la situación de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó en agosto su competencia sobre Venezuela. Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó en septiembre y diciembre sendos informes en los que documentaba, por un lado las violaciones de derechos humanos registradas durante la represión poselectoral y, por otro, el papel que la Guardia Nacional Bolivariana había desempeñado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunciaron el cierre de sus respectivas oficinas en el país.
La lideresa opositora María Corina Machado, que había sido inhabilitada para participar en los comicios presidenciales de 2024 y sufrido persecución, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Represión de la disidencia
La represión generalizada ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Las autoridades siguieron utilizando el aparato estatal —incluidos los cuerpos de seguridad e inteligencia, el sistema judicial y unas leyes restrictivas— y a grupos de civiles armados para reprimir, silenciar y castigar la disidencia y la defensa de los derechos humanos.
Detención arbitraria
Se registraron nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos, aunque en menor número que el año anterior. En diciembre, el gobierno anunció la liberación de numerosas personas presas, y la organización Foro Penal verificó 117 excarcelaciones. De las más de 2.000 personas detenidas de forma arbitraria después de las elecciones presidenciales de 2024, al menos 806 continuaban privadas de libertad ilegalmente a 31 de diciembre. Las personas excarceladas seguían sujetas a procesos penales.
En la mayoría de los casos, a quienes eran detenidos se les imputaban cargos infundados e imprecisos tales como “terrorismo” o “traición a la patria”, que conllevaban penas severas. Los procesos penales seguían careciendo de las garantías del debido proceso: se imponían defensas públicas sin voluntad ni capacidad efectiva de actuación, se utilizaban tribunales carentes de independencia —como los denominados “tribunales contra el terrorismo”— y se negaba a las personas acusadas el acceso a los cargos y las pruebas, entre otras violaciones de derechos.
Además del uso de los cuerpos de seguridad del Estado y de los centros de reclusión, la instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política y del poder judicial como brazo ejecutor era clave en la implementación de la política de represión del gobierno contra la disidencia política con el pretexto de la “lucha contra el terrorismo”. La implicación de figuras del más alto nivel del Estado en prácticas de identificación y estigmatización pública de las víctimas de la represión constituía un elemento fundamental que acreditaba su carácter sistemático.
Al finalizar el año, cientos de personas se encontraban detenidas en régimen de incomunicación.
Desapariciones forzadas
Numerosas personas en situación de desaparición forzada tras las elecciones de 2024, así como detenidas en 2025, permanecían en paradero desconocido. Al menos 63 personas se encontraban desaparecidas al finalizar el año, según la ONG Foro Penal.
En general, las desapariciones forzadas comenzaban con una detención arbitraria llevada a cabo por agentes del Estado, seguida de falta de información, la negativa a reconocer la detención y, especialmente, el ocultamiento deliberado de la suerte y el paradero de la persona detenida. En la mayoría de los casos, transcurrían días o incluso meses antes de que se informara la detención y, entonces, la única certeza que tenían los familiares era que la persona se hallaba bajo custodia del Estado. Se registraron casos de desaparición forzada de personas al ser trasladadas de un centro de detención a otro.
La desaparición forzada ocasionaba de forma directa —aunque no exclusiva— una privación sistemática de las garantías judiciales al simularse procedimientos legales, como la celebración en secreto de las audiencias de presentación (comparecencias ante juez en un plazo máximo de 48 horas desde la detención) y la anulación de facto del hábeas corpus, entre otras prácticas.
Impunidad
Persistía la impunidad prácticamente total por violaciones de los derechos humanos, y apenas avanzó la investigación conocida como Venezuela I, abierta ante la Corte Penal Internacional. .
En agosto, la Sala de Apelaciones de la CPI dispuso apartar al fiscal, Karim Khan, de la investigación abierta contra Venezuela, tras la solicitud de recusación presentada un año antes por una fundación que alegaba un posible conflicto de intereses debido al vínculo familiar del fiscal con una abogada del equipo jurídico que representaba al Estado venezolano ante esa instancia. El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang quedó a cargo de la investigación.
En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para retirar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma de la CPI.
Libertad de expresión y de asociación
La ONG Espacio Público registró 217 ataques a la libertad de expresión hasta el mes de octubre. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la detención de al menos 23 trabajadores del sector de la prensa, algunos de los cuales también habían sido inicialmente objeto de desaparición forzada. El periodista Carlos Marcano estuvo 13 días en paradero desconocido después de su detención. En diciembre, el periodista y politólogo Nicmer Evans estuvo desaparecido tres días después de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo llevara a una “entrevista” en el centro El Helicoide; al finalizar el año, continuaba detenido arbitrariamente.
El programa VE sin Filtro, de la organización Conexión Segura y Libre, documentó el bloqueo de distintos medios de comunicación independientes y sus dominios en Internet; según la información recibida, éste se había ejecutado bajo las órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
En febrero y mayo, respectivamente, se cumplieron los plazos para la certificación de documentación y la inscripción en registro de ONG, de acuerdo con la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que restringía el espacio cívico. Al finalizar el año se desconocía el número de organizaciones que habían sido registradas conforme a esa ley.
En octubre, las autoridades promovieron el uso de la aplicación VenApp para denunciar a posibles disidentes. En realidad, estaba pensaba para recibir ayudas sociales y denunciar deficiencias en los servicios públicos, pero, según se supo, se utilizaba para la persecución política.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 2.219 protestas durante el año, de las cuales 1.129 guardaban relación con los derechos laborales y el derecho a una vivienda digna.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Persistían la detención arbitraria y la persecución judicial de personas defensoras de los derechos humanos, así como el uso de la incomunicación y las restricciones procesales como forma de represalia. Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda permanecían privados de libertad de manera arbitraria al finalizar año. Carlos Julio Rojas estuvo casi cuatro meses recluido en régimen de incomunicación, sin acceso a visitas familiares ni contacto con el exterior.
El 7 de enero, el director de la ONG Espacio Público y reconocido defensor de derechos humanos Carlos Correa fue detenido y sometido a desaparición forzada, lo que suscitó preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales; fue excarcelado ocho días después.
El defensor y miembro de la ONG PROVEA Eduardo Torres fue detenido arbitrariamente en mayo. Estuvo en paradero desconocido durante cinco días y posteriormente recluido en régimen de incomunicación, sin acceso a asistencia letrada de confianza, entre otras violaciones del debido proceso. En octubre se le permitió hacer una llamada para comunicar que lo iban a trasladar del centro El Helicoide a la prisión Yare II.
Asimismo, Martha Lía Grajales, defensora perteneciente al colectivo Surgentes, fue detenida en agosto después de acompañar en una protesta pacífica a un grupo de madres de personas presas por motivos políticos. También permaneció en paradero desconocido hasta que fue excarcelada seis días después, en aplicación de medidas sustitutivas de la privativa de libertad.
En septiembre fue detenido el defensor de los derechos humanos Pedro Hernández, coordinador de la ONG CAMPO. Varios familiares suyos también quedaron detenidos arbitrariamente durante su búsqueda y fueron liberados tres días después. Pedro Hernández fue excarcelado en octubre.
El Centro para los Defensores y la Justicia registró 455 ataques e incidentes contra personas defensoras de los derechos humanos, como restricciones continuadas a la defensa de derechos humanos, intimidación y criminalización de la labor humanitaria y social.
Diversas organizaciones alertaron sobre el clima de intimidación y amenazas generado en torno a la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que amenazaba la libertad de asociación y el trabajo legítimo de las ONG en el país. La detención arbitraria de activistas y periodistas continuó a lo largo del año, lo que obligaba a organizaciones de derechos humanos y personas defensoras a trabajar desde el exilio en otros países y solicitar protección internacional.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
ACNUR informó que aproximadamente 7,9 millones de personas habían abandonado el país desde 2015 en busca de protección internacional.
En julio, 252 hombres venezolanos fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador. Todos ellos llevaban más de tres meses en situación de desaparición forzada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en ese país, donde habían sido trasladados desde Estados Unidos.
Durante el año, cientos de personas que buscaban protección internacional en Estados Unidos fueron expulsadas y devueltas a Venezuela de manera ilegal, lo que las exponía a la política de persecución de su gobierno.
Derechos económicos, sociales y culturales
Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el Fondo Monetario Internacional estimaba que la inflación alcanzaría el 269,9% al finalizar el año. El costo de la canasta básica para una familia venezolana de cinco miembros se situó en abril en 503,73 dólares estadounidenses, equivalentes a 45.335,73 bolívares, .mientras que el salario mínimo mensual permaneció congelado desde 2022 en VES 130. A fines de 2025, esto equivalía a menos de un dólar estadounidense al tipo de cambio oficial, lo que pone de relieve cómo el poder adquisitivo de la gente ha seguido erosionándose.
La respuesta humanitaria se mantuvo y alcanzó a 1,9 millones de personas hasta noviembre, de acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Los cortes del suministro de agua y electricidad persistieron durante el año, al igual que las protestas relacionadas con los servicios básicos.
Derechos sexuales y reproductivos
No se registraron avances en materia de derechos sexuales y reproductivos; en concreto, con relación con al acceso al aborto y a métodos de planificación familiar. El Estado no diseñó ni implementó políticas públicas orientadas a prevenir violaciones de estos derechos o a garantizar su ejercicio efectivo. Tampoco se publicaron datos oficiales al respecto, lo que dificultaba la formulación y evaluación de políticas fundamentadas. El aborto continuó penalizado en la mayoría de casos.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Persistió la falta de avances en materia de derechos de la población LGBTIQ+. La ACNUDH informó que se estaba recluyendo a personas trans en centros de detención según su sexo asignado al nacer, lo que las exponía aún más a riesgos de desprotección durante su custodia. También denunció el uso por parte de autoridades del Estado de una retórica sexista y contraria a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos destinada a desacreditar a integrantes y simpatizantes de los partidos de oposición. Por su parte, las organizaciones de derechos de las personas LGBTIQ+ continuaron exigiendo la aprobación en segunda discusión de la Ley Orgánica de Equidad e Igualdad de Género, presentada en 2009.
Derechos de los pueblos indígenas
Continuó la preocupación sobre la falta de garantía y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Algunos pueblos indígenas de la etnia yekuana denunciaron en enero que había surgido un conflicto debido a la actividad extractivista ilegal que tenía lugar en sus territorios, en el estado Amazonas.
Según información publicada en octubre por medios de comunicación digitales, un grupo de 14 personas sanemás habían dado positivo en una prueba de tuberculosis. A esos casos se unía la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil por la ausencia de datos de morbilidad y mortalidad en territorios indígenas.
Derecho a un medioambiente saludable
Las autoridades venezolanas anunciaron que, en una reunión celebrada con el secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, habían manifestado su compromiso de Venezuela respecto a aplicar la justicia ambiental, llevar a cabo proyectos de mitigación y adaptación ante el cambio climático y luchar contra la crisis climática.
La prensa siguió alertando sobre los efectos de la minería ilegal y la devastación ambiental. Un informe sobre minería ilegal y derechos humanos presentado por varias ONG señalaba como obstáculos para la gestión climática la carencia de datos confiables y la ausencia de sistemas de monitoreo, pese a los anuncios oficiales al respecto.
La ONG SOS Orinoco registró 10 accidentes mineros y sendas muertes a consecuencia de ellos en el primer cuatrimestre. En octubre, la prensa informó la muerte de 14 mineros tras producirse una inundación en la mina en la que trabajaban, en el estado Bolívar. No se sabía si la mina contaba con permisos legales y las autoridades venezolanas no brindaron información posteriormente.
Venezuela continuó sin suscribir el Acuerdo de Escazú.